Desajuste de competencias en Europa

Según un informe publicado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional -CEDEFOP-, los países miembros de la UE no solo deben mejorar los niveles de competencia sino también los mecanismos para encontrar a las personas con las competencias adecuadas para desempeñar trabajos concretos.

En este mismo documento, el CEDFOP advierte que en el 2020 «es posible que la gente disponga de cualificaciones académicas, mientras que lo que deseen los empresarios sean cualificaciones profesionales». Por este motivo el desafío al que se enfrenta Europa no consiste solo en mejorar las cualificaciones, sino en asignar los empleos disponibles a las personas con las competencias adecuadas.

Entre las soluciones, este Centro europeo propone una mejor información del mercado laboral y servicios de colocación eficientes, así como identificar de manera precoz y más exhaustiva las necesidades de nuevas competencias.

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Desarticulada una red internacional dedicada al tráfico de armas entre España y Portugal

· En el trascurso de la operación han sido detenidas 5 personas (3 portugueses y 2 españoles) e intervenidas 20 armas de fuego, recambios para las mismas y diversa munición.

· Los españoles detenidos adquirían en una armería de España, armas inutilizadas que remitían a un armero portugués que se encargaba de manipularlas y dejarlas aptas para su uso

· La red desmantelada proveía de armas de fuego a organizaciones de narcotráfico asentadas en Galicia.

08 Julio de 2010 La Guardia Civil en colaboración con la Policía Judiciaria portuguesa, en el transcurso de la Operación PPK desarrollada en Lugo, Pontevedra y Portugal, ha detenido a TRES portugueses y DOS españoles integrantes de una organización internacional dedicada al tráfico de armas entre España y Portugal.

En el transcurso de la operación policial y los cuatro registros domiciliarios en propiedades de los detenidos, los agentes se han incautado de numerosas armas de fuego y diversas municiones aptas para las mismas.

Las investigaciones se iniciaron en agosto del pasado año a raíz de que la Guardia Civil tuviera conocimiento tras diversas investigaciones relacionadas con el narcotráfico en Lugo y Pontevedra, que personas vinculadas a este tipo de ilícitos se estaban proveyendo de armas de fuego que eran adquiridas a una organización hispano-lusa.

A través de diversas técnicas de investigación se pudo determinar que los españoles detenidos, tras adquirir armas inutilizadas en una armería de España las remitían a sus colaboradores en Portugal, que a su vez, las entregaban a un armero de ese país que se encargaba de manipularlas y dejarlas aptas para su uso.

La información obtenida por la Guardia Civil fue trasladada a la Policía Judiciaria Portuguesa que detuvo en Portugal a tres portugueses, integrantes de la red, que operaban desde el país vecino, interviniéndoles varias armas de fuego y útiles y piezas para su manipulación y conservación.

Posteriormente en Meis (Pontevedra) se llevó a cabo la detención de J.R.C. de 55 años y A.P.F. de 40 años, ambos vecinos de Lugo, incautándoles en el vehículo en el que viajaban dos fusiles (uno de ellos AK 47) y diversa munición.

En el trascurso de la operación y los CUATRO registros domiciliarios llevados a cabo en Lugo-Capital y dos casas de campo de la misma provincia, los agentes han intervenido el siguiente material:

· DOS fusiles de asalto ( uno de ellos Ak-47)

· DIECISEIS armas cortas

· DOS rifles de caza

· QUINCE cañones de armas y otras piezas para estas

· QUINIENTOS cartuchos de distintos calibres

Las investigaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción núm. UNO de Lugo, han sido llevadas a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (ECO) con sede en Pontevedra, EDOA de la Comandancia del mismo Cuerpo en Lugo y Policía Judiciaria Portuguesa.

Existen imágenes de vídeo a disposición de los medios que lo deseen en el Gabinete de Prensa de la Guardia Civil, (C/Guzmán el Bueno 110, Madrid).

Asimismo, en la página www.guardiacivil.es existen fotografías de la operación.

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El curso sobre educación vial cita a 75 personas en Cambados

La jornada de hoy se centrará en el papel de los peatones y los conductores

Autor:Carolina Laya

En la tarde de ayer se presentó el curso de verano «La educación Vial como cauce de participación social», que organiza el Concello de Cambados en colaboración con la DGT y la Universidad de Vigo. La presentación corrió a cargo de Luís Aragunde, alcalde de Cambados, y antes de esta se hizo entrega a los asistentes del material que van a necesitar a lo largo del curso de formación, que termina mañana.

