Los 7 puntos clave de la reforma laboral

“Espero que al final sea una buena ley de reforma laboral”. El ministro de Trabajo no pudo estar ayer más atinado. O el resto de grupos parlamentarios hacen algo para mejorar el decreto que convalidó el Consejo de Ministros, o a duras penas este tibio documento conseguirá convencer a la Unión Europea de que España se toma sus deberes en serio.

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El país con más paro de la eurozona ha demostrado que piensa despacio y decide sin precisión. Tras casi tres años de conversaciones con la patronal y los sindicatos, ayer por fin parecía que el Ejecutivo estaba dispuesto a meter mano en este espinoso asunto. El resultado es que apenas hay cambios respecto al último borrador presentado el viernes, y resulta difícil identificar este texto con la reforma “sustancial” que prometió el presidente. En esta guía se resumen las medidas laborales que hoy mismo serán ley.

El plato fuerte: el contrato de 33 días. Para el Gobierno el factor atrevido de su reforma es la ampliación del llamado contrato de fomento, que tiene una indemnización de 33 días por año trabajado. Este coste del despido queda ampliado a prácticamente todos los colectivos, excepto a los trabajadores noveles o sin experiencia. Así, el Ejecutivo ha levantado el único grupo vetado en este tipo de contrato:los varones de entre 31 y 44 años.

A partir de hoy, los nuevos contratos con trabajadores de este perfil – junto a los de mujeres, minusválidos, mayores de 45 años o quienes lleven sin empleo tres meses, ya incorporados antes– podrán ser despedidos con una indemnización menor. Es, por tanto, una rebaja del coste de despido que ha puesto de uñas a los sindicatos.

Despidos subvencionados ocho días. Este apartado es otro ejemplo de cómo los trabajadores y las empresas están abocados a costear el engrase de esta maquinaria denominada reforma. Se prevé que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asumirá una parte de las indemnizaciones de despido en casi cualquier tipo de contrato:indefinidos o fijos, de fomento u objetivos.

Cabe recordar que el Fogosa es la macro hucha donde van a parar parte de las cuotas empresariales, una especie de reserva para abonar salarios en casos excepcionales (quiebras empresariales). Pues bien, este colchón financiero abonará a partir de ahora ocho días del coste de despido. De acuerdo a esta nueva regla, la indemnización del contrato fijo pasará de 45 a 37 días.

Siempre teniendo en cuenta que esta rebaja corre a cargo de las cuotas empresariales acumuladas. Llevando el caso a un ejemplo casero, es como si una familia decide ir al banco y sacar el dinero ahorrado para poder sentir un alivio en pago mensual del alquiler. Al final, el alquiler le saldrá por menos dinero, pero siempre gracias a costa de gastar sus reservas.

El ‘modelo austriaco’: una promesa aplazada. La medida estrella del Ejecutivo se ha convertido en un muñeco roto. El Gobierno se da el plazo de un año para fijar las condiciones que regulen el afamado modelo austriaco, que consiste en dotar a cada trabajador de una bolsa o hucha virtual de ahorro, en la que mes a mes deberán realizar aportaciones las compañías, fundamentalmente. Un asunto comprometido y que el Ejecutivo prefiere endosar al resto de grupo parlamentarios representados en el Congreso.

Despido objetivo:la línea roja que no se traspasa. Finalmente, el Ejecutivo ha eludido acotar los criterios por los que una empresa puede acogerse al despido objetivo (con 20 días de indemnización) debido a su debilidad financiera. La regulación existente es ambigua e impide que, en la práctica, esta modalidad se utilice. Pese a que Corbacho avanzó que las compañías con seis meses de pérdidas podrían acogerse a este despido, las presiones sindicales han frustrado la concreción de esta idea en el decreto.

Leve guiño a las agencias temporales o ETT. El decreto apuesta por mantener “la centralidad de los Servicios Públicos de Empleo” (antiguo Inem), una frase que sorprende si se tiene en cuenta que el antiguo Inem interviene en menos del 3% de las contrataciones que se realizan al año en España.

Debido a estos resultados, los analistas y Bruselas han venido pidiendo insistentemente su modernización y apertura a las agencias de intermediación privadas, conocidas como ETT. El Ejecutivo les permitirá a partir de ahora entrar en sectores antes vetados como la administración pública.

Cerco a la temporalidad. La indemnización de los contratos por obra o servicio será progresiva, hasta llegar a los 12 días por año trabajado en 2015. Además, fija en tres años la duración máxima de este tipo de contratos, más otro año ampliable si se acuerda vía negociación colectiva. Esto operará a partir de 2021.

La negociación colectiva no se toca. Es, sin duda, la gran olvidada del decreto. Ni una sola mención, salvo que en adelante los sindicatos ganarán más poder de decisión en el caso de un descuelgue salarial. La razón estriba en que ya no será obligatorio recurrir al arbitraje en caso de que se plantee el descuelgue salarial en la empresa.

Es decir, ya no es obligatorio remitir un litigio abierto entre las partes a una tercera para que su decisión, que se comprometen a aceptar, resuelva el problema. Esta medida supone un alivio para los sindicatos, incómodos por tener que someterse a la decisión neutra de los jueces.

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La institución entroniza dos varas de medir, una en Valencia y otra en Toledo

La Fiscalía, el poderoso Bono y el gran bochorno

No se trata de condenar al ex presidente castellanomanchego por su patrimonio, sino de investigar cómo lo ha logrado

L.G., 06 de junio de 2010 a las 11:16

La Fiscalía de Pumpido, que hace muchos años que abandonó todo escrúpulo ante la legalidad para ser ariete político del Gobierno, busca reforzar la tesis que retrata a Bono como víctima

El principio de igualdad ante la Ley es uno de los pilares del Estado de Derecho.

