Díaz Ferrán presenta el preconcurso para blindarse ante sus acreedores

El presidente de la patronal tendrá un plazo de cuatro meses para negociar con ellos y no ser declarado insolvente

efe.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se ha acogido al procedimiento especial de negociación de deudas de la Ley Concursal, que le otorga un plazo de hasta cuatro meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar así ser declarado insolvente.

Según fuentes jurídicas, Díaz Ferrán presentó el pasado martes una comunicación al Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid en la que se acogía al artículo 5.3 de la Ley Concursal, conocido como preconcurso, que lo blinda ante las empresas que pidan posteriormente que se le declare en concurso de acreedores.

No obstante, el empresario se enfrenta ya a dos solicitudes previas de concurso necesario, que presentaron a finales de septiembre la empresa turística Olimpia Mediterráneo y NH Hoteles y que todavía no han sido admitidas a trámite por los juzgados mercantiles madrileños donde han recaído.

Agotar todas las posibilidades

Según diversas fuentes, estas peticiones no se verían paralizadas por la presentación del preconcurso, ya que se presentaron con anterioridad (el 27 y el 30 de septiembre, respectivamente), por lo que Díaz Ferrán podría ser declarado insolvente si el juez admite una de ellas.

El todavía presidente de la patronal podría esquivar la insolvencia si llega a un acuerdo con Olimpia y NH Hoteles para saldar sus deudas, lo que le permitiría agotar el plazo de negociación blindado ante el resto de sus acreedores. En cualquier caso, si esas conversaciones finalizaran sin acuerdo, el propio Díaz Ferrán estaría obligado judicialmente a presentar el concurso voluntario de acreedores.

Tanto él como su socio Gonzalo Pascual -a quien también se dirigen las solicitudes de concurso necesario- afrontan grandes dificultades por haber avalado personalmente las deudas de Marsans, que vendieron en junio a la sociedad valenciana Posibilitumm.

De hecho, una parte importante de sus bienes cuentan con anotaciones preventivas de embargo a raíz de las reclamaciones de deudas presentadas en los Juzgados de Primera Instancia por acreedores como Sol Meliá, Pullmantur, NH Hoteles y Banco Espírito Santo.

Teinver, a concurso

Por otra parte, también la matriz del Grupo Marsans, la sociedad Teinver, presentó el lunes solicitud de concurso voluntario de acreedores tras fracasar las negociaciones llevadas a cabo por los nuevos dueños de la empresa, Posibilitumm Business.

Fuentes de la firma señalaron ayer que tras haberse acogido el pasado 17 de junio al preconcurso para negociar con los acreedores y llegar a un convenio de liquidación, no hubo acuerdo y el concurso fue inevitable.

Leer más...

El nuevo Código Penal dejará libres a narcotraficantes antes de Navidad

Unas mil sentencias fueron tramitadas por la Audiencia Nacional, adonde sólo llegan los grandes procesos

La reforma obliga a revisar a la baja más de 6.000 condenas firmes a partir del 23 de diciembre

Autor:Julio Á. Fariñas

Un buen número de inquilinos de las cárceles españolas que en la actualidad están cumpliendo condenas por tráfico de drogas comerán este año el turrón en casa. Otros verán sensiblemente reducidas sus penas y acortado su tiempo de estancia en prisión. La cifra exacta de beneficiados está siendo cuantificada. Los tribunales españoles están revisando en la actualidad más de 6.000 sentencias firmes por tráfico de drogas para adaptarlas a las nuevas penas previstas en la última reforma del Código Penal.

Este cambio normativo entrará en vigor el próximo 23 de diciembre, una vez concluidos los seis meses de vacatio legis -período entre la publicación de la norma y su entrada en vigor-, que empezaron a contar el pasado 23 de junio, fecha en que se publicó en el BOE .

De esas sentencias, más de 1.000 fueron dictadas por las distintas salas de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial para juzgar los delitos de gran tráfico, en los que están implicados una buena parte de los narcos gallegos.

Esta rebaja de las condenas se concreta en la modificación del artículo 368 del Código Penal que castiga con penas de tres a seis años de prisión a los que «ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines». Estas conductas, antes de la reforma, podían ser castigadas con penas de hasta nueve años de cárcel. Las agravantes, que antes se aplicaban sobre el tipo básico, al bajar este, también se ven reducidas en la misma proporción.

La reforma también contempla que los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado «en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable». Esto beneficiará, al menos en teoría, a los condenados por pequeño y mediano tráfico que venden básicamente para pagar lo que consumen, y a los que, hasta la entrada en vigor de la reforma, no se les podía imponer condenas inferiores a tres años.

En principio, esta rebaja de las penas no debiera beneficiar a los condenados por gran tráfico, ya que el artículo 369 bis prevé penas de nueve a doce años para los traficantes que pertenezcan a una organización delictiva y penas superiores en un grado a los jefes, encargados o administradores. Pero lo cierto es que la Fiscalía Especial Antidroga, según fuentes jurídicas, está revisando más de un millar de sentencias, a pesar de que el menudeo y el trapicheo no entran dentro de sus competencias.

Leer más...