El capo colombiano capturado en Bogotá será juzgado en España con 6 clanes gallegos.

Marlaska pidió su extradición como proveedor de cocaína a familias históricas como Baúlos, Charlines, Oubiñas y Viriatos en la "Operación Destello".

En la Operación Policial fueron detenidos los eslabones de apoyo y en uno de los históricos al servicio de los Charlines CAMILO ABAL CORES.

U. FOCES - VIGO El capo colombiano detenido el sábado en Bogotá, Germán Gonzalo Sánchez Rey, "El Coletas", será juzgado en España con seis clanes gallegos detenidos en la Operación Destello, que permitió desarticular en 2007 la organización de narcotráfico más importante de España liderada por el también colombiano Jorge Isaac Vélez. Sánchez Rey consiguió entonces eludir el cerco policial español y huyó a su país.
El juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska dictó una orden internacional de detención y solicitó su extradición a Colombia para juzgarle por el abastecimiento de drogas a familias históricas del narcotráfico gallego como Charlines, Baúlos, Oubiñas o Viriatos, y también a nuevos grupos, caso del atribuido al empresario Alfonso Juncal (Morrazo), o a Juan Carlos Pérez (Barbanza). Los 41 procesados se enfrentan a penas que suman 1.900 años de cárcel y multas por un valor total de 3.252 millones de euros, como adelantó FARO DE VIGO el pasado 16 de mayo.
"El Coletas" fue declarado en rebeldía con otros 11 fugados, por lo que si es extraditado será juzgado en solitario. Como lugarteniente del también colombiano Daniel Barrera, alias el "Loco Barrera", uno de los cuatro narcotraficantes más buscados internacionalmente y a quien la Policía colombiana sitúa en Venezuela, desde donde salen los mayores cargamentos marítimos de cocaína hacia España para su posterior distribución por Europa, se le considera el mayor enlace con los narcos gallegos.
La droga enviada a España era producida en la zona de los Llanos Orientales en cultivos de hoja de coca y laboratorios para la producción de cocaína que son custodiados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en concreto los frentes comandados por Gener García Molina, alias "Jhon", y la Banda Criminal Erpac, que lidera Pedro Olivero Guerrero, alias "Cuchillo". La droga era llevada por carretera al puerto de Buenaventura y se transportaba en barcos de gran calado y contenedores a las costas gallegas, según datos facilitados por el general colombiano Luis Remirez.
La extradición de "El Coletas" a España ha sido solicitada por los 8.000 kilos de cocaína que habría transportado el yate Zénith en dos viajes en 2006 y que acabaron lanzados por la borda al verse sorprendidos por patrulleras del Servicio de Vigilancia Aduanera, de los que se recuperaron 1.800 kilos. No obstante, fuentes de la lucha antidroga vinculan también a Germán Gonzalo con otros grandes alijos marítimos de cocaína intervenidos a transportistas gallegos, caso de la cocaína de Corme atribuida a la organización de David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña, o la incautada en el barco "San Miguel", procedente de Venezuela, por la que se ha procesado a nuevos grupos arousanos, como los hermanos arousanos Rial Iglesias del clan de "O Pastelero", y "Os Cañóns" de A Illa.
El juicio que espera a Gonzalo Sánchez en la Audiencia Nacional de Madrid sentará también en el banquillo de los acusados un total de nueve grupos de narcotraficantes, seis de ellos gallegos. El fiscal solicita la máxima condena, 57 años de cárcel y 114 millones de euros de multa, para su compatriota Jorge Isaac Vélez, considerado máximo jefe de la organización y el mayor capo colombiano asentado en España. Antiguo colaborador del narco cambadés Sito Miñanco, con el que fue condenado a 15 años de cárcel en 1992, fue detenido en 2007 en Sevilla junto con los arousanos Daniel Baúlo Carballo y José Benito Charlín, con los que compartirá banquillo.
El morracense Alfonso Juncal Santos; el histórico José Manuel Alonso dos Santos, presunto cabecilla del clan de "Los Viriatos" de O Rosal; José Luis Oubiña Ozores (considerado por el fiscal como contacto de Vélez con los demás grupos gallegos), Ramón Manuel Canto Nine y José González Falcón, son otros de los procesados como presuntos cabecillas de distintos grupos gallegos que se repartían los papeles en el transporte marítimo y la logística en alta mar.
En la "Operación Destello", desarrollado por el grupo policial Greco Galicia, cayeron los responsables de los barcos transportistas de la cocaína, de los pesqueros encargados de suministrarles combustible en el mar, de las lanchas encargadas de bajar a tierra la droga, de almacenarla y distribuirla en tierra, así como los financieros, los proveedores y los encargados de mover el dinero.
La extradición de narcos colombianos a Estados Unidos es algo habitual, pero el caso de "El Coletas" sería una de las primeras concedidas por el país sudamericano a España. La agilidad de la tramitación dependerá de la propia Audiencia Nacional y de las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores con las autoridades colombianas.