En virtud de este principio, el Poder Judicial queda obligado a atenerse a las mismas normas para juzgar a cualquier ciudadano, precisamente porque a todos los ciudadanos les alcanzan esas normas por igual.

La igualdad ante la Ley es también un principio esencialmente democrático, por el cual ninguna persona, por mucho poder de que disponga, ha de contar con fueros privilegiados o tratos de favor. La igualdad ante la Ley avala al propio Poder Judicial como trama institucional ajena a presiones políticas.

Por eso mismo, cuando se pervierte en la práctica este principio, cuando las propias autoridades modifican a su antojo la aplicación de las leyes, cuando jueces y fiscales investigan y juzgan por oportunismo político o por sectarismo ideológico, cuando, en definitiva, la Fiscalía acepta doblar la cerviz ante el Ejecutivo y transigir con sus imposiciones, la vida institucional de una nación queda marcada con una herida de corrupción casi irrestañable.

Desaparece la seguridad jurídica y se vulnera la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Aparece el escándalo.

Las filtraciones realizadas este viernes por la Fiscalía a un periódico catalán a propósito del caso Bono son un ejemplo prístino de perversión de su papel institucional y sorprenden por el desahogo con que abonan, con su alineamiento partidista, este escándalo de la ciudadanía.

En primer lugar, ¿cómo es posible que un medio amigo reciba filtraciones y los servicios jurídicos del PP, los que han presentado los escritos no hayan recibido aún ninguna información?

Eso ya es, de por sí, un movimiento del todo deplorable, en tanto que no busca sino desacreditar las informaciones desveladas por el diario de La Gaceta, apagar la sorpresa de millones de españoles que quieren una explicación sobre el incremento patrimonial de Bono, e ir generando en la opinión pública un ambiente favorable al rechazo de las argumentaciones presentadas por el PP ante la misma Fiscalía.

En definitiva, la Fiscalía de Pumpido, un fiscal que hace muchos años que abandonó todo escrúpulo ante la legalidad para ser ariete político del Gobierno, ha buscado reforzar la tesis que retrata a Bono como víctima, en lo que es una burla intolerable a la realidad de las cosas: en la misma situación patrimonial que tiene Bono, cualquier ciudadano español sería investigado.

¿Por qué no alguien que además está obligado, en razón de su cargo, a una mayor ejemplaridad en la transparencia?

Es de temer que la respuesta a esta pregunta nos sitúe con toda crudeza ante la pudrición que hay en la Fiscalía, teóricamente encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Si la propia Fiscalía no se atiene a un principio tan básico de la legalidad como es la igualdad ante la Ley, ¿qué resquicio de legitimidad y de credibilidad le queda?

Como fuere, son los argumentos filtrados por la Fiscalía los que resultan aún más increíbles. Pumpido y sus acólitos recurren a la falacia envuelta de angelismo, acusando al PP de intentar "abrir un proceso inquisitorial" contra Bono, cuando lo que se quiere es que se le investigue con todas y cada una de las garantías que por Ley asisten al presidente del Congreso. Por otra parte, desde la Fiscalía se citan como detonantes de la solicitud de investigación la existencia de "meras sospechas" y no de "hechos contrastados", cuestión que sería casi cómica de no ser tan grave.

¿Qué informaciones de La Gaceta han sido desmentidas por Bono? Siervo incluso de sus propias palabras, Bono no ha hecho sino recurrir a tácticas evasivas y a propagar la especie de una campaña de la derecha en su contra, cuando lo cierto es que, aun cuando hubiera campaña, los hechos son los hechos, y es a los hechos a los que hay que atenerse.

¿Quiere más indicios la Fiscalía para ponerse a investigar y cumplir con su papel? ¿No bastan con los múltiples bienes inmobiliarios adquiridos por Bono y familia; no bastan con sus áticos, sus pisos, sus más que sorprendentes permutas, sus caballos, la actividad de su hípica y la manera en que esta se financió?

¿No bastan con sus relaciones, siempre con dinero público y privado de por medio, con el constructor y contratista de la Junta de Castilla-La Mancha, Rafael Santamaría, sospechosamente magnánimo con el presidente del Congreso?

Si no bastan estos y otros indicios, si no basta el hecho de que el patrimonio de Bono se compadezca difícilmente con sus ingresos, hoy publica este diario un nuevo caso de subvenciones millonarias concedidas por Bono a su familia.

Contra los sofismas de la Fiscalía, no se trata de condenar al señor Bono por su patrimonio, sino de investigar los medios por los cuales ha logrado ese patrimonio.

¿Qué se oculta detrás de la intangibilidad que Pumpido le está otorgando a José Bono? Si algún medio ha aceptado ocultar las peculiaridades de Bono y no informar sobre su caso, allá él con su venalidad y con su falta de conciencia y profesionalidad, pero la inactividad y las filtraciones que muestran el sometimiento de la Fiscalía nos afectan a todos.

Y son tanto más graves cuanto que entronizan en la práctica el establecimiento de dos varas de medir: una para el irrisorio caso de los trajes de Camps, con una persecución inflada fuera de toda proporción, y otra para el mayúsculo caso de las propiedades de Bono.

Una vara de medir para los españoles de derechas, en definitiva, y otra para los de izquierdas. Si los trajes de Camps son "cohecho impropio", ¿qué podrían ser las multimillonarias propiedades de Bono?

