Han utilizado ya la mitad de los 5.000 millones previstos

Los municipios emplean un 15% del fondo local en gasto social

Los ayuntamientos están invirtiendo un 14,7% del presupuesto del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en gasto corriente. Hay 737 millones de euros de los 5.000 totales que se usan para mantener las prestaciones sociales y para pagar la nóminas de los funcionarios.

Macarena Uceda - Madrid - 30/07/2010

El Ministerio de Política Territorial presentó ayer los resultados del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para el primer semestre del año. El presupuesto fijado por el Gobierno para esta iniciativa es de 5.000 millones de euros que se adjudicaron según el número de habitantes que tenía cada municipio. De éstos, ya han sido transferidos 2.569,2 millones de euros divididos en proyectos de inversión (85,2% del total) y de gasto social (14,7%).

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se refirió a la polémica que suscitó la repartición inicial de los fondos, en la que los Ayuntamientos consideraron insuficiente el 20% que se podía destinar a gasto corriente. Efectivamente, éstos sostuvieron excesivo que el 80% del presupuesto se destinara a inversión. Sin embargo, Chaves aclaró que "no se ha apurado el presupuesto de gasto corriente".

El 81% de los 30.563 proyectos del fondo, previstos para 2010, se encuentran en ejecución o van a iniciarse antes de un mes, tras aprobarse su adjudicación. Chaves considera que "la valoración del grado de ejecución del fondo en el primer semestre es positiva ya que cumple son las previsiones marcadas". Hasta el momento, las inversiones han conseguido crear o mantener 210.963 empleos durante estos seis meses.

Los proyectos que ejecutarán los ayuntamientos españoles durante este año se dirigirán principalmente a la sostenibilidad social (40,8% del total del presupuesto) con actuaciones para la mejora o construcción de centros sociales, culturales o deportivos, entre otros. Otra parte importante de las iniciativas se destinarán a la sostenibilidad económica (39,3% del total) para fomentar, entre otros aspectos, la innovación o las TIC. Finalmente, se incentivará la sostenibilidad medioambiental (19,8% del total) con acciones como la conservación del patrimonio.

El vicepresidente tercero del Gobierno, recordó que "para el año 2011 no se tiene previsto repetir la iniciativa del fondo".

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El Gobierno aprueba este viernes la Ley del Servicio Postal Universal

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes el proyecto de Ley del Servicio Postal Universal, texto que 'encarga' a Correos la prestación de este servicio de interés público, informaron a Europa Press en fuentes de La Moncloa.

En concreto, el servicio postal universal incluye la gestión de los envíos de cartas, tarjetas postales y paquetes de hasta 10 kilos de peso, tanto ordinarios como certificados.

La ley encomienda a Correos esta tarea para garantizar un servicio postal de calidad, que llegue a todos los puntos y a todos los ciudadanos del territorio del Estado, con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación.

El texto legal contempla además la articulación de un sistema de financiación que garantice al operador postal público la suficiencia de recursos para hacer frente a los costes que le supondrá la prestación de este servicio.

Este fondo de financiación se nutrirá con la contribución de todos los operadores con presencia en el mercado postal y con aportaciones del Estado.

El proyecto de ley regula así todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenderse la prestación del servicio universal por parte de Correos.

La norma pone fin la área de negocio postal que hasta ahora tenía reservada Correos, para crear un mercado de libre competencia y más abierto, "sin que por ello se ponga en riesgo su viabilidad financiera", dado el "sólido sistema de financiación alternativo" que incluye, según indicó el Ministerio de Fomento cuando presentó el anteproyecto de la ley.

El otro gran pilar del anteproyecto de ley visto hoy en el Consejo de Ministros lo constituye la regulación de los derechos de los usuarios de los servicios postales.

Con todo, con la nueva ley, además de transponer la legislación europea, el Gobierno busca garantizar un servicio postal de calidad, los derechos de los usuarios del mismo y articular un mercado postal en libre concurrencia con reglas de funcionamiento seguras y transparentes.

