El secretario general de CC OO, Fernández Toxo.

El líder de CC OO tenía más ingresos que Esperanza Aguirre cuando pidió la Vivienda de Protección Oficial

Toxo logró un ático protegido aunque ganaba 114.000 euros

El inmueble está a las afueras de Madrid

Xavier Horcajo, 16 de junio de 2010 a las 09:15

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, consiguió a finales de 2005 un ático protegido de 90 metros cuadrados en Montecarmelo, en las afueras de Madrid, a pesar de que ganaba 114.000 euros. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid fijaba para el acceso a este tipo de viviendas un tope de cinco veces y media el salario mínimo profesional, es decir, 34.050 euros.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, consiguió un ático de protección oficial junto a su esposa, a pesar de triplicar los ingresos familiares el tope de cinco veces el salario mínimo interprofesional (34.050 euros) que la Comunidad de Madrid tenía establecido para descartar a los candidatos que, por ricos, no son merecedores de ese tipo de viviendas reservadas a familias con pocos recursos.

La cooperativa promotora adjudicaba al ático un “precio máximo de venta” de 95.511,60 euros. Los socios de la cooperativa tuvieron que acreditar ingresos inferiores al tope legal, asunto imposible para Fernández Toxo, que en la época ingresaba anualmente unos 114.000 euros, más de lo que ingresaba, en esas fechas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Siendo que además la esposa de Fernández Toxo recibía retribuciones laborales, el asunto resultatodavía más llamativo.

Aun en el caso de que esgrimiera haber “donado” parte de su salario al sindicato, se trata de un candidato “descartable” para la obtención de una Vivienda de Protección Pública. El secretario general de Comisiones Obreras accedió a este ático de 90 metros cuadrados, 31,88 metros cuadrados de garaje y 6,70 metros cuadrados de trastero, situado en Monte Carmelo (Madrid) a finales de 2005.

La promotora fue la Sociedad Cooperativa Parque Azorín, ligada al sindicato CC OO, de la que Fernández Toxo era socio. Como aparece en la escritura de propiedad de fecha 28 de noviembre de 2005, la VPP está sometida a diversas condiciones sine qua non para los adjudicatarios de vivienda protegida.

La más importante de ellas es que los ingresos familiares se ajusten al tope establecido por laComunidad de Madrid, que el decreto 11/2001 de 25 de marzo establecía en 5 veces y media el salario mínimo interprofesional, esto es: 34.050 euros en esos momentos, según se puede conf irmar en la Consejería de MedioAmbiente y Ordenación del Territorio que fue el órgano que otorgó a esas viviendas la condición de VPP.

También se establecen condiciones como que la vivienda no sobrepase unos determinados metros de superficie útil, que el titular no sea propietario de otra vivienda, que sea su domicilio habitual o que no se practique en ella actividad profesional o industrial.

Cuando Ignacio Fernández Toxo consiguió el título de adjudicación del ático en diciembre de 2002, se acogía a los beneficios de las VPP, que obligan a “no superar los ingresos máximos establecidos, así como que la vivienda a adquirir estará destinada a residencia habitual y permanente de las personas que componen la unidad familiar (…), todo ello conforme al Decreto 11/2001 de 25 de Enero”.

Por entonces, Fernández Toxo era secretario general de la Federación Minerometalúrgica y cuando ocupó la vivienda ya se había convertido en secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras.

DE APRENDIZ DE BAZÁN A CC.OO

Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952) comenzó su vida laboral como aprendiz en la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares y allí siguió hasta que se convirtió en ‘apparatchik’ del sindicato. Llevaba a gala lo de “obrero del metal”. Su vida en Bazán tuvo un hito en marzo de 1972 como consecuencia de la protesta por la muerte de dos trabajadores del astillero acribillados por la Policía. Tenía 19 años y fue despedido (luego fue readmitido) y encarcelado, protagonizando una sonora fuga del penal de La Coruña.