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El estudio caligráfico que encargó el PPdeG revela que 16 de 28 peticiones de la trama agraria las hizo la misma persona

Certifica que el conjunto de solicitudes fue cubierto por cuatro autores y requiere los "originales" para dictaminar sobre las firmas

El informe pericial caligráfico encargado por el PPdeG revela que 16 de las 28 solicitudes de ayudas públicas de la supuesta trama de organizaciones agrarias que este partido vincula con el PSdeG y Unións Agrarias fueron rellenadas por la misma persona y que otros tres autores cubrieron las 12 restantes.

Así lo constata el estudio, al que tuvo acceso Europa Press, realizado por la psicóloga y grafóloga compostelana Nadia Peláez Rodelgo, con experiencia como perito calígrafo en tribunales y miembro de la Asociación Gallega de Peritos Calígrafos.

El informe de Peláez Rodelgo consta de un total de 42 folios en los que detalla cómo recibe del PPdeG la petición de un dictamen pericial caligráfico de 28 documentos manuscritos --las solicitudes para contratar a 47 trabajadores, según denunció el PPdeG-- y ratifica las sospechas de la formación popular de que "un grupo reducido" de personas participó en el proceso.

De hecho, como conclusión de los análisis realizados, la perito confirma que los 28 textos manuscritos "dubitados" --como se refiere a las solicitudes-- han sido realizados "por cuatro manos y autores" diferentes y un total de 16 de ellas, por la misma persona.

Estas 16 peticiones que, según la pericial, rellenó la misma persona, parten de diversas asociaciones agrarias de las cuatro provincias gallegas, entre las que se encuentran la Asociación Medioambiental de Gandeiros do Deza (Pontevedra), la Asociación de Propietarios de Soutos de Viana do Bolo (Ourense), la Asociación de Produtores de Pataca da Terra Cha (Lugo), y la Asociación Sectorial Láctea Galega (A Coruña).

SOLICITANTES Y FIRMAS

Aunque la perito determina que la misma persona rellenó las 16 solicitudes referidas, los datos de los responsables de las entidades o personas de contacto varían en cada caso. Así, en el caso de la Asociación Medioambiental de Gandeiros do Deza figura como solicitante su presidenta, María Digna Fernández Vázquez, mientras que en la Asociación de Propietarios de Soutos de Viana do Bolo es su titular, Joaquín Pérez Hervella, el que demanda las ayudas.

En el caso de la Asociación de Produtores de Pataca da Terra Cha figura como solicitante su presidente, Jesús Pena, y en la Asociación Sectorial Láctea Gallega, ubicada en Santiago de Compostela, su secretario general, Javier López Iglesias.

Con todo, pese a las sospechas del PPdeG, el informe de Peláez Rodelgo no es concluyente sobre las firmas que se asientan al pie de los documentos analizados. En concreto, esgrime que los textos "no reflejan habitualismos gráficos personales muy relevantes" en los estudios de esta naturaleza.

De este modo, la perito explica que se pierden "elementos técnicos" para llevar a cabo un cotejo "con un mínimo de fiabilidad" para lo que, agrega, sería necesario el examen de los documentos "originales" y la realización de un cuerpo de escritura.

MÉTODO Y MEDIOS TÉCNICOS

En el documento, la experta enumera los sistemas de peritación empleados --el grafonómico y el grafomotriz--, referidos a los estudios de la estructura del grafismo y su trazado, así como técnicas grafísticas --en relación al conjunto de conocimientos referidos a la escritura-- y el sistema grafométrico, como se denomina el estudio de elementos estructurales de la escritura susceptibles de medición.

Entre los medios técnicos empleados, alude a lupas de diferentes aumentos, una lupa binocular, un micrómetro, un escáner y diversos aparatos de medición y de precisión.

PETICIÓN DE LA PERICIAL

El PPdeG denunció la existencia de esta supuesta trama "dirigida" por el senador y secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, con "una red de asociaciones fantasma" vinculadas con el PSdeG y a Unións Agrarias (UU.AA.) que, aseguró, "pudieron sacar por la puerta de atrás" más de 645.000 euros en 2006 para "pagar gastos de campaña del PSOE y ahorrarle nóminas".

Posteriormente, tras revisar expedientes en la Xunta, los populares extendieron las supuestas irregularidades a los cuatro años de la pasada legislatura en los que el dirigente socialista Ricardo Varela ejerció como conselleiro de Traballo.

Al tiempo, la pasada semana, el secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, denunció que las solicitudes de ayudas públicas de la supuesta trama fueron presentadas el mismo día --los números de registro de entrada son correlativos-- y alertó de que "probablemente" fueron rellenadas por la misma persona o por un reducido grupo de personas.

Estas sospechas llevaron a los populares a solicitar un informe pericial caligráfico para determinar hasta qué punto este extremo es así y constatar lo que calificó como "coincidencias significativas". Reveló también que en los expedientes figuran "hasta tres firmas aparentemente distintas" y que "en teoría" pertenecen a la misma persona.

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La Rioja implanta un Servicio de Mediación Intrajudicial Integral(La Rioja)

El Gobierno de La Rioja implantará un Servicio de Mediación Intrajudicial Integral, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los Colegios Oficiales de Abogados y Psicólogos de la Comunidad.

Según ha informado hoy el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar, tras firmar un convenio con el CGPJ, esta Comunidad es la primera en desarrollar un proyecto de mediación, que abarque los órdenes de jurisdicción civil, penal y de menores.

Escobar ha explicado que la mediación en el ámbito de menores ya está en funcionamiento en La Rioja.

En la penal, La Rioja participa en un proyecto piloto europeo al respecto.

