Endesa donó 125.000 dólares para los cursos de Garzón en Nueva York

Europa Press, 05 de julio de 2010 a las 19:25

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Europa Press

La acusación popular en una de las causas abiertas en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón, por supuesto cohecho y prevaricación relacionados con unos cursos que éste dirigió en Nueva York, ha pedido que se cite como testigo al ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, para que explique la ayuda de 125.000 dólares que la entidad prestó en 2006 al Centro de Derecho de la Universidad de Nueva York para la organización de estos encuentros académicos.

La petición se produce después de que Endesa remitiera al alto tribunal diversa documentación que certifica que en abril de 2006 Endesa donó la citada cantidad tras recibir una carta de la directora del Centro de Derecho y Seguridad, Karen Greenberg, solicitando fondos para el patrocinio. La empresa llegó a pactar la donación de 500.000 dólares, si bien finalmente sólo entregó 125.000.

El pasado 10 de junio, el magistrado instructor de esta causa, Manuel Marchena, solicitó diversa comunicación a Endesa y también a BBVA, Caixa Cataluña y Telefónica, tras tener conocimiento de que todas ellas podrían haber patrocinado cursos organizados por Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. En concreto, el alto tribunal solicitó certificación de "las cantidades abonadas por cualquier concepto, con indicación de su fecha e importe" al citado centro de Derecho y Seguridad.

Según el escrito remitido al Supremo por la acusación -que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón-, la comparecencia de Pizarro es necesaria "porque es imposible creer que una empresa estuviera dispuesta a donar 500.000 dólares a una Universidad extranjera sólo porque se lo pida una profesora en una carta".

MEMBRETE DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Advierten también que una de las misivas se entregó en un sobre con membrete oficial del Juzgado Central de Instrucción número 5, del que Garzón es titular, tal y como reconoce en uno de los documentos remitidos al Supremo el director general de Asesoría Jurídica de Endesa.

Los querellantes añaden que "500.000 dólares es una suma razonable para ganarse las simpatías del juez más famoso, en cuyo juzgado pueden recaer casos de una gran empresa, pero un disparate para financiar un seminario remoto sobre terrorismo donde de no figurar Garzón carecería de todo interés para la eléctrica cuyos patrocinios usuales nada tienen que ver" con temas de seguridad.

CITACIONES SOLICITADAS

Además de la comparecencia de Pizarro, a quien Greenberg remitió su misiva solicitando fondos, la acusación popular solicita la citación como testigos de Gabriel Castro Villalba, que es la persona que firmó el contrato con la Universidad estadounidense por parte de Endesa, así como la del responsable jurídico de la eléctrica Enrique Durán Baquerizo.

También solicita a Marchena que ordene la comparecencia de la empleada de Endesa Montserrat Carrión, destinataria de los correos electrónicos intercambiados para la formalización del contrato, y de la asistente del juez en Estados Unidos María del Mar Bernabé, que ya declaró ante el Supremo el pasado 23 de abril, al considerar que puede aportar datos relevantes sobre estos pagos.

Marchena solicitó información a varias empresas sobre sus patrocinios de cursos de Garzón tras conocer que éstas podrían haberse producido a través de una carta remitida por el propio Garzón el 12 de diciembre de 2005 al presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, mediante la cual el juez le hacía llegar el programa de unas conferencias organizadas por él en el Centro de Leyes y Seguridad de la Universidad agradeciéndole de antemano su interés en el proyecto, en el que la compañía invirtió finalmente 100.000 dólares.

"Espero que al igual que lo han hecho otras entidades (BBVA, Caixa Cataluña, Telefónica y Endesa) puedas contribuir a la iniciativa", finalizaba la misiva firmada por Garzón.

En una providencia que lleva fecha de 9 de junio, el magistrado Marchena justificaba su petición como "indispensable para el esclarecimiento del hecho denunciado conocer las cantidades que pudieron haber sido demandadas por el ilustrísimo señor Garzón a otras entidades mercantiles para el patrocinio de los cursos organizados durante su estancia en la Universidad de Nueva York".

