Profesionales de Sanidad, Asistencia Social, Justicia y Educación crean un protocolo para casos de violencia de género

Medio centenar de profesionales de las diferentes disciplinas que intervienen en la lucha contra la violencia de género en la Región de Murcia, Sanidad, Asistencia Social, Justicia y Educación, se reunirán durante los días 27 y 28 de abril en Totana para elaborar un protocolo de actuación interinstitucional en violencia de género, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

EUROPA PRESS. 17.04.2010

Así, el objetivo es establecer canales de coordinación para mejorar la atención y protección de las víctimas. Las jornadas, organizadas por las consejerías de Política Social, Mujer e Inmigración y de Sanidad y Consumo, reunirán a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, órganos judiciales, forenses, Ministerio Fiscal, colegios profesionales de abogados y de psicólogos, profesionales de servicios sociales y de servicios especializados en violencia, personal sanitario y otros que intervienen en la atención de las víctimas de este tipo de violencia.

Durante las sesiones de trabajo, los técnicos pondrán en común las actuaciones que desarrollan en sus diferentes ámbitos. Asimismo, tratarán de identificar los puntos fuertes y débiles en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, para reforzar los primeros y minimizar los segundos.

Y es que, según la directora del Instituto de la Mujer de la Región (IMRM), Teresa Moreno, "se trata de establecer mecanismos de trabajo que permitan una mayor visibilización de las víctimas de violencia de género, y evitar así el importante porcentaje de mujeres fallecidas que nunca han denunciado".

Asimismo, Moreno indicó que "es preocupante que cerca del 80 por ciento de las víctimas mortales registradas este año en España no denunciaran nunca al agresor", al tiempo que añadió que "estas mujeres, en algún momento, han expresado forma directa o indirecta la grave situación por la que estaban pasando".

Por todo ello, defendió la implementación de actuaciones multidisciplinares e interinstitucionales "para evitar esa situación de invisibilización o normalización en la que vive la afectada", mientras que alertó al entorno de la víctima de que es preciso denunciar ante cualquier situación de riesgo de violencia.

"La sociedad no puede dar por normalizadas unas relaciones en las que existe un trato desigual o vejatorio", concluyó la directora del IMRM

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Califica de covarde a acción rexistrada esta madrugada e afirma que as diferenzas políticas dirímense debatendo e non incendiando locais

O PPdeG condena os ataques sufridos na súa sede de Nigrán e lamenta que haxa quen queira silenciar a forza das ideas a golpe de cóctel molotov

· A acción desta madrugada xerou importantes danos materiais na sede de Nigrán pero absolutamente ningún efecto sobre a moral e a determinación dos populares á hora de utilizar a política para a mellora decidida do país

· O PPdeG móstrase convencido de que ataques desta natureza á liberdade de expresión e política son rexeitados pola inmensa maioría da sociedade galega

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También es propietaria de un 5% de las acciones de la Hípica Almenara

La hija de Bono de 10 años ‘paga’ una hipoteca de 110.000 euros

La niña es propietaria de un local en Albacete. Es una tienda que gestionaba su madre.

La hija pequeña de José Bono, todavía menor de edad, es ya propietaria de un local en el centro de Albacete, en la zona comercial más importante de la ciudad.

La propiedad está a nombre de la pequeña de los cuatro hijos que tienen el presidente del Congreso y su mujer Ana María Albina Rodríguez Mosquera.

Según el Registro de la Propiedad número 4 de Albacete, el título de propiedad pasó a la hija de Bono el 6 de julio de 2009, dos meses después de que la menor hiciese su Primera Comunión. La niña, de origen chileno, fue adoptada por el presidente del Congreso con 7 meses de edad en 2001.

En el momento en el que se registró el local a su nombre, la pequeña tenía 9 años.

El local, situado en el número 12 de la calle Tesifonte Gallego, en el Centro Comercial Calle Ancha, tiene una superficie de 130 metros cuadrados. Sobre éste pesa una carga hipotecaria de 110.000 euros con el Banco Popular que vence en junio de 2011.

El valor de subasta fijado para esta finca es de 295.886 euros. Según varias inmobiliarias de la zona, el local tiene un valor de mercado aproximado de 350.000 euros.

La hija menor de edad de José Bono es, además, propietaria de un 5% de las acciones de la Hípica Almenara y de la empresa patrimonial Ahorros Familiares SAJA, según consta en el depósito de cuentas de 2008 de esta sociedad.

Tras su fracaso empresarial al franquiciar algunas de las tiendas de la firma de joyería Tous, que dieron pérdidas durante los primeros años, Ana Rodríguez Mosquera cambió su relación comercial y comenzó a gestionar siete de las tiendas propiedad de la marca catalana.

El contrato le ofrece a la esposa de Bono un porcentaje de las ventas de cada una de las tiendas, además de un fijo por representar a la joyería. La empresa Ahorros Familiares SAJA es la utilizada por la esposa de Bono para facturar sus acuerdos con Tous.

Actualmente el local del que es propietaria la niña de 10 años aloja una de las tiendas de Tous que gestiona la esposa del presidente del Congreso, Ana María Rodríguez Mosquera. En la misma dirección está domiciliada la sociedad Ópalo 81, dedicada a la intermediación comercial.

La sociedad fue constituida el 5 de febrero de 2007 con la esposa de Bono, Ana María Rodríguez, y Pablo Cañego Muñoz como administradores. Meses después, en diciembre del mismo año, cesaron de sus cargos y fueron nombrados administradores solidarios Amelia Bono -otra hija del político- y Francisco Herrera García.

Amelia es la hija mayor del presidente. Su boda con Manuel Martos, hijo del cantante Raphael, aumentó la popularidad de su madre al frente de algunos negocios de patrocinio de la firma de joyería Tous.

De hecho, durante varios años, Amelia, licenciada en Derecho, ha contribuido a los negocios de la familia ayudando a su madre cuando ésta aún tenía alguna de las franquicias de Tous en Castilla-La Mancha.

Aunque la esposa de Bono ya no tiene las franquicias, el local donde está situado el Tous de Albacete sigue siendo propiedad de la familia, en este caso de la hija menor de edad del matrimonio.

Los tutores legales de la niña, José Bono y Ana María Rodríguez Mosquera, son los responsables fiscales y administradores de la propiedad, según fuentes jurídicas consultadas.

