Más de un millón de personas secundan la marcha a favor del Estatut en Barcelona

Imagen de la cabecera de la manifestación en Barcelona. | TV3

Imagen de la cabecera de la manifestación en Barcelona. | TV3

Una gran bandera de 250 metros cuadrados tenía que haber encabezado la marcha a favor del Estatut en Barcelona, que se ha iniciado unos minutos después de las 18.00 horas y se ha dado por concluida cerca de las 20.00 de la tarde.

Sin embargo, en un Paseo de Gracia atestado de gente, la multitud, 1,1 millón de personas según la Guardia Urbana, se impuso a la bronca política y fueron los ciudadanos anónimos los que 'encabezaron' la protesta por delante de políticos y bandera. Y a los que la Policía y organizadores piden ahora que abandonen pacíficamente el centro de la ciudad.

La afluencia de gente es tan masiva, decenas de miles, que los Mossos tuvieron que abrir paso a la cabecera formal, en un arranque caótico, e incluso escoltar al presidente José Montilla, ante la avalancha de asistentes. Al termino de la protesta, el socialista ha sido increpado por algunos manifestantes y se han vivido momentos de tensión.

Mientras tanto, por megafonía se pedía a la gente que abriera paso a la cabecera política, para terminar la protesta catalana.

Acompañando la gran 'senyera' se situaron el presidente de la Generalitat, José Montilla y y el presidente del Parlament, Ernest Benanch, flanqueado por sus antecesores en la asamblea catalana Heribert Barrera y Joan Rigol, y por los ex responsables de la Generalitat Pascual Maragall y Jordi Pujol.

Recibidos al grito de "Independencia", el más repetido durante la manifestación y el más leído en los globos naranjas que se han repartido durante la marcha, los políticos catalanes se colocaron como se había decidido, divididos por el lema, unidos en la protesta.

Así, justo después de la primera fila de autoridades, detrás de la pancarta donde se lee con el lema completo: 'Som una nació. Nosaltres decidim', marchan la presidenta de Òmnium Cultura, Muriel Casals; el presidente de UGT Catalunya, Josep María Alvárez; el de CCOO, Joan Carles Gallego; los líderes de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida; el diputado del PSC Isidre Molas; el presidente de ERC, Joan Puigcercós; y Joan Herrera, de ICV, entre otros.

También se han querido unir a la cabecera el líder de CiU en Barcelona, Xavier Trias, el ejecutivo catalán casi al completo y el diputado de IU, Gaspar Llamazares.

Pese a los esfuerzos de la organización para que los manifestantes dejaran paso a la cabecera oficial, los primeros ciudadanos han terminado el recorrido mientras la pancarta oficial aún seguía caminando varias calles por detrás.

En plaza Tetuán, donde está instalado el escenario final, los actores Lluis Soler y Txe Arana han leído un pequeño comunicado en el que han tachado la sentencia del Tribunal Constitucional de ataque a la soberanía de la democracia y han pedido respeto por la voluntad del pueblo catalán expresada en referendum.

La lectura del comunicado, que se ha leído varias veces durante el recorrido, ha terminado con el 'El cant del Segadors', a cargo del Coro del Orfeó catalán.

Pero los 250 metros de 'senyera' no es la única bandera que se ve. En la protesta, abundan las esteladas y las banderas de la Unión Europea. Incluso se puede leer en una pancarta "Catañula, el siguiente estado de Europa", en inglés, para más internacionalización del manifestante.

Tampoco ha faltado algún ingenioso que ha tirado de 'pulpo' para exigir sus 'derecho a decidir'. "El pulpo Paul ya ha decidido, ahora nos toca a nosotros", se podía leer en alguna pancarta.

Un lema dividido

La cabecera de la manifestación, que divide el lema 'Som una nació. Nosaltres decidim' en dos pancartas e incluye la gran 'senyera' en el centro, ha sido motivo de disputa entre el PSC -que defendía la bandera- y los convocantes -que se enrocaban en encabezar con el lema- durante los días previos.

Más de un millar de entidades participan en la marcha, además de ciudadanos de toda Cataluña, algunos de los cuales han llegado en los autobuses fletados por Òmnium Cultural.

La marcha, que ha partido de la confluencia entre Passeig de Gràcia con avenida Diagonal, recorrerá el paseo de Gràcia hasta Gran Via de les Corts Catalanes. El recorrido finaliza en plaza Tetúan. En total, hay 350 periodistas acreditados.