Los abogados Mazón y Panea, autores de la querella contra Garzón que tramita el Supremo, acusan al juez de haber recibido 302.000 euros del Santander para la organización de los cursos en Nueva York y después haber archivado, a su regreso a la Audiencia Nacional, una querella contra el presidente de esta entidad bancaria, Emilio Botín.

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La ministra de Igualdad presenta la red de servicios de asistencia a víctimas de discriminación

Promovida por el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por Origen Racial o Étnico

Día:

6 de julio de 2010

Hora:

11.30h

Lugar:

Ministerio de Igualdad. C/ Alcalá37, Madrid.

05 de julio de 2010.- La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentará mañana martes ,6 de julio, la red de servicios de asistencia a víctimas de discriminación promovida por el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por su Origen Racial o Étnico, en colaboración con distintas entidades.

En el acto de presentación intervendrán además, el presidente del Consejo, José Manuel Fresno, y Sara Giménez, coordinadora del Grupo de Asistencia a Víctimas del Consejo.

El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico es un órgano colegiado de la Administración General del Estado adscrito al Ministerio de Igualdad, sin participar en su estructura jerárquica. Creado en 2007 (Real Decreto 1262/2007) y puesto en marcha en octubre de 2009, está compuesto por representantes de las Administraciones estatales, autonómicas y locales, por las organizaciones empresariales, sindicales más representativas así como por organizaciones no lucrativas que representan intereses relacionados con el origen racial o étnico de las personas y cuya principal misión es la de promocionar el principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial o étnico en ámbitos como la educación, la sanidad y el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda, el empleo y la ocupación.

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Deloitte comunica a sus empleados que el 30% de su sueldo variable dependerá de los resultados de la consultora: profunda decepción en la plantilla

Junio es el mes escogido por una buena parte de despachos y consultoras para cerrar el curso y evaluar a sus empleados. El objetivo es fijar las retribuciones variables que la plantilla, individualmente, percibirá por su trabajo del último año.

Estas retribuciones son precisamente las que utilizan bufetes y consultoras para retener a sus profesionales y distinguirse de su competencia y hacerse más ‘atractivos’ de cara a futuros fichajes provenientes de otras firmas. Con la llegada de la crisis, los despachos comenzaron a congelar las subidas salariales.

Algunos empleados de la consultora Deloitte, en pleno proceso de evaluación, han mostrado a El Confidencial Digital su “decepción” por el anuncio de la compañía de que este año, el 30 por ciento del salario variable estará determinado por los resultados obtenidos por la empresa. El objetivo impuesto era “muy exigente”, y destacan que no se ha cubierto. Por tanto, la retribución será menor de lo esperado.

Según fuentes de la empresa consultadas por este confidencial, las retribuciones variables van en función de un parte personal –que evalúa individualmente cada jefe de área- y de una parte de grupo, que se establece según los resultados del equipo de cada área. Eso“te hace trabajar más para luchar por los variables” indican

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Feijóo enseña sus costuras

El líder popular presume de austeridad, pero ha olvidado sus promesas de mano dura contra los escándalos en su partido

JOSÉ PRECEDO - Santiago de Compostela - 05/07/2010

Empequeñeció las siglas del PP en el atrezo de campaña cuando arreciaba lo más duro de la trama Gürtel, rompió con su imagen de vicepresidente de Fraga llegando a admitir en público algunos errores del antiguo régimen, pero sobre todo prometió regenerar la vida pública tras el bipartito que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. Ese era el candidato Alberto Núñez Feijóo, que se proponía regresar a la Xunta pidiendo perdón, mitin a mitin, "en nombre de la política", para conjurar los pecados de PSOE y BNG. Prueba de su convicción, cesó de forma fulminante al cabeza de cartel en Ourense, Luis Carrera Pásaro, llamado a convertirse en gurú económico del futuro gobierno, cuando supo que se iba a revelar que había cobrado comisiones no declaradas en paraísos fiscales.

El compromiso de acabar con el caciquismo es papel mojado

El episodio sucedió a semana y media de las autonómicas de 2009 y Feijóo buscó el espejo de Obama, que por aquellos días también había relevado a quien iba a ser su jefa de control presupuestario, Nancy Killefer, por no haber declarado el sueldo de su empleada del hogar. "El presidente de los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer y yo he hecho lo que tenía que hacer", sentenció entonces Feijóo.

