El fiscal acusa a Sito Miñanco de 'lavar' 5,8 millones del narcotráfico

La investigación, iniciada hace diez años, destapa una red de locales de hostelería

ELISA LOIS - Vilagarcía - 01/10/2010

El histórico contrabandista y narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, blanqueó supuestamente al menos 5,8 millones de euros en una red de sociedades que administra negocios de hostelería y varias tiendas, según una investigación de la Agencia Tributaria que se remonta al ejercicio fiscal de 2000.

En el proceso ya han declarado la hija del narco y dos empresarios

Dos boleras, una discoteca y un 'karaoke' ya han sido embargados

En dos años se han requisado bienes de clanes arousanos por 150 millones

Las operaciones se basan en rastreos financieros, no en redadas o pinchazos

Basándose en los informes preliminares de Hacienda, la titular del juzgado número 2 de Vilagarcía y el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra acordaron en noviembre pasado el embargo de estas empresas y citaron a declarar como imputados a Rosa María Prado Pouso, hija de Sito Miñanco, y a los empresarios de Vilagarcía Gerardo Sánchez Villalba y el padre de este, Gerardo Sánchez Pérez, conocidos como Los Gerardos, dueños de varios locales de hostelería en Vilagarcía.

Pero las declaraciones de los tres primeros implicados no han aportado pruebas suficientes para aclarar la procedencia de los millones de euros invertidos en estos negocios, por lo que el fiscal Augusto Santaló pidió a la jueza instructora que Sito Miñanco también declare como principal imputado en este proceso.

El interrogatorio de Prado Bugallo está previsto para el 27 de octubre y para entonces será trasladado desde la prisión de Huelva donde actualmente se encuentra cumpliendo su segunda condena por tráfico de drogas desde su última detención en 2001.

Además de la sociedad Gasevi, que figura como la empresa matriz y propietaria de todos los bienes, el embargo afecta también a Expansión Arosa y Kalandracas, así como numerosos locales comerciales y cafeterías, como las boleras Kaiser y DNI, la discoteca Kavila, el Pub London o el karaoke La Bohème.

En la demanda de la Agencia Tributaria existen indicios de que Prado Bugallo supuestamente utilizó a Los Gerardos para lavar capitales opacos obtenidos en el narcotráfico. Hacienda detectó irregularidades en la contabilidad de estas empresas, como la inyección de activos financieros que no están justificados.

Este proceso abierto se enmarca en una serie de actuaciones de la Agencia Tributaria contra clanes gallegos implicados en el tráfico de drogas. Por primera vez, el método empleado difiere de otras operaciones por delitos económicos que han estado precedidas de redadas y pinchazos telefónicos.

Siguiendo el rastro de las cajas B de múltiples negocios de los clanes arousanos, la Agencia Tributaria ha promovido el embargo de bienes y dinero valorados en más de 150 millones de euros en los dos últimos años.

Sito Miñanco, de 55 años, fue detenido por primera vez en enero de 1991 en el contexto de la operación Nécora y condenado a 20 años de prisión. Diez años después, cuando se encontraba en libertad condicional, cumpliendo el tercer grado, fue pillado in fraganti en un chalé de Villaviciosa de Odón, en Madrid, dirigiendo con aparatos de navegación un transporte de 3,7 toneladas de cocaína. Fue condenado a otros 16 años de cárcel y a pagar una multa de 390 millones de euros, fallo que ratificó el Tribunal Supremo en 2006.

Después de emprender un largo proceso judicial contra las escuchas telefónicas que autorizó el entonces instructor, Baltasar Garzón, para detenerle en 1991, las tesis de Sito Miñanco triunfaron en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Corte europea dio un varapalo al juez y condenó a España a indemnizarle con 7.000 euros, intereses de demora y costas, porque las escuchas telefónicas habían violado su derecho a la intimidad.

El regreso de los históricos

La implicación, por primera vez, de Sito Miñanco en el blanqueo de dinero coincide en el tiempo con la de otro histórico, Manuel Charlín, que por edad y experiencia es el abuelo de los contrabandistas y traficantes de la ría de Arousa que levantaron enormes fortunas con el tabaco y la droga.

