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Marcelino Iglesias, el secretario del PSOE.

Iglesias adjudicó de modo irregular 61 contratos entre 2000 y 2005


El Tribunal de Cuentas halla anomalías en un 60% de los encargos. Hay obras pagadas sin acreditar e incrementos de precios. Los métodos de selección de ofertas no se especifican.

Carlos Plaza. Madrid

El Tribunal de Cuentas ha investigado con lupa las cuentas del Gobierno aragonés de Marcelino Iglesias entre los ejercicios que van del año 2000 a 2005. Y el resultado de las indagaciones resulta cuando menos revelador: de 101 contratos analizados, 61 contienen irregularidades en su tramitación. Esto supone más de un 60% del total.

La Consejería protagonista de estas irregularidades es principalmente la de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que dirigió Carlos Escó Samperiz de septiembre de 1999 a mayo de 2004. La Consejería de Cultura, a cuyo mando se encontraba su mujer, Eva Almunia, también incurrió en anomalías contractuales, lo que ha provocado que la Fiscalía estudie las responsabilidades penales por conceder “sin justificación ni publicidad” la reforma y ampliación del Museo Pablo Serrano por 1,4 millones de euros.

En el encargo de Obras Públicas de “acondicionamiento del tramo Cretas-Valderrobres de la carretera TE-301” faltan por acreditar obras por un importe de 348.587,02 euros.

El Tribunal de Cuentas, en calidad de órgano fiscalizador, también ha observado que se desconoce la empresa que resultó adjudicataria del contrato de “refuerzo del tramo La Puebla de Valverde-Mora de Rubielos, de la carretera A-232”. Además, en este caso el Gobierno aragonés no justificó la necesidad de la obra, y obvió el requerimiento del Tribunal de explicar esta carencia.

Criterio caprichoso

El Tribunal también pone de manifiesto que los criterios de valoración para adjudicar son anómalos, tal y como ocurre en el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) del contrato de obra de la “nueva infraestructura del tramo Serraduy-Obarra de la carretera A-1605”, donde la Administración socialista no especificó el método de selección de las ofertas presentadas más allá del precio propuesto.

Sin embargo, la realidad es que se admitieron varias ofertas cuyos precios excedían del presupuesto de licitación, e incluso una de dichas ofertas fue la de la empresa adjudicataria del contrato, que aumentó el coste de la obra de los 3.128.285 euros hasta la cantidad de 5.374.150 euros.

Asimismo, en el pliego se incluyó como criterio valorativo “el historial de la empresa en el desarrollo de los trabajos en anteriores contratos con la Dirección General de Carreteras de Aragón”, una actitud que, como pone de manifiesto el Tribunal, vulnera los principios de igualdad y no discriminación que rige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Encarecimientos

Entre las anormalidades presentes en los contratos que fueron firmados por el Gobierno de Marcelino Iglesias (actual secretario general de los socialistas aragoneses y de Organización en la Ejecutiva Federal) también están presentes los encarecimientos de las obras. En el “modificado de la urbanización del parque Goya”, el precio se incrementó hasta un 18% respecto al original, y las “obras de acondicionamiento de la carretera A-226, en su tramo de Las Planas”, acabaron costando a las arcas públicas 423.262 euros más de lo esperado.

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