De esa cita hace año y medio. Además de recuperar el poder en Galicia -o sobre todo por eso- el presidente de la Xunta se ha convertido en líder emergente del PP nacional y una de las voces que más influye en Mariano Rajoy. Tal y como había prometido, la nueva cara amable de la derecha ha rebajado antes que ningún otro presidente regional los gastos de su Administración, suprimido cuatro de 12 consejerías y 47 altos cargos con sus correspondientes chóferes y coches oficiales. No hay rueda de prensa del Gobierno gallego en que "la austeridad de Feijóo" no salga a relucir, mientras la oposición aprovecha para denunciar recortes sociales como el fin de la gratuidad universal de los libros de texto.

De aquel discurso de la regeneración democrática que prometía cortar de raíz cualquier sombra de duda, antes incluso de que intervenieran los juzgados, no hay noticias. A pesar de que durante estos 18 meses se han sucedido las imputaciones judiciales de altos cargos del Gobierno, el presidente evita echar mano ya de la doctrina Obama. Y eso que en su primer año de legislatura, Feijóo tuvo oportunidad de toparse con su propio caso Killefer. Ana María Díaz López, directora general de Formación y colocación en la consejería de Trabajo, fue condenada en sentencia firme por despido improcedente (de una empleada sin contrato y sin seguro en un domicilio y un restaurante familiar).

Feijóo optó por dejarlo correr. Un año después, Díaz sigue en su puesto y a principio de cada mes hace balance de los datos del paro. Igual que el hombre fuerte del Gobierno, Agustín Hernández, que preside el departamento más inversor, la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo haya imputado por certificar en falso desde su anterior puesto como director de infraestructuras la Diputación de Pontevedra el final de una obra que apenas había comenzado a una constructora, Sercoysa, en la que él mismo había trabajado como directivo. Hernández, aforado por ser miembro del Gobierno, compareció este viernes ante el tribunal y regresó como si nada a su consejería. Feijóo sigue respaldándolo. Es su hombre para las obras públicas porque, según repite en público y en privado, está seguro de que el consejero "pudo meter la pata, pero nunca la mano".

El jefe territorial de este mismo departamento en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, también mantiene su silla después de que este diario revelase hace semanas que en 2001 pagó 156.166 euros a la trama Gürtel (a través de la firma Special Events de Francisco Correa) por un informe para instalar un sistema de información telefónica a ganaderos que en la Xunta nadie encuentra por ningún lado.

En este primer año de Gobierno del PP, se ha desvelado además que el delegado de la misma consejería, responsable del urbanismo en Pontevedra, Evaristo Juncal, tiene un chalé ilegal por el que en 24 años no ha pagado el IBI en el Ayuntamiento donde es concejal. Juncal había saltado ya a los titulares cuando se supo de sus negocios con testaferros de narcos. El presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, también se ha dado de bruces con el juzgado. La fiscalía le atribuye haber autorizado en tiempos de Fraga una piscifactoría por "intereses económicos ajenos". El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, que se ha visto involucrado en un fraude de ayudas de la Unión Europea, sigue representando a todas las consejerías del Gobierno gallego en aquella provincia. No hay noticia de que ni Feijóo ni el PP vayan a aplicar el rigor del código ético que rige en los estatutos del partido.

El compromiso de "acabar con el caciquismo en un solo día" que el nuevo PP gallego, y sobre todo su líder, abanderaron también es papel mojado. En Ourense, donde el sempiterno barón, José Luis Baltar provincial, ha cedido los trastos del partido a su hijo, José Manuel, se repiten los enchufes para acceder a la Diputación. Familiares e hijos de los compromisarios que permitieron a Baltar, tras treinta años de mandato, sucederse a sí mismo, han copado las nuevas plazas de funcionario en la Diputación de Ourense. Y mientras, la oposición no deja de repetirse qué debe pasar para que Feijóo cese por fin a alguien en la Xunta o el partido.

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CCOO y UGT exigen acreditación profesional para el sector de ayuda a domicilio.

