Ultimátum de Metro a sus empleados

La empresa amenaza con bajar el sueldo de los trabajadores un 5% si no admiten un recorte del 1,5% antes del martes

M. PORCEL / J. ABDELRAHIM - Madrid - 15/07/2010

La Consejería de Transportes y Metro de Madrid dieron ayer un ultimátum a los trabajadores para intentar zanjar el conflicto del suburbano, que vivió su sexta jornada de huelga. Los servicios mínimos, del 50%, funcionaron con normalidad.

Tras la reunión mantenida entre empresa y sindicatos, en la que no hubo atisbo de acuerdo, el gerente del Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Pradillo, optó por la mano dura: si los trabajadores no aceptan antes del próximo día 20 -fecha en que se elaboran las nóminas- la rebaja de sus salarios en un 1,5%, como les propuso la Comunidad la semana pasada, se les descontará "el 5% a todas y cada una de las retribuciones", advirtió. La rebaja tendría efecto retroactivo desde junio.

Por encima de todo, el Gobierno regional quiere ahorrar 7,9 millones de euros de los gastos de personal de Metro. Este recorte se origina en la rebaja de un 5% en los salarios a los empleados públicos que aprobó el Gobierno central y que el Ejecutivo madrileño ha extendido también a sus empresas públicas. La ley autonómica que fija los recortes salariales -aprobada el pasado 28 de junio- incluyó una excepción para Metro: la rebaja sería del 2,15% y podría aplicarse a todo el capítulo de gastos de personal (salarios, horas extra, gratificaciones, etcétera).

Desde el primer momento, los trabajadores han sostenido que la medida era ilegal, porque iba en contra de su convenio, y han intentado que el recorte no afecte a los sueldos. El comité de huelga ha pedido que se toquen otras partidas para ayudar a alcanzar los 7,9 millones de euros que Transportes quiere ahorrar. Ayer llegó a ofrecer que los trabajadores dejen de cobrar un año de antigüedad, algo que Metro no acepta al ser "jurídicamente imposible", según Pradillo. Esta medida supondría algo más de un tercio del ahorro planteado por la Comunidad de Madrid, según estimaciones del propio gerente. Sin embargo, la Comunidad de Madrid considera imprescindible rebajar el 1,5% del sueldo a los 7.600 empleados de Metro.La protesta por el recorte motivó que ayer el metro funcionara a medio gas. Hubo paro, pero se cumplieron los servicios mínimos. "Si no nos lo dicen, no sabemos que hay huelga", decía una pareja ayer a la salida del intercambiador de Sol. "No es como la otra vez, que estaban los tornos cerrados", recordaban en referencia a las dos jornadas de paro total, del 29 y el 30 de junio. Los servicios mínimos del 50% se cumplieron de forma ejemplar, y los trenes llegaban apenas tres minutos más tarde de lo habitual.

"No se nota la huelga porque los mínimos que nos imponen son abusivos.

Aguirre nos impide ejercer nuestro derecho a reivindicar si nos obliga a mantener estos servicios", protestaba un trabajador del suburbano que había acudido como piquete a las cocheras de Canillejas a primera hora de la mañana, donde se juntaron cerca de 200 empleados. Finalmente, la Comunidad no envió autobuses antipiquetes a recoger a los trabajadores que quisieron ir ayer a trabajar, tal y como había anunciado que haría.

El impacto del paro en la vida ciudadana fue pequeño. Ni los autobuses de la EMT ni los trenes de Renfe recibieron más viajeros. No fue preciso incrementar la flota. Las consecuencias sobre el tráfico rodado fueron inferiores a las de las otras jornadas. A primera hora de la mañana, dentro del perímetro de la M-30, el tránsito aumentó un 12%. En la autovía de circunvalación creció un 9%, también por debajo de los niveles de las anteriores jornadas de huelga, según el Ayuntamiento.

