La institución entroniza dos varas de medir, una en Valencia y otra en Toledo

La Fiscalía, el poderoso Bono y el gran bochorno

No se trata de condenar al ex presidente castellanomanchego por su patrimonio, sino de investigar cómo lo ha logrado

L.G., 06 de junio de 2010 a las 11:16

La Fiscalía de Pumpido, que hace muchos años que abandonó todo escrúpulo ante la legalidad para ser ariete político del Gobierno, busca reforzar la tesis que retrata a Bono como víctima

El principio de igualdad ante la Ley es uno de los pilares del Estado de Derecho.

En virtud de este principio, el Poder Judicial queda obligado a atenerse a las mismas normas para juzgar a cualquier ciudadano, precisamente porque a todos los ciudadanos les alcanzan esas normas por igual.

La igualdad ante la Ley es también un principio esencialmente democrático, por el cual ninguna persona, por mucho poder de que disponga, ha de contar con fueros privilegiados o tratos de favor. La igualdad ante la Ley avala al propio Poder Judicial como trama institucional ajena a presiones políticas.

Por eso mismo, cuando se pervierte en la práctica este principio, cuando las propias autoridades modifican a su antojo la aplicación de las leyes, cuando jueces y fiscales investigan y juzgan por oportunismo político o por sectarismo ideológico, cuando, en definitiva, la Fiscalía acepta doblar la cerviz ante el Ejecutivo y transigir con sus imposiciones, la vida institucional de una nación queda marcada con una herida de corrupción casi irrestañable.

Desaparece la seguridad jurídica y se vulnera la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Aparece el escándalo.

Las filtraciones realizadas este viernes por la Fiscalía a un periódico catalán a propósito del caso Bono son un ejemplo prístino de perversión de su papel institucional y sorprenden por el desahogo con que abonan, con su alineamiento partidista, este escándalo de la ciudadanía.

En primer lugar, ¿cómo es posible que un medio amigo reciba filtraciones y los servicios jurídicos del PP, los que han presentado los escritos no hayan recibido aún ninguna información?

Eso ya es, de por sí, un movimiento del todo deplorable, en tanto que no busca sino desacreditar las informaciones desveladas por el diario de La Gaceta, apagar la sorpresa de millones de españoles que quieren una explicación sobre el incremento patrimonial de Bono, e ir generando en la opinión pública un ambiente favorable al rechazo de las argumentaciones presentadas por el PP ante la misma Fiscalía.

En definitiva, la Fiscalía de Pumpido, un fiscal que hace muchos años que abandonó todo escrúpulo ante la legalidad para ser ariete político del Gobierno, ha buscado reforzar la tesis que retrata a Bono como víctima, en lo que es una burla intolerable a la realidad de las cosas: en la misma situación patrimonial que tiene Bono, cualquier ciudadano español sería investigado.

¿Por qué no alguien que además está obligado, en razón de su cargo, a una mayor ejemplaridad en la transparencia?

Es de temer que la respuesta a esta pregunta nos sitúe con toda crudeza ante la pudrición que hay en la Fiscalía, teóricamente encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Si la propia Fiscalía no se atiene a un principio tan básico de la legalidad como es la igualdad ante la Ley, ¿qué resquicio de legitimidad y de credibilidad le queda?

Como fuere, son los argumentos filtrados por la Fiscalía los que resultan aún más increíbles. Pumpido y sus acólitos recurren a la falacia envuelta de angelismo, acusando al PP de intentar "abrir un proceso inquisitorial" contra Bono, cuando lo que se quiere es que se le investigue con todas y cada una de las garantías que por Ley asisten al presidente del Congreso. Por otra parte, desde la Fiscalía se citan como detonantes de la solicitud de investigación la existencia de "meras sospechas" y no de "hechos contrastados", cuestión que sería casi cómica de no ser tan grave.

¿Qué informaciones de La Gaceta han sido desmentidas por Bono? Siervo incluso de sus propias palabras, Bono no ha hecho sino recurrir a tácticas evasivas y a propagar la especie de una campaña de la derecha en su contra, cuando lo cierto es que, aun cuando hubiera campaña, los hechos son los hechos, y es a los hechos a los que hay que atenerse.