El domicilio fijado a efectos de requerimientos y notificaciones de la hipoteca es el 17 de la calle Hombre de Palo de Toledo, donde se encontraba la tienda Tous propiedad de la esposa de Bono.

El alquiler de un local en el centro comercial donde se encuentra el de la hija menor de Bono tiene una renta de 6.000 euros mensuales, según información local publicada sobre el precio del suelo en Albacete.

LOS DESCUIDOS

Bono tampoco incluyó este local en los documentos que se filtraron a un diario nacional sobre el patrimonio del político y su familia. En el mismo artículo el presidente del Congreso aseguraba que sólo tenía un ático en Estepona, su casa de Toledo y un piso en Madrid que le había regalado a su hijo.

Sin embargo, en el Registro de la Propiedad de Estepona figuran dos áticos a nombre de la sociedad Ahorros Familiares SAJA, participada por José Bono, su mujer y sus hijas, según consta en el depósito de cuentas de la empresa de 2008.

Esta sociedad es también propietaria de un lujoso ático en la calle Ayala de Madrid, adquirido en 2009 y cuyo valor de mercado ronda el millón de euros. Además, Bono es propietario ya de un piso en la localidad alicantina de El Campello, aunque tampoco informó de su adquisición al diario El Mundo.

NOTA.- esta información fue publicada originalmente en el diario La Gaceta

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Garzón: "Ahora y así, no me puedo ir"

Al entorno del juez llegan mensajes de que si abandona la Audiencia Nacional se archivarán los tres procesos contra él y se arreglarán todos sus problemas

JOSÉ YOLDI 19/04/2010

"Si se va de la Audiencia Nacional se arreglan todos sus problemas". Ese mensaje, en el que se vincula la salida del juez Baltasar Garzón del juzgado -desde el que ha investigado a ETA, a los GAL, a Pinochet y a tantos otros- con el archivo de las tres querellas contra él, sus correspondientes procesos en el Tribunal Supremo y la amenaza de que el Consejo del Poder Judicial le suspenda de sus funciones el día 22 ha llegado por muy distintas vías al entorno del magistrado.

El juez ninguneó la Ley de Memoria al activar el proceso penal al franquismo

Parte del Gobierno vio con buenos ojos dar un escarmiento al magistrado

Su decisión sobre ANV provocó una humillación para el Supremo

Exigen que se ponga fin a la presión mediática sobre el alto tribunal

Él, que nunca se ha arrugado frente a investigaciones difíciles o peligrosas, no se lo acaba de creer. Se lo han dicho a amigos, a gente de su confianza, pero nadie se lo ha dicho directamente a él. En todo caso, su postura es inequívoca: "Ahora, y así, no me puedo ir". Muchos interpretarían que huye y él es de los de un paso atrás ni para tomar impulso.

Se ha publicado que le han ofrecido ser juez de enlace con toda Iberoamérica, un puesto que no existe y que sería de creación exclusiva para él, que mantiene excelentes relaciones en la mayoría de los países del continente americano. Él sostiene que nadie le ha hecho semejante ofrecimiento ni le ha ofrecido un puesto en la Corte Penal Internacional, otro rumor que tomó cuerpo a principios de año, seguramente porque hace tiempo se dijo que iría de número dos del argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe en ese tribunal, lo que no veía con desagrado, pero que tampoco se produjo.

Está claro que a estos puestos internacionales no se llega exclusivamente por prestigio, sino como mínimo con el apoyo del Gobierno. Y el segundo Ejecutivo de Aznar, cuando se produjo la oportunidad de la Corte Penal Internacional, no confiaba en él -tampoco el PSOE- porque ha demostrado que es un tipo independiente, incontrolable desde el poder.

De los gobiernos, los únicos que le quieren, porque le necesitan, son los ministros del Interior. Sus investigaciones y procesos, no sólo contra los comandos y la dirección de ETA sino contra sus estructuras paralegales así como las desarticulaciones sucesivas de la cúpula de Batasuna, se han convertido en imprescindibles y han conducido a la banda terrorista a la situación de acoso y derribo en la que se encuentra. Pero ya está. Para lo demás, Garzón resulta incómodo.

Pudo salir del juzgado cuando se presentó a presidente de la Sala de lo Penal, y también de la Audiencia Nacional. Un juez con una biografía tan espectacular, que entre otros méritos ha sido candidato a Premio Nobel de la Paz, ni siquiera entró en la terna de uno de esos puestos. Había quien consideraba que con haberle concedido uno de ellos, se le habría neutralizado. Y es cierto que su poder, el que le confiere su capacidad de investigar los asuntos más espinosos desde su juzgado, habría acabado. A partir de ese momento sólo habría dispuesto de un voto de los tres que hay en un tribunal, o se habría hecho con un cargo más representativo que de poder efectivo. Es cierto que habría tenido otro tipo de poder, pero mucho más matizado, aunque también hay que tener en cuenta que la persona hace el cargo y Garzón no es alguien que se apunta a un puesto sólo para figurar.

Ahora, fuentes judiciales aseguran que el presidente del Gobierno habría dado instrucciones al fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que es magistrado de la Sala Segunda del Supremo, para que el asunto se arregle, por el enorme descrédito que los procesos en el Supremo contra el juez está generando en instancias internacionales. El editorial de The New York Times titulado Una injusticia en España, en el que se describe a Garzón como un juez valiente y controvertido, y en el que se señala que los verdaderos delitos son las desapariciones y no la investigación que pretendía el juez; así como los de otros medios extranjeros (Le Monde, The Economist y The Guardian) reflejan lo que se encuentran José Luis Rodríguez Zapatero y sus ministros cuando viajan por Europa y América. No es algo que Zapatero o Conde- Pumpido vayan a confirmar. Es dudoso que sea así, pero aunque fuera cierto, la Sala Penal del Supremo, de abrumadora mayoría conservadora, es en estos momentos impermeable a sugerencias del Ejecutivo. Los magistrados del Supremo, en su inmensa mayoría, están hartos de Garzón desde hace mucho tiempo. Le consideran vanidoso, mucho peor juez que ellos mismos y la más refulgente supernova en el firmamento de los jueces estrella. Ellos, que han llegado a la cumbre de su profesión y tienen el más elevado concepto de sí mismos, resulta que tienen mucha menos fama, lo que se traduce en un muy inferior caché en los cursos y conferencias que participan. Darle un escarmiento y ponerle en su sitio era algo que muchos veían con buenos ojos.