Con el convenio firmado hoy, el CGPJ se suma a este proyecto, que, además, incorpora la mediación civil, para el ámbito de la familia, que comenzará a desarrollarse a partir del próximo mes de septiembre.

El convenio incluye un protocolo de actuación entre el Servicio de Mediación Intrajudicial y el Juzgado de Familia de La Rioja, que será el encargado de derivar los casos susceptibles de ser mediados.

A través de este Servicio de Mediación, el Ejecutivo riojano pretende contar con "un eficaz instrumento para solucionar determinados litigios que, con su judicialización, se ven en ocasiones agudizados, sobre todo, en procedimientos en los que las partes tienen y van a seguir teniendo intereses comunes", ha informado el consejero.

El proyecto cuenta también con la colaboración de los Colegios profesionales de Abogados y Psicólogos con los que se suscribirá igualmente un acuerdo para ofrecer formación teórica y práctica a los profesionales encargados de realizar las intervenciones, que serán los mediadores.

El equipo mediador contará con una composición multidisciplinar que integrará conocimientos psicológicos.

La mediación familiar intrajudicial, que se iniciará en el mes de septiembre, abordará fundamentalmente casos de separación o divorcio contencioso que se interpongan en los juzgados, ha detallado el consejero.

La previsión es que se puedan derivar en tono a 50 casos de este tipo al proceso de mediación, ha informado Escobar.

El consejero también ha avanzado que, en función de los resultados obtenidos en el ámbito familiar, el Gobierno riojano estudiará la incorporación de nuevos procedimientos al Servicio de Mediación Intrajudicial como pueden ser litigios de propiedad horizontal, relaciones de vecindad, sociedades familiares y de pequeñas empresas o conflictos entre profesionales.

El primer paso es la sesión informativa presencial en la que se les explica a las partes y sus letrados el proceso de mediación.

Una vez que las partes manifiestan su acuerdo en participar en el proceso, se desarrollarán las sesiones de mediación con una garantía de la confidencialidad e intimidad de las partes.

Desde el Servicio de Mediación se informará al Juzgado de Familia del resultado del proceso de mediación, que dictará una resolución final.

En el caso de no llegarse a un acuerdo, el procedimiento contencioso seguiría hacia adelante. EFE.
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Malestar por la decisión judicial de dejar en libertad a Díez Usabiaga

El fiscal del Estado insiste en cuestionar la excarcelación del líder aberzale y dice que debería volver a prisión

El PP y Víctimas del Terrorismo califican el acuerdo de la Audiencia Nacional de burla que genera desconfianza.

El ex secretario general del sindicato LAB y uno de los principales dirigentes de la izquierda aberzale Rafa Díez Usabiaga seguirá en libertad para cuidar a su madre, en tratamiento por una grave enfermedad. La Audiencia Nacional confirmó ayer su excarcelación, ordenada el pasado 26 de abril por el juez Baltasar Garzón, tras rechazar el recurso presentado por la Fiscalía, al que luego se sumó la Asociación Víctimas del Terrorismo. El tribunal argumentó que Díez Usabiaga, acusado de pertenecer a ETA y encarcelado en octubre junto a Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna, ha cumplido con las medidas cautelares que impuso Garzón. La decisión fue duramente criticada por la Fiscalía, la AVT y el PP.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal acreditó que el ex dirigente sindical tiene que atender a su madre, que padece un carcinoma (tumor) que requiere quimioterapia y radioterapia. El tribunal constató además que debido a esa enfermedad se encuentra «recluida en su domicilio, padeciendo además un notable cuadro depresivo» que impide a la mujer desenvolverse con normalidad.
El tribunal considera que desde su puesta en libertad provisional, Díez Usabiaga «viene cumpliendo acabadamente» con la medidas cautelares decretadas por el juez, entre ellas informar cada 15 días sobre los cuidados que dispensa a su madre, la comparecencia dos veces a la semana ante sede judicial y la prohibición de abandonar el territorio nacional.
La sección tercera -compuesta por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri- rompió además una lanza a favor de Garzón al considerar que hizo una valoración «correcta» de las circunstancias que permitieron la libertad del acusado en cuanto al riesgo de fuga, su arraigo personal y su intención de no sustraerse al control de la Justicia. El tribunal, eso sí, mantiene en su auto la advertencia que hizo Garzón al acusado, en el sentido de que volvería inmediatamente a prisión si amparara o participara en cualquier acto de enaltecimiento a ETA o a su entorno.
Hechos rigurosos
El recurso de la Fiscalía ponía en duda las razones «humanitarias» que había implorado Díez Usabiaga para solicitar su excarcelación. El ministerio público aseguraba que dichas circunstancias habían sido «artificialmente creadas» por el imputado por cuanto era notorio que su madre solo pidió acogerse a la ley de dependencia para pedir a su hijo como cuidador cuando este ya estaba en prisión. Posteriormente, la AVT aseguró que el ex dirigente sindical no cumplía con los cuidados de su madre y apenas visitaba su casa.
Por todo ello, la decisión judicial cayó como un jarro de agua fría en el ministerio público. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, expresó su respeto a la resolución, pero manifestó que, a su juicio, el acusado debería volver a prisión. Defendió que su recurso pedía una mejor acreditación de los hechos para mantener la excarcelación del imputado y dijo que en este asunto la Fiscalía ha demostrado el «rigor y la dureza» con que se debe tratar a los terroristas y quienes colaboran con ellos.
Por su parte, la AVT señaló en un comunicado que con esta medida la Audiencia Nacional premia «a los miembros del entramado de ETA, que no solo se burlan de la Justicia y de los ciudadanos, sino que demuestran que saben obtener beneficios de los resquicios legales que les ofrece el Estado de derecho, que dicen no reconocer».
En la misma línea, el miembro de la dirección del grupo parlamentario del PP Alfonso Alonso aseguró que la excarcelación de Díez Usabiaga «alimenta la desconfianza respecto a la firmeza de la política antiterrorista» y produce «indignación social» y «daño psicológico» a las víctimas. Su compañero Leopoldo Barrera considera que «se consuma la burla a la Justicia».
El magistrado Baltasar Garzón acordó el día 16 de octubre del 2009 el ingreso en prisión de Díez Usabiaga, del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, y de otros tres dirigentes de la izquierda aberzale, concretamente, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez. Los acusó de intentar reconstruir Batasuna a través de la marca Bateragune. Todos fueron detenidos en la sede del sindicato LAB de San Sebastián.
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Mediapro suspende pagos y sume a los clubes de fútbol en una gran incertidumbre