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Os Acordos polo Desenvolvemento Económico e Social «son o comezo» e céntranse «nas persoas e no emprego»

Os primeiros acordos do diálogo social en Galicia céntranse no impulso das políticas de emprego, na reactivación económica, no I+D+i, na mellora do financiamento das empresas e na protección social

30-07-2010.- O Sindicato Nacional de CC OO, UGT-Galicia, a CEG e a Xunta asinaron esta mañá os Acordos polo Desenvolvemento Económico e Social, os primeiros do actual proceso de concertación social no noso país. Entre os obxectivos principais destacan o impulso ás políticas de emprego, as medidas para a reactivación económica, a importancia do I+D+i para o cambio de modelo produtivo, a mellora das liñas de financiamento das empresas e a protección social.

Para CC OO, o problema máis importante que hoxe ten a sociedade «é o desemprego», xa que actualmente hai 219.000 persoas desempregadas, 90.000 traballadores e traballadoras que teñen esgotadas as prestacións económicas, máis de 35.000 familias que teñen a todos os seus membros en paro e máis de 50.000 persoas que levan máis dun ano sen atoparen emprego.

«Esta é a realidade sobre a que temos que actuar», asegurou Xosé Manuel Sánchez Aguión, secretario xeral do Sindicato Nacional de CC OO. Xa que logo, estes acordos «son un paso urxente e importante», pero en calquera caso un primeiro paso porque «o proceso de diálogo e concertación non rematou». Desta maneira, as diferentes mesas continuarán a traballar «para producir acordos que reforcen ou amplíen o ata aquí desenvolvido».

O dirixente sindical lembrou, ademais, que aínda quedan por desenvolver e concretar acordos en temas «moi importantes», como as políticas industriais, o desenvolvemento territorial de Galicia, o desenvolvemento e aseguranza das políticas sociais ou a mellora e mantemento dos servizos públicos.

Segundo Sánchez Aguión, estes acordos e os que xurdiren «deberán estar clara e nitidamente reflectidos nos orzamentos da Xunta para o ano 2011», que se han centrar «nas persoas e no emprego». O sindicalista fixo tamén unha advertencia clara: os acordos, despois de ser negociados, consensuados e concertados, «son de obrigado cumprimento», e desde CC OO estarán «especialmente activos e atentos» a través dos mecanismos de seguimento e de avaliación acordados.

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Autor Martín Palacín. O xornal de Galicia

En la leprosería de San Simón, por ejemplo, o en aquella ­isla maldita de Molokai, que veíamos en el imaginario cinematográfico. El gobierno se está quedando, de manera reiterada, aislado por el mar de la crisis, en esa isla de la abstención de los restantes partidos. Es el sino de la famosa geometría asimétrica que en épocas de desolación no da para más. La soledad de gobernar en medio de la abstención, teniendo que ceder cada vez más y más de sus principios y convicciones. Tanto, que está corriendo el riesgo de perder sus propias convicciones.

La reforma laboral es el último amargo capítulo de esta saga desgraciada. Amargo no por la soledad del gobernante, ni por la lamentable situación de que te dejan gobernar al desgaste, porque nadie se atreve a tomar el testigo en tiempos tan aciagos. Amargo, porque, en cada envite tanto el PSOE como el gobierno pueden perder las señas de identidad.

Y eso que esta vez le ha venido a salvar un poco la cara el PNV. Porque ha terminado proponiendo algo menos inconsistente que esa disolución mental del “todo vale” con tal de sacar una reforma. Ese todo vale de que las empresas puedan alegar el catarro de unos problemas de tesorería para despedir por el mínimo coste a los trabajadores. A eso llegó a estar dispuesta la táctica de la geometría variable, con tal de seguir a flote. Es algo que muchos no olvidaremos fácilmente. Porque no todo es táctica con tal de seguir adelante. Y no basta con ofrecer a los trabajadores el subsidio en caso de paro. Tener que agradecer al PNV que se ponga racionalidad en este terreno, a cambio de una abstención, no deja de ser bochornoso.

