INFORME OFICIAL DE LA SINDICATURA DE CUENTAS

La Generalitat da por perdidos los fondos robados de cursos para parados

La Generalitat da por perdidos los fondos robados de cursos para parados

La Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas catalán, que fiscaliza la Administración autonómica y empresas públicas, ha detectado 522 incidencias en 37 expedientes analizados en el marco de un informe solicitado por el Parlamento catalán sobre los recursos recibidos por distintas empresas y organismos del Fondo Social Europeo (FSE). Las incidencias detectadas, que se detallan en el documento 8/2010 fechado el pasado 13 de abril y que fiscaliza los recursos gestionados por entidades públicas del FSE entre los ejercicios 1999 y 2001, consisten principalmente en la falta de documentación de los expedientes e irregularidades en las facturas presentadas para optar a los fondos que se dieron con empresas como Movilma y el grupo Pallerols (vinculado al escándalo de desvío de fondos destinados a cursos de formación a parados durante los gobiernos de CiU), entre otras empresas y entidades.

La Sindicatura fue más allá y también analizó los procesos de recuperación de subvenciones, pero en este campo, el informe es demoledor. "Del análisis, se desprende que se han producido algunos ingresos por reintegro de las subvenciones revocadas, pero la mayor parte de los reintegros que han sido exigidos por la vía de la obligación han finalizado en baja por insolvencia". Es decir, que no existe ya ninguna posibilidad de recuperarlo.

Las incidencias detectadas motivaron en su día varios procesos judiciales que salpicaron al Ayuntamiento de Barcelona (caso Movilma) y a la Consejería de Trabajo en los últimos gobiernos de CiU, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat.

En el caso de la gestión de los fondos europeos para financiar cursos de formación para desempleados bajo la tutela del ex consejero nacionalista Ignasi Farreres, la Sindicatura hace constar que “en la revisión de los expedientes se ha detectado una falta de procedimientos de gestión y archivo de la documentación que debe integrarlos y recomienda que se definan procedimientos ágiles y eficaces para la gestión de toda la documentación generada, y sistematizar, también, su archivo”. Además, subraya que “existen rupturas en la pista de auditoría que impiden comparar los importes totales certificados a la Comisión Europea con la documentación justificativa de los gastos realizados (no coincidencia entre el detalle del curso y total de los costes justificados, no existencia de relación de facturas de los gastos o de las propias facturas)”, y recomienda la Sindicatura “crear una base de datos fiable que permita controlar las ayudas gestionadas”. Y añade el informe fiscalizador: “No hay relación entre los importes concedidos por la Comisión y las convocatorias de subvenciones del Departamento de Trabajo. No se da a conocer la financiación comunitaria en la notificación de la ayuda. Se recomienda que se incluyan estas referencias en estos documentos”.

Un empresario generoso con UDC

La relevancia del informe radica en que ha ampliado los datos de otro informe similar realizado en el 2007 con información específica sobre las empresas y entidades sometidas a algún proceso judicial o del Ministerio Fiscal. El texto hace referencia al caso Pallerols, cuyo protagonista era el empresario Fidel Pallerols, que pagó mobiliario y salarios de empleados de Unió Democràtica (UDC) con el dinero detraído de la Consejería de Trabajo. El pasado mes de febrero, el Gobierno de la Generalitat decidió no reclamar a Unió el dinero malversado. La Generalitat, que ejerce la acusación particular en el caso Pallerols, se desmarcó así de la Fiscalía, aunque pidió para el principal implicado ocho años y medio de cárcel.

En su escrito de acusación provisional, el Gobierno respalda la tesis de la Fiscalía de que el conglomerado de empresas de Fidel Pallerols recibió entre 1994 y 1999 casi 9 millones de euros en subvenciones públicas con el compromiso de entregar luego un 10% de esos fondos para la financiación de UDC. Por ese motivo, el Ministerio Público considera en su calificación provisional que esta formación fue "partícipe a título lucrativo" de la trama, por lo que reclama que pague un total de 197.000 euros, correspondientes al dinero que recibió en material para sus sedes y en nóminas de algunos empleados. El sumario revela que Unió recibió del grupo Pallerols más de 660.000 euros entre 1994 y 1999.

