MDE en la concentración de Barcelona “La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse, no queremos Gobiernos delincuentes”


En la tarde de hoy varios miembros de Movimiento Democrático nos hemos dado cita en Rambla Sta. Mónica con Pasaje de la Banca (Barcelona) ante la Secretaría General de Política Lingüística, bajo el lema “La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse, no queremos Gobiernos delincuentes”.

Alrededor de unas ciento cincuenta personas se han congregado en la concentración convocada por Impulso Ciudadano para pedir al Gobierno de la Generalitat y al principal partido de la oposición que acaten la sentencia sobre el Estatut emitida por el Tribunal Constitucional.

Durante el acto diferentes personas tomaron la palabra para denunciar que han visto como la Generaliat les multaba por no rotular en catalán. Sus propietarios han tomado la palabra para denunciar el acoso al cual están siendo sometidos, multas que en algunos casos ascienden a 3.200 euros.

Desde Movimiento Democrático apoyaremos siempre este tipo de actos que en definitiva buscan defender la libertad de las personas.

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Recórd de impagos a Hacienda al superar los 11.000 millones

Calixto Rivero

Los problemas de Hacienda para cobrar las deudas de los contribuyentes sigue creciendo. Según los últimos datos que maneja el Ministerio de Economía, los impuestos pendientes de cobro superaron entre enero y julio los 11.000 millones, un 11,8% más que en el mismo periodo de 2009.

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Esta cifra no tiene precedentes desde hace, al menos, una década, cuando la Intervención General del Estado (IGAE) comenzó a elaborar este tipo de estadísticas.

La brecha que se ha creado hasta julio entre los derechos reconocidos netos –los ingresos previstos– y la recaudación neta –lo que efectivamente el Estado logra ingresar en la caja– es casi el triple que hace 10 años: los impagos en los primeros siete meses de 2001 ascendían a 3.861 millones, frente a los 11.057 de 2010. Los expertos estiman que las cifras de ejecución presupuestaria ya empiezan a ser un termómetro creíble para medir cómo evolucionarán las previsiones de déficit del Estado a finales de año.

El hecho de que los inspectores de Hacienda y los técnicos no logren recaudar más del 1% del PIB que adeudan los contribuyentes –una cifra similar a lo que se gastó en el Fondo de Inversión Local, más conocido como Plan E– pone en duda que se vayan a cumplir los objetivos de ingresos impositivos.

Los fiscalistas achacan el avance de los impagos al Fisco básicamente a dos motivos. En primer lugar, el aumento de los impuestos pendientes de cobro pone de manifiesto los aplazamientos y el fraccionamiento de las deudas que legalmente han solicitado los contribuyentes por no poder hacer frente a los pagos fiscales ante la dureza de la crisis.

En segundo lugar, la brecha entre lo que Hacienda pretende recaudar y lo que efectivamente cobra también se puede explicar por el avance del fraude, un problema que es muy difícil cuantificar a pesar de que la mayoría de los interventores consideran que es uno de los más acuciantes a los que se enfrenta la Hacienda Pública. Desde el propio Gobierno se llegó a estimar que la economía sumergida equivale al 20% del PIB.

Evasión de impuestos
Uno de los temas que más amenaza a las cuentas del Estado en los próximos meses es el fraude en el IVA. Algunos analistas creen que la merma de la recaudación efectiva de este impuesto crecerá en el tercer trimestre, cuando se comiencen a ver los primeros efectos del alza de este tributo. Hasta julio, los contribuyentes le debían a Hacienda 4.443 millones por este impuesto.

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29-S

Asociaciones de Policía y Guardia Civil trabajarán para que se convierta en un éxito aunque no puedan participar

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones de Policía y Guardia Civil han manifestado su apoyo a la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre y han anunciado que trabajarán para garantizar su perfecto desarrollo y que la convocatoria se convierta en "un éxito", dado que sus colectivos no tienen derecho a la huelga.

"Consideramos que las organizaciones sindicales de trabajadores tienen más razones que nunca para convocar a la huelga general por los graves retrocesos para los derechos que han planteado el Gobierno", sostienen la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión de Guardias Civiles (UGC) y la Asociación nacional de Oficiales de la Guardia Civil (UO).

Sin embargo, recuerdan que los miembros de la Policía y la Guardia Civil tiene "expresamente prohibido" el derecho de huelga, por lo que el 29 de septiembre acudirán a sus puestos de trabajo para contribuir al éxito de la convocatoria, "tratando con el respeto y la consideración que se merecen los piquetes informativos de trabajadores, que ejercen una actividad legal".

"Los miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía no harán huelga, pero deben oponerse a cualquier orden que reciban para entorpecer u obstaculizar el ejercicio de dicho derecho por los trabajadores", han sostenido.

Las asociaciones han insistido en que la huelga general es un derecho constitucional que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están obligados a proteger. "Servimos a la Constitución y a los ciudadanos, y si los responsables políticos o mandos imparten órdenes contrarias a la Constitución o el ejercicio del derecho de huelga, estamos obligados a denunciarlo internamente y ante nuestras organizaciones asociativas y sindicales", han advertido.