En varias ocasiones el juez de la Audiencia Nacional les ha robado el protagonismo, como cuando en agosto de 2002 suspendió de funciones a Batasuna, poco antes de que el Supremo se pronunciase en su proceso de ilegalización. Lo mismo ocurrió el 8 de febrero de 2008, cuando en una maniobra similar el juez suspendió las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) impidiendo de esa forma que pudiera concurrir a las elecciones. Aparte de que los titulares de los medios fueron para Garzón, los magistrados del Supremo resultaron humillados, y eso no se perdona.

En su resolución, el juez clausuró las sedes de ANV, congeló sus cuentas bancarias y embargó sus subvenciones. Pero además, Garzón añadió el corte del agua, de la luz y del teléfono. El juez no se percató de los daños colaterales de su decisión: su auto era tan drástico que dejaba sin contenido las medidas cautelares que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado en el proceso de ilegalización de ANV que se desarrollaba paralelamente en el Supremo. La vista se celebraba esa misma tarde en el alto tribunal, pero la dirección de ANV ordenó a su abogado, Iñigo Iruin, que no compareciera.

¿Lo imaginan? Todo el tribunal reunido, dispuesto para la vista, un viernes por la tarde, y el abogado recurrente les deja plantados. Y los magistrados del Supremo no culparon al letrado, sino al que con su auto, esa misma mañana, había provocado esa situación: Garzón.

Por si no fuera suficiente, el Supremo considera que el juez es el responsable del desprestigio que la Sala Segunda está acumulando por los tres procesos contra él, especialmente el relativo a los crímenes del franquismo, aunque en los tres casos el fiscal esté en contra de la querella y no aprecie la existencia de delito por ningún sitio. Por todo eso, llega un segundo tipo de mensajes a Garzón y su entorno: "Detén inmediatamente la presión mediática contra el Supremo. Eso no hace sino perjudicarte". Como si el magistrado tuviera una varita mágica con la que pudiera mover a su antojo a periódicos, radios y televisiones e incluso a toda la corte de defensores y admiradores que han surgido a raíz de los tres procesos, pero especialmente las asociaciones de la Memoria Histórica que consideran tremendamente injusto que Garzón tenga que sentarse en el banquillo por tratar de investigar los crímenes del franquismo.

El caso es que lo que en un principio no iba a ser más que un tirón de orejas para Garzón -visto con buenos ojos desde algunos sectores del Gobierno y la propia Fiscalía por haber ninguneado la Ley de Memoria Histórica y haber tratado de construir un proceso penal sobre lo que para ellos sólo debe ser un tema administrativo-, tras el posterior e inequívoco respaldo de la derecha política y judicial a ese revolcón al juez después de reventar el caso Gürtel, ha derivado hacia una vorágine de ominoso final.

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Salgado ve la reforma laboral buena para las cuentas públicas

Hoy se reúnen los agentes sociales

Salgado presidió el Ecofin de Madrid. - Ángel Navarrete
B. C. B. - MADRID - 19/04/2010 02:00

El Gobierno da por sentado que sacar adelante un pacto en materia laboral tendrá algún coste para el Estado, pero espera que sus beneficios compensen con creces el esfuerzo del erario público. Esta es la idea que emanó ayer de las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno Elena Salgado, al ser preguntada por la repercusión que tendrán las medidas que surjan del Diálogo Social sobre la estrategia de consolidación fiscal de España.

Aunque Salgado cree que "es muy pronto" para decir si las medidas que se adopten van a influir en el plan de consolidación fiscal que España ha presentado a Bruselas, está segura de que sus efectos serán "positivos", ya que "van a favorecer la contratación", lo que a la larga, por el descenso del número de parados y el pago de prestaciones, "favorecerá nuestras cuentas públicas". Salgado hizo estas declaraciones al término de la reunión de los ministros de finanzas de la Unión Europea con sus homólogos asiáticos.

El Gobierno va a plantear a los agentes sociales crear un fondo que financie la reforma del mercado laboral, especialmente, la exención de una parte del despido para las empresas que hagan contratos indefinidos. Como adelanto Público el pasado jueves, este fondo podría nutrirse del excedente que tiene el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que alcanza los 3.600 millones de euros, así como de lo que el Ejecutivo piensa ahorrarse en bonificaciones a la contratación.

Estas ayudas a la contratación se entienden como políticas activas de empleo y salen de los Presupuestos Generales. Hasta ahora, se concedían unos 2.800 millones al año, pero el Gobierno y los agentes sociales están de acuerdo en que estos recursos no estaban siendo bien utilizados y sólo mantendrán los de jóvenes y colectivos especiales.

Hoy se reúnen de nuevo patronal y sindicatos para tratar el documento que Trabajo presentó la semana pasada, pero la CEOE ya ha advertido de que no negociará en firme las propuestas del texto antes de que su junta directiva se reúna el miércoles.

Por otro lado, Salgado respondió a una pregunta sobre la marcha de Ley de Cajas de Ahorros, en la que reafirmó que "el Gobierno no quiere que haya órganos electos en los consejos

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Los loteros llaman al cierre contra los planes de Hacienda

MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 19/04/2010

El próximo miércoles los españoles pueden contemplar una imagen insólita: el cierre de los despachos de loterías. Para que eso sea posible, tendrá que tener éxito el llamamiento al "cierre patronal", por primera vez en la historia, que lanzaron el domingo en el "congreso de unidad" los líderes de las tres asociaciones mayoritarias del sector, Anapal, Fenapal y Apla. El objetivo es paralizar los planes de Loterías y Apuestas del Estados (LAE) de que la Lotería Nacional se pueda vender por terminal -tal y como sucede con la Primitiva- y cambiar el régimen por el que se rigen las administraciones -pasar del administrativo al mercantil-.

La puerta al cambio la abrió la Ley de Presupuestos de 2010. En el plazo de un mes los más de 6.000 puntos de venta mixtos de LAE (quioscos, librerías, estancos...) podrán vender Lotería Nacional. Lo que para Hacienda es abrir la puerta a la modernización del sector, para los loteros acabará con el décimo tradicional y les obligará a compartir, hasta ahora es una prerrogativa exclusiva, sus ventas de Lotería Nacional con los puntos mixtos.