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla y León solicitan a la Junta que ponga en marcha el sistema de cualificación derivado de la Ley de Dependencia de manera inmediata para proteger la labor que vienen desarrollando 5.000 trabajadores del sector de la ayuda a domicilio.

Las centrales remitieron una propuesta al Ejecutivo autonómico para salvaguardar el empleo de estos profesionales ante la exigencia de la nueva normativa estatal de que cuenten con un certificado de profesionalidad de nivel 2, con una formación de 600 horas, que exige como requisito de acceso a la formación contar con un título de ESO o equivalente.

La mayoría de este colectivo de auxiliares de atención a domicilio cuenta con un carné profesional, fruto de las 315 horas de formación establecidas en 2002, y pactadas entre los agentes sociales y la Administración regional, teniendo como referente el certificado de profesionalidad vigente en aquel momento y su acomodación a la realidad del sector. Asimismo, una gran parte de estos trabajadores cuenta con una experiencia superior a tres años.

En este contexto, CCOO y UGT reclaman a la Junta que ponga en marcha inmediatamente el sistema de acreditación de la experiencia y la formación informal, ya que permitiría a estos empleados obtener el certificado correspondiente para seguir ejerciendo su profesión sin tener que iniciar la formación completa a partir de ahora.

"Nuestro principal objetivo es doble, que no se produzca una pérdida de empleo entre los actuales trabajadores y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales en cuanto a la formación", explican

Así, las centrales plantean una formación complementaria de 90 horas para los empleados del sector con el carné profesional y con la exigencia de un mínimo de tres años de experiencia por trabajador, para obtener directamente el nuevo certificado de profesionalidad.

Y es que la Ley de Dependencia exige que en 2011, el 35% de los empleados cuente con esa formación, hasta lograr la totalidad en 2015, aunque se aclara que el porcentaje inicial se podrá reducir un 50 por ciento "cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo en la zona, que reúnan los requisitos de cualificación profesional".

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37 personalidades fueron invitadas, con dietas, a la entrega de despachos a la 60ª promoción de jueces

JOSÉ YOLDI / J. M. ROMERO - Madrid - 05/07/2010

El Consejo General del Poder Judicial se gastó el pasado 1 de junio 64.236,31 euros en el acto de entrega de despachos de la 60ª promoción de jueces, que tenía prevista una duración de una hora (dos y media si se incluye el aperitivo posterior).

El Consejo ya ha tenido que dar marcha atrás a otros dispendios excesivos

El lujoso presupuesto fue aprobado por el pleno del Consejo a propuesta del vicepresidente Fernando de Rosa. La partida incluía la invitación a 37 personalidades (12 miembros de la Sala de Gobierno del Supremo, 16 presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, el de la Audiencia Nacional, dos ex directores de la Escuela Judicial, el director del centro de documentación judicial (Cendoj), el director del servicio de formación continua de la Escuela, el jefe de sección de selección y los representantes de los magistrados en el Consejo Rector) a los que sufragaron los gastos de viaje a Barcelona, alojamiento en hotel de superlujo e incluso las dietas, además de haberles concedido las correspondientes comisiones de servicios. Todo ello, sin contar los gastos de alojamiento del presidente y los vocales del Consejo que se pagaron y contabilizaron contra sus propios gastos de representación y desplazamiento, al margen de este presupuesto.

El desglose de las partidas aprobadas por el citado organismo es el siguiente: alquiler del Auditori de Barcelona (Sala Sinfónica y Sala Foyer): 11.000 euros, a los que hay que añadir otros 9.100 para el montaje de la mesa presidencial, megafonía e iluminación, servicio de limpieza, acomodación, transporte y seguro.

El aperitivo para 600 personas, a razón de 25,5 euros, supuso 15.300 euros. Un reportaje fotográfico y otro videográfico se elevaron a 3.000 euros y las medallas de la orden de San Raimundo de Peñafort, a 400.

Los viajes de los invitados ascendieron, a razón de 400 euros, a un total de 14.800 y el alojamiento, a 2.900 euros. Las dietas de los invitados sumaron 1.736,31 euros y otros gastos, como invitaciones, el almuerzo del equipo de trabajo, ornato y el aparcamiento del personal organizador del acto, se presupuestaron en otros 6.000.