¿Quiere más indicios la Fiscalía para ponerse a investigar y cumplir con su papel? ¿No bastan con los múltiples bienes inmobiliarios adquiridos por Bono y familia; no bastan con sus áticos, sus pisos, sus más que sorprendentes permutas, sus caballos, la actividad de su hípica y la manera en que esta se financió?

¿No bastan con sus relaciones, siempre con dinero público y privado de por medio, con el constructor y contratista de la Junta de Castilla-La Mancha, Rafael Santamaría, sospechosamente magnánimo con el presidente del Congreso?

Si no bastan estos y otros indicios, si no basta el hecho de que el patrimonio de Bono se compadezca difícilmente con sus ingresos, hoy publica este diario un nuevo caso de subvenciones millonarias concedidas por Bono a su familia.

Contra los sofismas de la Fiscalía, no se trata de condenar al señor Bono por su patrimonio, sino de investigar los medios por los cuales ha logrado ese patrimonio.

¿Qué se oculta detrás de la intangibilidad que Pumpido le está otorgando a José Bono? Si algún medio ha aceptado ocultar las peculiaridades de Bono y no informar sobre su caso, allá él con su venalidad y con su falta de conciencia y profesionalidad, pero la inactividad y las filtraciones que muestran el sometimiento de la Fiscalía nos afectan a todos.

Y son tanto más graves cuanto que entronizan en la práctica el establecimiento de dos varas de medir: una para el irrisorio caso de los trajes de Camps, con una persecución inflada fuera de toda proporción, y otra para el mayúsculo caso de las propiedades de Bono.

Una vara de medir para los españoles de derechas, en definitiva, y otra para los de izquierdas. Si los trajes de Camps son "cohecho impropio", ¿qué podrían ser las multimillonarias propiedades de Bono?

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José Bono y Rodríguez Zapatero.

Su primo es administrador solidario de la adjudicataria

Bono subvencionó a una empresa de su familia

Dio 75.000 euros en 2003 a Agroindustrial Río Guadalmena, propiedad de su tía Teresa Bono



L.G., 06 de junio de 2010 a las 10:52
Documentos oficiales de la Junta de Castilla La-Mancha sobre las subvenciones adjudicadas en 2003 por la Consejería de Agricultura

Primero se publicó que José Bono, presidente del Congreso y ex presidente de Castilla-La Mancha, ayudó a la empresa agraria de su amigo el constructor Rafael Santamaría, Vega del Záncara.

Después, el diario La Gaceta desveló que también hubo subvenciones agrarias a una empresa del dueño de Reyal Urbis que se dedica a vender pisos y arrendar locales comerciales en Madrid, Yalqui.

Y ahora, revelan que el presidente del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, también le dio dinero público de todos los castellanomanchegos a la empresa de su tía, Teresa Bono Pretel, siendo él presidente de esta comunidad autónoma.

Así lo atestiguan documentos oficiales de la Junta de Castilla La-Mancha sobre las subvenciones adjudicadas en 2003 por la Consejería de Agricultura para "cultivos herbáceos".

De acuerdo con estos datos, el Gobierno de José Bono otorgó ese año 74.759 euros a la compañía Agroindustrial Río Guadalmena.

La propietaria de esta empresa es Teresa Bono, tía del presidente del Congreso, pero es uno de sus hijos, Enrique Rodríguez, el millonario primo del ex ministro de Defensa, quien actúa como administrador solidario y asiste a las juntas de accionistas de la empresa.

