Acuerdo entre CSIF Y AEGC

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El 13 de abril tuvo lugar en las oficinas centrales de CSI•F la firma del acuerdo entre la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y el Sindicado CSI-F.
En dicho acuerdo estuvieron presentes el Presidente Nacional de CSI•F, D. Domingo Fernández Veiguela y el Presidente Nacional de AEGC, D. Francisco Javier Benito Molina.
Con este acuerdo ambas organizaciones consideran que su “colaboración y ayuda mutuas supone un ingente número de oportunidades para lo cual este protocolo es el punto de partida y la expresión formal del compromiso que ambas organizaciones asume desde ahora en adelante y sin prejuicio de desarrollo, cuando sea preciso, de documentos a acuerdos complementarios”.
De este modo CSI•F y AEGC tendrán como primera declaración el “compromiso de ayuda y colaboración recíproca, comenzando por la transferencia de AEGC a CSI•F, de conocimientos y experiencias en el ámbito profesional policial, encaminado siempre al incremento del nivel de formación de los afiliados de CSI•F”.
Por su parte CSI•F facilitará la “prestación de una permanente colaboración en materia de formación y comunicación así como la aportación de experiencias de proyección internacional”.
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De esta manera y con el fin de sumar esfuerzos ambas organizaciones acuerdan:
• La creación de un foro de encuentro para debatir la reforma de la ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que permita lleva al Gobierno de la Nación el modelo policial propugnado por ambas organizaciones.
• La puesta en común para la elaboración de Cursos de formación que CSI•F pueda incluir en su Plan de Formación nacional válidos para los afiliados de AEGC.
• Que a través de CSI•F, AEGC pueda tener presencia en los foros europeos de EPU (Unión Europea de Policía), en los términos que se acuerden.
• Promover grupos de trabajo para la elaboración de actividades para los afiliados de ambas organizaciones.
• La acción conjunta y coordinada en la defensa de los intereses comunes de los integrantes de ambas organizaciones sindical y asociativa.
• El apoyo mutuo en cuantas acciones o iniciativas de carácter reivindicativo, de mejora de las condiciones laborales de los miembros de FCS se desarrollen, siempre y cuando no perjudiquen los intereses de la otra parte.
• Hacer efectivo y extensivo el contenido del presente a los diferentes estamentos o estructuras de ambas organizaciones, logrando con ello el establecimiento de canales de colaboración compañerismo cotidianos.



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José Blanco esquiva confirmar a Tomás Gómez como candidato

Mantiene el calendario para elegir candidatos y se limita a valorar el buen trabajo de Gómez.

Sin embargo, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE la selección de los candidatos para las próximas elecciones de 2011 "no se producirá hasta principios de septiembre u octubre". Es decir, no quiso atender los requerimientos del afectado y del PSM de despejar la duda al respecto de su candidatura, algo que podría hacer públicamente aunque el proceso oficial se demorara.

En un desayuno del Foro Nueva Economía, Blanco señaló también que el PSOE es consciente de que en la Comunidad de Madrid hay "una oportunidad para el cambio" pues existen "síntomas muy evidentes de agotamiento" del modelo del gobierno popular.

Ese mensaje podría avalar el insistente rumor, no negado por Ferraz, de un 'ticket' electoral en Madrid compuesto por Trinidad Jiménez para medirse con Esperanza Aguirre y ÁNgel Gabilondo para hacerlo con Gallardón. Otros nombres que han sonado, desde De la Vega hasta Rubalcaba pasando por Beatriz Corredor, Jaime Lissavetzky o el propio Blanco, parece cotizar menos en la quiniela informal: el último, sin ir más lejos, siempre ha soñado con volar a Galicia algún día para presidir la Xunta, y antes de librar la batalla en Madrid parece destinado a participar en la sucesión de Zapatero, sea cuando sea ésta.

Sí hay algo claro: la poca química entre Blanco y Gómez es un hecho, tanto como el apoyo que éste tiene en Leire Pajín y el recelo que suscita en una parte nada desdeñable del PSM que, sin el pasado se simbolizaba en Simancas, ahora alcanza al grupo parlamentario en la Asamblea y a un buen ramillete de Agrupaciones.

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El Tribunal Constitucional paraliza los derribos del Cabanyal

Es la segunda vez que el Constitucional paraliza los planes de la Generalitat de construir una avenida hasta el mar en barrio del Cabanyal

EUROPA PRESS 14-04-2010

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Generalitat valenciana por la ley que autorizaba los derribos en el Barrio del Cabanyal de Valencia. Este recurso paraliza los derribos de las viviendas que se iniciaron la pasada semana entre las protestas de los vecinos y de las diferentes asociaciones de defensa del barrio valenciano.l

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la ley aprobada por las Corts el pasado 24 de marzo que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio valenciano de El Cabanyal.