Además, la Comisión Permanente del Consejo, en funciones de pleno, aprobó una partida adicional de 1.200 euros para una denominada "cena de trabajo" la noche anterior al acto.

Los gastos excesivos del Poder Judicial no son nuevos. Hace menos de un año, 16 de los 21 integrantes del Consejo -que ganan 6.300 euros netos al mes más gastos de desplazamiento y de representación- intentaron que se subiera el sueldo entre 600 y 1.000 euros más al mes a los 14 vocales que viven fuera de Madrid. Argumentaban que la vida está muy cara en la capital. Sin embargo, el cargo, que es uno de los más cotizados de la Administración, es voluntario y la sede del organismo está en Madrid, por lo que en principio, igual que ocurre con el Tribunal Supremo, la residencia de sus miembros debe fijarse en la capital de España.

El proyecto del complemento salarial por razón de vivir fuera de Madrid para los 14 miembros del Consejo en los que concurre esta circunstancia fue descartado tras su publicación en la prensa.

En diciembre de 2009, el pleno del Consejo aprobó la realización de una campaña publicitaria por importe de 300.000 euros para los jueces ante la ciudadanía.

Hace dos meses, el Consejo tuvo que rectificar de nuevo, cuando se supo que la delegación que iba a desplazarse a Montevideo para asistir a la XV Cumbre Judicial Iberoamericana estaba integrada por 14 personas y que costaba 80.000 euros. La publicación de estos datos obligó al Consejo a reconsiderar el número de representantes del organismo que acudiría a Uruguay. Finalmente, la delegación quedó reducida a cinco personas.

Algunos miembros del Consejo del Poder Judicial llegaron a reconocer la semana pasada que los gastos estaban disparados y que el acto se podría haber hecho en la sede del propio organismo o incluso en el Tribunal Supremo

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Condenado un juez por su "brutal crueldad" contra una funcionaria.

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 05/07/2010

El juez Rafael Ceres sometió a un humillante y pornográfico acoso a una funcionaria durante dos años antes de jubilarse. En una ocasión le propinó latigazos; frecuentemente, dejaba soeces mensajes de teléfono y con asiduidad la sometió a otros episodios de violencia que la conviertieron en una víctima de "abuso físico, sexual y psíquico".

El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla ha condenado al magistrado a 23 meses de prisión por un delito de malos tratos psíquicos habituales y otro de lesiones psíquicas. Ceres no irá a la cárcel, tras pagar 50.000 euros y alcanzar un acuerdo las partes, para así no prolongar el sufrimiento de la mujer, que ya ha revivido el recuerdo del maltrato durante cuatro años de proceso.

La sentencia recoge cómo Ceres sometió a su ex pareja, oficial en otro juzgado, durante su relación extramatrimonial entre 2004 y 2006: "Le propuso como prueba de amor que se bebiera su orina (...) le hacía continuos reproches por la virginidad perdida, llegando incluso a plantearse la reconstrucción del himen para complacerlo (...) la llamaba puta y oficialucha de mierda (...) manteniendo un comportamiento contradictorio que la desorientaba". El juez, ex titular del Juzgado de Primera Instancia número 14, solicitó el retiro voluntario en octubre de 2007 tras la denuncia de su ex pareja.

A pesar de que un procedimiento abreviado como este suele durar un año, en esta ocasión se prolongó durante cuatro años por los interminables recursos. La víctima debió pedir el traslado a Granada y estuvo 14 meses de baja. Un estudio psicológico dictaminó "trastorno de estrés postraumático, tipo crónico y trastorno depresivo mayor", que hizo a la mujer medicarse.