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Etarras de México emigran a Venezuela para reciclarse al abrigo de Hugo Chávez
Hugo Chávez, en una imagen de archivo. AP
Etarras que desde hace años se ocultaban en México tratan de eludir la acción de la Policía y se están desplazando a Venezuela en busca del cobijo del régimen chavista. Desde el Ministerio del Interior, dentro de su plan de asfixiar las vías de oxígeno a la banda, se quiere poner cuanto antes freno al camino tomado por Venezuela de convertirse en la gran reserva de ETA en Suramérica. Por ello, ha considerado estratégico que los representantes de Interior en Caracas sean especialistas en terrorismo etarra. La Guardia Civil ya ha enviado a un comandante, que desempeña el cargo de agregado, mientras que la Policía aún tiene pendiente la designación del comisario que ejercerá de consejero. Hechos como el regreso del histórico pistolero Lorenzo Ayestarán, detenido recientemente en Francia junto a Ibón Gogeaskoetxea, procedente de Venezuela, ha acelerado el interés de España por extender las investigaciones a la retaguardia caribeña.
Los expertos en la lucha antiterrorista consultados por ABC estiman que actualmente se ocultan en México unos cincuenta etarras, cifra sensiblemente inferior a la de los 250 contabilizada a mediados de la década de los 90. Aunque con altibajos, las autoridades mexicanas han mantenido una colaboración antiterrorista con España aceptable. Fruto de ello, el 18 de julio de 2002 se desmanteló una estructura logístico-financiera -sus integrantes fueron luego extraditados a España- que la banda había montado en el país centroamericano para reforzar desde México su «aparato de logística». De hecho, de allí procedían la mayoría de los temporizadores que hasta esa fecha usaban los «comandos».
En la actualidad, los etarras ocultos en México no quieren sorpresas y consideran que se encontrarán más seguros bajo el manto protector de Chávez, a cuyo amparo residen de manera «oficial» una treintena de terroristas.
¿Por qué Venezuela lleva camino de convertirse en la «tierra prometida» de ETA? Por varios motivos. El primero, porque los etarras que tras la ruptura de las conversaciones de Argel, en 1989, fueron deportados allí a petición del Ejecutivo de Felipe González no sólo han residido con la máxima impunidad, sino que, al igual que los enviados a Uruguay, incluso montaron prósperos negocios. Algunos, como Arturo Cubillas, puso a su restaurante el nombre de «Oker», el mismo del comando al que pertenecía cuando asesinó a tres personas. Cubillas se convirtió en asesor del gobierno chavista. Otros cuatro pistoleros, Ángel Aldana, Jesús Urteaga, Eugenio Barrutiabengoa y Lorenzo Ayestarán estuvieron a punto de beneficiarse con la nacionalidad venezolana, pese a que suman en su haber 40 asesinatos. Ello para impedir su extradición a España. La polémica suscitada y las quejas del Gobierno español desbarataron el escándalo.
Reducto etarra
Había terreno propicio desde hace tiempo, pero la «ONG de ETA»; esto es, Askapena, se ha dedicado en los últimos años a abonarlo para asentar en territorio venezolano lo que podría ser el último reducto de la reserva etarra. Periódicamente, «brigadistas» de Askapena viajan a Venezuela donde son recibidos por elementos de la Coordinadora Simón Bolívar que les prestan la logística necesaria para que campen a sus anchas. Así, en tierras caribeñas, los «voluntarios» del MLNV defienden la perversa teoría de una ETA «buena» que se enfrenta a un gobierno «opresor» para «liberar a Euskal Herria». Se trata de enaltecer a los terroristas, justificar sus crímenes, culpar al Gobierno español de la no resolución del «conflicto vasco», de tal forma que se prepara el camino para que los «taldes de reserva» se instalen en Venezuela con el visto bueno, no sólo del régimen chavista, sino también de un amplio sector de la sociedad. Para reivindicar la presunta «voluntad negociadora» de ETA en contraste con el «inmovilismo» del Ejecutivo, los «partidistas» se están dedicando a divulgar la ponencia «zutik Euskal Herria», que recoge la supuesta «apuesta por las vías exclusivamente políticas» de Batasuna
De esta forma, los expertos consultados consideran que si no se ponen los medios de inmediato, Venezuela podría pasar de ser «retaguardia» para los etarras más o menos descolgados de la actividad terrorista, a asentamiento para los «taldes de reserva». Esto es, que se convierta en una base de reciclaje adonde acuden los pistoleros quemados para, pasado un tiempo, reincorporarse bien a la dirección de ETA, bien a sus «comandos».
Un secuestro
El desplazamiento de Ayestarán desde Venezuela a Francia, donde fue detenido el pasado mes de marzo junto al jefe del «aparato militar» Ibón Gogeaskoetxea avalan los augurios más inquietantes. Ayestarán era uno de los terroristas a los que Chávez quería blindar con la nacionalidad venezolana.
Según las primeras investigaciones, iba a formar un nuevo «comando» para perpetrar en España un secuestro. Hasta ahora, la mayoría de los veteranos etarras replegados en los diferentes países de América han respondido con un «sí» a la petición de ETA para reengancharse
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APARECEN NUEVOS PERSONAJES