Y todo por el sostenimiento de un dogma que nadie ha demostrado como eficaz: eso de que se crea empleo si se abarata el despido. Ese dogma defendido por una patronal presidida por alguien que está enviando a la calle a los trabajadores de sus empresas después de venderlas a enterradores profesionales. Ese dogma que sustituye a las propuestas de políticas activas de empleo. Porque falta imaginación para idear alternativas para el reparto del empleo, para repartir y compartir los tiempos de producción, para ingeniárselas en el camino de buscar iniciativas de exportación a países como los latinoamericanos, tan necesitados de tantas cosas que comprarían a crédito. Y una España que ha sido capaz de condonar deuda, ahora no es capaz de estrujarse la mollera para otorgar créditos para poder exportar. Por ejemplo.

Muchos perdonaríamos incluso aventuras en ese sentido, antes que la pérdida de principios básicos y elementales. Principios que no se aplican por culpa de la geometría de los votos parlamentarios. Si la izquierda sumara lo suficiente, seguro que estaríamos haciendo otra política, más acorde con aquel “no nos falles“, que los jóvenes le pidieron a Zapatero la primera noche de su primera elección. Pero el millón de votos de IU da solo para dos diputados, mientras la suma de CIU y PNV, que alcanzan poco más de ese millón, totalizan 17 diputados. Y eso condiciona una política que en estos momentos se hace especialmente dramática para la vida de millones de trabajadores y de parados.

Lo malo de la situación es que –por mucho énfasis que se ponga desde las filas del gobierno– no nos están convenciendo de que con estas iniciativas se va a crear empleo, ni se va a salvar el barco. Lo terrible es que desde esa aislada soledad casi de leprosería, mañana el gobierno Zapatero tendrá que intentar imaginar otras cosas para crear empleo.

Y lo malo es que –digan ahora lo que digan– los sindicatos se han dedicado tantos años a vivir del sector público y han generado unas estructuras tan burocratizadas, se han mantenido tan acomodadamente lejos de los trabajadores más de base, que en estos momentos no tienen capacidad para llegar al corazón de esos trabajadores que contemplan la crisis en solitario, agazapados en sus puestos de trabajo para que ni siquiera se fijen en ellos, no sea que –al primer problema de tesorería– su empresario le señale con el dedo y le diga un “tú”, que significa: “a las tinieblas exteriores”.

Y en medio de todo esto, los famosos economistas, siempre profetas del pasado, seguirán administrando sus recetas que, casualmente, jamás resuelven el problema de los parados y de los trabajadores, sino que dan prioridad a los beneficios de los bancos, que –nos dicen– desencadenarán la bonanza económica. ¿De quién?

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Un concejal de Nigrán, imputado por facturas urbanísticas falsas

La Fiscalía investiga irregularidades en el contrato de un proyecto de obra de 63.000 euros.

ANTONINO GARCÍA 30/07/2010 - 00:51 h.

Los escándalos urbanísticos vuelven a la primera línea de la batalla política en Nigrán. Tan solo tres años después de que el ex alcalde Alfredo Rodríguez Millares, del PP, saliese escoltado del Concello por la Guardia Civil, otro concejal es imputado por irregularidades en la contratación de obras municipales.

Antonio Fernández Comesaña, edil independiente de Unión Centrista de Nigrán (UCN) y concejal del gobierno local que lideraba el ex director general del Celta, fue interrogado el pasado miércoles por agentes de la Guardia Civil en relación con varias facturas falsas emitidas durante su etapa como responsable del departamento de Urbanismo. Junto con Fernández Comesaña, están imputados el ingeniero municipal, identificado como Antonio P.C., y el ex ingeniero jefe de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Llano de la Concha.

Los tres prestaron declaración por el caso que investiga la Fiscalía e instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo y quedaron en libertad con cargos por supuestas infracciones a la Ley de Contratación. Los agentes del Seprona apuntan a De la Concha, ex concejal en Vigo y actualmente vicecónsul de Chile en la ciudad, como la persona que intentó cobrar las facturas emitidas de forma irregular.

