LA DEFENSA DE NÚÑEZ Y NAVARRO. INFORME FINAL.
LXII. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.
Rafael del Barco Carreras
Sesión 7-06-10. Antes de entrar en la sala escribí y pegado en Internet mi comentario titulado “Reforma laboral o reforma de la función pública. Corrupción vertical y transversal”. Leído y releído me pareció demasiado demagógico y sin duda inútil, los político-funcionarios que han arruinado España, si siguen entrando euros para mantenerse en el machito, ni admitirán su fracaso ni dejarán la política de la que viven de maravilla. Dicho y escrito, al salir de la sala del juicio, me achaqué excesiva prudencia utilizando adjetivos.
Los Núñez y Navarro, hubieran sido más ricos (ni la gran crisis o fraude inmobiliario actual les ha tumbado como a la mayoría de sus colegas inmobiliarios) e indiscutiblemente no se hubieran sentado, padre e hijo, en ese banquillo, tras años de inspecciones en su empresa, casi 50 por los años 90, de otros tantos inspectores, si la FUNCIÓN PÚBLICA , en este caso la Ley y su práctica en Hacienda, no hubiera flotado en una charca de porquería. Lo de la alcantarilla de Montilla, no me parece suficiente. El panal de rica miel del triunfador, un tanto desclasado, encima presidente del Barça durante 23 años, sin achuchar catalanismos, atrajo abejorros y la clásica envidia. Ignoro si agredieron el Código Penal, pero el Código Social al uso, de lleno.
El defensor Cristóbal Martell, hilvanó un buen discurso inicial; exposición de sus tesis contra las de las acusaciones, Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado, sin florituras, directo al grano. No admitía ninguna de las acusaciones. Los Núñez no estaban invitados a esa boda, dijo; el gran y corrupto desfalco, donde aparece TODO EL ARCO PÚBLICO (añado yo) De la Rosa-KIO, el proceso y juicio en Londres, del que pegando y cortando, dentro del mejor estilo corrupto español, se construye este caso y sumario. No utilizó el símil informático de cortar y pegar, pero más o menos. Y en este caso, añadió, el juicio oral permite enderezar argumentos que repitiéndose se han convertido en “fraudes de ley”, “ilícitos”, “anomalías bastardas”, cuando formaban parte de la legalidad de las operaciones entre empresas del grupo, operaciones perfectamente legales.
Observé que centró no solo el interés de jueces y presentes, sino que despertó sonrisas de afecto, y es que el pastel preparado no ya por Anticorrupción sino por la Gran Corrupción Pública, provoca el asco de la sonrisa. !Cuidado! repito, y no para librarme de alguna querella, los profesionales actuantes de fiscalía y abogacía del Estado, cumplieron durante el juicio con su cometido de acuerdo al guión que les marcaron, pero ese guión lo escribieron o inspiraron verdaderos cretinos.
No me cabe duda que nadie metido por la fuerza de las circunstancias en esa charca oficial, acabe en el “si o sí” (culpable a la fuerza) que utilizó Martell entrando ya en la defensa de las, para mí y cualquiera, enrevesadas operaciones de los Núñez y Navarro, las compraventas entre empresas del grupo. Pero como bien argumentó, eran operaciones con luz, taquígrafos, escrituras públicas e inspeccionadas por hasta unos 50 inspectores, que en algunos casos cuestan fiscalmente más que planteadas de cualquier forma.
La defensa se adentraba en cada una de las tan repetidas operaciones, sin olvidarse de los dos pisos vendidos a los inspectores de Hacienda, y complacido por una línea de defensa coincidente con mis escritas opiniones, aprovechando el descanso, me fui.
Los '100 economistas' piden que la reforma laboral no sea un parche.
El decreto que prepara el Gobierno debería abordar la negociación colectiva
LUIS DONCEL - Madrid - 08/06/2010
El grupo de expertos que reclamó un contrato único se pronuncia ahora sobre la reforma laboral que prepara el Gobierno. Y lo hace alarmado por el "alto riesgo" de que la modificación "defraude las expectativas y malgaste la oportunidad de adaptar nuestra regulación laboral al nuevo contexto socioeconómico".
Los promotores del Manifiesto de los 100 economistas reclaman que la reforma -"unánimemente reconocida como un elemento clave de los cambios necesarios"- no se quede en un parche y afecte a la regulación de la negociación colectiva y al sistema de contratos de trabajo "para restaurar la confianza de los mercados en el crecimiento de la economía española y para poder ofrecer oportunidades de empleo estable y de alta productividad a los trabajadores". Según los 13 profesores de universidad firmantes, es "absolutamente necesaria" una nueva regulación de la negociación colectiva. "Los convenios de ámbito superior a la empresa deben dejar de limitar las posibilidades de reorganización del trabajo entre sectores y en las empresas, a fin de elevar la productividad y evitar que las reducciones de plantilla constituyan la principal respuesta de las empresas a los cambios en sus condiciones económicas o tecnológicas", añaden.
Expertos como Juan José Dolado, Florentino Felgueroso o Luis Garicano insisten en su idea de implantar un contrato único con indemnización por despido creciente por la antigüedad para eliminar la dualidad propia del mercado laboral español, en el que algunos trabajadores (los fijos) disponen de muchos derechos, y otros (los eventuales), de muy pocos. "Los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio, mientras que los empresarios no se enfrentarían con la enorme brecha entre costes de despido de los indefinidos y de los temporales", dicen.