El otro caballo de batalla es el cambio de régimen. Pasar de la norma administrativa a la mercantil permitirá a los loteros celebrar contratos privados, vender el negocio o cederlo a sus hijos (algo que ahora depende de la decisión de la Administración). Estos argumentos, esgrimidos desde LAE, no convencen a Manuel Izquierdo, presidente de Anapal: "No hemos visto todavía el contrato que tendremos". Pero en este punto no hay unanimidad. La asociación Pidal, presidida por Helena de la Cámara, cree que el paso que da Hacienda permite modernizar un sector que se rige por una norma de 1957. "Yo le veo ventajas", resume De la Cámara, "me voy a poder ir de vacaciones sin permiso, no voy a tener que vivir en el mismo sitio que tenga la administración...".

Además de estos cambios, según los convocantes del paro, los Presupuestos de 2010 permiten privatizar la gestión de LAE. El director general del organismo, Gonzalo Fernández, lo niega. "No ha estado ni está entre los planes del Gobierno", sentencia. Pero estas palabras no convencen a los responsables de las asociaciones de loteros. "No nos lo han dado por escrito. Que nos lo digan por escrito", reta Izquierdo.

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Taguas: "Los funcionarios tienen gran culpa del déficit"

Publicado el 17-04-2010 , por Estela S. Mazo

No estaban en el centro de la actualidad, que ayer correspondió a Madrid con la reunión de ministros europeos de Economía y Finanzas. No estaban en el centro de los focos, pero en el ForoBurgos se trataban asuntos con larga proyección. Se debatía los temas de fondo que realmente pueden conseguir que España salga de la peor recesión vivida en la historia reciente.

Una crisis que tiene su máximo exponente en la situación fiscal, con un déficit que ya desbordó el 11% el año pasado, batiendo todos sus récords y falto de explicaciones como para que el consumidor medio entienda cómo se ha llegado a esa situación.

La luz llegó ayer de manos de David Taguas, ex asesor económico de Zapatero en Moncloa. Ahora, desde la presidencia de Seopan, sorprendió con su razonamiento sobre la débil situación presupuestaria en el ForoBurgos, que ayer cerró su sexta edición y que, organizado por Caja de Burgos en colaboración con la Universidad de la ciudad, ha llevado por título En la senda de la recuperación: nuevos modelos competitivos.

Punto de no retorno
“Hemos llegado a una situación que ya no tiene marcha atrás”, remachaba. Así se refería al agujero de las cuentas públicas, que han pasado de un superávit del 2% hace dos años a un déficit del 11,2% del PIB hoy… ¿Cómo se explica esa diferencia?, se preguntaba Taguas.

La primera respuesta no sorprende: casi la mitad se ha producido por la caída de los ingresos públicos. “En concreto, suponen el 47% de la reducción de ese saldo”, explicaba. Además, “hay una partida que todos entendemos que ocupa el tercer lugar, que es el aumento de las prestaciones sociales, pues dos millones de personas han salido del mercado de trabajo, con lo que sube el esfuerzo en prestaciones por desempleo… aunque esto explica un 22% de la variación del superávit”. Lo que le eleva al tercer lugar del agujero presupuestario. Hasta ahí, Taguas consideró estos factores como la normalidad de la fuerte crisis.

Pero... ¿A quién corresponde entonces la medalla de plata? ¿Qué queda en medio, en ese segundo lugar? Taguas lo explicaba sin cortapisas: “Hay una partida de la que se habla poco, que es el incremento del consumo público, es decir, de los funcionarios y de su retribución durante la crisis. En 2008 y 2009 su sueldo y la variación de las plantillas explican un 23% de la variación del déficit”. El mínimo porcentaje restante corresponde al Plan E, que apenas ha funcionado.

Sus palabras llegan en plena polémica por la necesidad de rebajar el sueldo de los empleados públicos por la crisis, debate que el Ejecutivo ha querido acallar. Tras una avalancha de mensajes polemizando sobre esta situación, el Gobierno ha preferido silenciar las voces a favor y en contra de cambios en la retribución de la función pública para centrar el debate en la política laboral del resto de trabajadores.

Sin embargo, esta reforma cobra más actualidad, si cabe, si se tiene en cuenta que “estamos en una nueva fase: la crisis fiscal”, como definía Luis de Guindos, director del Centro de Investigación Financiera del Instituto de Empresa. Un escenario en el que el ex secretario de Estado considera que la “gran pregunta” es si va a haber financiación para el sector privado en el futuro.

Sexta edición
Esta sexta edición, que se celebró el jueves y el viernes, consolida la relevancia del ForoBurgos, que, con el asesoramiento de AFI, reunió durante dos días a 500 empresarios y que contó con la presencia de ponentes como la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia; Álex Rovira, consultor y escritor; y John Bruton, ex primer ministro de Irlanda y ex embajador de la Unión Europea en Estados Unidos.

En las sesiones de ayer participaron, entre otros importantes conferenciantes, Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro; Manuel Calvo García-Benavides, consejero delegado del Grupo Calvo o José Antonio Herce, socio director de AFI.

Arribas: "Esperar sin más que pase el temporal es un suicidio"
El presidente de Caja de Burgos aprovechó la clausura del ForoBurgos para animar a los asistentes a atreverse a emprender “pequeños cambios” en las empresas. ¿Qué sucede si no hay una actitud activa? José María Arribas lo tiene claro: “Esperar a que pase el temporal es un suicidio empresarial”.

De esta forma, quiso hacer suyo el título del encuentro de esta edición, “Metamorfosis”, con lo que pretendió hacer hincapié en la necesidad de transformación que, en su opinión, incluye a todos los ámbitos de la empresa. Tan amplio es el abanico que entiende que el empresario no es el encargado de ejecutar los cambios: debe liderarlos y, para ello, su equipo es imprescindible.

Para muestra, un botón: Banca Cívica, que enseña la importancia de la integración investigación concluye que el pesimismo está unido a la holgazanería.