La investigación se inició hace aproximadamente un año por la denuncia del gobierno local socialista, al encontrarse con facturas falsas correspondientes a una obra del anterior mandato. Los hechos se derivan de la elaboración en diciembre de 2006 del proyecto para reformar la calle Manuel González Prado de la localidad, cuyo importe de 63.000 fue dividido en siete partidas diferentes para evitar que saliese a concurso público.

Ninguna de las facturas superaba los 12.000 euros (la mayoría de 10.000 y 7.000 euros) y habían sido emitidas con conceptos como expropiaciones, ocupaciones, instalaciones o levantamiento topográfico. Aquellas facturas nunca se llegaron a pagar y con el cambio de gobierno municipal, el ingeniero Rafael Llano de la Concha acudió en varias ocasiones al Concello a reclamar los importes, alegando que la empresa que había realizado el proyecto pertenecía a su familia.

El propio alcalde, Efrén Juanes, del PSOE, fue interrogado sobre este punto por parte de los agentes de la Guardia Civil encargados del caso. La investigación se centra en probar que De la Concha y Fernández Comesaña mantenían una relación económica de la que se derivaba un trato de favor en el Concello.

Por entonces, el concejal pertenecía al Partido Independiente de Nigrán (PIN), que gobernaba en coalición con el Partido Popular del alcalde Alfredo Rodríguez Millares. Las facturas fueron firmadas por el propio Antonio Fernández Comesaña, como edil de Urbanismo, pero no por el ingeniero municipal, que se negó al detectar irregularidades, y tampoco el interventor dio la orden de pago. Comesaña acudió ayer al pleno extraordinario del Concello, pero rechazó a realizar declaraciones y, tras leer un comunicado sobre el PGOM, abandonó la sesión.

El proyecto encargado en 2006 tenía como objetivo reformar un vial de la Diputación provincial, la calle Manuel González Prado que une el barrio de Maión con Parada. Ya en enero de este mismo año, el que era entonces teniente de alcalde, el nacionalista David Giráldez, denunció la actuación “irregular de Fernández Comesaña” durante su mandato por encargar un proyecto técnico “sin que existiera ningún convenio” con la Diputación.

La primera denuncia ante la Fiscalía se realizó el pasado año por parte de un concejal socialista, aunque una de las siete facturas no llegó a presentarse. En un principio también se alertaba de que los volúmenes que recogen el proyecto no existían, pero finalmente fueron localizados en el despacho del ingeniero municipal. La semana pasada, los agentes de la Guardia Civil regresaron al Concello y consultaron con algunos técnicos municipales detalles de la investigación.

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Pedraz ordena la captura de los acusados de matar a Couso

Pide autorización al CGPJ para viajar a Irak para una inspección ocular del lugar de los hechos

XORNAL.COM 30/07/2010 - 01:24 h.

Os brancos deliberados de EE UU

Pereiro cre que é un primeiro paso para acabar coa impunidade

Los testigos, abiertos a ir a Bagdag

Un asasinato, sete anos de investigacións e dúas reaperturas da causa xudicial

A Xustiza comeza a cumprir con José Couso

Couso: último acto heroico

Siete años después de que el cámara de Telecinco, José Couso, perdiera la vida en el ataque estadounidense al hotel Palestine de Bagdad, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la busca y captura de los tres militares estadounidenses presuntamente responsables de su muerte, con el objetivo de que puedan ser extraditados a España. Además, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorización para desplazarse a Irak el próximo otoño y realizar una inspección ocular del lugar donde se produjeron los disparos que acabaron con la vida de Couso.

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción numero 1 es consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de reabrir el caso por segunda vez, después de que fuera archivado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que revocó el procesamiento de los tres militares.

Ahora, Pedraz vuelve a imputar al teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gobson un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio, en relación con el “ataque a población civil con la causación de la muerte del señor Couso y el acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas”. El juez considera así que existen “motivos bastantes para creer responsables criminales” de estos hechos a los tres acusados.