Para argumentar su apoyo a esta huelga, recuerdan los "agravios" a los que están sometidos los agentes de Policía y Guardia Civil respecto a los cuerpos de seguridad autonómicos y aluden también a la reforma laboral y el recorte salarial para los trabajadores públicos.

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Multas de 742.500 euros para los tres acusados por la trama de Gondomar

El tribunal establece que ediles y arquitecto pedían comisiones para «enriquecerse», pero obvia los fines políticos

El fiscal había pedido en su calificación inicial penas por cuatro millones más y luego las rebajó a 1,25 millones

Autor: Carlos Punzón

Los tres implicados en el caso de corrupción descubierto en Gondomar deberán pagar una multa de 742.500 euros en total por haber formado una trama para «enriquecerse» a cambio de favorecer y desarrollar desde el Ayuntamiento tres proyectos urbanísticos.

La sentencia dictada ayer por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo recalca la «gravedad de los hechos, por su trascendencia social, la entidad del daño a la función pública y por incumplir el deber de fidelidad al cargo» de los políticos implicados. Pero, pese a esa consideración, el juez concede una notable rebaja en las penas solicitadas por la Fiscalía, que inicialmente había reclamado en total una sanción de 4,7 millones de euros y la rebajó después a 1,25 por la autoinculpación y colaboración de parte de los imputados.

El fallo judicial considera probado que los entonces ediles de Urbanismo, Alejandro Gómez (del PP), y el de Cultura y portavoz del mismo partido, José Luis Mosquera, habían pedido dinero a tres promotoras a cambio de que el nuevo Plan Xeral de la villa posibilitase sus proyectos constructivos. En esa trama, el tribunal califica al arquitecto vigués Borja Ramilo, como «cómplice necesario» e intermediario en la petición de comisiones a las empresas, que ascendía a 540.000 euros.

Tres sanciones diferentes

Esa cantidad es la que el tribunal impone finalmente como sanción al edil de Urbanismo, que, como su compañero, abandonó el cargo al estallar el caso en febrero del 2007. Gómez Garrido, que nunca admitió su relación con la trama de extorsión, se enfrentaba a una petición de pena 1.080.000 euros, que ya había sido rebajada desde 1,92 millones en los que en un principio había calificado su delito el fiscal.

Por haber dado datos sobre dos cohechos más que no habían sido investigados, el edil de Cultura logró una reducción de pena del 93%, quedando esta establecida en 135.000 euros, como logró igualmente el arquitecto intermediario, al que se le aplicó una segunda rebaja hasta fijar su condena en 67.500 euros.

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entiende que es un acto sindical

Interior prohíbe la manifestación de guardias civiles

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Foto: EP MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -


La Delegación de Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) en defensa de mejoras laborales prevista para el próximo día 18 en Madrid al entender que se trata de un acto sindical por lo que se vulnera el carácter de neutralidad que se exige por Ley a los miembros del Instituto Armado, informó a Europa Press un portavoz de una de las asociaciones.

En un escrito remitido a los convocantes por la tarde se les ha comunicado la prohibición en base a estos argumentos que desde la AUGC, uno de sus portavoces ha asegurado que acatan, pero anuncian que la van a recurrir. Responsables de ambas asociaciones ofrecerán mañana una rueda de prensa en la que explicarán las medidas a tomar.

En concreto, según las mismas fuentes, la decisión de la Delegación de Gobierno parte de la sentencia del pasado mes de abril del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre otra marcha en la que habían participado guardias civiles --aunque en este caso convocada por sindicatos policiales--. En aquella resolución, el tribunal argumentaba que los agentes del Instituto Armado pueden asistir a manifestaciones "a titulo individual", pero "sin portar armas, ni el uniforme y respetando la neutralidad propia de la condición de guardia civil".

En ese sentido, añadía que "es inconcebible que la asistencia de un guardia civil a ese acto no lo fuera en su condición de tal y si en la de simple ciudadano, pues eran sus derechos o intereses corporativos el objeto de la manifestación". "Además, difícilmente puede decirse que esa asistencia, aun cuando fuera aparentemente a titulo individual, dispusiera de naturaleza anónima", añadía la resolución de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

CIRCULAR DE INTERIOR

Ya esta misma sentencia fue motivo de polémica hace pocos día en la víspera de la última concentración realizada por guardias civiles ante el Ministerio del Interior el pasado martes. El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez remitió una circular "a todas las unidades de la Guardia Civil" en la que se les advertía de las "consecuencias disciplinarias" que podía provocar su participación en la concentración.

En concreto, en la circular se recordaba que "sobre los miembros de la Guardia Civil pesa legalmente la expresa prohibición legal de organizar y de asistir a cualquier tipo de reunión o manifestación portando armas, vistiendo uniforme o sin respetar el deber fundamental de neutralidad". Para ello citaba la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"Este deber de neutralidad impone a todos los miembros del Instituto Armado la obligación de abstenerse de organizar y de asistir, en su condición de tales miembros de la Guardia Civil, a reuniones o manifestaciones públicas que tengan connotaciones de carácter político y sindical", añadía el escrito al que tuvo acceso Europa Press.