Dejar clara la importancia de la participación de los peatones y de los conductores para conseguir un entorno seguro en las carreteras es uno de los fines de este curso, pues la educación vial constituye un importante canal de participación social. Ole Thorson, presidente de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (Pat Apat), señala que «lo más importante es que haya convivencia, no hay que buscar zonas exclusivamente peatonales para garantizar la seguridad, sino que debe haber zonas comunes en las que se debe aprender a convivir».

El belga, afincado en Barcelona, dijo esto después de conocer que la Praza de Fefiñáns de Cambados acababa de limitar el tráfico a 30 quilómetros por hora. «Me parece interesante, así como también el hecho de que no se deje aparcar en la zona monumental de la plaza, pero también se debería pensar en que los conductores no tienen espacio ni tiempo para bajar la velocidad antes de acceder a Fefiñáns, lo que se podría solucionar ensanchando las aceras de la calle que hay antes, para que asimilen la sensación de cuidado y de velocidades bajas».

Así, queda clara una de las principales ideas, la convivencia entre peatones y conductores, que no han de pensarse como dos mundos enfrentados, sino que han de colaborar por hacer de la calle un lugar seguro.

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El PSOE pide explicaciones a Rueda por “subcontratar” la visita papal.

Los socialistas exigen saber qué procedimiento siguió para contratar las actividades.

El PSdeG solicita que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, comparezca en el Parlamento gallego para explicar “qué procedimiento siguió” para la contratación de la organización de las actividades que la Xunta realizará con motivo de la visita del Papa a Santiago y si fue fruto de “un concurso público”.

Los diputados socialistas Xaquín Fernández Leiceaga y José Manuel Lage Tuñas registraron ayer una iniciativa para exigir que Rueda “detalle y explique bien” en qué tipo de actividades gastará la Xunta “cuatro millones de euros”, ya que las tareas de seguridad están cubiertas por el Estado. Además, demandan conocer “cuál es el motivo” por el que se subcontrata la organización de las actividades de la Xunta para la visita del pontífice y “cuál es el procedimiento transparente y abierto que siguió el señor Rueda para contratar a un abogado determinado [el santiagués Víctor Cortizo] a través de una asistencia técnica”.

Desde el BNG, su portavoz nacional, Guillerme Vázquez, también cuestionó la oportunidad del gasto de cuatro millones de euros en la visita por parte de la Xunta e ironizó con que la Xunta debería “revisar” el crecimiento previsto del Producto Interior Bruto (PIB) puesto que “confió” este aumento al “Xacobeo y a la visita papal”, que ahora se “reduce en el tiempo” a ocho horas.

Preguntado por el coste que supondrá en las arcas públicas la visita de Benedicto XVI, Vázquez augura que el Ejecutivo autonómico se amparará en que “generará una actividad económica mayor” de lo que se va a gastar, pero advierte de los discursos “demagógicos” de la Xunta acerca de la “austeridad” y sus “lecciones” sobre este ámbito. En todo caso, el nacionalista defendió la separación entre las cuestiones religiosas y las políticas. O Xornal

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HOY DECLARA ANTE EL JUEZ DE ORIHUELA

Enrique Ortiz, un constructor de manual: obra pública, promoción de suelo y fútbol.

@Carlos Hernanz.- 08/07/2010

Enrique Ortiz, un constructor de manual: obra pública, promoción de suelo y fútbol

Enrique Ortiz

Es la otra cara del nuevo caso de presunta corrupción que salpica al PP. Su sede operativa es también Alicante, donde el original negocio familiar de construcción Enrique Ortiz e Hijos se ha consolidado como el hegemónico Grupo Cívica. Enrique Ortiz (50 años) es desde hace tiempo el constructor por excelencia de la provincia y desde esta semana el contratista de obra pública sobre el que se vuelven de nuevo las miradas por su posible implicación en la adjudicación irregular de un contrato de basuras con el Ayuntamiento de Orihuela.

El empresario alicantino acudirá esta mañana a declarar a los juzgados de Orihuela, como el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Enrique Ripoll, después de haber sido detenido durante unas horas por la Policía Nacional para prestar declaración con motivo de la operación anticorrupción. Ayer mismo, declaró estar “tranquilo porque su empresa sigue una línea de legalidad y honradez” después de que su casa, las oficinas de su empresa y el majestuoso yate que tiene fondeado en el puerto de Alicante fueran objeto de registro.