En 2011, Sito Miñanco habrá estado casi 20 años ininterrumpidos en prisión y no podría salir hasta 2018. Pero la posibilidad de refundir sus dos condenas y el buen comportamiento como preso le abrirían la puerta de un adelanto de la libertad condicional, a no ser que este nuevo proceso frustre sus planes.

Charlín, que estuvo 20 años entre las rejas de distintas prisiones, ya está en su casa de Vilanova de Arousa, pero con una causa penal que se abrió meses antes de conseguir la libertad y que puede hipotecar su futuro.

Cuando los históricos capos parecían estar ya en el olvido, fuera de los legajos judiciales y eclipsados por las grandiosas hazañas de los que en otra época fueron sus subordinados, vuelven a la palestra porque aún tienen que rendir cuentas, aunque ahora con el fisco.

Según Hacienda, las apariencias engañan. Después de tantos años en la cárcel, las cajas de caudales de Charlín y Miñanco, entre otros, no estarán tan llenas como antes, pero tampoco están vacías.

Según Instituciones Penitenciarias, la condena de Sito Miñanco, de 54 años, catalogado en el FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), no se extingue hasta 2018. Sus abogados creen que, dado su buen comportamiento en prisión, podría conseguir algún beneficio penitenciario y la libertad condicional mucho antes de lo previsto, si consiguen la refundición de sus dos condenas, que suman casi 37 años. A excepción de otros internos, Miñanco está considerado "un preso tranquilo que no da problemas" y solo se ha quejado por escrito de que continuamente le cambien de penal y de que le escuchen las conversaciones telefónicas.

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LE PUSIERON UN DETECTIVE A UN INTERNAUTA DE 24 AÑOS

El cazador, cazado: las demandas de la SGAE se vuelven en su contra.

El cazador, cazado: las demandas de la SGAE se vuelven en su contra

Fotografía de archivo de la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (EFE). @Carlos Otto.-

A menudo las batallas legales acaban con un ganador inesperado, que ve cómo su demandante no sólo no se lleva el gato al agua sino que acaba perdiendo. Algo parecido está pasando en las demandas relacionadas con el P2P que ha interpuesto la SGAE.

Hace tres años, SGAE, Egeda, Promusicae y otras ocho empresas (entre ellas Walt Disney Company, Warner o Twentieth Century Fox) demandaron a J.C.C., un estudiante de 24 años responsable de las webs Etmusica y Elitemula. Amparados en el Código Penal, estas empresas pidieron multa y pena de cárcel por lo que consideraban un delito contra la propiedad intelectual.

El asunto podría ser comprensible si no fuese porque la SGAE le colocó un detective para que investigase las actividades de J.C.C. y, dos años después, el 26 de mayo de 2009, se presentó en su casa con el informe del detective, una nueva demanda (esta vez por la vía civil) y una orden judicial mediante la que pretendían cerrar sus webs y requisarle un total de seis discos duros. Tras charlar con sus abogados, David Bravo y Javier de la Cueva –expertos en derechos de autor-, J.C.C. expulsó a estas personas de su casa y entregó voluntariamente un disco duro.

Ya metidos en tribunales, el Juzgado determinó en el procedimiento civil la reapertura de las webs y la devolución del disco duro sin inspeccionar, imponiendo además a la SGAE el pago de las costas y de una multa por mala fe en la solicitud de cierre de las webs. Resultado: la SGAE acabó retirando la demanda. Y si el procedimiento civil salió mal para la entidad, el penal no acabó mucho mejor, ya que el Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer y la Audiencia Provincial de Huelva han sobreseído el caso definitivamente al considerar que el hecho de enlazar música, películas y otros contenidos no es un delito. Con una resolución firme y sin posibilidad de recurso, J.C.C. le ha ganado una dura batalla a la SGAE, que comenzó siendo demandante y ha acabado siendo la única condenada.

El efecto boomerang

No es la primera vez que a la SGAE le sale el tiro por la culata, y varios son los ejemplos. En 2008, comenzó parte de la leyenda negra de esta entidad, cuando se supo que se había colado en una boda para inspeccionar la música que allí sonaba. Al final no sólo no salieron ganando, sino que de hecho tuvieron que pagar una indemnización de más de 60.000 euros. Un año después, en 2009, la SGAE bloqueó la IP de un internauta sin orden judicial y le pidió 150.000 euros previsiblemente por violar los derechos de autor. El demandado no sólo no fue condenado, sino que de hecho fue la SGAE la que tuvo que pagarle 300.000 euros por sus malas artes.

