El Gobierno usará el texto para integrar en la Sanidad Pública las mutuas de funcionarios

El Pacto por la Sanidad propone suprimir Muface

El peculiar sistema de atención sanitaria de los funcionarios que está vigente en España desde 1975 –conocido como modelo Muface– sigue bajo el cerco del Gobierno. Ayer, este periódico adelantó que varios ministerios se muestran partidarios de excluir de este régimen a los empleados públicos que se incorporen a la Administración a partir de una determinada fecha, lo que implicaría que ninguno tendría la opción de elegir cada año entre recibir asistencia en la Sanidad Privada o la Pública.

El cambio afectaría a 1,2 millones de funcionarios

Un sector del Ejecutivo cree en cambio que todavía no ha llegado el momento para dar el paso, especialmente tras la ira desatada en los sindicatos a raíz del tijeretazo y la reforma laboral.

Sin embargo, las intenciones de una parte del Gobierno no se detienen en el simple debate sobre el modelo y, por lo que parece, tampoco se circunscriben sólo a los nuevos funcionarios que se incorporen a la Administración. Fuentes gubernamentales aseguraron ayer a este periódico que el pacto por la Sanidad que está fraguando el diputado de IU Gaspar Llamazares a instancias del Ministerio de Sanidad incluirá un punto sobre los regímenes especiales. El objetivo, aseguran, es que la subcomisión creada para alcanzar tal pacto en el Congreso actúe como «parapeto» del Ejecutivo, instando al mismo a que pacte un proceso de integración de las mutualidades públicas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

De acuerdo con las mismas fuentes, esta iniciativa implicaría la desaparición de Muface como sistema, y la integración de sus afiliados dentro del Sistema Sanitario Público. En total, habría alrededor de 1,2 millones de funcionarios públicos afectados por el cambio, aunque la cifra se elevaría hasta superar los dos millones, teniendo en cuenta a sus familiares y beneficiarios.

De subcomisión a subcomisión

Fuentes del Ejecutivo remarcan no obstante que no sería la Subcomisión para el Pacto de Estado por la Sanidad la que determinaría tal transformación, sino que correspondería dar el paso definitivo a la Subcomisión del Pacto de Toledo.

Los planes del Gobierno no se detienen en el conocido globalmente como Modelo Muface, un régimen en el que figuran los funcionarios de la Administración Civil del Estado, los que trabajan en la Administración de Justicia (se denomina entonces Mugeju) o el personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil (entonces se llama Isfas). La idea es utilizar también la Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado en la Sanidad con el fin de «reconsiderar el papel de las mutuas en el sistema de salud, en referencia a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

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Basilea III, que no sea la vencida

Afi Escuela de Finanzas Aplicadas reunió a profesionales de las principales entidades financieras españolas en el desarrollo de la “Jornada de Basilea III”, que contó con la intervención del Director General de Regulación de Banco de España, José María Roldán.

La jornada abordó los posibles impactos que Basilea III tendrá sobre el sistema financiero centrándose en el caso español. Ángel Berges -Consejero Delegado de Afi-, indicó que los elementos claves de Basilea III son mayor cantidad de capital, de mejor calidad, con un componente que permite atacar el riesgo sistémico (countercyclical buffer) y cuya aplicación se realizará de forma gradual con el objetivo de facilitar la transición hacia el nuevo régimen.

Enrique Martín –Socio Área de Banca de Afi- explicó los detalles de las distintas líneas de trabajo de los organismos internacionales. Martín argumentó que aspectos no decididos aún, relacionados fundamentalmente con los intereses minoritarios, activos fiscales e Instituciones sistémicamente importantes pueden afectar significativamente la solvencia. Así mismo, explicó cómo otras definiciones, como las características que deben cumplir los instrumentos Core y los híbridos de Tier I y Tier II para su computabilidad, son necesarias para la gestión de las entidades financieras.

En un ejercicio de simulación de los impactos de la nueva normativa, expuesto por Alfonso García Mora –Director General de Afi-, se concluyó que el impacto en el coeficiente de solvencia del sistema, derivado de las mayores deducciones, recompra de FROB y pérdida de computabilidad de preferentes y subordinada, podría elevarse hasta 6 puntos porcentuales, en el peor de los escenarios. Mora, enfatizó que la heterogeneidad entre las distintas entidades llevaría a que las necesidades de generación de reservas hacia el año 2019 ascenderían a los 35 mil millones de euros.

También señaló que si bien parte de estas reservas podrían generarse a partir de los propios resultados de las entidades, existiría la necesidad de “levantar capital” por aproximadamente unos 12-15 mil millones de euros para cumplir los requerimientos de solvencia.

José María Roldán –Director General de Regulación en Banco de España-, expuso que el objetivo de la nueva regulación radica en que las entidades financieras sean capaces de resistir bajo entornos muy adversos, y de esta manera evitar nuevas crisis financieras. Argumentó que este cambio regulatorio consiste en modificar fundamentalmente el numerador del coeficiente de solvencia, poniendo más énfasis en la calidad de los recursos propios y su capacidad para asumir pérdidas. También explicó la importancia de regular la liquidez de las entidades financieras, aspecto que no había sido incluido en normativas anteriores. El objetivo de la regulación de liquidez consiste en que las entidades sean capaces de asumir sus compromisos existentes a corto plazo, y garantizar una estructura de plazos entre activos y pasivos razonable a través de su coeficiente de largo plazo.

Finalmente, enfatizó la importancia de un amplio calendario de implementación, para de esta manera poder definir niveles elevados de exigencia y, al mismo tiempo garantizar la continuidad del negocio. Si bien la nueva regulación permitirá evitar nuevas crisis, existen riesgos ligados al arbitraje de capital, tanto dentro del propio sector bancario, como entre sectores regulados (por ejemplo, el sector de seguros) y el sistema financiero “en la sombra”, riesgos que deben monitorizarse, y por tanto, Pilar II y Pilar III continúan siendo dos piezas fundamentales de la arquitectura de Basilea.

Muchos se preguntan si Basilea III será capaz de paliar, evitar, o por lo menos prevenir una futura crisis. Basilea II demostró ser totalmente irrelevante en los acontecimientos que sacudieron al sistema, y que aún continúan totalmente presentes.

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