A pesar de las innumerables vejaciones y amenazas, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 que instruyó el caso y la fiscalía sevillana consideraron inicialmente que el maltrato sólo constituía una falta. Pero la Audiencia Provincial estimó que la "brutal crueldad" tenía entidad de delito: "No puede hablarse de una simple vejación venial, sino de una violencia psíquica habitual, porque tales invectivas reiteradas alteran gravemente la salud y bienestar psíquico de cualquier persona". La tortuosa relación se basó en un maltrato continuado del juez. "El acusado, con un cinturón, le propinó cuatro o cinco latigazos, provocándole lesiones". E juez se arrepintió, por lo que la víctima no le denunció. A finales de ese año, Ceres "sospechó que ella pudiera estar embarazada, increpándole y diciéndole que era una forma asquerosa de pillar a un hombre, golpeándole varias veces en el vientre con el puño, sin que le causara lesión". Con la relación concluida, "se presentó en su casa, tumbándola en la cama, le puso una almohada en la cara, iniciándose un fuerte forcejeo que le provocó un vómito".

El decanato no recibió quejas por sus decisiones. "Era un tipo gris. No venía a las juntas de jueces", destaca un magistrado.

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Derroches: para muestra un botón...

Pero “un botón andaluz” y el que se estima en nada menos que 19.000.000.000 (diecinueve mil millones) de pesetas, o lo que es lo mismo; 112.593.042.41€. y que han ido dirigidos en este mismo año de ruina inmensa, a los muy productivos organismos sindicales obreros andaluces y los no menos productivos, sindicatos empresariales y algunas organizaciones de “la casa”; que visto “el percal”, se lo merecen... “muy merecidamente”; también para alguna fundación de “la casa”, pues hay que mantener empleo productivo de tantísimo enchufado que no produce nada: veamos.

“Subvenciones de la Junta de Andalucía en 2010. Así se tira el dinero. Que lo sepa todo el mundo: Subvención: anónima. Para: FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo-PSOE). Actividad: Modernización del mercado laboral y mejora de la empleabilidad. (¿Quiere decir…?). Importe: 34.473.248.16€. Me maravilla tanta exactitud. Subvención: Mediante convenio de colaboración. Actividad: Materia de Formación Profesional para el Empleo. Para/Importe: CCOO: 8.002.262,75€, UGT: 8.021.823,00€, CEA: 15.849.606.00€. Subvención: Pública. Actividad: Planes Intersectoriales de Formación de Ofertas. Para/Importe: CCOO: 9.850.542,50€, UGT: 9.851.005,00€, CEA: 19.701.030,00€. Subvención: Pública. Actividad: Planes Sectoriales de Formación. Para/Importe: CCOO: 3.421.772,50€, UGT: 3.421.752,50€

Importe total de 112.593.042.41€. Un regalo de cerca de 19.000 millones de pesetas en el año 2010, año en el que el paro en Andalucía se situará en el 29%
Son más de 51 millones de pesetas diarios de soborno a sindicatos y empresarios para que estén calladitos. Las “actividades” sí son muy serias y necesarias, sobre todo los “Planes Intersectoriales de Formación de Ofertas”.
(Diario: “Soy mayor no viejo” del 21-06-2010).

Como podrán apreciar, esto ocurre en un territorio de los más pobres o empobrecidos de toda Europa y donde el paro obrero es una lacra ancestral. Y en el que han cerrado infinidad de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas, simplemente por cuanto no han contado con créditos suficientes, o lo que es aún mucho más “criminal”; por cuanto las deudas que les tienen retenidas los organismo oficiales de todo tipo, les han asfixiado económicamente y pese a que algunos empresarios ya desesperados, han recurrido hasta a la huelga de hambre, por pretender... ¡¡Cobrar lo que es suyo y solamente suyo!!

Pero ahora pensemos y como buenos españoles “no separatistas”, en que España, cuenta con nada menos que casi veinte autonomías o “autonosuyas” y un sin fin de organismos autónomos que como éstas, disponen del dinero público, como si éste procediera de una gran fortuna que un pariente lejano nos dejara y la que nunca esperábamos; por lo que la gastaríamos muy alegremente, para honrar al donante.

Y ahora pensemos en que la situación de España y la ruina actual, no es debida a lo que se nos dice de “internacional”, o no lo es en la envergadura que se nos trata de inculcar para que los inútiles políticos, saquen la jeta con la irresponsabilidad ya crónica en España. ¡No... que va!