Antes de este episodio, Enrique Ortiz ya se vio implicado en otro gran caso de corrupción que afecta al PP. El empresario alicantino aparece en el sumario del 'caso Gürtel' por su presunta relación con una supuesta trama de financiación irregular del PP valenciano. Según las pesquisas policiales, Ortiz se hacía cargo, junto a otros empresarios locales, todos grandes adjudicatarios de obra pública de la Generalitat, de parte de la deuda en 'negro' que el partido mantenía con empresas de Francisco Correa por actos electorales.

Más allá de la dimensión que determinen los juzgados por la Operación Brugal, el empresario Enrique Ortiz gozaba ya de una dimensión pública extraordinaria en la provincia de Alicante. Como en otros casos, por aunar las facetas de constructor de referencia y presidente del club de futbol local, en este caso el Hércules FC, al que llegó a finales de los noventa por petición del alcalde de Alicante, el edil popular Luis Díaz Alperi, ante el que asumió el compromiso de reflotarlo y devolverlo a Primera, un objetivo que ha alcanzado esta misma temporada.

Su compromiso con la ciudad tuvo una contraparte relevante. Ortiz ha conseguido sacar adelante el mayor desarrollo urbanístico de la capital alicantina, el controvertido Plan Rabasa, un plan que contempla la construcción de 13.500 viviendas y la promoción de más de cuatro millones de metros cuadrados, el más importante en la historia de la ciudad, así como otros tres de gran relevancia como son el Pau 1(a espaldas de San Blas), el Pau 3 (entre Vistahermosa y la Albufereta), y el APA 9 (entre Vistahermosa y Juan XXIII).

Este mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia levantó la suspensión cautelar que existía sobre la ejecución del Plan Rabasa, que supone el desbloqueo definitivo de la actuación urbanística, cuya tramitación ha estado envuelta en un gran oscurantismo, según ha denunciado la oposición municipal de Alicante, y ha sido calificada como “una burla a los intereses colectivos de la ciudad”. Una situación similar a la que el empresario vivió en Ibiza, cuando de la mano de FCC participó en la construcción de dos autovías en la isla.

De manera paralela al mundo de la construcción y de la promoción inmobiliaria, Ortiz ha ido extendiendo los intereses de su corporación a otros servicios concesionales, tanto de la Diputación como de ayuntamientos de la provincia, tales como la recogida de basuras, los servicios de limpieza en centros públicos o la gestión de aparcamientos, entre otras actividades. El mismo modelo que siguen otros constructores en sus regiones de origen hasta dar el salto a espacios de proyección pública como el futbol o los medios de comunicación.

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RECALIFICAR.

Rafael del Barco Carreras

Un colectivo me escribe: Si, cualquier idea o aclaración informativa, teórica, técnica etc.,
será muy bien recibida.

Y es que España es un país que está descubriendo sus verdades, que la Crisis pone patas arriba conceptos muy comunes entre “mafiosos” (muy adecuada la pregunta de Albert Rivera en el Parlament sobre quién era el “ capo” en el affaire Palau de la Música de Barcelona) pero tan ignorados por la buena gente que ni están en el diccionario:

. Cualquier día van a tener que incluir en el Diccionario de la Real Academia Española la palabra 'recalificar', que a día de hoy no existe, y darle esta acepción: 'Tomar a los ciudadanos por imbéciles'. Escribía en EL PAIS Benjamín Prado f. 5-10-2006 en el artículo titulado “por qué la palabra RECALIFICAR no existe”.

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:

recalificar

  1. tr. Cambiar la calificación de un terreno de rústico a urbano o viceversa:
    el ayuntamiento recalificará esos terrenos industriales para construir parques y jardines.

De tanto repetir la palabra “recalificar” me olvido que existen más mundos que la corrupta Política española, y que merecen explicaciones concretando ese tocomocho español que ha conducido el País a la ruina, y a unos pocos a multiplicar exponencialmente su fortuna en negro. La “oficial o en blanco” si conviene quebrará para que bancos y cajas se queden los activos supervalorados antes de la Crisis, y de nulo valor en la actualidad.

Con unos papelitos firmados por un ayuntamiento una “caja de ahorros amiga” (con tasadora propia para valorar en lo que convenga y gobernada por políticos locales), y tan amiga como el alcalde que ha firmado el papelito (amigo o del Partido) te da un crédito hipotecario para que pagues el terreno (que de rústico casi no tiene valor) y construyas o vendas a una inmobiliaria a diez o mil veces más de lo comprado. Lo de “amigo o amiga” significa con quien se reparte el “negocio”. Sencillo, pero como lo obvio para un mundo de chorizos no lo es para personas normales, o más allá de nuestras fronteras, cabe especificar, repetir, insistir.