El Alto Tribunal, a través de una providencia, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley que avala el PEPRI, así como dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso y al Senado, por conducto de sus presidentes, y a la Generalitat y las Corts Valencianes por el mismo procedimiento, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El acuerdo produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la interposición del recurso el pasado 9 de abril para las partes y desde el día en que aparezca publicada en el Boletín Oficial del estado (BOE) para los terceros.

La polémica

Las Corts Valencianes aprobaron el pasado 24 de marzo -con los votos a favor del PP- la ley que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) en El Cabanyal que permitía ejecutar la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar a través de este barrio de Valencia.

Esta norma sustituía y derogaba el Decreto-Ley que el Consell publicó el pasado 7 de enero -y que también había sido recurrida por el Ejecutivo socialista ante el TC- en oposición a la orden del Ministerio de Cultura que declaraba como acto de expolio las actuaciones derivadas del PEPRI y, por lo tanto, obligaba a suspender la ejecución de este proyecto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el pasado viernes que el Gobierno había acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley de la Generalitat valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, que avalaba el PEPRI, y señalaba que esta iniciativa legislativa "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio de patrimonio histórico que corresponden al Estado", y afirmaba que el Gobierno estaba ejerciendo precisamente estas competencias en relación con el barrio de El Cabanyal.

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La Conselleria de Justicia quiere que la mediación llegue al ámbito penal (faltas y delitos) pese a que la ley que en breve aprobará el Consell regulará sólo la solución negociada de los conflictos en el Derecho Privado, en el ámbito civil.
Lo dijo ayer la titular autonómica de Justicia, Paula Sánchez de León, tras presentar un ambicioso plan de modernización integral de la Justicia, que se limita a la obligada implantación de la oficina judicial sino que se asienta sobre otras tres patas: la modernización de los archivos judiciales , el desarrollo del expediente digital y la justicia preventiva.
Es en esta última, en la justicia preventiva, en la que se incardina esa voluntad de promover la mediación para evitar que asuntos menores, en su mayoría faltas pero también algunos delitos, se resuelvan de manera negociada entre las partes con ayuda de un mediador pero sin necesidad de que intervenga el juez. Esta medida, explicó Sánchez de León, aligeraría el trabajo de los juzgados, que podrían dedicarse a asuntos más importantes.
El proyecto, que aún está por desarrollar, pasaría por remitir al servicio de mediación a las dos partes para intentar encontrar una solución a su problema antes de que se materialice la denuncia porque muchas veces lo que quiere el ofendido no es que el infractor sea condenado sino que le compensen por el daño causado.
El Consell cree que sería un procedimiento muy eficaz para resolver riñas, insultos, y casos de impago de pensiones. En rigor, en el ámbito penal, esta solución extrajudicial de los pleitos sólo es aplicable a las faltas de amenazas, injurias, coacciones, vejaciones e infracciones de tráfico y a los delitos de calumnias e injurias, en las que el perdón del ofendido extingue la acción penal. Pero el Consell cree que, buscando los recovecos de la ley, se puede ir un poco más lejos.
Sánchez de León se reunión ayer con el presidente del TSJ, el fiscal superior, los presidentes de las Audiencias y los fiscales jefes de las tres provincias para explicarles el nuevo modelo de oficina judicial que supondrá un cambio organizativo revolucionario. Pierde poder el juez, lo gana el secretario y desaparecen los juzgados como unidades independientes para dar protagonismo a servicios comunes que atenderán a todos los juzgados. La implantación de la nueva oficina judicial, en la que el Consell invertirá siete millones, se hará de manera gradual y estará completada en 2014.
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Esixe ao PSOE que trate de manter un único criterio polo menos durante 24 horas: Caride dicía en marzo de 2009 que tiña elaborado un documento para levantar a moratoria á lei dos 500 metros, pero Vázquez pide agora mantela como condición obrigada á firma dun pacto territorial

Rodríguez pide aos socialistas que pacten entre eles mesmos o modelo do territorio antes de falar de pactos con outras forzas

· A aprobación inicial do Plan do Litoral permitirá levantar con garantías esa moratoria á construción nos primeiros 500 metros por detrás da liña de costa. Iso si, faráo tras un estudo pormenorizado e palmo a palmo do litoral galego, analizado cos concellos afectados

· O PPdeG, do mesmo xeito que a Xunta, defende un ordenamento intelixente, sensato e racional da costa galega, apostando por mellor protección en lugar de por máis prohibición

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BRONCA EN EL CONGRESO POR LOS BIENES DE SU PRESIDENTE

Un constructor fio a Bono más de 15 millones de pesetas para levantar su chalet

Un constructor fio a Bono más de 15 millones de pesetas para levantar su chalé

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono (Efe).