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El sumario Gürtel acorrala al PP

La testigo que huyó de la secta Gürtel

La publicista Isabel Jordán vive con protección policial - Recibió amenazas durante meses tras descubrir a qué se dedicaban Correa y Crespo, sus jefes

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL -

El 16 de octubre de 2007, una mujer se presentó ante la Guardia Civil y denunció que la empresa en la que trabajaba tenía una administración irregular. Ella era la administradora. Su jefe, un tal Pablo Crespo, tenía una caja en la que entraba dinero negro de procedencia desconocida y después salía en sobres que acababan en manos de un tal José Luis Izquierdo, el contable de otra empresa. También había descubierto facturas falsas para empresas virtuales. Además, y este era el motivo de su denuncia, había encargado por su cuenta una auditoría y como consecuencia le habían robado el ordenador y los documentos de su despacho.

La empresa era Special Events. Lo que Isabel Jordán estaba describiendo a los agentes era parte de las entrañas de la trama de corrupción política más extensa de la democracia, aunque entonces aún no lo sabía. Al día siguiente, el 17 de octubre, tuvo que volver a llamar a la Guardia Civil de Boadilla a denunciar que la seguían dos coches. Los agentes detuvieron a los individuos, y hallaron una cámara de fotos con imágenes de la hija de ocho años de Jordán, su casa y su colegio.

Su relación con la empresa había empezado en 2004, como empleada, cobrando 1.200 euros. Contactó con ellos a través de Jesús Sepúlveda, entonces responsable de actos del PP. Se estrenó en un acto de homenaje a los voluntarios del 11-M en el que conoció a Alberto López Viejo.

De las declaraciones que figuran en el sumario, y de detalles aportados por personas que la conocen, se puede extraer que la pesadilla de Isabel Jordán comenzó un día de mayo de 2007. El PP acababa de volver a ganar las elecciones en Madrid. Para entonces cobraba 3.200 euros y la habían convencido para figurar como administradora y después, como socia. Jordán acudió a una cena con la cúpula de su empresa. En un reservado del restaurante del Hotel Fénix, se sentó a una mesa en la que estaban Francisco Correa y Pablo Crespo (el dueño de la empresa y el administrador), Ramón Blanco Balín (el asesor fiscal), Tomás Martín Morales (que sería vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte) y Alfonso Bosch (diputado y gerente de la misma empresa).

Era la primera vez que participaba en una reunión de ese nivel. Por entonces, ya había empezado a hacer preguntas incómodas sobre la contabilidad, a raíz de cosas que le iban contando Javier Nombela (el contable) y José Luis Peñas (concejal de Majadahonda). Pero esa noche, en aquella mesa, vio en directo a qué se dedicaba su empresa. Tomás Martín, el hombre del PP, sacó un pliego de condiciones de un concurso de dos millones de euros para hacer todos los folletos y papelería del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y dijo que se iban a presentar. Estaban todos compinchados. Jordán se encaró con los presentes. Le pareció escandaloso. Cuando fue a levantarse, Tomás Martín intentó convencerla con otro papel. Tenía preparada una hoja de costes donde se detallaba que Easy Concept gastaría unos 600.000 euros en el proyecto y tendría un beneficio de 1,5 millones. Ella, como todos los presentes, se llevaría un pellizco. Había entrado en la élite.

Jordán figuraba ya entonces como administradora y firmaría personalmente el contrato. Amenazó con irse de la empresa. Comenzaron a gritarle, que si estaba loca, que era una oportunidad para todos. El diputado Bosch le dio una patada por debajo de la mesa para que se callara. Cuando se levantó para salir del reservado, Correa la cogió por el brazo: "Me esperas que quiero hablar contigo a solas". La llevó a la calle y allí le contó que había amañado un concurso de suelo en Boadilla, que se habían repartido comisiones con el alcalde y que lo tenía grabado en vídeo contando el dinero. Hizo el gesto de un cuenco con la mano y dijo: "Lo tengo comiendo en mi mano". En ese momento, Isabel Jordán se dio cuenta de que no trabajaba para un empresario, sino para un gánster.

Llevaba 15 años en la profesión. Cuentan los que la conocen que le apasionaba su trabajo: montar escenarios, quedarse hasta la madrugada para que unas luces estuvieran perfectas, probar el sonido una y otra vez. Había trabajado hasta 14 horas diarias. Para hacer rico a un gánster.

A partir de ese día, prácticamente no volvió por la empresa. Hasta que lo denunció, en octubre, fueron meses de depresión y amenazas. Ella se quería ir de la empresa, pero no sin un papel que la eximiera de responsabilidad. Correa le dejaba mensajes amenazantes en el contestador a gritos: "Hay muchas administradoras en la cárcel". Fue despedida estando de baja.

El 6 de febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, que ignoraba toda esta historia, ordenó que la detuvieran. Ante Garzón, Isabel Jordán, de 41 años, se desahogó por primera vez.

Hoy intenta trabajar en lo suyo pero su relación con Gürtel lo hace muy difícil. Sigue viviendo en la casa de Boadilla a la que se mudó por recomendación de Pablo Crespo. Costaba 1.200 euros al mes, cuando ella estaba pagando un alquiler de 600 en Valdebernardo. Pero Crespo la convenció de que dejara ese barrio, que no pegaba con el estatus de una directiva. Un estatus del que salió corriendo la noche que oyó a su engominado jefe hablar de alcaldes que comían en su mano. Ahora vive con protección policial, imputada por cohecho y delito fiscal. Sus jefes están en la cárcel.

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Ángel Exterminador’

Pablo Sebastian

Puede que sea un santo, como dicen algunos. O un iluso, o un idealista, o un político fiel a sus convicciones, o un astuto estratega que sobrevive a cualquier adversidad. El tiempo dirá pero de José Luís Rodríguez Zapatero al día de hoy solo se le puede valorar por cuanto acontece en el territorio español, porque nada de lo mucho que está pasando en España le es ajeno ni está al margen de su responsabilidad.