Alba, una usuaria, trataba de explicar por qué reinó la calma en el suburbano. "Hoy la gente ha salido prevenida. Yo, por ejemplo, tenía una entrevista de trabajo y no me atrevía a llegar tarde", relataba, "pero al final tan solo he esperado dos minutos", añadió. Mañana viernes también habrá huelga del metro. Se respetarán los servicios mínimos

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Viajes Marsans

"No podemos vender nada. La empresa va a quebrar"

Los 2.000 empleados de Viajes Marsans van hoy a la huelga

Laura Gonzalo, empleada de una oficina de Viajes Marsans en la estación de Atocha, en Madrid.. "No podemos vender nada. La empresa va a quebrar" - CINCO DÍAS

B. Guerrero / A. Ortín - Madrid - 15/07/2010

Luces apagadas, un cartel que pone cerrado y una empleada que habla por el móvil en el interior. "Está cerrado", explica. Pero se levanta y abre la puerta. "Hola, buenos días, quería información sobre un crucero para agosto". La empleada responde: "Esto es Viajes Marsans. No podemos dar información porque no podemos vender ningún producto. La empresa seguramente vaya a quebrar". "Pero ¿la situación es transitoria?", insiste el interesado. "No, no, lo más probable es que la empresa vaya a la quiebra", explica la empleada mientras cierra la puerta y se pierde nuevamente por el interior de la oficina.

Los aproximadamente 2.000 empleados de Viajes Marsans siguen ocupando día a día sus puestos de trabajo, aunque hace meses que apenas hay actividad. Desde el mes de abril, la compañía no puede vender billetes y ahora ultima un ERE que afectará a cerca del 70% de la plantilla, que hoy está convocada a la huelga.

"Le comento", explica una empleada de una oficina de Viajes Marsans cuando se le pregunta por un crucero, "no estamos operativos, la empresa está en concurso de acreedores y no podemos dar información ni vender". "¿Esto es transitorio?". "No. Desgraciadamente llevamos así bastante tiempo y encima no nos pagan", comenta otra trabajadora de la misma oficina.

Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual comunicaron la venta, por 600 millones de euros, de Marsans a la sociedad Posibilitum el 10 de junio. La firma compradora está controlada por empresarios especializados en quiebras y liquidaciones. El mismo día que compraron Marsans solicitaron el concurso de acreedores para Viajes Marsans.

"Lo vemos muy mal. No pagan, no hay dinero", explicaban ayer dos trabajadoras de Marsans a las puertas de Edificio Pórtico, la sede corporativa del grupo, en Madrid. En la plantilla no cala el presunto interés en reflotar el negocio que tienen los nuevos dueños. "Lo fundamental para recuperar la normalidad es pagar a la IATA y eso no lo han hecho. Han recuperado la licencia de Viajes Atenea pero la web no funciona", comentaba ayer una trabajadora.

Laura Gonzalo y Sara Casino, empleadas de Marsans desde hace 10 y 6 años respectivamente, han colocado un saco de dormir en la oficina que Viajes Marsans tiene en la estación de Atocha de Madrid, donde trabajan. De vez en cuando una de las dos se tumba en el saco tratando así de llamar la atención de los transeúntes sobre la situación de los empleados de la agencia de viajes. "Venimos todos los días porque no podemos ausentarnos de nuestro puesto de trabajo, sería despido procedente, pero no hacemos nada", comentan. "Hemos estado dando la cara por la empresa ante los clientes, les decíamos que esto se iba a arreglar para que adelantaran el pago de sus vacaciones, y mira". "No nos han pagado la nómina de junio, no esperamos que nos paguen la de julio y nadie nos dice nada", se quejan. Además añaden que "por convenio" no pueden iniciar las vacaciones hasta el mes de agosto. "Mi familia me está ayudando, dicen que están orgullosos de mí", comenta Laura mientras muestra una fotografía de sus dos hijos pequeños en la que se lee: "Quiero que paguen a mi mami".

Varios de los empleados de Marsans consultados en los últimos días manifiestan sus sospechas de que los anteriores propietarios del grupo, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, siguen manejando la compañía, y que la venta a la firma Posibilitum no fue tal. "Vienen casi todos los días a Pórtico el edificio sede de Marsans", dicen. "Entran por el garaje, van con guardaespaldas y mientras están ellos el edificio ningún empleado puede acceder a las tres últimas plantas", aseguran.