Más de la mitad de los ingresos anuales de los equipos proceden de la venta de los derechos de televisión

Mediaproducción SL, que tiene los derechos de televisión de Primera y Segunda, solicitó ayer el concurso de acreedores

Autor: Pablo Gómez

El fútbol español está, desde ayer, con el alma en vilo. La empresa Mediaproducción SL, filial de Mediapro que gestiona los derechos de televisión de 38 de los 42 clubes de Primera y Segunda División, pidió ayer acogerse al concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos. Una situación que genera aún más incertidumbre en los clubes de fútbol, ya que más de la mitad de sus ingresos ordinarios proceden de la venta de los derechos de televisión.

Sogecable, firma participada por el Grupo Prisa, exigía la ejecución de la sentencia que obligaba a Mediapro al pago de 104 millones de euros (7 de ellos de intereses) por la ruptura del contrato del 2006 que fijaba las condiciones para la explotación del fútbol en televisión, lo que colocaba a la la segunda en una situación crítica.

Guerra entre operadoras

Según reconocía a este diario Carme Anglada, directora de comunicación de Mediapro, «la Ley Concursal implicará una paralización de este proceso (la ejecución de la sentencia), que está recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid». El comunicado de la la empresa atribuía a Sogecable la responsabilidad de tener que solicitar «la protección judicial mediante la apertura de un concurso de acreedores», además de dar por roto el acuerdo alcanzado entre ambas para la emisión televisiva de la próxima temporada.

La empresa que dirige Jaume Roures insiste en que recurrir al concurso de acreedores «no pone en duda la rentabilidad y viabilidad de Mediaproducción», que «continuará explotando con total normalidad los derechos de la Liga española tal y como ha venido haciendo hasta ahora».

Actividad ordinaria

En la página oficial de Internet de Mediapro, el grupo aseguraba que «la actividad ordinaria de Mediaproducción no se verá afectada por la apertura de este proceso concursal, continuando como hasta el momento». Anglada incluyó «en la actividad corriente de la empresa los pagos ordinarios a los clubes y el cobro a los operadores». «Los clubes seguirán cobrando por los compromisos adquiridos por la venta de derechos. Algunos tenían que haber cobrado a día 15, y lo hicieron, y otros que tendrán que cobrar a día 30, y lo harán», explicó Anglada.

«Mediapro siempre ha cumplido con sus contratos con los clubes y seguirá siendo así», concluyó la directora de comunicación del grupo. Además, explicó que «estos pagos, como actividad corriente, no se verán afectados

Incidencia en los clubes

La situación de la empresa propietaria de los derechos televisivos del futbol español genera aún mayor incertidumbre en un sector que, como el fútbol español, acumula deudas por más de medio billón de pesetas.

Así, de acuerdo al análisis de las cuentas de la temporada 2008-2009 dirigido por el profesor de economía de la Universidad de Barcelona José María Gay de Liébana, los ingresos por la venta de los derechos audiovisuales representan un 39% del presupuesto oficial de los clubes.

En la práctica, el porcentaje es mayor, ya que los ingresos corrientes de las entidades deportivas se quedan lejos de lo presupuestado. Por ejemplo, según las cuentas del Deportivo del ejercicio 2008-2009, los ingresos ordinarios fueron de 33.647.000 euros, de los cuales 18.400.000 euros corresponden a derechos de retransmisión, es decir, el 54,69%, cuando en el presupuesto superaba los 50 millones de euros. Esta situación es extrapolable a los demás clubes.

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No serán necesarios 6 meses de pérdidas para el despido por causas económicas

El Fondo de Garantía Salarial sufragará?ocho días por año en las rescisiones de los contratos indefinidos

El decreto que hoy entra en vigor solo establece que las empresas deben acreditar «resultados negativos»

Autor:Natalia Bore

El real decreto ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo vio ayer finalmente la luz en el Consejo de Ministros. Y el texto final, que entrará en vigor mañana o pasado, incluye algunas novedades respecto al borrador que el viernes remitió el Ejecutivo a los agentes sociales, novedades que confirman definitivamente -a la espera de las modificaciones que los grupos políticos introduzcan en su tramitación parlamentaria como proyecto de ley- un despido más barato, más flexible y más fácil.

Tanto la vicepresidenta primera como el ministro de Trabajo destacaron ayer en la presentación del nuevo ordenamiento, que es una reforma «sustancial» y de las «más importantes que se han acometido en los últimos años». Mejorar la productividad, propiciar una mayor estabilidad en el empleo y dotar de más flexibilidad interna a las empresas para adaptarse a la situación económica, sin menoscabar los derechos de los trabajadores, son -según Celestino Corbacho- los principales objetivos de una reforma en la que, entre otras medidas, destacan:

DESPIDOS

Indemnizaciones más baratas

La reforma abarata los costes de despido para el empresario. Y es que generalizará los contratos de fomento de la contratación indefinida (CFCI), que es un modelo de empleo fijo creado en 1997 por el Gobierno de Aznar y que contempla una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días por año de servicio y un máximo de 42 mensualidades que establecen los contratos indefinidos ordinarios para el despido improcedente.

