JUAN ANTONIO GONZÁLEZ CONTROLÓ LA DETENCIÓN DE RIPOLL

El jefe de la Policía Judicial llamó al PP para desmarcarse de la operación de Alicante.

El jefe de la Policía Judicial llamó al PP para desmarcarse de la operación de Alicante

El empresario alicantino Enrique Ortiz a la salida de los juzgados de Orihuela (Efe).

@Alberto Mendoza.- 09/07/2010 (06:00h)

Juan Antonio González, el comisario general de la Policía Judicial que compartió cacería con Baltasar Garzón y el ex ministro Mariano Fernández Bermejo en los prolegómenos del caso Gürtel, ha estado en contacto con la dirección del PP durante el confuso operativo desplegado en Alicante, y que se saldó el martes con la detención del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. González, que cuenta con un agudo olfato político, ha tratado de tranquilizar a los populares y desmarcarse del aparatoso despliegue por el que Mariano Rajoy exigió ayer explicaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según fuentes de la calle Génova, el controvertido jefe policial intentó persuadir a la cúpula del PP de que la orden de lanzar una espectacular operación contra Ripoll y tres concejales populares de Orihuela no había partido de su despacho. Su objetivo era limar asperezas con el principal partido de la oposición de cara a un futuro cambio de Gobierno, ya que, tras casi cuarenta años de carrera, teme que un nuevo Ejecutivo acabe con su privilegiada posición en el Ministerio del Interior.

González no ha sido el único policía que ha tratado de demostrar su neutralidad ante dirigentes del PP. Varios agentes han llamado a Génova para recordar que se limitan a “cumplir órdenes” y que no quieren que su progresión en el Cuerpo se vea truncada si Rajoy llega a la Moncloa. De acuerdo con fuentes populares, los chivatazos recibidos por varios dirigentes de la formación, como Juan Cotino, vicepresidente de la Generaltitat valenciana, habrían tenido su origen en estas llamadas.

“Dentro de la Policía hay mandos que buscan quedar bien con el PP, porque saben que si hay un cambio de Gobierno pueden tener su oportunidad”, señalaron estas fuentes. Sin embargo, no parece que éste vaya a ser el caso de González, puesto que está en el punto de mira del PP desde la polémica montería con Garzón y Bermejo. A él se le atribuye también la autoría de algunos de los informes más polémicos del caso Gürtel, como los relativos al ex tesorero popular, Luis Bárcenas.

Además, pese a sus intentos de desmarcarse de la operación en Alicante, González es su responsable policial, ya que se hizo bajo la dirección de la Comisaría General de la Policía Judicial. “González es el jefe de esta Comisaría y estaba perfectamente al tanto de todo”, aseguraron fuentes de la Policía Nacional, que añadieron que resulta impensable que se arreste al presidente de una Diputación sin la autorización de este mando.

De Roldán al ‘caso Malaya’

El currículo de González, un policía que, según sus compañeros, se siente especialmente cómodo pisando las alfombras del poder, es un auténtico repaso a los escándalos que han jalonado la historia reciente de España. Ni siquiera su presunta vinculación con el caso Malaya, nunca demostrada, ha podido frenar su ascensión. En 2006 se supo que el juez marbellí Miguel Ángel Torres investigaba la presencia de unas iniciales, JAG, en la agenda del imputado Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Estas iniciales escondían la identidad de la garganta profunda que, a cambio de importantes sumas de dinero, advertía de las operaciones policiales en el municipio. Pero Roca nunca reconoció que su confidente fuera este jefe de la Policía y las investigaciones se detuvieron.

Entre los éxitos de su polémica carrera destacan la detención de los miembros del GRAPO que atentaron contra la cafetería California 47, la resolución del asesinato de los abogados de Atocha, la investigación del secuestro y asesinato de Anabel Segura o el arresto en el aeropuerto de Bangkok de Luis Roldán. Sin embargo, su nombre también ha estado implicado en denuncias de torturas, como las que en 1981 acabaron con la vida de José Ignacio Arregui, acusado de pertenecer a ETA. Casi tres décadas después, González es uno de los hombres imprescindibles de Rubalcaba.