Desde la compañía, los portavoces remiten a los comunicados oficiales enviados por Marsans. Sobre la negociación del ERE y el pago de la nómina de junio insisten en que se está estudiando y que posiblemente "muy pronto" se pueda decir algo al respecto.

Uno de los empleados de Viajes Marsans inicia el ordenador de su oficina. "Aquí todos los trabajadores del grupo tenemos asignados un número", comenta. "El primero es el de Iván Losada uno de los directivos de Posibilitum", dice. "Los dos siguientes números, el 11858 y el 11859, no tienen asignados ningún nombre, todos creemos que corresponden a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual".

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Ratifican a imputación na causa das multas do inspector da Policía Local encarcerado pola Operación Carioca

Xustifica a retirada de multas tras atender alegacións verbais de sancionados, mentres que a xuíza retira a imputación a outro axente

LUGO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

A titular do Xulgado de Instrución número 3 de Lugo, Estela San José, corroborou a imputación na causa que instrúe polo sobresemento irregular de sancións de tráfico do inspector da Policía Local R.V.R., que á súa vez está encarcerado na prisión de Monterroso pola súa suposta implicación na Operación Carioca, que investiga unha trama relacionada coa prostitución nesta provincia.

Esposado e escoltado por un par de axentes da Policía Nacional, o inspector da Policía Local de Lugo compareceu ante a xuíza durante pouco máis dunha hora para explicar o proceso sancionador que se levaba a cabo no Concello de Lugo. Segundo confirmaron a Europa Press fontes do caso, o inspector policial aférrase ás alegacións verbais que expoñían os multados para xustificar a retirada das sancións.

O inspector da Policía Local R.V.R. chegou aos xulgados sobre as 11.30 horas da mañá, nun vehículo da Garda Civil que o traía da prisión de Monterroso, onde se atopa no módulo de seguridade para axentes das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, dende que o pasado mes de novembro se decretou o seu ingreso en prisión pola Operación Carioca que investiga delitos relacionados coa prostitución.

Este axente foi o último dos tres policías aos que Estela San José chamara a declarar este xoves pola causa que investiga relacionada co sobresemento de multas na cidade de Lugo. A xuíza levantou a imputación a un destes policías locais, en concreto a J.C., de forma que lle tomou declaración como testemuña neste caso, mentres que o terceiro dos axentes compareceu como imputado.

DIFERENCIAR AS CAUSAS

O avogado do inspector da Policía Local que tamén está imputada na Operación Carioca, Víctor Espinosa, quixo deixar claro ante os medios de comunicación que o seu cliente "está en prisión pero non por esta causa". "Son dúas situacións totalmente diferentes e dou por feito que unha non interfire para nada na outra", aseverou para agregar que, no caso das multas, R.V.R. ten "unha situación como a dos outros axentes que prestan declaración", de forma que "nada ten que ver coa outra, nin hai interconexión".

Víctor Espinosa expuxo que ante a maxistrada "se exhiben os boletíns de denuncia e cada un vai explicando o que entende" e confirmou que o seu cliente se aferrou, como noutros casos, a que se retiraban multas cando se producían as alegacións que eran eran verbais.

"As alegacións verbais viñan a xustificar, cando menos, a permanencia dese vehículo no lugar onde estaba aparcado ou por outro motivo para a sanción. É un principio do expediente sancionador, pero logo corresponde a outros órganos tramitalo, ata chegar ao último punto da súa execución," expuxo.

ANIMADO PERO DECAÍDO

O avogado tamén se referiu a como se atopa o axente local encarcerado, ao que visitou no cárcere, e do cal percibe que "está bastante animado", aínda que "o decaemento que debe de ter é lóxico e presumible".

Polo Xulgado de Instrución Número tres de Lugo xa pasaron unha vintena de axentes dos 77 que inicialmente estaban imputados, o que supón a metade do equipo policial. Estes axentes tiveron que declarar acerca dun suposto delito de tráfico de influencias, aínda que hai algún caso onde a xuíza tamén incluíu acusacións de prevaricación e falsidade documental

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Aumenta la percepción de pobreza en Europa: conoce los resultados del último Eurobarómetro

El 75% de los europeos creen que el año pasado la pobreza aumentó en sus países y 6 de cada 10 opina que la pobreza es mayor en toda la UE en su conjunto.