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LA DEFENSA DE NÚÑEZ Y NAVARRO. INFORME FINAL.

LXII. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.

Rafael del Barco Carreras

Sesión 7-06-10. Antes de entrar en la sala escribí y pegado en Internet mi comentario titulado “Reforma laboral o reforma de la función pública. Corrupción vertical y transversal”. Leído y releído me pareció demasiado demagógico y sin duda inútil, los político-funcionarios que han arruinado España, si siguen entrando euros para mantenerse en el machito, ni admitirán su fracaso ni dejarán la política de la que viven de maravilla. Dicho y escrito, al salir de la sala del juicio, me achaqué excesiva prudencia utilizando adjetivos.

Los Núñez y Navarro, hubieran sido más ricos (ni la gran crisis o fraude inmobiliario actual les ha tumbado como a la mayoría de sus colegas inmobiliarios) e indiscutiblemente no se hubieran sentado, padre e hijo, en ese banquillo, tras años de inspecciones en su empresa, casi 50 por los años 90, de otros tantos inspectores, si la FUNCIÓN PÚBLICA , en este caso la Ley y su práctica en Hacienda, no hubiera flotado en una charca de porquería. Lo de la alcantarilla de Montilla, no me parece suficiente. El panal de rica miel del triunfador, un tanto desclasado, encima presidente del Barça durante 23 años, sin achuchar catalanismos, atrajo abejorros y la clásica envidia. Ignoro si agredieron el Código Penal, pero el Código Social al uso, de lleno.

El defensor Cristóbal Martell, hilvanó un buen discurso inicial; exposición de sus tesis contra las de las acusaciones, Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado, sin florituras, directo al grano. No admitía ninguna de las acusaciones. Los Núñez no estaban invitados a esa boda, dijo; el gran y corrupto desfalco, donde aparece TODO EL ARCO PÚBLICO (añado yo) De la Rosa-KIO, el proceso y juicio en Londres, del que pegando y cortando, dentro del mejor estilo corrupto español, se construye este caso y sumario. No utilizó el símil informático de cortar y pegar, pero más o menos. Y en este caso, añadió, el juicio oral permite enderezar argumentos que repitiéndose se han convertido en “fraudes de ley”, “ilícitos”, “anomalías bastardas”, cuando formaban parte de la legalidad de las operaciones entre empresas del grupo, operaciones perfectamente legales.

Observé que centró no solo el interés de jueces y presentes, sino que despertó sonrisas de afecto, y es que el pastel preparado no ya por Anticorrupción sino por la Gran Corrupción Pública, provoca el asco de la sonrisa. !Cuidado! repito, y no para librarme de alguna querella, los profesionales actuantes de fiscalía y abogacía del Estado, cumplieron durante el juicio con su cometido de acuerdo al guión que les marcaron, pero ese guión lo escribieron o inspiraron verdaderos cretinos.