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CONOCÍA LAS DETENCIONES DESDE HACÍA DÍAS

Cotino movió todos sus hilos para saber si el caso 'Brugal' implicaba a su constructora familiar.

Cotino movió todos sus hilos para saber si el caso 'Brugal' implicaba a su constructora familiar

El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino (EFE).

@D. Forcada.- 09/07/2010 (06:00h)

Una de las pocas personas que en el entorno político de la Comunidad Valenciana conocía desde hace días que la detención de José Joaquín Ripoll era un hecho inminente era el propio vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino. Hombre de la confianza de Francisco Camps y ex director general de la Policía en la etapa de Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior, sus tentáculos y sus privilegiadas fuentes dentro del Cuerpo de Policía le habían puesto sobre la pista de la operación desde hace días e incluso semanas. De hecho, diferentes fuentes le señalan como una de las personas que el propio lunes, un día antes de la detención de Ripoll, informó a Mariano Rajoy de las detenciones. El político valenciano le trasladó la información en una conversación privada que tuvo lugar después de la Junta Directiva Nacional celebrada en Génova aquel día. Pasarían aún unas cuantas horas hasta que, ya de noche, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se dirigiera a Rajoy para confirmarle las detenciones.

Pero el interés de Cotino en la denominada Operación Brugal podría ir más allá de la mera curiosidad como ex director general de la policía o de las ganas de ver caer a uno de sus adversarios políticos (hay que recordar que Ripoll ha sido siempre el azote zaplanista de Camps y quien más ha cuestionado su continuidad tras el caso Gürtel). Según ha podido saber este diario, Cotino habría efectuado durante las últimas semanas un gran número de llamadas telefónicas a sus fuentes en la policía, a periodistas e incluso a personas cuyos teléfonos podrían estar pinchados en el marco de esta investigación secreta, que lleva abierta tres años. Y su principal preocupación, apuntan estas mismas fuentes, era conocer si las ramificaciones de este caso podrían afectar a los negocios privados de su propia familia y, en especial, de su sobrino, Vicente Cotino.

Éste último preside la empresa familiar Sedesa, fundada en 1942 y considerada uno de los principales grupos de infraestructuras de la Comunidad Valenciana con negocios en la obra pública, la energía y las concesiones. Cotino habría querido conocer a lo largo de los últimos días si alguna de las empresas vinculada a su familia se podría ver salpicada por este nuevo caso de corrupción. A Sedea ya se le ha relacionado, junto a otras constructoras, con las investigaciones del caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del PP valenciano y acaba de integrarse en Ezentis, la antigua Avanzit.

El comportamiento de Cotino habría sido muy “imprudente”, según explican a El Confidencial fuentes de toda solvencia, ya que sus conversaciones con otras personas que estaban “pinchadas” podrían haber dado a los investigadores nuevas pistas sobre las que trabajar.

Sospechoso para el sector zaplanista

“Se ha estado moviendo mucho durante los últimos días”, explican a El Confidencial fuentes del PP de Alicante, que añaden también que Cotino, como conseller de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, es el responsable último de las adjudicaciones realizadas por la Generalitat en temas de residuos. “Su departamento es el que da el visto bueno a las adjudicaciones que tienen que ver con estos temas. Todo está entre sus competencias y ya conocemos los tratos de favor que realizó hacia sus empresas cuando era conseller de Bienestar Social”.

Sea como fuere, su difuso papel en este caso no ha hecho sino empeorar aún más su imagen entre el sector zaplanista del partido, que se atrinchera en Alicante como su último reducto de poder. De hecho, desde el mismo día en que se llevó a cabo la detención de Ripoll muchos en este sector han querido verle como “la mano negra” que podría haber estado detrás de una supuesta vendetta interna. Una versión que el propio Rubalcaba, artífice de la operación, ha difundido interesadamente durante los últimos días al atribuir al entorno de Camps el origen del caso. “Detrás de todo esto vemos la mano del PSOE y del Comando Rubalcaba, por supuesto, pero también la de Cotino enredando”, se quejan en el PP alicantino. “Se rumorea que Cotino celebraba lo seguro que estaba de las detenciones que iba a haber”.
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CONVERGENCIA RECIBÍA PRESUNTAMENTE EL 3% DE LAS ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA

Jaume Camps, el 'gran recaudador' de CDC, implicado en el caso 'Palau'

Jaume Camps, el 'gran recaudador' de CDC, implicado en el caso 'Palau'

El ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet tras una comparecencia (Efe)

@Antonio Fernández.- 09/07/2010 (06:00h)

La Santa Espina. Así era el nombre clave de una cuenta en Suiza que algunos empresarios españoles conocían muy bien. Por ejemplo, Javier de la Rosa. El emporio de KIO, que entonces manejaba el financiero catalán, había enviado dinero a la cuenta cifrada a nombre de La Santa Espina. Al final, resultó que detrás de tan sonoro nombre estaba Jaume Camps, diputado de Convergència i Unió (CiU) y ex miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat (similar al Consejo de Estado del Gobierno central).

El nombre de Camps vuelve a salir a la palestra años después de darse a conocer a la opinión pública merced a varios escándalos. Pero esta vez no es con ninguna cuenta cifrada, sino con las cuentas secretas que mantenía el ex presidente del Palau de la Música de Barcelona, Fèlix Millet. Millones de pesetas o de euros se transferían desde la institución musical a determinadas personas con nombres y apellidos que ahora han perdido la memoria. Y decimos millones de pesetas o de euros porque tanto Millet como su segundo, Jordi Montull, anotaban cantidades que lo mismo correspondían al anterior cambio monetario como al actual. Por ello algunas anotaciones figuran en pesetas y otras, sorprendentemente, en euros, con decimales, pero que se corresponden milimétricamente a 10 millones de pesetas clavados. O a quince. O a cinco.

Pero lo que no cambiaban eran los nombres. En las anotaciones de los dos máximos mandatarios del Palau de la Música figuran partidas dinerarias que iban, presuntamente, a instituciones como la Fundación Trias Fargas (dependiente de Convergència) o a personas cuyo nombre y apellido coincidían con los responsables de esta institución. A veces, sólo aparecía un nombre. Y otras veces, la inicial del nombre y el apellido. En las últimas comparecencias ante la comisión de investigación del Parlamento catalán, se preguntó reiteradamente sobre un tal Daniel, cuyo nombre correspondía con Daniel Osàcar, responsable de las finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y tesorero de la Fundación Trias Fargas. Él negó ante la comisión que el tal Daniel fuese su persona. Pero también aparecía el nombre de J. Camps.

Nadie preguntó por él. Y cualquier profano en la política no hubiese prestado ninguna atención a este nombre. Pero la inicial del nombre y su apellido coindicen con el nombre de Jaume Camps, ex diputado de CiU y veterano dirigente de esta formación. La anotación de J. Camps había aparecido, hasta ahora, en un documento encontrado en el ordenador de la secretaria de Félix Millet junto a la cifra de 5.450.000. Pagat (Pagado). Se trata, según todos los indicios, de pesetas y data de marzo del 2003. Bajo esta anotación, figura otra: 4.550.000 Torrent. Pagat. Este último era el entonces tesorero de CDC y secretario de la Fundación Trias Fargas, Carles Torrent. Pura coincidencia, dicen en Convergència.

No hubiera dejado de ser anecdótico si no fuese porque al juzgado que investiga el expolio del Palau de la Música han llegado recientemente documentos en los que figura el nombre completo de Jaume Camps, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes fidedignas. Todo indica que el ex dirigente de Convergència fue un hombre que trató de cerca a Félix Millet.

“Hay muchos Jaume Camps”

“Hay muchos Jaume Camps en Cataluña”, señaló un dirigente de CDC a El Confidencial. Pero, ante el cúmulo de casualidades, admitió que “teníamos información de que en los documentos aparecía un tal J. Camps. Por eso, miramos de quién se trataba y hemos llegado a la conclusión de que era un tal Jaume Camps que es presidente de una Fundación que trata problemas de salud mental. Millet tiene un hijo con problemas de esta naturaleza y por eso no nos llamó la atención que se interesase por instituciones así”.