Pasó a vivir en la clandestinidad hasta la aprobación de la Ley de Amnistía de octubre de 1977. Por aplicación de esta ley, Toxo recuperó su puesto en Bazán, donde llegó a ser presidente del Comité Intercentros del astillero. En su juventud fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria y más tarde el Partido Comunista de España.

En las elecciones generales de 1977 se presentó como cabeza de lista del Frente por la Unidad de los Trabajadores en Coruña. En noviembre de 1987 fue elegido secretario general de la Federación del Metal de Comisiones Obreras. Se trasladó a Madrid y mantuvo el cargo hasta la fusión de esta federación con la de Minería. Tras la fusión, Toxo resultó elegido secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO. Desempeñó este cargo hasta el 2004, cuando fue nombrado secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de la Confederación Sindical de CC OO. En diciembre de 2008 fue elegido secretario general de Comisiones Obreras, sustituyendo al dos veces secretario general, José María Fidalgo, al que muchos echan de menos en estos momentos.

Originalmente publicado en La Gaceta.

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Competencia: la regulación del transporte debe cambiar.

La Comisión Nacional de la Competencia no ceja en su particular lucha con el sector del transporte. En abril, ya lanzó una advertencia contra el sistema de concesiones de autobús de titularidad estatal y el modelo de prórrogas adoptado por la mayor parte de las comunidades autónomas.

Alerta que materializó hace sólo dos semanas recurriendo ante la Justicia el plan de modernización de concesiones de la Comunidad Valenciana –primera vez que utilizaba su legitimación activa para recurrir una norma–.

El órgano que dirige Luis Berenguer apunta ahora más alto y podría emprender la misma acción contra el reglamento de la ley de Ordenación de Transporte Terrestre. El proyecto de real decreto propuesto por el Ministerio de Fomento para adaptar este sector a la Directiva de Servicios “mantiene o incluso introduce restricciones inconsistentes con el espíritu de la Directiva”, sentencia en un informe al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

El supervisor carga también contra la normativa del taxi, las ambulancias y los servicios turísticos

“En particular, podrían haberse suprimido los derechos de preferencia y tanteo de los operadores que todavía persisten” y que suponen, según la CNC, “privilegios anticompetitivos”. Por ejemplo, la ley da prioridad en los concursos de las concesiones de líneas regulares de autobús a las empresas ya instaladas. De la misma manera, concede un derecho de tanteo a las empresas que poseen una autorización especial, cuando el servicio pasa a prestarse mediante concesión.

La CNC recuerda a Fomento que cuanto antes también “debería eliminarse el plazo mínimo de vigencia de 6 años establecido para las concesiones”. “Una restricción innecesaria”, insiste, que “no está recogida en la norma comunitaria”.

Otros servicios

Las críticas de Berenguer contra el proyecto de real decreto de Fomento no se quedan ahí. Competencia cree que no está justificado el test económico –umbral mínimo de capital– que el Ministerio impone a las empresas que quieran operar en el mercado. En su opinión, supone una “barrera económica” e introduce “incertidumbre regulatoria”, ya que Fomento puede modular este umbral en función de las condiciones del mercado. También arremete contra las restricciones geográficas –normalmente, municipales– de las licencias de taxi.

El control de las tarifas de los servicios turísticos de autobús, que tiene que estar un 30% por encima de los servicios regulares en el caso de que coincidan los trayectos. O contra la establecimiento de un número mínimo de ambulancias para todas aquellas empresas que deseen operar en el mercado del transporte sanitario.

La CNC tiene capacidad para recurrir ante la Justicia el reglamento

El correctivo de Competencia no es vinculante. Desde la CNC confían en que Fomento rectifique parte del real decreto. De lo contrario, podría surgir un nuevo conflicto entre el órgano que dirige Berenguer y el Gobierno.

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CAIXA DE CATALUNYA. CASO PRETORIA Y MÁS CORRUPCIONES INTERNAS.