No me cabe duda que nadie metido por la fuerza de las circunstancias en esa charca oficial, acabe en el “si o sí” (culpable a la fuerza) que utilizó Martell entrando ya en la defensa de las, para mí y cualquiera, enrevesadas operaciones de los Núñez y Navarro, las compraventas entre empresas del grupo. Pero como bien argumentó, eran operaciones con luz, taquígrafos, escrituras públicas e inspeccionadas por hasta unos 50 inspectores, que en algunos casos cuestan fiscalmente más que planteadas de cualquier forma.

La defensa se adentraba en cada una de las tan repetidas operaciones, sin olvidarse de los dos pisos vendidos a los inspectores de Hacienda, y complacido por una línea de defensa coincidente con mis escritas opiniones, aprovechando el descanso, me fui.

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Los '100 economistas' piden que la reforma laboral no sea un parche.

El decreto que prepara el Gobierno debería abordar la negociación colectiva

LUIS DONCEL - Madrid - 08/06/2010

El grupo de expertos que reclamó un contrato único se pronuncia ahora sobre la reforma laboral que prepara el Gobierno. Y lo hace alarmado por el "alto riesgo" de que la modificación "defraude las expectativas y malgaste la oportunidad de adaptar nuestra regulación laboral al nuevo contexto socioeconómico".

Los promotores del Manifiesto de los 100 economistas reclaman que la reforma -"unánimemente reconocida como un elemento clave de los cambios necesarios"- no se quede en un parche y afecte a la regulación de la negociación colectiva y al sistema de contratos de trabajo "para restaurar la confianza de los mercados en el crecimiento de la economía española y para poder ofrecer oportunidades de empleo estable y de alta productividad a los trabajadores". Según los 13 profesores de universidad firmantes, es "absolutamente necesaria" una nueva regulación de la negociación colectiva. "Los convenios de ámbito superior a la empresa deben dejar de limitar las posibilidades de reorganización del trabajo entre sectores y en las empresas, a fin de elevar la productividad y evitar que las reducciones de plantilla constituyan la principal respuesta de las empresas a los cambios en sus condiciones económicas o tecnológicas", añaden.

Expertos como Juan José Dolado, Florentino Felgueroso o Luis Garicano insisten en su idea de implantar un contrato único con indemnización por despido creciente por la antigüedad para eliminar la dualidad propia del mercado laboral español, en el que algunos trabajadores (los fijos) disponen de muchos derechos, y otros (los eventuales), de muy pocos. "Los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio, mientras que los empresarios no se enfrentarían con la enorme brecha entre costes de despido de los indefinidos y de los temporales", dicen.

Los firmantes del documento también critican con matices uno de los puntos más importantes que el Gobierno aprobará el próximo día 16: la generalización del contrato con una indemnización de 33 días, frente a la habitual de 45. "La extensión del contrato indefinido de fomento del empleo es una medida menos eficaz para eliminar la dualidad. No obstante, si se optara por esta vía, no bastaría con redefinir los grupos de trabajadores a los que les es aplicable, sino que debe aplicarse a todas las nuevas contrataciones. Las exclusiones por razón de sexo, edad u otros criterios, son ineficientes y aumentan la desigualdad", señalan.

Además, los expertos piden que se iguale la indemnización de 45 días por despido disciplinario improcedente a los 33 días del contrato de fomento para el objetivo improcedente. "De lo contrario", señalan, "existe el riesgo de que, como las anteriores, esta reforma quede desvirtuada en la práctica".

Los economistas consideran también que la percepción de prestaciones por desempleo "debe vincularse estrechamente a la participación en políticas activas de reinserción y formación".

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EL PP LLAMA A CONDE-PUMPIDO AL PARLAMENTO

La Fiscalía retuerce las informaciones sobre Bono para dar carpetazo al caso.

La Fiscalía retuerce las informaciones sobre Bono para dar carpetazo al caso

El presidente del Congreso, José Bono (Efe).