En el libro La Apocalipsis de San Juan el Ángel Exterminador es Abalón (en hebreo): el ángel de la destrucción o de la perdición. El mismo que dio título a la magnífica y surrealista película de Luís Buñuel (‘El Ángel Exterminador’, 1962) donde un grupo de comensales de la alta burguesía quedan encerrados en el salón donde celebran sus vanidades, y donde acaban haciendo gala de su crueldad y bajos instintos para sobrevivir a una cárcel virtual de la que solo pueden salir cuando han desnudado su verdadera identidad. Algo de esto, perdición y perversa vanidad, tiene que ver, simbólicamente hablando, con nuestros cuatro corceles “apocalípticos: la crisis de la economía ; daño a la unidad de España; desprestigio de la Justicia; y ambigüedad frente a ETA. Todo ello bajo el mandato de nuestro particular Ángel/Abalón, el sonriente y “buenista” José Luís Rodríguez Zapatero quien, preso de su bacanal y disfrute enloquecido del poder, ha iniciado el declive de su presidencia en la que puso todo patas arriba (desenterrando incluso el debate de “las dos Españas”) y provocó, intencionadamente o a su pesar, el principio del fin de la agotada transición.

Lo ocurrido en últimos días en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo responde a sendos ataques del presidente Zapatero que tienen la máxima trascendencia negativa para la unidad de España, al Estado de Derecho y el prestigio de la Justicia. Hasta el punto que hemos visto al presidente Zapatero amparando una feroz campaña contra el Tribunal Supremo, al que se ha acusado de complicidad con el franquismo fascista -con motivo de procesamiento del juez Garzón- en un bochornoso acto “académico” ampliamente difundido y presidido por el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, en presencia del Secretario de Estado, Gaspar Zarrías. Todos jaleados por el insultador ex fiscal anti corrupción, Carlos Villarejo. Y todos tras la estela de Zapatero, quien no dudo en elogiar públicamente a Garzón tras haber sido imputado en el Tribunal Supremo.

Es decir, al presidente no le importa el descrédito del Tribunal Supremo dentro y fuera de España –el debate ha saltado a la prensa internacional- y prefiere dañarlo con tal de que no le toque un pelo a su famoso juez de cámara, que tantos servicios le ha prestado (Gürtel, Faisán, legalización del PCTV, etc). Y esto mismo es lo que pretende hacer ahora nuestro “angelical exterminador”, Zapatero, con el Tribunal Constitucional: dinamitarlo antes de que una sexta ponencia acabe quitando del preámbulo del Estatuto Catalán el título de “nación” que se le quiere otorgar a Cataluña, en contra de la única nación española que proclama la Constitución Española de 1978. Que es lo que le ha pretendido sin éxito la ponente, Elisa Pérez Vera, que fue derrotada por los seis magistrados que rechazaron la propuesta que asumía las posiciones de Zapatero y de los nacionalistas catalanes. Los que pretendían otorgar el título de “nación” a Cataluña en menoscabo de España. Dando la mayor importancia al preámbulo del Estatuto, al mismo tiempo que decían que no tenía ninguna consecuencia legal.

Una vez más Zapatero aparece en la cabecera de esta operación con la que pretendía dar un vuelco a la Constitución Española, camino de una Confederación, utilizando la puerta trasera de una ley orgánica para la reforma de un Estatuto de Autonomía, poniendo en solfa principios esenciales de la convivencia nacional, y el propio título de nación española. Y hurtando a la soberanía nacional lo que a todas luces era un cambio flagrante de la Constitución Española de 1978 sin someterlo a referéndum.

Y ahora cuando ve peligrar la espina dorsal del Estatuto soberanista catalán Zapatero prefiere dinamitar con malas artes el Tribunal Constitucional imponiendo su bloqueo y su renovación, lo que se conseguirá si sus magistrados más afines dimiten siguiendo las instrucciones que la Moncloa les ha transmitido a través del diario gubernamental `El País´. Lo que supone impedir que el nuevo ponente, Guillermo Jiménez, presente en un tiempo razonable su propuesta y la someta a votación. O sea, la caducidad del mandato de varios magistrados no era importante si la ponente era Pérez Vera, pero es insostenible si el ponente es Jiménez.

Es decir golpe de mano contra el Tribunal Supremo y otro golpe de mano contra el Tribunal Constitucional al servicio de Zapatero y de sus aliados nacionalistas, para buscar, como sea, su permanencia en el poder. Algo parecido a lo que en Italia suele hacer Silvio Berlusconi para mantenerse y huir de la Justicia.

Y mientras tanto el corcel de la crisis económica galopa desbocado y sin jinete, fustigado por los sindicalistas y banqueros, con dos años perdidos y sin que nadie tome medidas sobre los más urgentes desafíos: reforma laboral; control del déficit; bloqueo del crédito; y ausencia de la obligada reforma del sistema financiero, empezando por las Cajas de Ahorro.

El cuarto jinete, ETA, está de capa caída, es verdad. Pero Zapatero, que siempre ha confiado en su buena estrella, no desiste en su ambición de que la banda terrorista le entregue las armas en vísperas de las elecciones de 2012. De ahí los guiños a presos etarras y mensajes cifrados a Otegui, o la vista gorda sobre Josu Ternera –al parecer enfermo en Düserdolf-, o las cortinas de humo sobre el caso Faisán. Todavía resuenan en el aire sus temerarias y amables palabras con ETA cuando Zapatero nos decía que De Juana Chaos era “favorable al proceso de paz”, o que Otegui era “un hombre de paz”. Palabras que saltaron por los aires en la Terminal 4 de Barajas, justo el día después (30 de diciembre de 2006) de que el angélico presidente nos anunciara el inminente fin del terrorismo vasco. Lo que hizo con el mismo “optimismo antropológico” con el que declaró que no había crisis económica, o que “los brotes verdes” de la recuperación ya estaban a la vista. O cuando elogió como un héroe a Garzón. O como cuando, a propósito de España, señaló que la nación española era “discutida y discutible”, naturalmente por él.