Cabría preguntarse si a las entidades de gestión y a la industria de contenidos les compensa llevar a cabo este tipo de actuaciones judiciales contra el P2P y los usuarios que, de un modo u otro, hacen uso de él o lo enlazan. De cara a su imagen es evidente que no, ya que acaban siendo los colectivos más odiados no sólo por los internautas, sino también por la ciudadanía en general. Pero, ¿y económicamente? Pues... tampoco.

Si nos vamos a Estados Unidos, vemos que la RIAA (Recording Industry Association of America) se gastó entre 2006 y 2008 nada menos que 64 millones de dólares en pagar a los abogados que llevaron sus demandas. A cambio, consiguieron recaudar 1,4 millones de euros. Un negocio nada lucrativo que no sólo demuestra la poca visión pragmática de estos colectivos, sino que además, a ojos del abogado Javier de la Cueva, retratan a la perfección la moral de sus compañeros: “Los principales beneficiados de los movimientos antipiratería son mis queridos compañeros abogados (…) Para ellos está muy bien que se sigan produciendo este tipo de pleitos”.
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El PP rompe el Pacto por la Sanidad y revienta la campaña de Trinidad Jiménez.

El PP rompe el Pacto por la Sanidad y revienta la campaña de Trinidad Jiménez

Era la gran apuesta de Trinidad Jiménez como ministra: pactar un consenso social para mejorar el servicio sanitario español. Se hablaba de un pacto, el 'gran Pacto de la Sanidad', que ha tardado un año y medio en tomar forma. Pero el consenso se truncó en el Congreso de los Diputados la misma semana en la que la ministra se juega el triunfo o la derrota de las primarias en la Comunidad de Madrid. Con este anuncio de 'no' pacto, Tomás Gómez le toma la delantera a Jiménez en su lucha por ganar las elecciones del domingo.

Después de casi dos años de trabajo, varias decenas de comparecencias y un sinfín de aportaciones por parte de todos los ámbitos del sector sanitario, algo ha fallado en la maquinaria de Jiménez para que PP y CIU dijeran ‘no’ a su informe final. Según los grupos contrarios, el documento que la presidencia de la Subcomisión del Pacto está lleno de generalidades y no contiene propuestas claras para paliar el déficit sanitario, que asciende ya a 12.000 millones de euros.

Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CIU, no comparte los planteamientos de Gaspar Llamazares, encargado de unificar las posturas de los partidos en un documento, porque va en contra del modelo sanitario catalán. El PP considera que un Pacto de Estado para la Sanidad habría de ser mucho más preciso en el contenido de las medidas, en su ritmo de implantación y, de una manera muy especial, en la definición del modelo de financiación, así como en las iniciativas urgentes para hacer frente a la deuda acumulada y a la dotación suficiente del Fondo de Cohesión.

El PP echa en cara a Jiménez la falta de desarrollo de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, “que constituye un grave obstáculo para la planificación y organización efectiva de los profesionales", explica Santiago Cervera, diputado del Partido Popular. Urge, según los populares, una reforma de la organización sanitaria centrada en el paciente, más cercana y humana y más resolutiva, “especialmente en atención primaria”.

Igualdad entre comunidades

En el texto que Jiménez dio a firmar a los demás grupos no aparecían temas tan relevantes como el nuevo papel de oficinas de farmacia y los farmacéuticos con más competencias, la protección de la innovación, los precios de referencia o una nueva política de genéricos. “Sin una apuesta decidida por la investigación y la innovación, el SNS perderá calidad”. Asimismo, el PP exige que se “corrijan las desigualdades en resultado en salud que en este momento existen entre los ciudadanos de una comunidad autónoma y otra”. Por eso hay que avanzar en la universalización de la asistencia sanitaria, en la accesibilidad, en la resolución de las listas de espera y en la movilidad de los pacientes en todo el territorio nacional.

Tanto PP como CIU van a presentar un voto particular contra el documento con sus propuestas de modificación antes del lunes. Tanto unos como otros no dudan de que el pacto se tiene que ejecutar. Todos, según dicen, están dispuestos a limar las diferencias y propiciar el diálogo para reanimar a un sistema nacional de salud que agoniza.

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