En paralelo a la manfiestación de Barcelona, seis ciudades acogen concentraciones en contra de la sentencia: Buenos Aires, Londres, Nueva York, Caracas, Dublín y Berlín

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Zapatero decreta por vía urgente la privatización de las cajas de ahorros


Los inversores podrán comprar hasta un 50% del capital de estas entidades y decidir sobre su futuro

La ley vetará a los cargos públicos en los consejos, pero no a los políticos

GABRIEL SANZ / MADRID

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José Luis Rodríguez Zapatero citó ayer en La Moncloa a la Ejecutiva de la Confederación Españolas de Cajas de Ahorro (CECA) para detallarles la reforma de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro (LORCA) que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros y luego compareció por sorpresa ante los medios de comunicación para explicar la principal novedad: no se hará como proyecto de ley, sino mediante un decreto-ley que, aún pendiente de su convalidación por las Cortes, permitirá a las cajas de ahorro poner a la venta hasta un 50% de su capital a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La recapitalización de esas entidades, muy afectadas por la crisis inmobiliaria, es «urgente», reconoció Zapatero, y el decreto pondrá a su disposición un «abanico extenso» de fórmulas de acceso al mercado de capital.

Este nuevo gesto del jefe del Ejecutivo le permite transmitir que ya tiene encarriladas sus tres grandes reformas económicas —la LORCA, la reforma laboral, en fase de enmiendas, y la de las pensiones, pendiente de la subcomisión del Pacto de Toledo— y ganar por la mano a Mariano Rajoy cuando queda menos de una semana para su gran «duelo» en el Debate sobre el Estado de la Nación. De hecho, el presidente del PP, nada más conocer el anuncio, calificó de «sorprendente» la comparecencia de Zapatero diciendo que Elena Salgado citaría por la tarde a Cristóbal Montoro para negociar lo que estaba anunciando en ese momento.

Satisfacción en el PP

Pese a todo, el líder de los populares ve con «satisfacción» la reforma porque «recoge sustancialmente lo que yo dije el día 25 de junio: que las cajas puedan acudir a los mercados, lo que es capital cuando se les exigen más provisiones a todas las entidades financieras; que puedan crear cuotas participativas con derechos políticos, que pueda haber acciones y que los políticos no puedan formar parte de los órganos de administración de las entidades financieras». De hecho, ni los cargos públicos autonómicos o locales, ni representantes de ninguna «administración ejecutiva», explicó Zapatero, podrán formar parte de los órganos de gobierno de la entidad, para los que serán designados «profesionales con experiencia» al menos en la mitad de su consejo. Además, anualmente, cada caja deberá redactar un informe de gobierno corporativo. La influencia de los políticos no desaparecerá totalmente, pues en sus máximos órganos de gobierno podrán figurar militantes de los partidos que sean elegidos por ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas.

Unidad política

La unidad política en esta reforma ha sido uno de los aspectos más valorados en el sector. Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) aplaudieron ayer la «rapidez» y el «amplio consenso» alcanzado con los partidos y el sector para aprobar la nueva LORCA. Otra de las claves financieras de la reforma será, sin duda, la emisión de cuotas participativas, que ganan atractivo para el capital privado, pues se suprimen los límites hoy vigentes a la tenencia de estos títulos por un único inversor, actualmente fijados en un 5%. Pero además, contempla que las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) —conocido también como «fusión fría» o «fusión virtual»— tengan como entidad central a una sociedad anónima, que puede ser un banco, y ello les permitirá acceder a los mercados.

Asimismo, la reforma dará la posibilidad de que las cajas puedan traspasar su actividad financiera a un banco y transformarse en una fundación, renunciando a su condición de cajas. La obra social se mantiene y será esa fundación la que decida sus actividades. No obstante, para tomar cualquier decisión sobre el cambio de modelo de funcionamiento de una caja o su régimen jurídico, la reforma incluye la necesidad de que cuente con el visto bueno de dos tercios del consejo de administración.

De esta forma, Zapatero considera que el cambio legislativo se hace preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional, y que se plantea con dos objetivos fundamentales: la capitalización de las cajas para facilitar el acceso a recursos de «máxima categoría», y «la profesionalización y democratización de las cajas de ahorro».

Respecto a la capitalización, Zapatero dijo que la reforma del régimen de cuotas permitirá la entrada de inversores privados en las entidades, a los que se reconocerán derechos políticos proporcionales a su participación en el patrimonio de la caja.