La ruina que tenemos encima y en mayor medida, es por cosas como las que se denuncian en ese periódico cibernético (“los de papel son mas cautos puesto que están recibiendo ayudas estatales”) y que sumadas todas las infinitas cantidades malgastadas; si de verdad se hubiesen empleado de forma sensata y productiva, seguro que habría muchísimos menos parados y muchísimas más empresas pequeñas y medianas funcionando, que son (no se olvide esto nunca) las que de verdad crean empleo sostenible y crean riqueza acumulable, simplemente cuidando de ellas y no asfixiándolas como han hecho esta plaga de políticos inútiles que pese a ello quieren seguir gobernando... o mejor dicho, chupando del bote del dinero público, puesto que en la iniciativa privada y buscándose la vida “a pecho descubierto”, muchos de ellos, simplemente se morirían de hambre y debido a su inutilidad.

¿Qué va a ocurrir en el futuro? Mejor ir rezando los que seamos creyentes y los que no, pues que se busquen su punto de apoyo, puesto que lo terrible es que con estos o con los que vengan a la política, seguiremos indefensos y sometidos a su buena o mala voluntad; por ello pidamos a los dioses, el que sean buenos... “o medio buenos”.

Antonio García Fuentes

(Escritor y filósofo)

www.jaen.ciudad.org (allí más temas)
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A CIG denuncia que os traballadores/as do periódico A Nosa Terra levan varios meses sen cobrar.


A central lembra que a dirección da empresa comprometérase a liquidar os atrasos e presentar un plan de viabilidade

A Federación de Químicas e Enerxía da CIG denuncia a situación laboral que dende hai meses están a padecer as traballadoras e os traballadores do xornal A Nosa Terra. Dende a central nacionalista explican que os empregados/as do periódico con sede en Vigo teñen varias nóminas pendentes de cobro e non descartan iniciar mobilizacións para reclamar unha solución.

O secretario nacional da Federación de Químicas e Enerxía da CIG lembra que a dirección da empresa comprometérase ante o delegado sindical tanto a liquidar os atrasos pendentes como a presentar un plan de viabilidade para a compañía. Alberto Gonçalves critica que a día de hoxe ningunha das dúas cousas se materializou. “Non elaboraron o plan nin pagaron as débedas, senón todo o contrario xa que as cantidades foron incrementándose”, sostén.

Dende Químicas e Enerxía sinalan a “mala xestión” como responsábel da situación que atravesa a compañía e reclaman aos seus representantes “un cambio de rumbo” que poña fin aos problemas económicos.

Finalmente, adiantan que os traballadores/as poderían iniciar nos vindeiros meses un calendario de mobilizacións que incluiría paros dunha hora ás portas das instalacións que a empresa posúe na viguesa rúa do Príncipe.

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Desconvocada a Folga na ampliación do Concello de Nigrán. A compañía recoñece tamén a improcedencia do despedimento dun traballador e asumirá a indemnización, horas extras e atrasos

Os traballadores que están a levar a cabo as obras de ampliación da Casa do Concello de Nigrán decidiron desconvocar o paro indefinido en protesta polas condicións laborais despois de que a empresa se comprometese a cumprir o convenio colectivo da provincia, tanto en materia salarial como de horarios. Tamén recoñece a improcedencia do despedimento dun traballador e adiantou que asumirá indemnización correspondente, así como o pago das horas e extras e os atrasos que lle adebeda.

A mobilización iniciado o pasado 21 de xuño encádrase na campaña que a central nacionalista está a desenvolver nos últimos meses para denunciar as condicións laborais existentes na maior parte da obra pública que se acomete en Galiza. Dende a CIG-Construcción explican que a protesta de Nigrán perseguía tamén forzar á dirección da empresa a readmitir ou indemnizar a un operario ao que se lle comunicou o fin de obra por reclamar os seus dereitos. “Os traballadores fan 10 horas diarias e cobran fóra do convenio, entre 6 e 7,5 euros a hora”, indica Xulio Vicente, membro da executiva nacional da Federación. Outra das demandas ten que ver co cumprimento do convenio, tanto en materia salarial como no que respecta ao horario de traballo. O representante sindical comenta que xa trasladaron a situación ao alcalde da vila, “pero as dúas veces díxonos que non era cousa del”.