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)

Sufragarán 8 días del coste de todos los despidos

El borrador presentado el pasado viernes establecía que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonaría 8 días de la indemnización por despido en los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida, de modo que los empresarios pagarían 25 de los 33 días del despido. La novedad que ahora incluye el decreto es que el Fogasa sufragará esos mismos 8 días no solo en los despidos de los CFCI sino también en los contratos indefinidos ordinarios, tanto si el despido es improcedente, con lo que de los 45 días de indemnización, 37 serían a cargo de la empresa; como si es por causas objetivas, de modo que el empresario abonaría 12 de los 20 días por año trabajado.

Esta medida tendrá carácter transitorio, mientras que no entre en funcionamiento el fondo de capitalización del despido, que se tramitará como proyecto de ley en el plazo de un año.

DESPIDO OBJETIVO

No se habla ni de pérdidas ni de plazos

El despido objetivo por causas económicas ha sido uno de los principales puntos de conflicto. Y la presión ha dado resultados, pues el texto aprobado es poco concreto y no incluye el plazo de seis meses de pérdidas que Corbacho había apuntado días atrás. Tanto es así, que en la redacción definitiva ni siquiera se menciona la palabra «pérdidas», mientras que el borrador sí hablaba de «pérdidas no coyunturales» para que la empresa pudiera acogerse a las causas económicas como argumento para el despido objetivo, cuya indemnización es de 20 días por año.

El texto final señala que «se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa». Asimismo, añade que la compañía tendrá que justificar que de esos resultados «se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva». Dada la vaguedad de la norma, será el juez -como hasta ahora- quien tenga la última palabra.?MÁS INDEFINIDOS

Generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida (CFCI)

Aunque Corbacho insistió en que no se «universaliza», sino que se reducen sus limitaciones, el CFCI, que establece una indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, se podrá extender ahora al colectivo que estaba excluido: varones entre 30 y 45 años. Solo si llevan menos de tres meses desempleados no podrán acogerse a esta modalidad, excepto si han sido titulares de un contrato indefinido ordinario (de 45 días de indemnización).

CONTRATOS TEMPORALES

Más límites e indemnización

Para restar atractivo a la contratación temporal, la reforma establece que la duración de los contratos por obra y servicio no podrá exceder de los tres años, ampliables a 12 meses más. Esto supone ampliarlo respecto a lo recogido en el borrador, que fijaba el límite en dos años ampliables otros doce meses.

También se eleva de 8 a 12 días la indemnización por la extinción de los contratos temporales, aunque se aplicará de forma progresiva. Comenzará en el 2012 y subirá a razón de 1 día más por año, de modo que en el 2015 se alcanzarán los 12 días de indemnización.

FLEXIBILIDAD INTERNA

Procedimiento arbitral voluntario

Finalmente no se impondrá como obligatorio -sino que será voluntario- recurrir a un procedimiento arbitral en caso de que no haya acuerdo entre empresario y trabajadores para dejar sin efecto (cláusula de descuelgue) aspectos del convenio colectivo. La vía judicial será la opción en ausencia de acuerdo.

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El Gobierno se crece y endurece la reforma tras romper con los sindicatos

María Teresa Fernández de la Vega y Celestino Corbacho tras aprobar el el decreto de reforma laboral (Efe).

@C.Sánchez/A.Mendoza.- 17/06/2010 (06:00h)

La ruptura de Moncloa con los sindicatos tiene una primera consecuencia. El Gobierno se sintió ayer libre de cargas para endurecer más la reforma laboral. Traspasando algunas de las ‘líneas rojas’ que hasta ahora habían puesto los sindicatos. En particular en tres frentes: la generalización del despido barato que incorpora 33 días de indemnización (frente a los 45 del contrato fijo ordinario ), la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan contratar para las administraciones públicas (hasta ahora lo tenían prohibido) y, en tercer lugar, un texto más matizado para que las empresas puedan despedir con mayores facilidades por causas objetivas (principalmente económicas). Es decir, sin tener que acudir al despido disciplinario de 45 días para no tener que presentar las cuentas ante los trabajadores.

El texto no rompe con la filosofia anterior, pero en palabras de un prestigioso experto laboral curtido en muchas negociaciones, lo que está claro es que el Gobierno parece dispuesto a ir más allá. Y en este sentido apunta la importancia de la exposición de motivos que inspira la reforma laboral, y que con toda probabilidad se publicará hoy en e Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que supone que entrará en vigor mañana viernes.

Esta exposición de motivos es importante debido a que en la práctica son los jueces los que van a interpretar la reforma, y de ahí que el Gobierno quiera dejar claro cuál es la intención del legislador. Si el Ejecutivo no cierra bien las vías de agua como ha sucedido en anteriores reformas, es muy probable que la reforma se quede al final en papel mojado, como ha sucesido con otras modificaciones. Sobre todo teniendo en cuenta dos factores. El derecho del trabajo es de carácter tuitivo, lo que signfica que entre sus funciones está la de proteger a la parte débil de una relación contractual,en este caso el trabjador. Y, por otro, los comités de empresa y las organizaciones sindicales -que están contra la reforma- tienen mucha capacidad de presión ante las magistraturas de trabajo.