El "Bonogate" da una inesperada vuelta de tuerca y embarra a Raphael

Hasta ahora todo había quedado en casa de los Bono, pero el círculo ya se amplía a sus famosos consuegros y a varios familiares de Natalia Figueroa por unas recalificaciones en Toledo.

Las recalificaciones de La Peraleda favorecieron al matrimonio Martos-Figueroa y a varios familiares de esta última, entre ellos a un hermano.

El Bonogate escala este sábado un nuevo y sorprendente peldaño. Hasta la fecha había ido salpicando a José Bono, su mujer y sus hijos, y ahora el círculo se amplía con sus consuegros. Nada menos que el cantante Rafael Martos -Raphael, como a él le gusta más- y su esposa, Natalia Figueroa.

Cuenta La Gaceta que la Junta de Castilla-La Mancha les recalificó terrenos en Toledo, en el sector conocido como La Peraleda, donde está prevista la construcción de 2.662 viviendas. Y no sólo a la mediática pareja, sino también a varios familiares de Natalia Figueroa. Entre ellos a su hermano Agustín, consejero de Promociones Peraleda, empresa propietaria de cinco de las fincas. Y, además de él, a Álvaro Figueroa Torres; y a Gonzalo, María, Marta e Isabel Chávarri Figueroa.

La operación de recalificación es fácilmente contrastable, puesto que aparece publicada en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha del 18 de junio de 2008. El documento no precisa el número y la extensión de los terrenos del matrimonio Martos-Figueroa, pero sí de los familiares de ésta.

El Programa de Actuación Urbanizadora de los terrenos de La Peraleda se aprobó en el Pleno municipal del pasado 15 de octubre de 2009, con el socialista Emiliano García Page como alcalde de Toledo. Aunque los trámites se iniciaron con su antecesor, José Manuel Molina, del PP y bajo cuyo mandato también se recalificaron los terrenos de Hípica Almenara. Cabe recordar que Molina se salió del discurso de su partido cuando salió en defensa de la honradez de Bono.

Según los populares del Ayuntamiento de Toledo, el PSOE está presionando convenientemente para que La Peraleda sea el primer plan parcial del plan de ordenación que se ejecute. Está cerca del núcleo urbano toledano y cuenta con una extensión de 100.513 hectáreas.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Ordenación del Territorio fue la encargada de aprobar el Plan, la de Julián Sánchez Pingarrón. Un hombre de la confianza de Bono, que incluso se le llevó con él como director general de Infraestructuras cuando José Luis Rodríguez Zapatero le nombró ministro de Defensa. El semanal Digital.

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Una encerrona y los dardos de sus anfitriones aguan a Blanco un acto.

Se las prometía muy felices yendo a Valladolid a inaugurar su Ronda Exterior Sur, pero no contaba con los abucheos, los pitos y las críticas de los presidentes de la Diputación y la Junta.

Blanco a duras penas pudo terminar su discurso por la constante interrupción de los manifestantes, sindicalistas del sector ferroviario de CCOO y CGT.

La visita de José Blanco a Valladolid este sábado no fue del todo como esperaba. El ministro de Fomento acudió a la capital castellana y leonesa para inaugurar la Ronda Exterior Sur y tuvo que capear dos temporales inesperados: una protesta sindical y las duras críticas que aprovecharon para hacer contra el Gobierno central el presidente de la Diputación vallisoletana y el de la Junta.