Los sindicatos, en contra

Por su parte, CC.OO. y UGT se sienten ninguneados por el Gobierno, según afirmaron ayer los secretarios de acción sindical de ambas organizaciones, Ramón Górriz y Toni Ferrer, tras acudir a la cita de la ministra de Economía. También criticaron la precipitación y urgencia del Gobierno. Para ambas centrales, el decreto supone la «bancarización» de las cajas siguiendo el modelo italiano.

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CAJAS DE AHORROS. CONSEJO DE MINISTROS DEL 9-07-10.

Rafael del Barco Carreras

Lo habitual, tras una campaña donde el público captará un cambio radical en el Sistema Financiero, la montaña pare otro ratón. Cuando leí que los políticos no podrán pertenecer a los órganos de administración de las cajas de ahorros, me dije; ¡no renunciarán a ese chollo! Y así ha sido. Los actuales, en su mayoría responsables de la quiebra del Sistema, de la Crisis o Fraude Inmobiliario, deberán renunciar dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de la Ley. Tres años para que solucionen los enredos, soluciones jurídicas; porque nadie devolverá a las cajas los créditos fallidos que se camuflarán en terrenos, pisos y acciones valorados a precio Burbuja o simple estafa. Tras cinco años, todo prescrito penalmente. Parece más un indulto encubierto que una Ley de Cajas. Y la puerta a la privatización con la creación de algunos bancos que nada aportarán. Me recuerda la quiebra del Sistema tras la muerte de Franco que acabó 20 años después en BSCH y BBVA, cifras insignificantes comparadas a las actuales.

Y quien piense que los políticos en general ya no gozarán del regalo de un banco (pues eso en la práctica son las cajas) para que se enriquezcan más y la quiebren a su gusto (la quiebra la pagará el Estado) también se equivoca, los parlamentos autonómicos elegirán los miembros de los consejos que la ley les otorga, o sea, políticos.

Una excepción, Cataluña, aquí todo seguirá igual. Se percibe la presencia de Isidre Fainé, presidente de LA CAIXA y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, de Narcís Serra, socialista vividor de la política y “cajero-inmobiliario”, y de Josep Montilla, atrapado en una inviable financiera y presupuestaria Generalitat, última y primera de las razones por la que presidirá esta tarde la manifestación por el fallido Estatut. Aunque la parte de la ley que inicia la transformación en bancos con aportaciones participativas, y creación de bancos propios con que las cajas operarán, afecta a todo el Estado.

Poco importa ya, que tras el robo generalizado, estructuren la gran quiebra de una u otra forma. Durante décadas España deberá arrastrar y amortizar un fiasco inmobiliario que a groso modo se cifra en un 40% del total pasivo del Sistema Financiero:

NO MENOS DE 700.000 MILLONES DE EUROS.

Olvidándome de estadísticas corroborando esa cifra, he vivido estos últimos días la compra de una vivienda y en el mismo núcleo familiar la venta de otra. Dos magnificas propiedades situadas en lugares de valor indiscutible, que se han rematado dinero en mano y aplazamientos (lo normal en otros tiempos) al 50% del valor que hace dos o tres años ofrecían compradores y vendedores con ofertas de varios bancos y cajas para financiar la operación con hipoteca total. Por desgracia las dudas por posibles mejores ofertas alargaron las dos operaciones. Por supuesto, ahora, de hipotecas imposible; las que dice la propaganda oficial se otorgan, se refiere a viviendas nuevas o de segunda mano propiedad directa o indirectamente (inmobiliarias quebradas) de bancos o cajas.

Intente usted vender lo que cree que vale 300, 400 o 600 mil euros y que quizá le reste una moderada hipoteca por pagar, y se llevará el disgusto de su vida. Lo que creía hace diez años que serían sus ahorros y gran herencia para los hijos, apenas es nada. Y si hace menos de diez años que compró quizá no venda ni para quitarse de encima lo que resta de hipoteca, y si compró hace cinco años y por desgracia no puede seguir pagando, en una hipotética subasta se encontrará que se quedarán su vivienda y encima es probable que le embarguen por el resto no cubierto. En caso de un terreno, local o tienda, el resultado empeora.

Existen un millón de viviendas nuevas sin vender, y ni se sabe cuantas usadas afectadas por ese entender de nuestros político-financieros, metidos en la avaricia especulativo-fraudulenta donde a más pisos construidos, y sin posibilidad de venta, más precio por metro cuadrado. ¡El milagro español!