El artículo de EL PAIS del 2006 (ver en Internet) que se refiere a Madrid, cuando aun se hablaba del Oasis Catalán, y por supuesto la Prensa , Radio o Televisión catalanas jamás hubieran puesto en duda la catadura moral de recalificadores y financiero-inmobiliarios, podría acoplarse a Barcelona y el bienvenido hotel de los líos del Palau de Música. Un intento que evidencia miles de “excelentes negocios” entre PSE y CIU, juntos o por separado, hasta el vaciado de “sus caixas”, y repito, el agotamiento de toda posibilidad de crédito internacional.

Pero ayer, no solo me llamó la atención la pregunta sobre “recalificar”, sino dos artículos enviados a mi mail, sobre impuestos en USA y España, y las retribuciones en sociedades del Ibex 35, que por acentuar más si cabe esas lagunas del conocimiento sobre nuestro entorno y realidad socio-política, adjunto a www.lagrancorrupcion.blogspot.com.

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Operación ‘Pinta’

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria efectúan una importante operación de lucha contra el fraude fiscal por simular no residir en España

§ El empresario imputado llevaba 15 años simulando no vivir en España

§ El capital en paraísos fiscales supera los 500 millones de euros

8 de julio de 2010. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, coordinadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, efectuaron el pasado día 6, diez registros en empresas y domicilios particulares de Madrid, Barcelona y Sevilla. La operación, denominada ‘Pinta’, se ha centrado en demostrar la residencia real y efectiva en España de un importante empresario que llevaba ya deslocalizado para la Hacienda española más de 15 años, esto es, que simulaba residir fuera de España. La gravedad del fraude implica que se estén instruyendo diversos delitos fiscales.

En los registros efectuados han participado cuarenta agentes de la Guardia Civil junto con Inspectores de Hacienda y otros funcionarios de la Agencia Tributaria. El objeto de las actuaciones consiste en demostrar la titularidad real de paquetes accionariales de sociedades españolas, titularidad enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territorios ‘off-shore’ o paraísos fiscales.

La valoración de los paquetes accionariales ostentados mediante sociedades radicadas en paraísos fiscales se estima en más de 500 millones de euros. El Juez ha ordenado como medida cautelar la inmovilización de los mencionados paquetes de acciones. La investigación ha puesto de manifiesto la utilización de cuentas abiertas en el extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales operadas desde un banco establecido en España.

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LOS AGENTES DE POLICÍA TENÍAN ORDEN DE PRACTICAR DETENCIONES

Rubalcaba calla y queda en evidencia ante los desmentidos del juez y la Fiscalía.

Rubalcaba calla y queda en evidencia ante los desmentidos del juez y la Fiscalía

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (EFE).

@A. Mendoza/C. Guindal.- 08/07/2010 (06:00h)

El Ministerio del Interior guardó ayer silencio sobre las confusas circunstancias en que se detuvo el martes durante 12 horas al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y la Fiscalía contradijeron la versión aportada por la Policía y negaron haber ordenado las detenciones, Alfredo Pérez Rubalcaba no ofreció ayer ninguna explicación. Tampoco replicó al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que le acusó de poner en riesgo el Estado de Derecho y orquestar una operación “política y publicitaria” a favor del Gobierno.

El juez y la Fiscalía desmintieron ayer el comunicado oficial que la Policía había difundido el martes por la noche, tras protagonizar una rocambolesca operación en la que se detuvo a once personas en el marco del caso Brugal. Nadie quiso hacerse responsable de haber dado la orden de practicar las detenciones, ni de la espectacularidad del despliegue, ni de la extraña citación que recibió Ripoll para presentarse este jueves en el juzgado.

No obstante, fuentes del operativo aseguraron a este diario que los agentes de Policía tenían la orden nítida de detener a estas once personas, incluido el conocido empresario Enrique Ortiz. Y así se hizo, aunque no llegaron a ser trasladados a los calabozos. Pero estos arrestos no estuvieron avalados por el juez, ya que, según fuentes cercanas a la investigación, el magistrado encargado del caso no consideró oportuna la detención de ninguna persona en el marco de estas diligencias.