La intensidad de la reforma, sin embargo, no significa que se vaya a crear empleo de forma rápida y abundante. Al menos este es el consenso al que llegaron ayer más de una veintena de empresarios que casualmente estaban reunidos en un despacho de abogados. Hubo coincidencia en que la creación de puestos de trabajo depende fundamentalmente del crecimiento económico. Pero dicho esto, también hay acuerdo en ese foro en que las cosas hubieran sido distintas si esta reforma se hubiera aprobado hace tres o cuatro años.

Las novedades que incorpora el nuevo texto son las siguientes. Respecto del contrato de fomento del empleo fijo (el que incorpora una indemnización 33 días), el Gobierno ha decidió finalmente abrir la mano a prácticamente todos los colectivos. Hasta el punto de que los empresarios podrán celebrar contratos de este tipo también con trabajadores con edades comprendidas entre 31 y 44 años que anteriormente hubieran tenido un contrato indefinido.

Las ETTs llegan a las administraciones públicas

El último documento abría ya la mano a la firma de este tipo de contrato a nuevos colectivos. Y en particular a los parados que estuvieran en alguna de estas circunstancias: jóvenes entre 16 y 30 años, mujeres en ocupaciones con menor empleo femenino, mayores de 45 años, parados inscritos en la oficinas del Inem durante tres meses, personas con discapacidad o trabajadores que lleven más de dos años con contratos temporal y ahora estuvieran en desempleo. Igualmente, trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada.

Es decir, que el Gobierno abre la mano a este contrato con despido más barato a todos los colectivos, aunque sin decirlo. El contrato indefinido de 45 días –el ordinario- se convierte así prácticamente en residual, si bien hay que aclarar que los derechos de los trabajadores con este contrato no se toca. Aunque con un matiz importante. El ministro Corbacho ha anunciado que los empresarios que despidan a trabajadores fijos con contrato de 45 días también podrán acogerse a una rebaja de la indemnización de ocho días. Esto significa que las empresas pagarán 37 días y el Fondo de Garantía Salarial (que se financia con cuotas empresariales) los ocho días restantes.

Otra novedad se refiere al papel de las empresas de trabajo temporal. La nueva regulación permitirá a las ETTs contratar con las administraciones públicas, una vieja reivindicación empresarial que ahora toma forma, y que supone traspasar una de las líneas rojas que habían marcado los sindicatos en la negociación. Hay que tener en cuenta que el nivel de temporalidad en el sector público es hoy incluso mayor que en el privado, por lo que difícilmente se va a romper esta tendencia con la nueva regulación.

El siguiente cambio se refiere al llamado modelo austriaco, que supone crear un fondo de capitalización para que un trabajador pueda llevarse la indemnización que le corresponde de una empresa a otra sin perder derechos. El Gobierno ha decidido sacar este asunto de la reforma y en su lugar se compromete a tramitar el modelo austríaco como proyecto de ley en el plazo de un año. Sin duda que las restricciones presupuestarias han pesado en esta decisión, ya que el Fondo se debería nutrir con fondos empresariales que ahora tendrán que destinarse al Fogasa, que es ahora quien juega un papel esencial en caso de despido en todas las empresas, y no sólo en las pequeñas y medianas.

Rajoy lamenta que no servirá para crear empleo

En el plano político, la incertidumbre continúa presidiendo la acción del Gobierno. Zapatero viajó ayer a Bruselas sin saber cómo ni con quién aprobará la reforma. Sólo Mariano Rajoy valoró públicamente el decreto tachándolo de “confuso”. “El proyecto de la reforma laboral se supone que debe servir para crear empleo y no tengo claro que sirva”, afirmó. El resto de formaciones políticas se encerraron a estudiar el documento, y lo más probable es que guarden sus cartas hasta el día de la votación, a la espera de arrancar al Ejecutivo nuevos compromisos para remendar el texto.

La geometría variable para conformar mayorías se ha convertido en una ruleta rusa para el Grupo Socialista, por lo que Zapatero volverá a jugarse la legislatura en el Parlamento durante los próximos meses. Sin posibilidad de tregua, el Gobierno debe afrontar en el Congreso la reforma laboral, el sistema de pensiones, el techo de gasto, la economía sostenible y, sobre todo, los Presupuestos Generales del Estado.

Mientras, los socialistas buscan el modo de detener la hemorragia electoral. Siguiendo los consejos del lingüista George Lakoff, que ayer estuvo en Madrid invitado por la Fundación Ideas, el Ejecutivo trata de proyectar una imagen de coherencia, aglutinando todas las medidas anticrisis con un mismo hilo argumental. Así, Corbacho recordó ayer que la reforma laboral era un compromiso que Zapatero adquirió en diciembre de 2009, y no una reciente imposición de los mercados o, simplemente, otra improvisación.

Pero la precipitada reelaboración del decreto, tras el rechazo general al primer texto presentado, ha contribuido a reforzar la idea de que el Ejecutivo no tiene un rumbo fijo. Y la confusa explicación que ofreció a los periodistas el titular de Trabajo tampoco ayudó a mejorar dicha percepción. El siguiente paso en busca de la cohesión fue el cierre de filas en el PSOE.

Corbacho, Leire Pajín, Gaspar Zarrías y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se reunieron en Ferraz con los consejeros de Economía, secretarios de Empleo y portavoces parlamentarios autonómicos del partido para unificar el mensaje. El medio centenar de cargos públicos y orgánicos no se movió un ápice de la doctrina oficial: “La reforma laboral que hoy ha aprobado el Gobierno es la que España necesita”, aseguraron a través de un comunicado. Pero la batalla por sacar adelante el decreto no ha hecho sino empezar.