Adivina, adivinanza: ¿dónde están las cabezas pensantes y responsables del PSOE, que en su día pactaron la Constitución de 1978 y enterraron el debate de “las dos Españas” que ahora pretende reactivar Zapatero?; Y ¿dónde está la leal oposición? Mariano Rajoy, dedicado a dar explicaciones por los casos de corrupción que no ha sabido atajar en su momento, no está a la altura de las circunstancias y no se atreve a presentar, aunque la pierda, la moción de censura a Zapatero que requiere el grave momento español. Utilizando el altavoz del Parlamento para denunciar la grave situación y ofrecer su programa de recuperación de las instituciones y de la economía, y la lista del que podría ser el núcleo duro de su gobierno para que los ciudadanos puedan visualizar la alternativa, si es que existe como tal. O simplemente se reduce a la larga espera de la propia autodestrucción del ‘Ángel Exterminador’, mientras nuestra clase política, financiera, judicial y los medios de comunicación partidistas se despellejan mutuamente en el salón encantado de Buñuel del que nadie puede escapar.
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LA CATARSIS DE CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

Rafael del Barco Carreras

Por las mismas horas que Baltasar Garzón iniciaba el calvario de tener que justificar esa doble vida que en España tanto abunda entre sus altos funcionarios o políticos, Jiménez Villarejo se daba uno de esos baños de cámaras y Prensa, más que de público, que conforma otra de las vertientes de los poderosos. Un psicólogo abusando de diccionario soltaría que Villarejo “eliminaba recuerdos que perturban la conciencia o el equilibrio nervioso”. Sus fantasmas, LA TORTURA. Se le calentó la boca contra los magistrados del SUPREMO, desdiciéndose después con juegos de palabras. La Prensa, ni la adicta, en este caso EL PAIS, es como era cuando detentaba el terror de ser FISCAL JEFE VITALICIO, desde 1987 hasta que se jubiló de la jefatura de ANTICORRUPCIÓN, y jamás nadie se hubiera atrevido a tergiversar ni una coma de sus abundantes dictados y opiniones.

He visto como varios funcionarios “reducían” a un desgraciado y de la reducción pasaban a “ensañarse”… no se olvida nunca. Me pregunto si la conciencia de Villarejo le juega la mala pasada de revolver su afición a la Política, los focos, los discursos, la Prensa (antes adicta sin fisuras) y ese oscuro pasado de fiscal franquista que en el 73 (en plena descomposición de la Dictadura convertida en dictablanda) borró haciéndose del PSUC, y atribuyéndose historietas de “quinta columna” en el franquismo.

¿O lo que pretende a machamartillo es rescribir una parte de su larga vida que le molesta y que además afectaría a cuando conseguido el Poder, Fiscal Jefe, podría demostrarse que encubrió por activa o por pasiva la GRAN CORRUPCIÓN barcelonesa? Y esa Gran Corrupción que también se escondía en ideologías, todas, no se iba con demasiadas zarandajas, pagaba, y necesariamente utilizó a varios de sus funcionarios. El juez Luis Pascual Estevill no pudo actuar tan impune, por tanto tiempo, y tantos casos, sin la colaboración, la firma o silencio de algún o varios fiscales. ¿A las órdenes de sus jefes por buenos funcionarios? Cada denuncia convertida en sumario, archivado o abierto durante décadas, traía consigo un reguero de dinero. Y solucionó tan a gusto del Poder su época barcelonesa que un gobierno tan corrupto como ahora TODA LA CLASE POLÍTICA (por activa o pasiva) le nombró jefe en ANTICORRUPCIÓN.

O aun peor, y la traición del subconsciente contra los magistrados del Supremo proviene de que era tan morboso en el ejercicio de su cargo que acudía a la Jefatura de Vía Layetana de Barcelona donde los gritos de los torturados, también al igual que en La Modelo, se oían en el vecindario. Y como allí, aun hay quien se acuerda. Memoria Histórica… pero no tanto… hace 30 o 40 años. Y si no acudió nos podría contar ¡tanto!…que le hace ENCUBRIDOR. Encubridor de una época muy oscura de Barcelona en cuanto a su mundo policial, político y oficial, desde el 62 que se iniciara en la Fiscalía hasta entrados los 80. Y después en su plena jefatura lo del OASIS CATALÁN… más oscuridad.

La propia creación de esa jefatura especial, ANTICORRUPCIÓN, que centraría los escándalos político-financieros para su control específico, y por tanto su “reconducción”, demuestra la perversión de los corruptos, la clase funcionarial o política “que monta tanto, tanto monta”.

Compitió por la jefatura de la izquierda comunista. Diría que dentro de sus filas alguien le tenía “fichado” y no pasó de discursear y aparecer como uno de sus abanderados. Esos tipejos no convienen en formación alguna, pero los hay en todas.

¿Dinero, cadáveres o corrupción? O simple vicio por los FOCOS, notoriedad. No se trata solo de franquistas camuflados, o haciéndose perdonar su pasado, son el resultado de una TRANSICIÓN, que no lo fue, consagrando en España una casta de vividores con sus descendientes y discípulos, la ENDOGÁMICA BUROCRACIA, que si por los 50 aparcaban a varias manzanas de su oficina porque su triste sueldo no justificaba el automóvil, ahora cogen años sabáticos y excedencias, para pasearse por Norteamérica, París, Roma o Florencia, gozando de las fortunas acumuladas.

Garzón no tiene el problema de los esqueletos del franquismo, que los hay y muchos, y que deberían desenterrarse, aunque sea demasiado tarde. Tiene el problema del DINERO recibido de Botín o de la Universidad financiada por BOTÍN, y puede que hasta de alguna petrolera. Y si hay dinero de un justiciable al que se le pide, ni siquiera soborna, lo hay de más. Y si por lo que parece hay “abogados y fiscales amigos” con los que se caza, peor.

CATARSIS que los profesionales del griterío en Tele 5 convierten en otro de sus histriónicos programas con Pilar Rahola, que supo y calló sobre el Juez Pascual Estevill por los 90, y defiende ahora a sus patrocinadores del PSOE.

En este País, muertos y Memoria Histórica están en función de donde procedan los momios de cada uno. Pero los hay, VIVOS Y MUY VIVOS, que quizá en su armario guarden algún cadáver, o lo encubran, y ESO NO PRESCRIBE, únicamente se necesita que algún familiar de los desaparecidos pierda su ancestral miedo y resucite sumarios mal archivados de los 70-80, de esos que el Juez Gómez de Liaño se pregunta en sus libros cómo acabaron. En el hipotético caso de que algún JUEZ abriera sumario, que como ya ha sucedido resulta imposible… y con vivos los posibles culpables, y sin afectar leyes de AMNISTÍA.