Las contradicciones comenzaron, pues, desde el mismo momento en que alguien dio la orden de proceder a los arrestos. La nota de prensa de Interior señalaba que el dispositivo estaba “dirigido por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela y la Fiscalía contra la Corrupción”. Asimismo, indicaba que a los detenidos “se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento”, y que debían comparecer ante el juez “en los próximos días”.

Sin embargo, el TSJCV aclaró ayer por dos veces que ni existe imputación judicial, ni cédula de citación alguna expedida por el juez o el secretario, ni resolución alguna que “de forma expresa ni aún tácita” ordenara “la detención de persona alguna”. Aunque el Tribunal recordó que “la Policía puede practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación”.

La Fiscalía sólo pidió que se “acompañara” a Ripoll

Por su parte, la Fiscalía confirmó este punto del comunicado del juez y aseguró que tampoco ordenó practicar detenciones, sino que se “acompañara” a quienes hubiera que tomar declaración.

Y para complicar todavía más el enredo, la Fiscalía rectificó al Tribunal precisando que sí existía una autorización judicial para llevar a cabo los registros y las detenciones. Se trata de un auto fechado el 1 de julio, dictado dentro de las diligencias 851/2007, en el que el titular del Juzgado autoriza los registros, ofreciendo direcciones concretas de domicilios y sedes, y la toma de declaraciones. Para ello, de acuerdo con el Ministerio Público, el auto permitía utilizar “las medidas necesarias” para llevar a cabo estas diligencias. Asimismo, autorizaba el traslado a la comisaría “como sea conveniente”.

Fuentes fiscales señalaron también que, según el Estatuto del Ministerio Fiscal, éste puede ordenar detenciones preventivas, aunque por regla general, únicamente se ejerce esta función cuando la causa aún no está en manos de un juez. Una vez queda judicializada, es éste el que se encarga y ordena todos los pasos a seguir. Un claro ejemplo son los dos últimos grandes casos de corrupción, el caso Gürtel y caso Pretoria.

En cuanto Anticorrupción tuvo los datos suficientes para inculpar a una serie de personas enviaron la causa a un juez, en este caso a Baltasar Garzón, entonces en la Audiencia Nacional. Fue él quien ordenó intervenciones telefónicas, registros y detenciones. En ningún caso lo hizo la Fiscalía. Desde el momento que la causa está en un órgano judicial, el Ministerio Público se convierte en ayudante del instructor.

Silencio en el Ministerio del Interior

Ante el silencio de los responsables políticos de Interior y la avalancha de informaciones que desmentían la versión oficial, un portavoz del Ministerio consultado por este diario insistió ayer en que la nota de prensa de la Policía era “correcta”, aunque matizó que cuando se hablaba de imputación de delitos no se hacía en un sentido técnico judicial o policial, sino como una suerte de atribución de delitos. Lo cierto es que el juez no fue informado hasta ayer por la tarde, casi 24 horas después de que Ripoll hubiera sido arrestado y citado a declarar. Y lo fue sólo de manera “verbal” y “no oficial”.

El Ministerio del Interior vendió la Operación Brugal como el desmantelamiento de una nueva red de empresas que, con el beneplácito del presidente de la Diputación Provincial y varios concejales, se dedicaban de defraudar y a la comisión de diversos delitos. La nota de la Policía era bien clara: “Detenidas once personas en una operación contra la corrupción”.

Pero después de tomarles declaración, la operación se desinfló. Se dejó a los detenidos en libertad y se les entregó una citación policial, que no judicial, para acudir a declarar al Juzgado. Cinco de ellos, incluido Ripoll lo harán este jueves y, el viernes, los otros seis. En esa citación no se les explica en calidad de qué deben presentarse. Es decir, desconocen si van como testigos o como imputados, y si necesitan abogado.

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El TSXG censura el "nuevo modo de celebrar el matrimonio” en Galicia

El Tribunal gallego pide al Constitucional que diga si el Parlamento “se excedió en sus competencias” autonómicas al legislar sobre las parejas de hecho.

MERCEDES CERNADAS 08/07/2010 - 01:37 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido presentar una cuestión ante el Tribunal Constitucional sobre la disposición de la Ley de Derecho Civil de Galicia que se refiere a la regulación de las parejas de hecho, tal y como contó en exclusiva este diario. Según los autos que se conocieron ayer, la Sala de lo Civil y Penal cree que el Parlamento, que aprobó esta norma en 2006 por unanimidad de PP, PSOE y BNG, “creó una nueva forma de matrimonio y un nuevo modo de celebración” al equiparar los derechos de estas parejas a las de las casadas. Además, los magistrados entienden que “el legislador gallego se ha excedido en la competencia que la Constitución y el Estatuto le confieren” para desarrollar el Derecho Civil propio de Galicia.