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AUMENTARÁ EL PERIODO DE CÁLCULO Y SE RETRASARÁN LAS JUBILACIONES

Ahora tocan las pensiones: el Gobierno prepara otro ‘decretazo’.

Ahora tocan las pensiones: el Gobierno prepara otro ‘decretazo’

Gaspar Zarrías, Leire Pajín y Celestino Corbacho durante la reunión de trabajo (Efe).

@Carlos Sánchez.- 17/06/2010 (06:00h)

El Gobierno afila sus uñas para otra reforma económica de indudable calado: la reforma de las pensiones. Según fuentes de toda solvencia, el Ministerio de Trabajo está ultimando su propuesta de reforma de la Seguridad Social, y con toda probabilidad la presentará en los próximos días ante la Comisión del Pacto de Toledo.

Aunque la reforma no está del todo perfilada, fuentes no oficiales que conocen las intenciones del Ejecutivo aseguraron ayer que la reforma viene “durita”. Es decir, que difícilmente va a contar el apoyo de los sindicatos, lo que obligará al Gobierno a aprobarla mediante real decreto ley, como ha sucedió con la reforma del mercado de trabajo. Zapatero anunció hace unos días que la reforma de las pensiones se hará en el contexto del Pacto de Toledo, pero esta intención choca con el objetivo de sacarla adelante lo antes posible para calmar a los mercados financieros. Y tampoco parece fácil un pacto político en un contexto tan encrespado como el actual. Y mucho menos en otoño, cuando se tramita el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

La Comisión del Pacto de Toledo, de hecho, lleva trabajando más de un año y sus resultados se limitan a la comparecencia de decenas de altos cargos y especialistas, pero sin que esas reuniones se hayan sustanciado en documento alguno. La propuesta del Gobierno se conocerá, en cualquier caso, antes del Debate sobre el estado de la nación que se celebrará el 14 y 15 de julio. El presidente Zapatero quiere presentarse ante el debate con los ‘deberes hechos’, lo que le permitiría aparecer ante Rajoy como una especie de ‘campeón’ de las reformas económicas, al contrario que el líder del PP, que no ha respaldado ninguna, salvo la creación del fondo de rescate de la banca.

El Gobierno ya presentó en enero de este año un documento en el que proponía ampliar la edad de jubilación de forma progresiva -no de una sola vez- de los 65 años actuales a 67, y por entonces la respuesta sindical se tradujo en una serie de manifestaciones en todo el país. Es decir, en línea con lo aprobado en algunos países europeos, aunque con una diferencia. En Francia Sarkozy ha anunciado que retrasará la jubliación de 60 a 62 años, y algo parecido ha sucedido en Grecia.

Igualmente, por aquellas fechas, el Ministerio de Economía incluyó en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España enviado a Bruselas la ampliación del periodo de cálculo de la cuantía de las pensiones (actualmente fijado en 15 años), pero apenas unas horas después de filtrarse el cambio, el Gobierno desautorizó a los redactores del texto.

El Ejecutivo, sin embargo, parece haber desenterrado esa idea y es muy probable que la incluya en la reforma de las pensiones, amparándose ahora en la presión de los mercados y de los organismos económicos internacionales, que desde hace años han venido cuestionando la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, esta es la reforma con mayor impacto económico a corto plazo, toda vez que el retraso de la edad de jubilación se notaría a partir de la siguiente década.

Igualmente, entre los objetivos del Gobierno está la reforma de las pensiones de viudedad. Y, en concreto, se plantea la posibilidad de una indemnización en pago único o de una prestación temporal en determinadas situaciones, cuando la convivencia entre el causahabiente –según la terminología de la Seguridad Social- y el beneficiario o beneficiaria de la pensión ha sido corta,

Jubilaciones anticipadas

Entre las medidas de reforma que sugirió el Gobierno se encuentra, al mismo tiempo, la eliminación de las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada. Y en este sentido, se proponía que los contratos individuales de prejubilación establecidos en la Ley 40/2007 debieran limitarse para aquellos trabajadores que se encuentren fuera de la negociación colectiva, con compromisos claros de cofinanciación por parte de las empresas. Este asunto es extremadamente importante en unos momentos en los que el sistema financiero se enfrenta a una reconversión que se saldará con miles de prejubilaciones. Se habla de más de 20.000 empleos.

El Gobierno, de la misma manera, proponía incrementar las bases de cotización a la Seguridad Social para frenar las situaciones de mayor desproporción entre aportaciones y prestaciones y disminuir la economía sumergida. Es decir, reforzar la contributividad del sistema.

Como una especie de aviso para navegantes, este martes el secretario de la Seguridad Social, Octavio Granado, advirtió que si las pensiones volvieran a revalorizarse como en 2009, cuando subieron un 2% frente al 0,3% de inflación, el sistema de la Seguridad Social "sería insostenible".

"No hay sistema europeo que sostenga revalorizar las pensiones siete veces lo que crece la inflación", alertó Granado durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, para después abogar por "ajustar" la actual cláusula de revalorización, fijada en el objetivo del BCE del 2%, a los cambios de ciclo económico, informa Europa Press.

"El problema no es que las pensiones se revaloricen con el IPC, sino que el problema es cuando se hace siete veces más que el IPC, tal y como ocurrió en 2009", explicó el secretario de Estado, al tiempo que defendió la congelación de las pensiones en 2011 que aprobó el Gobierno en el plan de ajuste adicional, al calificarla como la "mejor solución". "Se ha producido una situación que el Pacto de Toledo no había previsto en 1995 (cuando se acordó establecer el 2% como cláusula de revalorización)", reiteró.

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