La oscura época en que gobernó la Audiencia de Barcelona el conocido por superfranquista, y todopoderoso sátrapa, Excelentísimo ALFONSO HERNÁNDEZ PARDO, que no solo se apropió por rentable del caso Consorcio de la Zona Franca, convirtiendo la SALA EN CONTAMINADA por resolver los recursos sobre prisión preventiva y otros (hoy es impensable semejante barbaridad e indefensión por las repetidas sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra el Reino de España) presidiendo después el Tribunal juzgador que no le correspondía, ciscándose en la CONSTITUCIÓN, sino que ordenó y mandó sobre los muertos de LA MODELO, o las denunciadas torturas de los casos Escala, Bultó o Viola, y a cientos sin nombres conocidos.

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LUIS TEÓGENES RUIZ, INVESTIGADO POR PRESUNTO FRAUDE Y DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Un proveedor enriquecido a la sombra de Bono vende comida caducada al Ejército en Afganistán

Un proveedor enriquecido a la sombra de Bono vende comida caducada al Ejército en Afganistán

Militares españoles destacados en Camp Arena (Herat) (Efe).

@José L. Lobo.- 19/04/2010 (06:00h)

El empresario castellanomanchego Luis Teógenes Ruiz, amigo de José Bono y enriquecido a la sombra del actual presidente del Congreso, está siendo investigado por presunto fraude por la justicia militar después de que una de sus empresas, Unión Castellana de Alimentación (Ucalsa), suministrase presuntamente alimentos caducados a las tropas españolas desplegadas en Afganistán.

El Ministerio de Defensa se ha convertido en el principal cliente de Ucalsa, una empresa que presume de ser "el principal contratista del Ejército español para suministro alimentario, raciones de campaña y servicios de catering, tanto en España como en operaciones en el extranjero". Pero antes de que Bono fuese nombrado titular de ese departamento, en 2004, las ventas de la firma castellanomanchega a las Fuerzas Armadas eran insignificantes.

Los ingresos globales de Ucalsa en el año 2002, todavía con el PP en el Gobierno, alcanzaron los 6,9 millones de euros. Cuatro años después, cuando Bono abandonó el Ministerio de Defensa y fue relevado por José Antonio Alonso, habían subido hasta 67 millones, y en 2008 rozaron los 80 millones de euros, según consta en el Registro Mercantil.

El último contrato militar le fue adjudicado por Defensa a la empresa presidida por Teógenes Ruiz -esta vez en UTE con la firma Tecnove- el pasado mes de agosto: 17 milllones de euros para cubrir los servicios de restauración de las tropas del Ejército de Tierra que participan en misiones internacionales. Sólo desde 2006, la unión temporal de empresas Ucalsa-Tecnove se ha beneficiado de otros cinco contratos de suministro de alimentos a los soldados españoles desplegados en el exterior, la mayoría de ellos a dedo.

Amigo de Bono y Sanz Roldán

El presidente de Ucalsa mantiene una excelente relación con Bono desde los tiempos en que éste era presidente de Castilla-La Mancha, según fuentes próximas a Defensa consultadas por El Confidencial, que aseguran que otro de los principales valedores del empresario castellanomanchego ha sido el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, natural de Uclés (Cuenca) y paisano de aquél.

En abril del pasado año, un equipo de la Guardia Civil destacado en Afganistán abrió una investigación después de que un control rutinario en la base de Qala-i-Now detectase una partida de botes de leche condensada suministrados por Ucalsa y Tecnove cuyas etiquetas habían sido manipuladas para ocultar que la leche estaba caducada. La investigación determinó que ambas empresas habrían comprado alimentos caducados a bajo precio que luego cobraban a Defensa como si fueran frescos.

El Juzgado Togado Militar número 11 ha abierto diligencias para averiguar si los responsables de Ucalsa y Tecnove han incurrido en fraude y delito contra la salud pública. En ese caso, la investigación judicial pasará a manos de la Audiencia Nacional, según las fuentes consultadas.

Tecnoucal -resultado de la unión temporal de Tecnove y Ucalsa- califica de "burdo montaje" esas acusaciones, y asegura que los botes de leche condensada presuntamente manipulados "fueron retirados por la Guardia Civil sin presencia de ningún responsable de nuestra empresa y sin conocimiento de su lugar de procedencia". Y acusa al comandante jurídico de "incorporar en sus diligencias juicios de valor en relación con nuestra empresa que, a nuestro entender, están fuera de lugar, y sin que se respete la imparcialidad requerida del instructor".

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En cumplimiento de sentencias judiciales que anulan las liquidaciones por tarifas portuarias aplicadas por estos organismos.

El Gobierno aprueba un crédito de 90,5 M€ para ayudar a varias Autoridades Portuarias a hacer frente a los pagos de tarifas anuladas

· A la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra se le asignan 1,5 millones de euros de este crédito.

Madrid, 16 de abril de 2010.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario por importe de 90.566.930 euros a Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento.

Con este crédito el Gobierno ayudará a las Autoridades Portuarias de Barcelona, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, Tarragona y Valencia a hacer frente a los pagos derivados por las sentencias judiciales firmes que vienen a anular las liquidaciones por tarifas portuarias aplicadas por estos organismos.

Del crédito de 90,5 millones de euros, autorizado hoy, se asignan un total de 1.458.213,37 euros a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.

La anulación de las liquidaciones por tarifas portuarias viene avalada por las sentencias del Tribunal Constitucional que en 2009 declaró inconstitucionales diversos artículos de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1999 y 2000, estableciendo que las tarifas portuarias deben considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público. Igualmente, la Abogacía General del Estado ha manifestado que resulta contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional la práctica de la refacturación, y que las practicadas son nulas de pleno derecho.

Desde 1996 el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Nacional habían venido estimando los recursos interpuestos contra las liquidaciones practicadas por las Autoridades Portuarias en concepto de tarifas portuarias por falta de cobertura legal, así como las liquidaciones emitidas en sustitución de las primeras al amparo de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Por tanto, y para ayudar a dar cumplimiento a las sentencias firmes que obligan a las Autoridades Portuarias a devolver los importes reclamados, se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión del mencionado crédito extraordinario a Puertos del Estado.

En el siguiente cuadro se detallan las aportaciones que se realizarán a las distintas Autoridades Portuarias afectadas por esta situación:

Autoridad Portuaria

Importes

en euros

Málaga

4.837.710,79

Marín y Ría de Pontevedra

1.458.213,37

Tarragona

53.859.784,91

Valencia

22.513.912,07

Barcelona

7.897.309,59

TOTAL

90.566.930,73

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