O despedimento produciuse cando esta persoa presentou unha instancia na que solicitaba cumprir a xornada laboral que establece a normativa, e agora a empresa négase a readmitilo ou pagarlle o soldo de maio e a indemnización correspondente. Vicente explica que na ampliación da casa consistorial traballan as empresas Exconsa e CRC, aínda que a maior parte dos empregados son subcontratados a través de Davalpo. De feito, as dúas primeiras só teñen tres asalariados nesta obra, mentres que os 11 restantes pertencían a Davalpo, ao igual que o traballador despedido.

Dende a CIG indican que as compañías están a botar man de traballadores foráneos, sobre todo chegados de Portugal, para sacar adiante traballos en condicións precarias. De feito, 10 dos 11 traballadores subcontratados a través de Davalpo son desta nacionalidade. O único traballador galego foi precisamente o despedido. “Estas empresas non teñen a penas infraestrutura e dedícanse unicamente a subcontratar traballadores en peores condicións para determinadas obras”, lembra Xulio Vicente.

Diante disto, o sindicato nacionalista está a desenvolver unha campaña para denunciar os abusos que se están a cometer cos traballadores en obras encargadas polas Administracións públicas. En anteriores ocasións leváronse a cabo accións informativas nas obras do AVE en Redondela, no Auditorio de Vigo ou nos aeroportos de Santiago e Vigo.

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Pedro J. Ramírez ha encargado a un equipo de periodistas investigar qué hace Garzón en La Haya: dónde vive, dónde come, qué casos lleva y por qué no ha ido su mujer

Estos periodistas pretenden conocer cuáles son los casos en los que trabaja a día de hoy Garzón. Según ha sabido El Confidencial Digital, los profesionales de El Mundo llevan varios días cuestionando a trabajadores del alto tribunal y a personas del entorno personal del juez, cuáles son los temas en los que está trabajando.

La respuesta que han recibido ha sido siempre la misma: los casos de Garzón no son públicos. Es asesor y trabaja en lo que le encomienda el fiscal, todo ello sometido a un secreto de sumario. No ocurre, por tanto, como en su etapa en la Audiencia Nacional, donde sus instrucciones debían tener una publicidad.

Los reporteros de El Mundo también están preguntando dónde vive el de Torres en La Haya, qué restaurantes frecuenta y cuándo viene a España.

ECD ha podido saber que estas indagaciones no han sentado nada bien en el entorno del magistrado andaluz. “No le gusta que le acosen de esta manera”, explican quienes han podido hablar con él.

Garzón no entiende por qué Pedro J. Ramírez insiste en perseguirle. Recuerdan personas que conocen de cerca al juez que el periodista riojano debería mantener ciertas prebendas pues de su juzgado salieron los GAL, un caso investigado hasta la saciedad por el diario El Mundo.

Pero lo que más ha molestado al juez ha sido la cuestión a la que los periodistas de El Mundo están sometiendo a sus entrevistados: “¿Por qué su mujer no va con él?”. Incluso, estos reporteros han preguntado si Rosario está enferma o si la pareja se va a separar.

Fuentes próximas a Garzón niegan tajantemente cualquier tipo de crisis matrimonial, pues la pareja se encuentra en estos momentos más unida que nunca desde el nacimiento de su primera nieta. El motivo de la audiencia de Rosario en La Haya se debe a su trabajo diario en un centro docente, que no le ha permitido acompañar a su marido.

Luis del Olmo denunció el pasado sábado en ‘La Noria’ que “Pedro ‘Jeta’ Ramírez” había puesto a una periodista a perseguir al juez en La Haya. En el suplemento dominical ‘Crónica’ del domingo se publicó una pieza sobre el trabajo del magistrado titulada ‘La misión africana del exiliado’, firmada por una periodista en La Haya y otro en Madrid.

En ella, se aseguraba que la agenda, el sueldo y el horario de Garzón en la ciudad holandesa son “secretos”. “No sé decirle por qué, pero no podemos informar sobre él”, se destacaba en un sumario. Incluso se hacía alusión a que Garzón pudiera ocupar el puesto de fiscal en la Corte.

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