Según el relato de los hechos que consta en el auto dictado por Pedraz, De Camp fue la persona que “dio la orden directa de disparar” contra el Hotel Palestina, pese a saber que se encontraba en la zona civil y era ocupado por periodistas; Wolford transmitió la orden y Gibson fue “quién materialmente efectuó el disparo” que mató a Couso y a otro periodista, Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, y provocó heridas graves a otros tres reporteros.

Dada la “gravedad de los hechos imputados” y teniendo en cuenta que las autoridades de Estados Unidos no han cooperado hasta el momento, al no responder al ofrecimiento de que la comisión judicial se desplazara a los Estados Unidos para tomarles declaración, Pedraz ha acordado la busca y captura e ingreso en prisión de los tres militares, a efectos de extradición, “como única medida efectiva para recibirles declaración y asegurar la presencia de los mismos en el proceso”.

Para ello, pide a la Comisaría General de Información, al Servicio de Información de la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que practiquen “las gestiones oportunas” para averiguar el paradero de los tres militares, tomando “las medidas que consideren necesarias”. Entre ellas, dirigir las oportunas solicitudes de información e inteligencia a los servicios de seguridad de los países que puedan tener datos que aportar, así como “si es preciso y dentro de los límites legales de su actuación, el desplazamiento a Estados Unidos para realizar las pesquisas oportunas”.

VIAJE A EE UU

No obstante, dado que cuando tuvieron lugar los hechos en Irak había otra Administración en Estados Unidos, Pedraz contempla que “ahora podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación, antes denegada”, por lo que, en una providencia también dictada ayer, pide una solicitud de auxilio judicial al Gobierno de Barack Obama para que declaren los tres militares y para que se recabe del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y de Justicia de Estados Unidos testimonio íntegro de la documentación obrante sobre los hechos investigados.

Además de ordenar continuar con la instrucción, el juez acuerda practicar las diligencias que ya ordenó el 20 de mayo de 2008 y que no fueron realizadas. Así, pide a la Comisaría General de Información que localice a los periodistas de las televisiones Al Yazira y Abu Dhabi para que presten declaración para aclarar “cómo se produjeron los ataques a las respectivas sedes de dichas televisiones en el mismo día a que se refieren los hechos que se investigan en la presente causa”.

Igualmente, insta a que se reitere la comisión rogatoria librada a Irak para que se autorice al desplazamiento de la comisión judicial de la Audiencia Nacional al lugar de los hechos.

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Tráfico elimina la obligación de presentar el recibo del Impuesto de Circulación para realizar trámites

Sólo exigirá la acreditación del pago si le consta que el titular del vehículo no ha abonado la tasa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha suprimido la obligación de presentar el recibo del Impuesto de Circulación para realizar algún trámite ante las Jefaturas provinciales, tal como es necesario ahora. La medida, según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2011.

Las Jefaturas de Tráfico no tramitaban hasta ahora el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular no hubiera acreditado el pago del Impuesto de Circulación correspondiente al periodo impositivo del año anterior al que se realiza el trámite. Con la nueva norma, cambia este requisito y Tráfico solamente exigirá la acreditación del pago si le consta que el titular del vehículo no ha abonado el impuesto.

El objetivo es "simplificar y hacer más sencillo los procedimientos administrativos que los ciudadanos tienen que hacer con sus vehículos", explicó la DGT. Para ello, cuando finalice el periodo de recaudación de dicho Impuesto de Circulación, los ayuntamientos transmitirán a través de un sistema informático al Registro de Vehículos de la DGT el listado de contribuyentes que no lo han abonado. Será a estos propietarios de vehículos a los que se les exigirá dicha acreditación cuando realicen trámites ante Tráfico.

La DGT calcula que esta nueva norma supondrá anualmente un ahorro de tres millones de fotocopias y una disminución de las jornadas correspondientes a los aproximadamente 100 funcionarios de la Administración Central y Local, actualmente encargados de fiscalizar el cumplimiento del impuesto. Todo ello redundará en un ahorro aproximado de 22 millones de euros de los ciudadanos en jornadas laborales y costes de desplazamiento que suponía esa falta de interconexión entre Tráfico y los ayuntamientos.