Por todo ello se advertía de que "la transgresión de cualquiera de las prohibiciones y deberes a que se hace referencia en la misma puede ocasionar las correspondientes consecuencias disciplinarias conforme a lo dispuesto en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil".

PERMISO DE DELEGACIÓN DE GOBIERNO

En cualquier caso, al menos aquella concentración --que congregó a decenas de dirigentes de AUGC y UO-- sí que contó con la autorización desde el pasado 31 de agosto de la Delegación del Gobierno en Madrid en un escrito en el que defendía que "el derecho de reunión (pacífica y sin armas)... que se configura como exponente de la libertad de expresión y su ejercicio no es ajeno a los miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de lo establecido en las leyes específicas (Régimen Disciplinario de la Guardia Civil)".

Así, la Delegación del Gobierno se limitaba a recordar a los guardias civiles que deben "respetar el deber fundamental de neutralidad política propia de la condición de militar" y la "prohibición de portar armas y uniforme", además de otras apreciaciones como el lugar que debían ocupar frente al Ministerio para no entorpecer la circulación.

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JIMÉNEZ NO OCUPARÁ EN NINGÚN CASO LA SECRETARÍA GENERAL

Blanco y Rubalcaba planean colocar al diputado Antonio Hernando al frente del PSM.

Blanco y Rubalcaba planean colocar al diputado Antonio Hernando al frente del PSM

Antonio Hernando y Tomás Gómez. -(Efe) @J. C..- 09/09/2010

Aun en el caso de que Trinidad Jiménez logre vencer a Tomás Gómez en las primarias que se celebran en Madrid para determinar el candidato socialista que se enfrentará a Esperanza Aguirre por el Gobierno de esa Comunidad, la todavía ministra de Sanidad no ocuparía en ningún caso la secretaria general del Partido Socialista de Madrid (PSM) que hoy lidera Gómez.

El ministro de Fomento, José Blanco, y el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, los directores de la orquesta que en la sombra ameniza el lío interno que el PSOE vive en Madrid tienen otros planes: ese puesto será ocupado por el diputado Antonio Hernando, actual secretario de Ciudades y Política Municipal del partido socialista.

Es evidente que la derrota del ex alcalde de Parla, además de impedirle defender su candidatura a la presidencia de la Comunidad madrileña, le obligaría a abandonar la secretaría general del PSM. “Lo que muy poca gente sabe”, aseguran fuentes socialistas de toda solvencia a este diario, “es que su sustituto al frente del partido en la capital no sería Trini. Blanco y Rubalcaba tienen otros planes: su tapado es Antonio Hernando, un hombre muy ligado a Blanco desde sus tiempo de secretario general del partido en Ferraz”.

Se trata de una operación en dos tiempos: en primer lugar, imponer la candidatura de Jiménez como contrincante de Aguirre a la presidencia de la Comunidad, operación culminada con éxito en su primera fase, la que supuso convencer a Rodríguez Zapatero de la conveniencia de la operación, y en segundo, laminar a Gómez y a sus partidarios en la antigua Federación Socialista Madrileña, hoy PSM, para hacerse de una vez con los resortes del partido en la capital del Reino, operación en la parece especialmente empeñado Blanco.

Hernando ya fue candidato para sustituir a Simancas

La opción Hernando no es una novedad ni una casualidad. Ya en 2007, a raíz de la retirada de Rafael Simancas de la dirección del PSM tras un muy pobre desempeño al frente del mismo, Pepe Blanco defendió con ahínco ante Zapatero la candidatura de Hernando al puesto. El presidente le dio calabazas, aduciendo que prefería para competir electoralmente con el PP en la comunidad madrileña a un hombre que ya se hubiera batido el cobre en las urnas, cosa que desde luego Tomás Gómez había demostrado sobradamente en el Ayuntamiento de Parla.

Antonio Hernando, 43, licenciado en Derecho, es, además de un auténtico pico de oro a lo Ruiz-Gallardón, un hombre de indudable peso dentro del aparato del partido. En la actual batalla que se libra en el PSOE por el control de Madrid, el aludido lo tiene claro: “la derecha prefiere a Tomás Gómez frente a Esperanza Aguirre antes que a Trinidad Jiménez”, aseguraba hace escasos días en la SER, coincidiendo así con el alcalde de Getafe Pedro Castro. Hernando es uno de los hombres que, siguiendo instrucciones de Blanco, más se está moviendo estos días presionando a alcaldes y concejales socialistas de Madrid y su Comunidad para crear un frente anti Tomás Gómez.

Las cosas, sin embargo, parecen haberse torcido bastante para el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento. “Desde luego la operación de lanzamiento de Trini y liquidación de Gómez no está siendo el paseo militar que tanto Blanco como Rubalcaba le vendieron a Zapatero, lo que explica la alarma que hoy reina en sus cuarteles generales, conscientes de que el de Parla puede dar la sorpresa si no se le para con malas artes. Pepe Blanco es muy consciente de que si esta operación no sale, o sale mal, alguien tendrá que pagar la cuenta de un destrozo que terminará salpicando a Zapatero, lo que explica que esté de los nervios”.

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