Hace dos años, julio del 2008, titulé un escrito “la degeneración del sistema financiero”, y en otro decía sobre las cajas de ahorros transformadas en reales bancos gobernados al servicio y beneficio de políticos:

Una trampa mortal, no es lo mismo captar dinero, destinar el 50% a deuda estatal o títulos preferentes, y el resto a hipotecas a 12 años con máxime un 40% del valor (siempre declarado a la baja por cuestiones fiscales) del inmueble, y pequeños prestamos a particulares (200.000 pesetas) avalados por dos solventes, que meterse en la vorágine del oficio bancario. El crédito TOTAL, escribe en sus formularios internos la Caixa de Cataluña. Y si además se fusiona el oficio bancario con el inmobiliario, el marasmo entre dinero negro y blanco convirtiendo a sus directivos en multimillonarios en los dos colores, es de borrachera. El regalo a dedo, o ley de Peter, transformando en banquero a cualquiera por grandes servicios políticos, ha sido en definitiva LA RUINA DEL PAÍS. Primero por el descarado robo de llevárselos en crudo, y después, porque cada uno de los beneficiados se ha convertido en un poderoso repartidor al que resulta imposible meter en vereda.

Decía ayer la noticia:

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy que la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio para "evitar su desnaturalización".

Zapatero señaló que el Consejo de Ministros aprobará mañana un Real Decreto para articular esta reforma, que definió como "fundamental, urgente y necesaria", y como "la más importante del sistema bancario español de la historia".

O sabe poco de historia bancaria o le da lo mismo “teche que leche”.

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El Supremo declara el secreto de los documentos remitidos por el TSJM sobre las escuchas

En un auto notificado hoy, el magistrado Alberto Jorge Barreiro ha acordado formar una pieza separada con la documentación que le ha enviado, a petición suya, el instructor del «caso Gürtel» en el TSJM, Antonio Pedreira.

Autor:EFE

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar las escuchas entre varios de los imputados del «caso Gürtel» en prisión y sus abogados ha declarado el secreto sobre los documentos que le ha remitido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En un auto notificado hoy, el magistrado Alberto Jorge Barreiro ha acordado formar una pieza separada con la documentación que le ha enviado, a petición suya, el instructor del «caso Gürtel» en el TSJM, Antonio Pedreira, durante un plazo de 30 días ya que parte de ella se encuentra secreta en la causa que investiga el tribunal madrileño.

Así, la documentación enviada al Supremo será secreta para todas las partes personadas en el caso a excepción del Ministerio Fiscal.

Barreiro pidió a principios del pasado mes de junio al TSJM testimonio de todas las actuaciones practicadas desde el inicio de la causa hasta el auto de 20 de abril, por la que se acordó la prórroga de las intervenciones de las comunicaciones orales y escritas.

El magistrado del Supremo también solicitó a su compañero del TSJM que le informara de las fechas en las que se inició y finalizó la intervención de las comunicaciones entre el interno Pablo Crespo -considerado el número dos de la trama Gurtel- y sus abogados.

Pedreira ha enviado al Supremo dos oficios de la cárcel de Soto del Real (Madrid) -donde se produjeron las escuchas- del 28 de abril y del 3 de mayo de 2010; el auto por el que se acordó la prórroga de la intervención de las comunicaciones, una certificación de la secretaria judicial del TSJM en relación con las escuchas realizadas a Pablo Crespo, y un oficio de la UDEF del 4 de marzo de 2009..

En el auto, el magistrado del Supremo señala que al comprobarse que parte de la documentación enviada figura declarada secreta en la causa original procede, «con el fin de no perjudicar la instrucción que se tramita en ese tribunal», formar pieza separada con dicha documentación y decretar el secreto de la misma.

La querella contra Garzón por ordenar las escuchas fue presentada por el abogado Ignacio Peláez, que representa a uno de los imputados en el caso Gürtel, el empresario José Luis Ulibarri, por los delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad.

Garzón declaró como imputado ante Barreiro el pasado 10 de mayo y aseguró que ordenar las escuchas era la «única vía» para evitar que los imputados ocultaran pruebas.

El pasado 24 de mayo, Peláez amplió la querella a las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Miriam Segura.