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Blanco ultima un real decreto para que los controladores trabajen 200 horas al mes

Blanco ultima un real decreto para que los controladores trabajen 200 horas al mes

El ministro de Fomento, José Blanco (EFE).

@D.Toledo - 30/07/2010 06:00h

El Gobierno no está dispuesto a soltar el hueso de los controladores. El ministro de Fomento, José Blanco, planea que puedan trabajar hasta 200 horas al mes, según el límite máximo que establece el borrador de real decreto elaborado por el Ministerio y que fija los descansos del colectivo. “La actividad aeronáutica mensual no superará las 200 horas”, reza el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial y que con toda probabilidad será aprobado hoy en Consejo de Ministros. Diversos controladores contactados ayer por este diario se quejaban de que, según el Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales.

“¿Cómo se garantizan la seguridad y el descanso con 200 horas mensuales, si haciendo turnos de ocho horas trabajo 25 días al mes?”, se preguntaba un controlador. No obstante, lo normal sería que Aena no agotara el límite que le concede la ley, al menos si quiere que le salgan las cuentas. No en vano se establece un límite de horas anuales de 1.670, que sólo puede aumentarse en 80 horas extraordinarias. Ese marco fijaría una jornada laboral más razonable de 140 horas semanales. Fomento cumple con este real decreto la disposición final tercera de la Ley 9/2010, de 14 de abril, que fijaba la necesidad de desarrollar reglamentariamente el tiempo de actividad y descanso en el sector de los servicios de tránsito aéreo.

Daniel Zamit, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), aseguró a este periódico que, de aprobarse la norma en esas condiciones, “exigiremos su cumplimiento inmediato”. Y lo que va a pasar es que “en octubre habrá controladores que ya hayan cumplido las 1.670 horas. Es posible que se les obligue a hacer las 80 extraordinarias. Entonces a 10 de noviembre habrán cumplido el cupo. Por eso se dan ese margen de las 200 horas, que no existe en ningún país del mundo. Incluso en Reino Unido, que es la normativa que copian, el límite máximo está en las 160 horas. El problema es que no hay una plantilla razonable para asumir la carga de trabajo”, remachó.

Fuentes del Ministerio de Fomento aseguraron que estaba previsto que el Consejo de Ministros estudiara hoy el real decreto, aunque prefirieron no pronunciarse sobre su contenido. Hasta el Real Decreto-ley publicado el 5 de febrero, los controladores sólo estaban obligados por convenio a realizar 1.200 horas ordinarias de trabajo. El Ministerio se quejaba de que trabajaban de media 600 horas más, retribuidas como horas extraordinarias “a precio mucho más alto del previsto en el Estatuto de los Trabajadores (…), lo que es causa principal del encarecimiento desmedido del coste del servicio”.

Las ‘imaginarias’ no cuentan

No es el único elemento que recoge la norma y que no hace las delicias del colectivo de controladores, con quien Aena negocia actualmente un nuevo convenio colectivo. Y es que la jornada laboral contemplada por el Ministerio no incluye ni las horas de formación ni las denominadas imaginarias (guardias localizadas) que se realizan fuera del lugar de trabajo, lo que puede hacer que las horas de trabajo, “ya de por sí abusivas, puedan llegar a ser escandalosas”, según lamenta un controlador. El gestor aeroportuario les reprocha haber puesto en marcha una huelga encubierta en plena temporada alta recurriendo a una avalancha de bajas médicas como medida de presión.

Además, el Ministerio se cura en salud y dota a Aena de manga ancha para modificar los periodos de actividad en el caso de que sea preciso atender demandas adicionales de tráfico aéreo. “Cuando sea preciso para dar respuesta a circunstancias extraordinarias previsibles de carácter temporal, el proveedor designado para la prestación de servicios de control de tránsito aéreo podrá modificar temporalmente los periodo de actividad aeronáutica y los descansos previstos en el capítulo anterior, previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”, expone el borrador en su artículo 17.