De las 522 incidencias detectadas en el informe de la Sindicatura, 146 corresponden a los expedientes de la Confederació d'Empresaris del Baix Llobregat; 137 al Centre d'Estudis Informàtics i Formació (Ceifsa); 101 a Assessorament i Nous Desenvolupaments Ocupacionals (Andsa); 70 a Tècniques Empresarials i Ocupacionals (Teosa); 38 a Agrupació Jean Monnet; y 30 a Movilma. Ceifsa, Andsa y Teosa eran también propiedad de Fidel Pallerols.

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LAS DOS CATALUÑAS.

Rafael del Barco Carreras

18-07-10. Se inician otros cuatro años con los políticos metidos en otro de sus cuentos, LA CONSTITUCIÓN, su reforma; por culpa de las cuentas, que se presentan oscuras, y máxime para decenas o miles de subvenciones suprimidas, acreedores de la Generalitat que no cobran, nóminas y pensiones mermadas, o constructores que ante la última certificación que una caixa no ha abonado detienen la obra, y no me alargaré en otros evidentes deterioros económico-sociales. Y ¡tranquilos europeos! La inmensa e impagable deuda española seguirá UNIDA.

Acabado el tema Estatut se inicia el de la posible reforma de la Constitución. Si Zapatero apoyó y aprobó con su mayoría en el Congreso un Estatut que un dominado Tribunal Constitucional se cargaría, ahora se reviste de nuevo como partidario de lo suprimido por la sentencia, y de nuevo promete. Al mismo tiempo, su acólito Josep Montilla, exagerando la nota se convierte en casi un independentista. Los gritos y peligro en su organizada manifestación del día 10 han hecho mella, tanto como las banderas españolas que tras décadas de silencio invadieron las calles de Barcelona festejando el triunfo del fútbol español.

Las dos cataluñas no han sido óbice para que en los últimos ciento cincuenta años, a trancas y barrancas, el País se transformara en una sociedad desarrollada olvidando en la práctica el hambre y el analfabetismo, y donde la mayoría de los ciudadanos alcanzaron un nivel de vida similar a los más avanzados países… ahora en descenso. Pero esos sentimientos, catalanistas o españolistas, en manos de políticos corruptos, se convierten en una peligrosa espoleta, y máxime alimentada por la Crisis, fruto del gran fraude inmobiliario catalán y español.

La intención en mi serie de escritos ha sido no entrar en los temas “delicados”; religión, reglas morales, patrias, tópicos progresistas o de los “otros”, en primer lugar porque esos temas ya tienen sus popes con cien mil frases ahogando mis limitados pareceres, de los que siempre dudo, y en segundo lugar porque en el meollo de la Gran Corrupción, se juntan y revuelven varias de las más destacadas figuras de todos los credos de mi Ciudad, lo que me ha convertido en un escéptico total, pero intentando ser respetuoso con las verdaderas creencias ajenas.

Si tras aquel Antonio de la Rosa, padre de Javier de la Rosa, conocido a últimos del 77 (la fuente de mis desgracias) se escondía un “hombre de misa diaria” y del Movimiento, entrega y filiación que tras un año de conocerle nunca descubrí hasta que desapareciendo publicaron sus “virtudes”, treinta años después a través de los casos Pretoria, Palau o Hacienda, se hace público que todos andan juntos y revueltos en la Gran Corrupción, y por lo tanto poco importa a mi objetivo, que uno sea independentista o catalanista de izquierda o de derechas, o españolista de derechas e izquierdas.

Me hace gracia, o “poca gracia”, que algunos de mis comentarios despierten y ofendan a unos u otros sentimientos según sea la persona o partido a quien acuso o de quien comento, aflorando lo de “matar al mensajero”, y por lo leído lo de “matar” no es metafórico. Hay quien me advierte que los “otros”, y en otros países más de lo mismo.