Los firmantes del documento también critican con matices uno de los puntos más importantes que el Gobierno aprobará el próximo día 16: la generalización del contrato con una indemnización de 33 días, frente a la habitual de 45. "La extensión del contrato indefinido de fomento del empleo es una medida menos eficaz para eliminar la dualidad. No obstante, si se optara por esta vía, no bastaría con redefinir los grupos de trabajadores a los que les es aplicable, sino que debe aplicarse a todas las nuevas contrataciones. Las exclusiones por razón de sexo, edad u otros criterios, son ineficientes y aumentan la desigualdad", señalan.
Además, los expertos piden que se iguale la indemnización de 45 días por despido disciplinario improcedente a los 33 días del contrato de fomento para el objetivo improcedente. "De lo contrario", señalan, "existe el riesgo de que, como las anteriores, esta reforma quede desvirtuada en la práctica".
Los economistas consideran también que la percepción de prestaciones por desempleo "debe vincularse estrechamente a la participación en políticas activas de reinserción y formación".
EL PP LLAMA A CONDE-PUMPIDO AL PARLAMENTO
La Fiscalía retuerce las informaciones sobre Bono para dar carpetazo al caso.
El presidente del Congreso, José Bono (Efe).
@Alberto Mendoza.- 08/06/2010 (06:00h)
La Fiscalía General del Estado no investigará a José Bono. Las decenas de informaciones periodísticas publicadas en El Confidencial, El País, La Gaceta, El Mundo o Público no pasan de ser, según el Ministerio Público de Cándido Conde-Pumpido, una expresión de “genéricas sospechas”. Así se lo ha hecho saber al Partido Popular en un escrito de respuesta al que ha tenido acceso este diario.
Los populares habían reclamado a la Fiscalía hasta en cuatro ocasiones que investigue el sospechoso y súbito enriquecimiento del presidente del Congreso, para lo que aportaron las abundantes noticias aparecidas en los medios de comunicación. Sin embargo, algunas de estas informaciones han sido malinterpretadas por el Ministerio Público y utilizadas como excusa para evadirse del caso.
Concretamente, Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, alude a la exclusiva, publicada por este periódico, que reveló cómo el constructor Rafael Santamaría regaló dos caballos de competición a Bono: “Se aporta una publicación que afirma que el Sr. Santamaría regaló al Sr. Bono un caballo, pero al día siguiente el mismo diario dice que ese caballo fue pagado –especificando incluso que el pago se hizo en metálico, en billetes de 500- por el propio Sr. Bono”.
Efectivamente, el ex presidente manchego entregó 100.000 euros en billetes de 500, envueltos en papel de periódico, a un estrecho colaborador para que comprara un caballo en Francia (el Farceur du Haul). Pero la Fiscalía obvia, de forma sorprendente, que este animal se registró a nombre de Rafael Hoteles S.A. y que la factura, emitida cuatro meses después de la compra en metálico, se hizo a nombre de la citada sociedad de Rafael Santamaría. Asimismo, José Bono Rodríguez, hijo del político socialista y jinete de profesión, compitió y mantuvo en su hípica otro caballo, el Jikael de la Babette, también registrado a nombre de Rafael Hoteles.
La Fiscalía tampoco quiere que se estudien los contratos de la Junta de Castilla-La Mancha con los empresarios amigos de Bono, como Santamaría o Rafael Hernando, El Pocero. “Es evidente que requerir a un Gobierno de una Comunidad Autónoma nada menos que la documentación de todos los contratos realizados durante diez años, periodo en cuya mayor parte además Sr. Bono no tenía cargo oficial alguno en dicha Comunidad, con el mero objetivo de buscar en dichos contratos alguna irregularidad vinculada a su patrimonio que permita imputarle un delito, constituiría un caso paradigmático de inquisición general”.
Una “inquisición” sin indicios
El concepto de “inquisición” contra el presidente del Congreso se repite en el escrito del Ministerio Público para asegurar que no se puede abrir una investigación “sin indicios de comisión de un presunto delito”. Tampoco cuando el PP recuerda la doctrina sobre el cohecho pasivo impropio que el Tribunal Supremo ha aplicado con Francisco Camps, la Fiscalía considera que es aplicable. A su juicio, ni siquiera “las diversas relaciones económicas entre el Sr. Bono y D. Rafael Santamaría permite acudir, sin más, al mencionado tipo penal”.
El extraordinario incremento patrimonial de la familia Bono, o el modo en que diversas empresas pagaron las obras de su hípica, tampoco han convencido al Ministerio Público. De hecho, subraya que en España “no existe ninguna norma que tipifique por sí solo como delito el incremento patrimonial injustificado”, aunque matiza que sí existe en otros países.
Estos argumentos no han convencido al PP, que, ante la pasividad de la Fiscalía, baraja elevar el caso al Tribunal Supremo. María Dolores de Cospedal anunció ayer que su partido exigirla la comparecencia en el Congreso de Conde-Pumpido “para que dé cuenta de sus actuaciones y de la diferente forma de actuar según se trate de personas vinculadas a un partido u otro”. La secretaria general del los populares añadió que el escrito de la Fiscalía “no se refiera a la denuncia formal presentada por el PP el pasado miércoles, y que no ha sido tenida en cuenta”. Para el PP, el caso Bono no está cerrado.