Vanessa Celano Tarantini

Nos encontramos en el ecuador del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y el mes pasado el Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europa 2020 dentro de la cual una de sus metas es la de disminuir en 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza. En este contexto, la encuesta de Eurobarómetro, que se llevó a cabo en mayo de 2010, midió la percepción del público sobre la pobreza en Europa, entrevistando a 25.600 personas en todos los países miembro.

A continuación te resumimos los resultados más interesantes:

  • La mayoría de los ciudadanos europeos creen que la pobreza ha aumentado en sus países, 30% estima que cerca de 30% de su población es pobre y 31% cree que esta tasa es de 20%. Los encuestados del este y sudeste europeos tienen una percepción más negativa acerca la pobreza en sus países.
  • Uno de cada seis europeos ha declarado que no tenía dinero para pagar las facturas del hogar en por lo menos una ocasión durante el año anterior y el 20% señaló que estaba teniendo dificultades en pagar las facturas en el momento de la encuesta.
  • El 30% ha dicho que se había vuelto más difícil hacer frente a los costes de asistencia sanitaria.
  • 16% de los ciudadanos griegos y 14% de los letones declararon que es muy probable que tengan que abandonar sus hogares por motivos financieros.
  • 18% de los encuestados no tenían mucha confianza en mantener su puesto de trabajo en los próximos 12 meses y casi la mitad (49%) cree que, si son despedidos, no consideran posible encontrar un nuevo trabajo en menos de 6 meses.
  • El 73% anticipa que sus pensiones serán de menor cuantía o que tendrán que retrasar la jubilación o ahorrar para la vejez.

En España, el Barómetro de junio de 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas, nos demuestra que la gran mayoría (79.2%) de los ciudadanos españoles clasificaron como mala o muy mala la situación económica general en el país y no demostraron mucho optimismo con relación al futuro: 39.2% cree que la situación seguirá igual dentro de un año y el 35.7% opina que será peor. Asimismo, han declarado que los peores problemas actuales y los que más les afectan son el paro y las dificultades de índole económica.

Documentos de interés:

Eurobarómetro Impacto Social de la Crisis

Barómetro de Opinión Junio 2010 CIS

Noticia proporcionada por el servicio de información Europe Direct Fundación Luis Vives

Fuentes: Europa y Centro de Investigaciones Sociológicas

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EL GOBIERNO NO SE ATREVE A APROBAR LA REFORMA POR DECRETO

La soledad de Zapatero pone en peligro la reforma de las pensiones esta legislatura

C. Sánchez.- 15/07/2010

El presidente del Gobierno proclamó ayer la necesidad de reformar las pensiones en esta legislatura, pero no lo tendrá fácil. O dicho en otros términos, lo tendrá extremadamente difícil. El Grupo Socialista está solo en el parlamento y por lo escuchado este miércoles no parece que los partidos de la oposición (sin excepciones) estén por la labor de quemarse políticamente en un asunto tan delicado que inexorablemente lleva a un recorte de las prestaciones. El calendario electoral corre, además, en contra de la reforma.

La única vía que tiene el Gobierno -presionado por los mercados y Bruselas- es actuar por decreto-ley, pero ni siquiera en este supuesto tiene garantías de que la norma pueda salir adelante durante su convalidación parlamentaria. Sólo podría aprobarse con el respaldo de CiU o del PNV, pero en cualquier caso después de las elecciones catalanas, que se celebrarán en otoño. Y sus resultados condicionarán en todo caso la votación.

Sacar adelante una reforma de tanto calado con un respaldo tan exiguo llevaría al PSOE a correr mucho riesgo político, toda vez que el Partido Popular parece dispuesto a explotar electoralmente y hasta sus últimas consecuencias la reforma del sistema pensiones. Y en esta posición, el PP -al contrario que el Gobierno- no está solo. Paradójicamente, los conservadores están en este punto en línea (no en el fondo, pero si en la forma) con los sindicatos y con la izquierda del PSOE en el Congreso. Las centrales sindicales y formaciones políticas como IU-IC, BNG o ERC ya han manifestado su rotunda oposición a dos de las reformas más relevantes del sistema de pensiones: el retraso en la edad de jubilación de los 65 años actuales a 67 y la ampliación del periodo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones (quince actualmente).