Para mi objetivo, no existen los “unos” o los “otros”, solo personas de carne y hueso que medrando con “unos” u “otros” se enriquecen. Los hay que presuponiendo que yo tenía el mismo objetivo me sueltan que no tengo derecho a opinar. Ignoro a que Derecho se atienen para quitarme el supremo de la “libertad de expresión”. Sobre los insultos (argumento de necios) ni comentario. Quizá deberían contentarme, puesto que si rebuznan, es que existo.

Yo no me siento NADA, ni de unos ni de otros, me importa un rábano quien gane o pierda las elecciones, lo único que siento son mi vida y la de muchos otros arrasada por verdaderos amorales que se daban golpes en el pecho o gritaban vivas a cualquier bandera, al tiempo que llenando sus cuentas en Suiza cometían toda clase de atropellos.

En mi celda durmió Pujadas, chantajeado por Pascual Estevill, en la de al lado Bertrand de Queralt (dudando entre varios abogados), o en el economato de Geriatría serví café a Planasdemunt, Forcadell (fallecidos al poco tiempo) y decenas de nombres que no quiero recordar porque por lo que sé ellos quieren olvidar, o que olviden su familia y entorno. Un imposible olvidar que se ha sido víctima hasta el nivel de entrar en la cárcel, pues alguno aun me llama pidiendo que cite el caso pero no su nombre. El “o pagas o te pudres en la cárcel” no se olvida jamás. Y entre nuestros verdugos había de todas las filiaciones políticas. Oírme “faxista”, o partidario de cualquiera de mis despreciados partidos políticos, me ofendería de no haber vivido lo pasado, pero me hace “gracia”, vaya “desgracia”.


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Garzón y sus rehenes

Jesús Cacho - 18/07/2010

Conocí en los años setenta a un modesto albañil que, a base de talento natural y esfuerzo, logró hacer una considerable fortuna construyendo pisos en el sur de Madrid. El buen hombre regresaba cada verano a su pueblo conduciendo orgulloso su Mercedes Benz y presumiendo de su nueva condición de hombre rico. Se había construido su propio chalé y era tal el entusiasmo que ante sus paisanos desplegaba relatando la majestuosidad de la obra, que al dar detalles de la bodega -porque, naturalmente, su nueva casa contaba con una que dejaba en pañales a las viejas cuevas del pueblo-, llegó a manifestar jacarandoso que “las pinturas de mi bodega son más bonitas que las de la Capilla Cristina”. En otra ocasión un antiguo vecino le preguntó cuánto le había costado hacerse rico. He aquí lo que el menda respondió: “lo más difícil es hacer el primer millón; luego la cosa coge excremento…”

También el episodio protagonizado por Baltasar Garzón con la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York, años 2005 y 2006, ha ido cogiendo excremento conforme se han ido conociendo los detalles de un “trinque” que ya va por el millón de euros. Toda nueva aportación noticiosa hace crecer el nivel de detritus que envuelve el entero episodio y que amenaza con pringar a mucha gente. Esta semana han declarado ante el juez del Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa por presunto cohecho y prevaricación en este caso, los representantes de Endesa (con su ex presidente Manuel Pizarro a la cabeza); de BBVA (Francisco González en carne mortal), y de Telefónica (un par de mandaos). Prodigio praeter naturam: ninguno sabe nada; todos escurren el bulto, pero todos soltaron religiosamente la pasta que pidió el malandrín.

¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron?