La mañana ya empezó mal. Antes de que comenzara el acto,
Blanco se topó con la presencia inesperada de las secciones ferroviarias de los sindicatos CCOO y CGT, que protestaban contra la situación del taller vallisoletano. Los manifestantes dedicaron una sonora pitada al ministro, al que llegaron a increpar e insultar. De hecho, y según la COPE, el titular de Fomento llegó a protagonizar un pequeño rifirrafe con el secretario de Comunicación de CCOO, que le llamó prepotente. De hecho, Blanco a duras penas pudo terminar su intervención por los abucheos y gritos.

Salvados los incidentes iniciales, y después de felicitarse por el hecho de que Castilla y León sea un "ejemplo" por contar con "más kilómetros" de autovía y autopista en funcionamiento que ninguna otra comunidad, llegó el turno de los políticos del
PP presentes en el acto, que no desaprovecharon la ocasión de saldar alguna que otra cuenta con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, criticó el retraso en algunas infraestructuras, como la Autovía del Duero o la conexión entre León y Valladolid. "Lástima que se haya retrasado", indicó. Además, se lamentó de que las administraciones regionales y las sociedades se encuentran en un "momento de incertidumbre" por conocer qué es lo que va a pasar con los plazos y las infraestructuras y reclamó "noticias ciertas acerca del futuro" de esas obras.

De esta manera,
Herrera recordó a Blanco que cuando anunció los recortes "entre los pocos datos, dijiste" que una de las infraestructuras afectadas serían el AVE a Ponferrada (León) y el de Santander, por Palencia. "Tendremos que hablar pero es una muestra de lo que va a sufrir recortes", continuó Herrera, quien pidió una reunión de trabajo para tratar el tema y algunos "retrasos sobre retrasos sobre retrasos" en infraestructuras "importantes para la vertebración de Castilla y León".

Asimismo, el presidente defendió que los datos de Castilla y León respecto al número de kilómetros de autovía se debe a un "agravio histórico", a que es el territorio "más extenso" de España y "al sentido de solidaridad" que la Comunidad "ha tenido siempre" en esta materia. "Te pido que no olvides compromisos y prioridades en Castilla y León que no son un capricho", continuó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid,
Ramiro Ruiz Medrano, tras dar la bienvenida y agradecer al Gobierno que haya apostado por una "infraestructura fundamental" para el desarrollo de Castilla y León, recordó las "deudas" que el Ejecutivo tiene con la Comunidad. En este sentido, se preguntó por lo que pasará con la N-122, la autovía Valladolid-León, el tercer carril entre la capital vallisoletana y la palentina o el soterramiento del ferrocarril en Valladolid. Asimismo, señaló que le hubiera gustado que el ministro "hubiera anunciado los recortes previstos con motivo de la crisis y cómo puede afectar a Castilla y León".

A los socialistas castellanos y leoneses no les gustó lo más mínimo que las críticas de
Herrera y Ruiz Medrano deslucieran la inauguración. De hecho, en la posterior Fiesta de la Rosa del PSCyL en Coca (Segovia), su líder, Óscar López, comparó al presidente de la Junta con un "presidente de diputación del siglo XIX, alguien que no tiene ninguna competencia, que no tiene capacidad de autogobierno y que no sabe lo que es querer, amar y gobernar una comunidad".

"Reivindicar es fácil, pero hoy estamos en la España de las autonomías, del autogobierno", afirmó
López. El socialista acusó a Herrera de "hipocresía intolerable" tras recordarle que el Gobierno central invirtió en 2009 en Castilla y León un total de 1.700 millones de euros, 400 millones más de lo previsto, mientras que la Junta invirtió 400 menos de los proyectados. "La inversión es cuatro veces más de lo que hicieron los gobiernos de Aznar, y pese a ello Herrera vuelve a reivindicar el Plan del Oste, la Autovía del Duero, la León-Valladolid... que es lo que no hicieron ellos".

Despojado ya de su traje de ministro y metido de lleno en su papel de número dos del
PSOE, Blanco aseguró que los españoles van a poner al PP en su sitio, donde se merece, "en la oposición". En una breve intervención, después de asegurar que en un momento como el actual el Gobierno asume la responsabilidad de tomar decisiones, el titular de Fomento arremetió contra Mariano Rajoy, del que dijo que "no tiene la altura política para ser el jefe de la oposición".