'Recado' al presidente

Lo dijo ayer con toda claridad Mariano Rajoy durante su intervención inicial: “¿Es consciente” le dijo a Zapatero, “de que nos pide un acuerdo en el Pacto de Toledo cuando usted lo ha destrozado con un decreto ley?”. Rajoy no dijo de forma taxativa que se opondrá a una reforma de las pensiones, pero le dejó un recado al presidente de indudable trascendencia. “Nos pide ahora un acuerdo sobre las pensiones y acaba de cargarse el que había”, le espetó refiriéndose a la congelación de las pensiones públicas, lo que supone un flagrante incumplimiento del Pacto de Toledo. “Cualquiera que le preste su apoyo sincero se expone a quedarse solo y en ridículo a los tres días”, concluyó Rajoy. Todo un aviso para navegantes.

A la luz de estos comentarios, las probabilidades de una reforma del Pacto de Toledo consensuada entre los dos grandes partidos del arco parlamentario se antojan algo más que complicadas. La diferencia con el primer Pacto de Toledo, firmado en 1995, radica principalmente en que por entonces el sistema público de protección social estaba en una situación límite, y eso ablandó tanto las posiciones de los sindicatos como de los partidos políticos, que de forma universal consensuaron la reforma, sólo con algunas reticencias de Izquierda Unida.

La situación actual de la Seguridad Social es muy distinta. Aunque el sistema cuenta hoy con la peor relación entre cotizantes y pensionistas desde el año 2005 (2,61 veces), esa ratio continúa siendo una de las más elevadas de las últimas décadas.

Los problemas políticos para aprobar la reforma de las pensiones son de tal envergadura que ayer Zapatero parecía querer curarse en salud. El presidente reiteró que el problema de las pensiones “no es un problema de hoy, porque nuestro sistema de pensiones se encuentra en este momento en una situación de superávit y no presenta problema de solvencia alguno”. Es más, en su opinión, ni siquiera se pretende reformar las pensiones ante la mala coyuntura económica, “No es una cuestión vinculada con la crisis, porque no guarda relación inmediata con la situación económica, sino con el ciclo demográfico”, aseguró.

Retraso de la jubilación

La única concreción que ofreció Zapatero tiene que ver, según dijo, con la elevación de la edad legal de jubilación de forma progresiva, “y en un periodo de 12 años, desde los 65 años de la actualidad hasta los 67”. Es decir, en línea con el contenido del documento remitido en enero a la Comisión del Pacto de Toledo en enero, pero que desde entonces es sólo un proyecto. Zapatero, igualmente, avanzó la introducción de medidas que mejoren el grado de contributividad del sistema, bien considerando un periodo de carencia más amplio para tener derecho a percibir una pensión, bien ampliando el periodo de cálculo de las cotizaciones efectuadas “con el fin de evitar los perjuicios que hoy padecen los trabajadores que ven cómo repercute en su pensión los despidos que con frecuencia sufren en los últimos años de su vida laboral”.

El escenario económico para lo que queda de legislatura no parece tampoco que vaya en la dirección de favorecer el consenso político. Los Presupuestos del 2011 serán extraordinariamente restrictivos y eso dificulta los acuerdos. Hoy por hoy no hay garantías de que el presidente del Gobierno pueda sacar adelante las cuentas del reino para el año próximo. Zapatero anunció ayer que el próximo año las comunidades autónomas deberán reducir su déficit en 11.000 millones de euros respecto de 2010. Mientras que la Administración General del Estado, por su parte, reducirá su déficit en 20.000 millones. Todo con el objetivo de situar el desequilibrio fiscal en el 6% del PIB.

Un duro ajuste que tendrá efectos adversos sobre el crecimiento económico, como reconoció ayer Zapatero. El Gobierno, que hace poco defendía que a mediados de este año la recuperación sería una realidad, habla ya de “crecimientos intertrimestrales neutros o positivos, y una tendencia a mejorar”, pero “a partir del último trimestre del año”. Hasta entonces habrá que esperar.

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