Sabemos ya que a los 302.000 dólares que el Banco Santander regaló al interfecto para financiar unos cursos del Centro Rey Juan Carlos de la citada Universidad, hay que sumar los 625.000 aportados por Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En concreto, Telefónica y BBVA colaboraron con 200.000 dólares cada una en el patrocinio de una serie de conferencias sobre terrorismo organizadas en el Centro de Derecho y Seguridad de la citada Universidad, mientras CEPSA aportó 100.000 y Endesa otros 125.000 dólares. Y en los alrededores de la Audiencia Nacional (AN) hay quien asegura que la cifra real ronda los 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas. Pues bien, ¿es el terrorismo un problema exclusivamente español que hay que estudiar precisamente en Nueva York? No parece. Entonces, ¿por qué solo aportaron financiación las grandes empresas españolas? ¿Cuánto puso, por ejemplo, la Fundación Rockefeller? ¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron, que todos los años invierten ingentes sumas en proteger sus instalaciones y pozos de eventuales ataques terroristas? ¿Cuánto donó la gran banca americana? ¿Golpeó Garzón con el mazo la puerta de Citibank, implorando el conocido dame argo, payo?

Ybarra y el caso de las cuentas secretas en Jersey

Pues no. La razón es sencilla: esas grandes corporaciones yanquis quedan fuera del área de influencia de Garzón, no son potenciales justiciables en manos de la criatura. Es decir, no tienen por qué tenerle miedo. Porque esas entregas de dinero, y alguna más que irá saliendo, están generalmente ligadas a algún procedimiento judicial en marcha que, oh casualidad, siempre suele caer en su juzgado. En el caso del Santander, fue una denuncia contra la cúpula del banco, un coletazo del famoso caso de las “cesiones de crédito”, que el magistrado archivó al regresar de su año sabático neoyorquino en lugar de haberse inhibido motu proprio, como era su obligación tras el obsequio recibido. Garzón no dijo la verdad al ocultar la relación que mantenía con el banco. Esta es la clave del arco de este escándalo. En el caso más reciente del BBVA, mientras el aludido sentaba en el banquillo a la cúpula saliente del BBV, encabezada por Emilio Ybarra, con una mano, con la otra pedía dinero a la entrante -ya BBVA-, con un González al frente que directamente se benefició del estallido del escándalo de las cuentas secretas en Jersey y Liechtenstein. Difícil imaginar al de Chantada negando los 200.000 dólares que pedía el andoba. La evocación del caso del juez Estevill resulta inevitable.

El juez Garzón (Reuters)

La línea de defensa de Garzón ha consistido en argumentar en el caso del Santander que nunca cobró de los fondos aportados por el banco a la Universidad. Es cierto, lo hizo de ese “pool” del millón de euros ya conocido, abrevadero que sufragó también los gastos de su hija -un curso de inglés- y de la propia secretaria judicial o aide de chambre que le acompañó en su año sabático. Por eso resulta tan llamativo que el ex director de Comunicación del BBVA argumentara esta semana que se aseguró de que ni un céntimo del dinero de su banco fuera a parar a los bolsillos de Don Baltasar. Excusatio non petita. Es la mejor prueba de la materia que aquí se trata. ¿Qué impediría reconocer que parte de esos fondos se destinó a pagar a Garzón? Que ello implicaría asumir la relación directa entre los pagos y la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la AN contra Ybarra y otros. El BBVA ha querido evitar que la justicia establezca una relación causa-efecto entre ese dinero y el pago de un servicio. No reconocer, en suma, que se trataba de una transacción comercial entre el banco y la sociedad Garzón S.L.

Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, que caracteriza a las democracias de medio pelo