Manejando la hipótesis de que el
PP perderá las próximas elecciones, Blanco auguró que "a la tercera va la vencida y Rajoy irá fuera", perdiendo el liderazgo popular. El semanal digital.

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5. CASO PRETORIA. LA BURBUJA INMOBILIARIA.

Rafael del Barco Carreras

06-06-10. La Vanguardia de 23-05-10 enmarca tras las fotos y nombres de los implicados acusados “un ejemplo de cómo funcionaba la trama”. La trastienda de ese ejemplo es mucho más grave. La Vanguardia se olvida de la parte fundamental, la financiación, quizá porque no quiera molestar a alguno de sus financiero-políticos. Para acentuar esa gravedad deberíamos saber quien pone el dinero, pues si bien algún inmobiliario formalizará la compra con unas arras o “paga y señal” lo más simbólica posible, en este caso al Ayuntamiento de Santa Coloma, que podría ser Hospitalet, el faraónico puerto deportivo de Badalona, San Adrián…etc…etc… ese inmobiliario ligado y asociado a una caixa, hipotecará por más importe del que se pagará. Certificando el nuevo valor una tasadora propiedad de esa caixa. La operación supondrá varios pagos; comisiones al intermediario, astillas multimillonarias en el Ayuntamiento por facilitar la primera venta del terreno, y un reparto entre el inmobiliario y su alta conexión en la caixa correspondiente.

Recuadro en La Vanguardia con mis interpretaciones, ver en imágenes www.lagrancorrupcion.blogspot.com

2001. Primer negocio con un terreno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet por el que a la postre nadie ha invertido un duro generando exorbitantes beneficios. Venta, 12.000.000 de EUROS, unos ¡2.000.000.000! de las últimas pesetas.

2004. La hipoteca genera pagos que se renuevan o pagan con otros créditos al inmobiliario, hasta que se organiza otra venta a una nueva sociedad anónima “instrumental” por 28.000.000 de EUROS. ¡4.700.000.000 de pesetas! Beneficios y reparto tras la correspondiente segunda hipoteca que se reunificará con la primera, ¿o no? 16.000.000 de EUROS, entre la primera venta y la segunda, casi ¡2.700.000.000 de pesetas! .

2005. Se recalifica el terreno (y aquí se podría añadir al Ayuntamiento de Santa Coloma el urbanismo de la Generalitat) en el que se podrán construir VIVIENDAS DE LUJO y CINES, en un momento en que la oferta supera en mucho la demanda de viviendas de lujo en Barcelona ciudad y más en el entorno, con el cercano FÓRUM-DIAGONAL MAR y sus áticos a 2.300.000 euros y pisos de promedio 600.000. La Burbuja seguirá hinchándose dos años más.

Pero otro retruécano, base “sine qua non” en este proceso, esa caixa del ejemplo, suma la hipoteca de 28.000.000 de EUROS en un paquete de “titulados” y obtiene dinero barato en el mercado financiero internacional. ¡Genial! Nadie ha puesto un duro y se han repartido varios millones de euros.

El globo estalla cuando el inmobiliario tirará la toalla porque su “caixero” no facilita más créditos. Ha agotado tanto sus propias posibilidades como su crédito exterior, ni añadiéndole el aval del Estado. Esa caixa deberá absorber ese terreno y cientos, con o sin pisos de lujo encima, y que evidentemente pagará las amortizaciones de las hipotecas en manos de entes financieros internacionales que han descubierto el pastel. En algún caso, el suizo UBS, amenaza querellas criminales. Al no renovarse el crédito internacional, la hipoteca vuelve a esa caixa, que se habrá financiado por otros caminos. Peor fuera un crédito rechazado cuyos titulares de hipotecas eran extraños nombres extranjeros ilocalizables, unos 2.000 compradores de pisos.

En teoría una caixa barcelonesa tiene en su balance un terreno en Santa Coloma que de hecho solo puede servir para viviendas sociales con imposible amortización del coste del terreno (el importe de la hipoteca) repartido a través de dos o tres sociedades “instrumentales”, o sea “instrumento de la estafa a la caixa”, y de paso al Estado.