Pero, en realidad, el nombre de Jaume Camps, con todas letras, aparece vinculado a anotaciones puramente monetarias. Una de ellas hace referencia a la adjudicación de obra púbica por parte de la Generalitat de 105 millones de euros. Junto al nombre de Camps, aparece la anotación de 4%, que presuntamente, como ocurre en otros documentos, era el porcentaje que pagaban las constructoras a cambio de adjudicaciones. Y luego, la anotación de 1% vinculada a la Fundación, del Palau. Algunas fuentes consultadas señalan a este diario que Camps ha sido, durante muchos años, el “gran recaudador de Convergència”. Hasta el momento, los documentos que se encontraron en el despacho de Millet apuntaban a que se desviaba el 4% de las adjudicaciones de obra pública en empresas como Ferrovial y luego ese 4% se dividía entre el 2,5% para la Fundación Trias Fargas y el resto se lo quedaba el propio Palau.

Por tanto, con los nuevos documentos que se han descubierto, el reparto del expolio varía, ya que la institución musical sólo se queda la cuarta parte y el resto, el 3%, se pierde en los insondables vericuetos de la ingeniería financiera que habían instalado en el Palau de la Música Millet y Montull. Según se desprende de las anotaciones descubiertas recientemente, de una comisión de 4,2 millones de euros, la institución musical sólo se quedó 1,05 millones, mientras que 3,15 millones se volatilizaron.

Fuentes cercanas a la investigación señalan a este diario que no es la primera vez que Jaume Camps tiene problemas financieros, ya que hace unos años se descubrió una cuenta suya en Suiza en la que había ingresado al menos un millón de euros provenientes del grupo KIO. Camps devolvió el dinero, aduciendo que había sido el cobro de unos trabajos personales y el tema se archivó. El financiero Javier de la Rosa le había ingresado el dinero en la cuenta cifrada bajo el nombre de Santa Espina. Además, fuentes de toda solvencia manifestaron a este diario algunas anécdotas de Camps en sus viajes al país helvético en compañía de otro político que actualmente ejerce como abogado.

Camps también estuvo bajo sospecha en otro caso de supuesta financiación irregular de CDC: se trataba del caso Casinos, en el que el partido había recibido sumas de dinero irregularmente del grupo que controla el juego en Cataluña y que controla Artur Suqué. En aquella ocasión, un juez -poco después contratado en el sector privado- dictaminó que había habido financiación irregular pero que los delitos estaban “prescritos”.

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Los sindicatos de la Policía se enfrentan por la detención "irregular" de Ripoll.

Los dos sindicatos mayoritarios de las fuerzas de seguridad, la Confederación Española de Policía y el Sindicato Unificado de Policía, se han enfrentado ante las posibles irregularidades de la detención del presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. El CEP las valora como "preocupantes", mientras que el SUP las considera dentro de la "normalidad".

Ignacio López, secretario general de la CEP, dijo a Servimedia que "la Policía no está para servir a los políticos de una u otra condición" y debe cuidar también el "plano estético". López valoraba así que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela haya aclarado que no ha ordenado la detención judicial de ninguno de los implicados en la presunta trama de corrupción que afectaría a Ripoll.

Esta posición contrasta con la nota de la Policía Nacional, que hablaba de que se había detenido a once personas en una operación contra la corrupción. El representante de la CEP opinó que "se debe una explicación a la sociedad española", ya que se ha creado "una alarma innecesaria, como se ha visto posteriormente".

José María Benito, portavoz del SUP, aclaró también que, por lo que se conoce, esta operación policial "se ajusta totalmente a derecho". En su opinión, a Ripoll no se le ha retenido "más tiempo del estrictamente necesario para averiguar su implicación en el asunto que se está investigando", lo que es "una garantía" del buen funcionamiento del sistema de derecho.

"Ha sido una detención breve y por el tiempo mínimo necesario para hacer las diligencias que había que hacer", remarcó este representante del SUP, quien añadió que, en todo caso, estas actuaciones siempre están avaladas por un juez

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