“Aunque parezca mentira, nosotros nos hemos salvado”, aseguran en otra gran empresa, “seguramente porque estamos lejos de su ámbito de influencia y no tenemos líos en la AN”. Naturalmente que no toda la culpa de este escándalo recae sobre el juez o jueces que utilizan para sus fines dinero ajeno. “¿Necesitas pasta para montar algo…? Pues date un paseo por las cinco o seis empresas de costumbre y pide lo que necesites”, asegura un alto cargo madrileño. “Claro que no se la soltamos a cualquiera. El que pide tiene que presentar avales, poder, influencia y relaciones bastantes”. La responsabilidad de los banqueros y empresarios que, abducidos o atemorizados por garzas y garzones, aceptan este tipo de prácticas, es innegable. Cediendo a las presiones, primero, y amparándolo con su silencio, después. Llamados por el juez Marchena del TS, ninguno -ni Pizarro, ni Paco González- se acuerda de lo ocurrido. Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, a decir la verdad, a denunciar la corrupción, que caracteriza a las democracias de medio pelo. Mejor callar a cumplir con nuestra obligación. Con tan pedestre filosofía, nuestras grandes empresas vienen sosteniendo con respiración asistida ideas sin sentido y proyectos ruinosos, muchos de ellos en prensa, que tendrían que cerrar sin el oxigeno de la banca. Así, los supuestos apóstoles del libre mercado son los que menos creen en el mercado, rehenes de la servidumbre del “hoy por ti mañana por mí” y “mejor estar a bien con fulano o mengano, no vaya a ser que…” La cuenta corre a cargo de los accionistas, sobre todo de los pequeños, y de los consumidores, que al final pagan las comisiones bancarias más abusivas, los teléfonos más caros y el recibo de la luz más elevado.

Una fortuna cercana a los 10 millones de euros

Curioso, por ello, resulta constatar la supervivencia en nuestro país de tanto tunante como sigue viviendo gracias a la venta de literatura relativa al “buen gobierno corporativo”, la “responsabilidad social” y demás hojarasca teorizante. Curioso, también, el silencio que los titiriteros que apoyan la causa garzonita han mantenido esta semana. Las evidencias admiten escasa réplica: “El patrocinio empezó con una llamada que me hizo Garzón” (caso BBVA); “Hablé con el juez Garzón y juntos hicimos el borrador del convenio” (Telefónica). Es decir, que quien pedía la pasta, querido Emilio, era el propio juez, ello acorde con los escasos escrúpulos que se le conocen a un personaje cuya fortuna estiman en los aledaños de la AN cercana a los 10 millones de euros, unos 1.600 millones de las antiguas pesetas, que ya decía el albañil antes aludido que lo difícil es hacer el primer millón, porque luego la cosa coge excremento. Poco importa, con todo, la cuantía de esa fortuna, seguramente lograda en buena lid, sino las eventuales responsabilidades penales de las tres causas que contra él se siguen: la obligación de inhibirse en la querella interpuesta contra el Santander; la apertura de procedimiento judicial contra una serie de notorios fallecidos (entre ellos un tal Franco), estando vigente una Ley de Amnistía, y la decisión de grabar en la cárcel las conversaciones entre unos encausados y sus abogados.

Mientras tanto y según sus escoltas -que seguimos pagando-, el señorito apenas ha pisado un par de veces La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional, donde su amigo, el fiscal argentino Ocampo, le ha buscado acomodo temporal. Dicen en la Audiencia que dos gallos no caben en un mismo corral, sobre todo cuando Ocampo sabe de sobra que la verdadera ambición de Garzón es llegar a ocupar su puesto en La Haya. Su actual empeño, como es lógico, se centra en preparar concienzudamente su defensa en Madrid. Su fiel guardia de corps, con ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo al frente, trabaja al tiempo activamente tratando de cerrar el arribo a Madrid de una serie de celebrities que, bien como testigos de la defensa o, en su caso, como “observadores internacionales”, asistirían a los juicios abiertos contra el Campeador. Se habla de varios premios Nobel de la Paz. Incluso se ha establecido contacto con Nelson Mandela, a pesar de su delicado estado de salud. Sin duda, el mayor espectáculo que vieron los siglos. Para mantener su caché, el sujeto acaba de viajar a la Argentina de los Kirchner, fieles devotos del Estado de Derecho como todo el mundo sabe, para recibir un homenaje. Y dijo Garzón: “desde que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo entraron a mi despacho, la vida cambió en mí y en España”. Otrosí dijo el cursi: “No puede un país construirse sobre el olvido”. Ni sobre la soberbia de sentirse por encima de la Ley.