Rafael del Barco Carreras

16-06-10. La “vox populi” interna, y esparcida por anónimos comentarios en Internet, creada por el inmenso malestar que produce ignorar si cualquier día te despiden, no para. Y no sé que es más grave, si por ejemplo, que unas horas antes de publicarse el caso Pretoria y detenerse a los inculpados, un selecto grupo de empleados y ejecutivos de PROCAM (inmobiliaria propiedad de la Caixa de Catalunya) limpiara las oficinas, o las cifras y actitudes del director general, Adolf Todó, nombrado por Narcís Serra.

De los chismes el más simpático es la capacidad “social” del nuevo director general Adolf Todó, que de no afectar a un ente público, o de dinero público, no merecería ni debería ser comentada. Cada uno de su capa puede hacer un sayo, pero con la ajena, no.

Tras una conocida diseñadora de vestidos de boda, pasa a una deudora por hipoteca de la caixa a la que por plantearle el jefe del servicio jurídico, o de ejecuciones, un requerimiento, es cesado. Y que se sepa la ex amiga sigue disfrutando de piso gratuito. Con parecida filosofía (la propia de los reyezuelos de Taifa) es trasladado el marido de su actual enamorada, Lorena Balsells, que ascendida de empleada a “cap” del nuevo departamento o sección “Protocolo y Relaciones Públicas”, se le aumenta la categoría y por tanto el sueldo. A dedo puro y duro, sin especiales características de la elegida, y desde luego sin más candidatos y oposiciones al cargo.

Pero aun es peor lo del caso Pretoria… ¿Avisaría el propio Baltasar Garzón por si acaso no fuera ser mal interpretada su orden de registro en varias inmobiliarias y ayuntamientos y se ampliara a Procam? Su compañero de Partido y Gobierno con Felipe González, el selecto y destacadísimo socialista Narcís Serra (ahora convertido en banquero, inmobiliario, y consejero de Gas y Telefónica) no podía verse involucrado en un caso donde las cloacas (léase comisiones y mordidas en “recalificaciones” y obras públicas) de Barcelona y su “cinturón rojo” se describían con total claridad y verismo. Así pues, del anuncio por el propio Narcís (rasgándose hipócritamente las vestiduras), apenas estallado el escándalo, de que se auditarían las cuentas de la implicada PROCAM, nada, ni las encontrarán. Por cierto que en la inmobiliaria el desconcierto por alquileres e hipotecas impagados es total.

Por el momento nos quedamos sin saber los millones de euros que le pagaron no se sabe porqué a Lluís García Sáez, el bigotis. Se dice por mediar en los terrenos del puerto de Badalona, otro sueño faraónico inmobiliario a lo Fórum-Barcelona, repito, que por sí solo ya hubiera arrastrado a esa caixa. Tampoco sabremos con quien de “dentro” repartía, y por cuánto y cómo están contabilizados unos terrenos que jamás se convertirán en lujosos pisos con amarre a pié de vivienda (ver en Internet “puerto de Badalona”). O si la intermediación de Martí Jusmet, amigo de Narcís Serra desde los lejanos años de la Alcaldía y Delegado del Estado en Cataluña, se retribuyó adecuadamente.

Lo que sí se sabe es que al director general Adolf Todó se le aumentó el sueldo este año hasta los ¡800.000 euros! y que a su antecesor, Josep Maria Loza, se le despidió, ya estallada la burbuja inmobiliaria, en plena crisis, con ¡10 millones!. ¡Que no sabría Loza de créditos y líos financieros del Socialismo Barcelonés! No está nada mal para quien colaboró al desastre de esa caixa propiedad de la Diputación de Barcelona. Enemigo que huye puente de plata, en este caso lo de la plata es a cargo de todos los españoles, porque el FROB invertirá en “participaciones preferentes convertibles en cuotas participativas” financiando la fusión en curso.