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Los guardias civiles piden la misma jornada laboral que la Policía Nacional

Varios guardias civiles con una pancarta en la manifestación. | J. M. Lostau

Varios guardias civiles con una pancarta en la manifestación. | J. M. Lostau

  • En Castilla y León hay unos 6.000 agentes afectados y en Valladolid, unos 800
  • Anuncian una concentración el próximo 18 de septiembre en Madrid

Un centenar de guardias civiles de varias pronvincias de Castilla y León se ha concentrado este sábado frente a la Delegación del gobierno en Valladolid para pedir que su jornada laboral sea igual que la de otros cuerpos policiales. En la actualidad, los agentes de la Benemérita realizan 22 horas más al mes que la Policía Nacional y eso a pesar de ambos cuerpos dependen de la misma dirección general. Las diferencias no acaban ahí: aunque la Guardia Civil tiene un régimen disciplinario militar que no les permite sindicarse, ellos trabajan casi 2.000 horas anuales, mientras que en el ejército se realizan 1.670.

Los agentes han repondido así, a la convocatoria nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Uno de los miembros de la directiva de este colectivo, Manuel Moya, aseguró que "ya es hora de que se afronte" esta situación y se reconozca que los agentes están trabajando "en peores condiciones que los demás". En Castilla y León hay unos 6.000 agentes afectados y en Valladolid, unos 800.

En el manifiesto que se la leído durante la concetración se ha hecho constar que el Director General de la Policía y la Guardia Civil se comprometió a promover la regulación de la jornada laboral de estos agentes y sin embargo ahora "con la misma veleidad" intenta entorpecerla.

Para AUGC, la reivindicación es una "piedra de toque" para la voluntad y el compromiso del Gobierno de mejorar las condiciones de estos agentes, que no admitirán "medias tintas" ni soluciones "discriminatorias".

Además, en el caso de no llegar a una solución, anuncian una concentración el próximo 18 de septiembre en Madrid.

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La Justicia investiga si hubo negligencia en la muerte de Ana Soto, la madre de Baiona que se suicidó en prisión

Su cuerpo fue hallado colgado en la zona de aseos de su celda. Se encontraba en prisión tras intentar quitarse la vida despeñando su coche por un acantilado con sus hijas dentro

Autor:López Penide

Una vez reciba todos los informes y diligencias de los forenses y de la Guardia Civil, el juzgado de Pontevedra tiene previsto abrir una investigación para esclarecer si hubo algún tipo de negligencia o imprudencia en el fallecimiento de Ana Soto en su celda de la cárcel de A Lama. El cadáver de esta vecina de Baiona, que se encontraba en prisión provisional después de que en mayo hubiese intentado quitarse la vida despeñando su coche por un acantilado con sus hijas dentro, fue hallado colgado en la zona de aseos de su celda del módulo diez.

Fuentes consultadas precisaron que el óbito se produjo en el interior del centro penitenciario, un ámbito donde, por ley, la Administración debe velar por la salud y la integridad física de los reclusos allí alojados. A esto debe sumarse que está previsto que en aquellos supuestos en los que se tenga alguna sospecha o indicio de que un preso puede tratar de atentar contra su vida, se aplique un protocolo especial de seguimiento.

En algunos casos, el recluso en cuestión comparte celda con un segundo interno de confianza, quien sería el encargado de dar la alerta si algo se sale de lo normal. En otros supuestos, que es lo que en un principio parece ser que se hizo en el caso de Ana Soto, el preso permanece en la enfermería de la cárcel, donde la vigilancia se puede extremar.

Módulo de mujeres

Sin embargo, desde principios de junio se optó por trasladar a la ahora fallecida a una celda normal del módulo de mujeres del penal de A Lama. Fue allí donde se quitó la vida colgándose en la zona de aseos. Se trata de un espacio que, aparentemente, queda oculto de la vigilancia del personal de la prisión para, al parecer, garantizar la intimidad de las reclusas.

Al lado del cadáver fue hallado un escrito que Ana Soto supuestamente dirigió a sus padres, según indicaron fuentes próximas al caso.

El suceso causó una honda conmoción en Baiona, en cuyo cementerio parroquial ayer, sobre las 19 horas, fue enterrada la fallecida. Anteriormente, en la iglesia baionesa se ofició una multitudinaria eucaristía.