Y si le añado más fantasía real, terminando el cuento de la lechera, puede suceder, como a mí en el terreno ante la Universidad de Tarrasa, que por la presión popular (¿manipulada?) se anule la calificación anterior y se expropie para convertirlo en plaza pública. El cuento en Tarrasa acaba, que ahora, 36 años después, la pretendida plaza está tan construida como entonces pretendimos los promotores. ¿El Ayuntamiento de Tarrasa haría algo parecido al actual de Santa Coloma de Gramanet?

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"El País" niega lo nuevo del Supremo y protege sus fuentes y a Garzón
El diario de Prisa "tapa" el giro radical que puede tomar el caso Gürtel con las investigaciones del Alto Tribunal después de año y medio de filtraciones interesadas contra el PP.

El Tribunal Supremo estrecha el cerco sobre Baltasar Garzón que pudo cometer nuevas irregularidades al hacerse cargo de la investigación de la trama Gürtel.
La prensa afín a José Luis Rodríguez Zapatero, fundamentalmente el diario Público, dedica un amplio despliegue tipográfico a reproducir las tesis de María Teresa Fernández de la Vega (quien ordenó a Fiscalía que presentase recurso tras el sobreseimiento del TSJ valenciano) que apuntan a una conjura del PP contra la Justicia para amparar a Francisco Camps. Obvian así lo que es una cruda realidad para ellos; el Alto Tribunal investiga si ocurrió justamente lo contrario: si existió una operación político-judicial contra el PP orquestada por Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, algo que –y no hay que ser Federico Trillo para afirmarlo- lógicamente daría un giro copernicano al caso Gürtel.

Mientras estamos en puertas de lo que puede ser uno de los mayores escándalos judiciales de nuestra democracia, bautizada ya como la cacería contra el PP, el progubernamental diario El País mantiene un llamativo silencio informativo sobre las nuevas investigaciones del Tribunal Supremo. ¿Por qué lo hace?, según algunas fuentes consultadas por El Semanal Digital por dos motivos más o menos justificables "proteger a las fuentes que le han ido filtrando información saltándose el secreto de sumario y proteger al juez Garzón", entendiendo esta justificación siempre desde el universo de Prisa. Es tal el varapalo que para los intereses del Grupo Prisa ha supuesto las nuevas acciones del Alto Tribunal que incluso, en un ejercicio de malabarismo periodístico, ha llegado a negar que el Supremo haya iniciado el proceso.

Recopilo algunas de las filtraciones a El País que presuntamente facilitaron las fiscales Concepción Sabadell y Myriam Segura, ahora investigadas: conversaciones de Esteban González Pons (9-02-09), informe sobre financiación PP (18-03-09), informe ventas Milano y Forever Young de la Brigada de Blanqueo (21-04-09), información de operación policial buscando datos sobre Rita Barberá (11-08-09), la Brigada de Blanqueo apunta a financiación irregular PPCV (21-09-09), informe de la Brigada de Blanqueo sobre constructoras valencianas relacionadas con el PP (21-09-09), información sobre más grabaciones a cargos del PP (26-09-09), ven la luz documentos contables de la trama que tratan de implicar al PP, esto lo rechazó de plano el TSJCV (27-09-09), informe Agencia Tributaria que trata de implicar al PP (27-04-10).

Paradójicamente, y de manera paralela, se filtran informaciones relacionadas con el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y más concretamente con informes internos que son publicados estratégicamente por diario El País. Algo similar ocurre con el trabajo que en la instrucción sobre Gürtel desarrolla Baltasar Garzón que es prácticamente transmitida en tiempo real por el mencionado diario. Capítulo significativo de esto que les contamos son las informaciones de El País sobre declaraciones del sastre José Tomás a las que sólo tenía acceso Garzón. Son todos estos argumentos de peso para que el diario madrileño cometa un "apagón informativo" sobre la gravedad de unos hechos que ahora investiga el Supremo. Cazadores cazados
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