Los controladores aéreos salen a disgusto por viernes. El último Consejo de Ministros daba luz verde a un real decreto por el que se liberalizaba la prestación de los servicios de navegación aérea y abría la posibilidad de encomendar el control a operadores privados ajenos a Aena. Para Zamit, estaba claro: “Se trata de privatizar las torres y los centros de control de los aeropuertos. Eso explica la campaña mediática que estamos sufriendo”. Para el Gobierno simplemente se abre la posibilidad de que nuevos proveedores den servicio en los aeropuertos españoles

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El PSOE se quita los complejos y da barra libre a los despidos

El PSOE se quita los complejos y da barra libre a los despidos

Un momento de la votación de las enmiendas a la reforma laboral (EFE).

@Carlos Sánchez - 30/07/2010

Despedir será más fácil. O dicho en términos más precisos. Las empresas podrán desprenderse de una parte de sus plantillas con sólo acreditar ante el juez “una situación económica negativa”. Y para ser todavía más exactos, podrán despedir con solo justificar “la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.

En la reforma laboral publicada en el BOE el pasado 17 de junio se restringía las causas de despido a la existencia de una “situación económica negativa”, pero sin mayores precisiones. Tan sólo se hablaban de que las empresas debían justificar los excedentes con un mínimo de “razonabilidad”

La enmienda a la reforma laboral fue ayer aprobada en la Comisión de Trabajo con los votos a favor del Grupo Socialista y gracias a las abstenciones del PNV y de CiU, y supone una vuelta de tuerca más a la hora de facilitar el despido en las empresas por causas objetivas de carácter económico. La enmienda, de hecho, permite despedir con 20 días (frente a los 45 que marca el despido improcedente) cuando se pretenda “preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”. Es decir, que ya no se trata sólo de cuantificar los resultados económicos de una empresa, sino que se introduce un criterio totalmente subjetivo, como es calificar la ‘posición competitiva’ de un empresa en su respectivo mercado. Serán los jueces quienes interpreten esa redacción.

Esta enmienda supone abrir ya una sima insalvable con los sindicatos, que ayer hablaron sin tapujos de ‘la reforma laboral más regresiva de la democracia’, toda vez que la nueva legislación pretende generalizar las causas de despido objetivo por causas económicas. Para CCOO y UGT, el texto definitivo, “constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo”, dijeron “este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales”. En su opinión, la enmienda socialista facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, “haciéndola más fácil, más rápida y más barata”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, José Ignacio Echániz, anunció el voto en contra del PP al texto resultante de un proceso que calificó como "improvisado, caótico e histérico". A su juicio, es de la "máxima irresponsabilidad" que el grupo socialista haya promovido este procedimiento "en un texto de tanta delicadeza". Dicho texto tendrá que someterse ahora a votación en el Senado y, en la primera semana de septiembre, volver al Congreso para ser ratificado en la Comisión de Trabajo.

Contra las bajas por enfermedad

Las enmiendas aprobadas ayer contienen otra ‘bomba’ de relojería respecto de la situación actual. Se abre la posibilidad de que la inspección de los servicios públicos de salud revisen las bajas por enfermedad. En concreto se establece que la inspección médica “podrá solicitar los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias”. Dicho en roman paladino, esto significa que la inspección podrá dictar el alta médica a partir del cuarto día de baja, frente al decimocuarto actual.

En este sentido, la nueva legislación incorpora una nueva disposición final que endurece las faltas por asistencia al trabajo. En concreto se establece que aún siendo justificadas, pero intermitentes, y siempre que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, y siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.

La nueva legislación abre, igualmente, otro futuro frente de batalla en relación a la percepción del desempleo, aunque todavía sin concretar. Se dice textualmente que “en el momento en que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo”.

Quiere decir esto que el Ejecutivo tiene en cartera vincular el cobro del desempleo a la realización de cursos de formación. No se dice ni cómo ni cuándo, pero se trata de un mensaje para navegantes con el doble objetivo de mejorar la cualificación de los trabajadores en paro y reducir las listas de desempleo, ya que el hecho de acudir a cursos es uno de los requisitos para dejar de ser considerado como desempleado en las listas oficiales.

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