Tras surgirles dudas sobre la constitucionalidad de esta norma durante la deliberación de dos asuntos que llegaron al TSXG, la sala dictó dos providencias para oír las alegaciones de las partes y también del Ministerio Fiscal, al considerar que podía ir en contra de la Constitución y la competencia exclusiva del Estado en legislación civil y relaciones relativas al matrimonio. La Fiscalía defendió el criterio del Parlamento y aseguró que la norma no excede sus competencias, pero el Tribunal decidió no compartir su criterio y presentar de todos modos la cuestión de inconstitucionalidad.

Una de las causas que hicieron dudar al Tribunal es la de un hombre que reclamó ante el juzgado de Betanzos ser usufructuario vitalicio de la mitad de la herencia líquida de su pareja fallecida, con la que convivió dos años y compró un piso a medias, al cumplir las condiciones establecidas por la ley gallega de parejas de hecho de “relación marital mantenida con intención o vocación de permanencia”. La pareja no tuvo ocasión de registrarse, al entrar en vigor el Registro de Parejas de Hecho de Galicia el 8 de enero de 2008, un año y medio después de la norma inicial, y tras el fallecimiento de su pareja.

Los magistrados de la sala, siendo el ponente Pablo A. Sande García, cuestionan que no se sabe si la pareja tenía o no intención de equiparar sus derechos a los del matrimonio al no haberse registrado, pero poco después ponen en duda también el Registro de Parejas de Hecho. “Esto al cabo crea una nueva forma de matrimonio, incluida una nueva forma de celebración y, por lo mismo, quiebra la garantía constitucional de la unidad del sistema matrimonial”, dicen. Además, plantean que este modo de unirse “puede ser objeto de transacción” (un arreglo o acuerdo entre las partes) “al ser suficiente para la extinción de la pareja de hecho la declaración formal de sus miembros”.

Sobre el Registro creado por el Parlamento, aseguran que “dista de ser una norma autonómica ajena a la reserva estatal de los registros públicos”, ya que argumentan que es el Estado quien debe encargarse de crear estos registros que generan efectos civiles.

En el otro caso que llegó al TSXG, cuyo ponente es el magistrado Pablo Saavedra Rodríguez, una mujer reclamó ante el juzgado de Primera Instancia de Chantada que se le reconociesen los bienes gananciales después de que su pareja decidiese romper unilateralmente la pareja de hecho, tras haber convivido con él 12 años y haber tenido dos hijos.

La Fiscalía argumentó en esta ocasión que el Estatuto de Autonomía establece que por derechos forales “corresponde a los poderes públicos de Galicia promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sen reales y efectivas (...)”. Según los magistrados, “Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los gallegos son los establecidos por la Constitución, y eso no precisa de comentario alguno”.

El Tribunal asegura además que no sirve emplear el argumento de que no existe una legislación civil estatal a este respecto, ya que señala que “ninguna de las normas autonómicas llega a los límites que ha llegado el legislador gallego de la equiparación plena al matrimonio”, ya que “la unión libre o de hecho no es equivalente al matrimonio”. Además, afirma que el Parlamento “no justifica en modo alguno el porqué de esta equiparación” en la exposición de motivos de la ley. “Así las cosas, entendemos, salvo mejor criterio, que el Legislador gallego se ha excedido en la competencia que la Constitución y el Estatuto de Autonomía le confieren para desarrollar el derecho civil propio de Galicia”, concluyen.

En el propio auto, los magistrados plantean una pregunta: “¿Acaso no se puede estar creando, seguramente sin pretenderlo, una forma de matrimonio nueva en Galicia, por limitada que se quiera presentar?”. Además, argumentan que “no se plasma ninguna causa o impedimento que impidiese a la pareja contraer matrimonio”, y la uni´´on de heco “puede afectar a la seguridad jurídica a la hora de realizar cualquier tipo de contrato” con un miembro de la pareja o con ambos.

Ahora el Constitucional deberá pronunciarse sobre si admite o no a trámite la cuestión de constitucionalidad del TSXG y si echa atrás una norma que lleva en vigor cuatro años. Mientras el TC no se pronuncie, el TSXG no podrá dictar sentencia sobre las causas afectadas. Las partes y el Gobierno central y el autonómico tendrán un plazo para presentar alegaciones antes de la decisión final.

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