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Luz verde al peaje en autovías lusas con rebajas a empresas y residentes

El cobro comenzará el 1 de agosto, después de que ayer el Parlamento echara abajo el intento de revocación de la ley

Autor:M. Sío Dopeso

Finalmente, habrá que pagar. El Parlamento de Portugal dio ayer vía libre a la imposición del cobro de peaje de las tres autovías que conectan el norte del país hasta Aveiro, tras rechazar la moción presentada por el Partido Comunista de Portugal (PCP) y el Bloco de Esquerda (BE) para intentar revocar el inédito y todavía confuso anteproyecto de ley.

Los votos en contra del PS (el Partido Socialista, en el Gobierno) y las abstenciones de la oposición (PSD y CDS-PP) anularon la última posibilidad que aún existía para impedir el cobro de peaje a partir del 1 de agosto en algunas de las vías más transitadas por los conductores gallegos en sus desplazamientos a Portugal, como es el caso de la A-28, entre Caminha y Oporto, la circunvalación de la capital del norte luso y las vías que conectan Oporto con Aveiro y Mira.

Los opositores al partido del primer ministro José Sócrates justificaron su abstención alegando que el texto legal tendrá que ser reformado para incorporar algunas de sus principales alegaciones. Una de ellas es la universalidad de la imposición, es decir, que el pago se aplique a todas las autovías del país. La propuesta es que el día 1 del próximo mes se implanten las tasas en Grande Porto (A-41/42), Norte Litoral (A-28) y Costa da Prata (A-29/A-17), mientras que la A-23 (Guarda-Torres Novas), A-24 (Viseu-Chaves), A-25 (Aveiro-Vilar Formoso) y A-22 (Vía do Infante, Algarve) empezarían a contar con peajes a partir del 1 de enero del próximo año.

La segunda modificación solicitada es la aprobación de descuentos para los usuarios habituales. La propuesta que está sobre la mesa es todavía ambigua, ya que solo beneficiaría a las empresas, trabajadores y residentes que se muevan en un radio de entre 10 y 20 kilómetros.

Bonificaciones y exenciones

Este colectivo quedaría exento del pago de la cuota de peaje durante los 10 primeros recorridos de cada mes y contarían además con un descuento del 15%. Esta bonificación podría ser ampliada a otros usuarios. Además, también está en estudio la posibilidad de que las poblaciones que sumen menos de un 80% del PIB medio per cápita también queden exentas. Pero la normativa está todavía abierta a más opciones que serían aplicables solo hasta el 2012, ya que a partir de esa fecha se evaluarían los resultados, según han explicado fuentes parlamentarias portuguesas.

El Gobierno portugués estima que estas discriminaciones positivas pensadas para residentes y empresas tendrán un coste de 130 millones de euros que dejarán de recaudar hasta el 2012, y 45 millones más por año a partir de esa fecha. Sin embargo, la oposición ya ha adelantado que estos cálculos carecen de toda validez, debido a que el Ejecutivo luso no ha concretado la recaudación prevista. La próxima semana se abre un período de 10 días para concretar todos los flecos de esta ordenanza, que será debatida en la comisión parlamentaria de Obras Públicas

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"LA CONSTITUCIÓN NO CONOCE OTRA QUE LA NACIÓN ESPAÑOLA"

El TC cierra la puerta a la soberanía de Cataluña

@A. Mendoza.- 09/07/2010

El TC cierra la puerta a la soberanía de Cataluña

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional (EFE).

El Tribunal Constitucional ha cerrado la puerta a una Cataluña soberana, capaz de tratar en igualdad de condiciones con el Estado español, y de constituirse como una nación al margen de España.

Tampoco reconoce la existencia de una ciudadanía catalana que no derive de la española, ni la posibilidad de que la Generalitat se comunique exclusivamente en catalán.

La sentencia, de 881 folios, anula 14 artículos y reinterpreta otros 27 preceptos del Estatut, enmarcando el texto en los límites de la Constitución con mayor contundencia de lo que auguraba el fallo, pero salvando la mayor parte del articulado.

Tras cuatro años de debate en el Alto Tribunal, el contenido del fallo se conoció sólo 24 horas antes de la manifestación que bajo el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos” recorrerá este sábado las calles de Barcelona. Precisamente un punto que los magistrados han negado de forma tajante: Cataluña no puede ser una nación en sentido jurídico, puesto que “la Constitución no conoce otra que la Nación española”.

Así, Cataluña podrá ser considerada una nación en el preámbulo del Estatuto, pero sin eficacia jurídica, y siempre teniendo en cuenta que la Carta Magna reconoce las pluralidad de la “nacionalidades y regiones” que integran España, y su derecho al autogobierno. Los símbolos nacionales se mantienen enmarcados en esta interpretación, sin chocar con los propios de la nación española.