Con razón Montilla, en la rueda de prensa tras el anuncio de rebaja de los sueldos oficiales, contestó a un periodista que a las cajas de ahorros no les afectan esas específicas medidas anticrisis. ¡Queda claro el porqué de la quiebra de España! Y la inutilidad de todos los nuevos euros que se inyecten a través de su Sistema Financiero, con o sin fusiones de cajas y caixas.

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¿ASÍ AHORRA EL PSOE?
La mudanza millonaria de la mano derecha de Aído sonroja al Gobierno

Ana I. Martín


La controvertida directora del Instituto de la Mujer vuelve a la palestra. Con lo que va a costar su última idea se podrían dar casi 4.800 cheques bebé, si Zapatero no los hubiera eliminado
Lo más curioso es que para cuando terminen las obras de la nueva sede del Instituto de la Mujer puede que ni Aído ni Seara conserven su cargo.
Éste es el edificio ubicado en el número 150 de la madrileña calle Serrano, futura sede del Instituto de la Mujer tras una reforma de 12 millones de euros.





Con el sueldo de los funcionarios recortado, las pensiones congeladas, los proyectos de varias grandes infraestructuras paralizados y hasta la Marina planteándose vender sus barcos más antiguos porque el dinero no le llega para su mantenimiento y amarre, el Instituto de la Mujer de Laura Seara -mano derecha de Bibiana Aído- se embarca en una mudanza.

La misma Seara que saltó a la fama por cobrar, supuestamente, más de 31.000 euros de kilometraje a pesar de viajar en coche oficial cuando era diputada en el Parlamento de Galicia. Y la misma que defendió a capa y espada el controvertido estudio sobre el mapa de excitación sexual del clítoris.

La suya no será una mudanza cualquiera, sino una millonaria. Tanto que con lo que costará se podría pagar la ayuda a la maternidad de 2.500 euros a casi 4.800 familias. Claro que ya ni eso, puesto que el tijeretazo de José Luis Rodríguez Zapatero conllevó la supresión inmediata del famoso cheque bebé que él mismo había creado.

El caso es que el Instituto de la Mujer va a trasladarse de su actual emplazamiento, en la madrileña calle de la Condesa Venadito, al número 150 de la calle Serrano. Concretamente a un edificio del Gobierno que antaño fue utilizado por el Ministerio de Educación, de tres plantas y sótano y de casi 7.350 metros cuadrados.

Pero se conoce que el inmueble debe de estar que se cae, puesto que de otra forma no se explica que el Gobierno vaya a invertir casi 12 millones de euros en reformarlo y acondicionarlo. Concretamente, 11.979.426 euros, más de 1.993 millones de las antiguas pesetas.

No es una cifra orientativa, sino la que figuraba este martes en el BOE, en el anuncio de licitación de las obras en el número 150 de la calle Serrano. Esto es, a partir de ahora y hasta el 31 de agosto las empresas que deseen encargarse de esta golosa obra deberán presentar sus ofertas, y una de ellas se llevará el premio. La reforma, diseñada por el estudio Olalquiaga Arquitectos incluye, según pudo constatar El Semanal Digital, tirar tabiques, cambiar suelos, recuperar el salón de actos... y construir una biblioteca. Es decir, un lavado de cara total.

Ya en 2008 Bibiana Aído anunció que un año después el Instituto de la Mujer se mudaría a unas instalaciones mejores. Pero la cosa se había ido posponiendo. Y justo ahora, cuando las arcas del Estado más vacías están, el Ministerio de Igualdad se decide a retomar el proyecto mientras el Gobierno se llena la boca hablando de austeridad y de esfuerzos colectivos.

Y lo más curioso del caso es que, una vez que se adjudiquen las obras, su plazo de ejecución será de 20 meses. Es decir, que para cuando estén terminadas puede que ni Bibiana Aído ni Laura Seara conserven su puesto, dado que quedan menos de dos años para las elecciones generales (y eso sin contar con que Zapatero decida adelantarlas).
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