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SE BUSCA NACIÓN ALTERNATIVA

Rosa Díez

Si no fuera trágica, la cosa sería cómica. Pero es trágico que el Presidente de un Gobierno democrático no sepa, a estas alturas, que no hay más nación política que la nación jurídica. Que es la ley la que hace nación, no el sentimiento identitario, ni la lengua, ni el folklore, ni los atavismos históricos más o menos consistentes o inventados.

No Sirve para nada no vale proclamarse nación para serlo. No vale decir “somos nación porque nos sentimos nación”. Bueno, se puede hacer, a nadie se le tapa la boca para que no lo haga; pero no tiene ningún efecto jurídico. Y como no tiene ningún efecto jurídico, pues no tiene ningún valor político.

Que estas cosas haya que explicárselas (sin ningún aprovechamiento, como se ha visto) al Presidente del Gobierno resulta del todo descorazonador. Y no deja de ser una constatación del peligro que corremos mientras este hombre esté al frente del Gobierno y tenga en sus manos instrumentos para desbaratas más el Estado de Derecho.

Estábamos acostumbrados a escuchar a los nacionalistas invocaciones a la nación sentimental. Formaba parte del paisaje que alguien se levantara en las Cortes, o en cualquier parlamento autonómico, para hablar de sus sentimientos de pertenencia. Pero que el Presidente del Gobierno apele a una nación política diferente de la jurídica es algo superior a lo que cualquiera podría esperar. Como contaba ayer Santiago González en su blog, creíamos que después de aquella tontería de “la nación es un hecho discutible y discutido” ya habría aprendido algo; al menos a callarse los pensamientos bobos. Pero no: bastó un debate envuelto en su vocación de interpretar el propio orden constitucional para que insistiera en su vocación, adanista hasta para esto.

Yo no se de donde se ha sacado este hombre que la sentencia del TC admite la nación política (me dijo en su replica segunda que lo hace expresamente) sin valor jurídico. Ya se que es imposible, que tal supuesto sería tal barbaridad que situaría a España fuera de la norma común que define el Estado de Derecho. Pero le ví tan confiado en su argumento que busqué el párrafo del TC por ver si los magistrados lo habían escrito en plan “abogado” y cabía que una mente obtusa (o interesada) lo interpretara de otra manera que la única posible en una democracia moderna: que la lay hace la nación y no al contrario.

Y no, no tiene el Presidente esa disculpa: ni siquiera él puede interpretar de otra manera lo que dice la sentencia:

«De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española».

¿Será que no lee y cita los resúmenes que le hacen? Será que cree que los demás no leemos? ¿Será que no sabe ni siquiera las cosas básicas que conforman el Estado de Derecho? ¿Será que cree que los demás no sabemos?

En todo caso, sea por lo que sea, qué triste destino el nuestro: Rajoy conminado por su jefe de estrategia a no hablar de estas cosas (vean las normas que le dicta a través del móvil) y Zapatero abrazando la nación sentimental que siempre persiguieron y quisieron imponernos los nacionalistas. Como me decía ayer un amigo: “A partir de ahora cuando se diga el Estado de la Nación habrá que especificar. ¿Estado de la Nación sentimental? Felizmente casada, gracias”.

Pues nada, a insistir: No nos interesa ninguna nación sentimental. Sólo nos interesa la nación democrática española de ciudadanos libres e iguales cuyos derechos define y ampara nuestra Constitución. Y nos interesa la unidad de la nación española para garantizar esos derechos. Por eso y para eso la vamos a seguir defendiendo con tanta fuerza como podamos. En todos los lugares de España. A la nación ya a sus símbolos.

Eso, y no otra cosa, es lo que queremos defender cuando exclamamos: ¡¡¡Viva la Constitución!!! Eso, y no otra cosa, es lo que defendemos cuando, también nosotros, exclamamos: ¡¡¡ Viva España!!!

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