@Alberto Mendoza.- 08/06/2010 (06:00h)

La Fiscalía General del Estado no investigará a José Bono. Las decenas de informaciones periodísticas publicadas en El Confidencial, El País, La Gaceta, El Mundo o Público no pasan de ser, según el Ministerio Público de Cándido Conde-Pumpido, una expresión de “genéricas sospechas”. Así se lo ha hecho saber al Partido Popular en un escrito de respuesta al que ha tenido acceso este diario.

Los populares habían reclamado a la Fiscalía hasta en cuatro ocasiones que investigue el sospechoso y súbito enriquecimiento del presidente del Congreso, para lo que aportaron las abundantes noticias aparecidas en los medios de comunicación. Sin embargo, algunas de estas informaciones han sido malinterpretadas por el Ministerio Público y utilizadas como excusa para evadirse del caso.

Concretamente, Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, alude a la exclusiva, publicada por este periódico, que reveló cómo el constructor Rafael Santamaría regaló dos caballos de competición a Bono: “Se aporta una publicación que afirma que el Sr. Santamaría regaló al Sr. Bono un caballo, pero al día siguiente el mismo diario dice que ese caballo fue pagado –especificando incluso que el pago se hizo en metálico, en billetes de 500- por el propio Sr. Bono”.

Efectivamente, el ex presidente manchego entregó 100.000 euros en billetes de 500, envueltos en papel de periódico, a un estrecho colaborador para que comprara un caballo en Francia (el Farceur du Haul). Pero la Fiscalía obvia, de forma sorprendente, que este animal se registró a nombre de Rafael Hoteles S.A. y que la factura, emitida cuatro meses después de la compra en metálico, se hizo a nombre de la citada sociedad de Rafael Santamaría. Asimismo, José Bono Rodríguez, hijo del político socialista y jinete de profesión, compitió y mantuvo en su hípica otro caballo, el Jikael de la Babette, también registrado a nombre de Rafael Hoteles.

La Fiscalía tampoco quiere que se estudien los contratos de la Junta de Castilla-La Mancha con los empresarios amigos de Bono, como Santamaría o Rafael Hernando, El Pocero. “Es evidente que requerir a un Gobierno de una Comunidad Autónoma nada menos que la documentación de todos los contratos realizados durante diez años, periodo en cuya mayor parte además Sr. Bono no tenía cargo oficial alguno en dicha Comunidad, con el mero objetivo de buscar en dichos contratos alguna irregularidad vinculada a su patrimonio que permita imputarle un delito, constituiría un caso paradigmático de inquisición general”.

Una “inquisición” sin indicios

El concepto de “inquisición” contra el presidente del Congreso se repite en el escrito del Ministerio Público para asegurar que no se puede abrir una investigación “sin indicios de comisión de un presunto delito”. Tampoco cuando el PP recuerda la doctrina sobre el cohecho pasivo impropio que el Tribunal Supremo ha aplicado con Francisco Camps, la Fiscalía considera que es aplicable. A su juicio, ni siquiera “las diversas relaciones económicas entre el Sr. Bono y D. Rafael Santamaría permite acudir, sin más, al mencionado tipo penal”.

El extraordinario incremento patrimonial de la familia Bono, o el modo en que diversas empresas pagaron las obras de su hípica, tampoco han convencido al Ministerio Público. De hecho, subraya que en España “no existe ninguna norma que tipifique por sí solo como delito el incremento patrimonial injustificado”, aunque matiza que sí existe en otros países.

Estos argumentos no han convencido al PP, que, ante la pasividad de la Fiscalía, baraja elevar el caso al Tribunal Supremo. María Dolores de Cospedal anunció ayer que su partido exigirla la comparecencia en el Congreso de Conde-Pumpido “para que dé cuenta de sus actuaciones y de la diferente forma de actuar según se trate de personas vinculadas a un partido u otro”. La secretaria general del los populares añadió que el escrito de la Fiscalía “no se refiera a la denuncia formal presentada por el PP el pasado miércoles, y que no ha sido tenida en cuenta”. Para el PP, el caso Bono no está cerrado.

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