La difusión de la sentencia sirvió a los nacionalistas para atizar el sentimiento de agravio entre los catalanes, y convocar a la marcha de protesta. El president José Montilla aprovechó ayer para reclamar una España federal, mientras que el líder de CiU, Artur Mas, tachó de "provocación en toda regla" el día elegido por el Alto Tribunal para dar a conocer los fundamentos del fallo.

Una reacción que obligó a Alicia Sánchez Campaño, presidenta del PP de Cataluña, a distanciarse de sus posibles socios nacionalistas. "Con CiU no tengo nada que pactar si ésta es su verdadera cara", advirtió. Por su parte, el líder de ERC, Joan Puigcercós, pidió que la manifestación contra los recortes del Estatut se convierta en el primer paso hacia la "independencia".

El castellano también debe ser lengua vehicular en la enseñanza

Lo cierto es que el Alto Tribunal ha reinterpretado elementos fundamentales para el catalanismo, como el uso de la lengua. “Las administraciones públicas catalanas no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales”, asegura la sentencia, garantizando la convivencia del castellano y del catalán. Asimismo, los magistrados recuerdan que el deber de conocer el catalán no puede estar a la altura del deber de conocer el castellano.

Por tanto, considera constitucional este artículo, pero con el matiz de que esta obligatoriedad debe circunscribirse al ámbito educativo y al de los funcionarios de la Administración, “obligados a dar satisfacción al derecho de opción lingüística”. En la escuela, la doctrina del Constitucional avala que las lenguas cooficiales operen como idioma vehicular, pero los magistrados recuerdan que han descartado “desde un principio toda exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza”. “Es obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares”, precisa el Alto Tribunal.

El Constitucional deja claro que el Estatut no puede servir de base para imponer a las empresas y comercios, ni a su titular o su personal, "obligaciones individuales" de utilizar una de las dos lenguas oficiales, "de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas".

Los magistrados advierten que el derecho de los ciudadanos a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas sólo es exigible en las relaciones con los poderes públicos, de manera que no se puede imponer directamente una obligación a las relaciones del sector privado. Se acabaría, por tanto, con las sanciones por rotular en castellano.

Superioridad del Estado

La sentencia también define los límites de la bilateralidad. Los magistrados subrayan que “el Estado siempre ostenta una posición de superioridad respecto de las Comunidades Autónomas”. De este modo, se rebaja el concepto de “bilateralidad” que recoge el Estatut a una mera “manifestación del principio general de cooperación, implícito en nuestra organización territorial del Estado”.

Con esta reinterpretación, se tolera el principio de bilateralidad, pero siempre que no sea “excluyente de la multilateralidad” y no se entienda como una relación entre entes políticos en situación de igualdad, capaces de negociar entre sí en tal condición.

Inversiones en infraestructuras

Por otra parte, el Alto Tribunal ha valorado como “una medida adecuada y no desproporcionada” el requerimiento para paliar lo que el Estatut tilda de déficit histórico de inversiones en infraestructuras. Este precepto señala que la inversión del Estado en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del PIB de Cataluña con relación al PIB del Estado para un periodo de siete años y que dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas.

"La disposición adicional tercera del Estatuto también sería perfectamente constitucional", destaca la sentencia, que acepta el hecho de que se "prevea paliar una situación concreta de déficit histórico de inversión en infraestructuras, reconocido y documentado objetivamente" y que "se ha acumulado en Cataluña por causa de diversas disfunciones del sistema". Según el fallo, "la utilización del PIB como índice objetivo a tener en cuenta para fijar la inversión del Estado en Cataluña por un periodo de tiempo concreto sería perfectamente coherente con el sistema de financiación en su conjunto".

No obstante, los magistrados han dejado claro que "sólo corresponde" al Estado determinar cuál debe ser el esfuerzo fiscal que debe realizar Cataluña y el resto de autonomías, puesto que es el único garante de la solidaridad. De este modo, se elimina del texto estatutario el punto en que se condicionaba la aportación catalana a que el resto de comunidades realizaran un esfuerzo fiscal similar. Será, pues, el Estado, quien seguirá determinando el grado de solidaridad de cada autonomía y el nivel de de prestación de los servicios públicos fundamentales.

Lea aquí la sentencia del Estatuto de Cataluña (881 páginas)

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