Las dudas sobre el espectacular aumento patrimonial de José Bono llegaron ayer hasta la Mesa del Congreso de los Diputados, que no se puso de acuerdo sobre cómo fiscalizar los bienes de su presidente. Sin embargo, las sospechas sobre el modo en que ha adquirido sus diversos inmuebles persiguen a Bono desde que presidía Castilla-La Mancha. Así, su chalé de Olías del Rey (Toledo), vivienda habitual de la familia, fue levantado gracias a la generosidad del constructor, que le fio más de quince millones de pesetas.

Bono adquirió en 1995 un chalé de 401,28 metros cuadrados en Olías del Rey, según explicó entonces en su declaración de bienes. Sin embargo, en 1996 todavía no sabía qué cantidad adeudaba al constructor y a los proveedores de material. Un año después, sí reconoce que “su deuda con el constructor” es de 15.048.598 pesetas (90.443 euros), aunque no aclara la identidad del empresario, ni a qué tipo de acuerdo ha llegado con él, ni si debe afrontar intereses por este préstamo.

Pese a la magnitud de la operación, el presidente del Congreso no utilizó los servicios de ninguna entidad financiera. La única explicación que ofrece en su declaración de bienes es que vendió varias fincas heredadas de su madre para financiar la construcción de la casa, aunque no detalla el tamaño o valor de tales terrenos. De hecho, asegura que estas fincas, vendidas en 1995, le ayudaron también a comprar un piso en Toledo de 142 metros cuadrados en 1992, así como a pagar “deudas pendientes”.

La velocidad con que hizo frente a la deuda con el constructor del chalé también es sorprendente, ya que en 1999 sólo tenía pendiente 5.151.662 pesetas, y en 2001 la deuda estaba saldada. Todo gracias a un sueldo que no alcanzaba los 12 millones de pesetas anuales y a la herencia materna.

Antes de dejar la Junta para ser ministro de Defensa, Bono había acumulado también una casa y dos fincas rústicas en Salobre (Albacete), dos pisos en Madrid, y los citados inmuebles de Toledo y Olías. Asimismo, inyectó 632.800 euros a la sociedad Ahorros Familiares Saja, y creó la Sociedad Hípica Almenara. Este negocio fue denunciado por IU ante la Fiscalía Anticorrupción, porque, según Francisco Hernando, El Pocero, uno de los constructores que participaron en las obras, fue financiado por patrocinadores como Porcelanosa, Iberdrola o Endesa.

Bronca en el Congreso

Por otra parte, su mujer, Ana Rodríguez, puso en marcha la franquicia de Tous en Castilla-La Mancha con un valor inicial de 25.200 euros. Según fuentes que asesoran a esta firma, consultadas por este diario, Ana Rodríguez vendió recientemente sus cinco tiendas a la empresa matriz a cambio del 16% de las ventas, lo que le reporta en torno a 800.000 euros al año. Además, de acuerdo con estas fuentes, aprovecha su posición social como esposa de la tercera autoridad del Estado para ejercer de embajadora de la marca.

Este es precisamente uno de los argumentos de la familia Bono-Rodríguez para justificar el notable enriquecimiento que ha experimentado en los últimos años, según ha desvelado La Gaceta. En concreto, el citado diario le atribuye la adquisición de un chalet en Bargas (Toledo), dos áticos en Estepona y dos pisos de lujo en Madrid. Un conjunto de propiedades valorado en más de 3 millones de euros.

Bono pidió amparo al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ante lo que considera es una “campaña” mediática de “calumnias y falsedades”. No obstante, no accedió a la exigencia del PP de explicar públicamente su patrimonio. Ayer, la bronca llegó al Congreso de los Diputados. Los representantes populares en la Mesa de la Cámara (Ana Pastor, Jorge Fernández Díaz, Ignacio Gil Lázaro y Celia Villalobos) abandonaron la reunión para impedir, según explicaron, que derivara en un escrito de apoyo a Bono.

Según fuentes parlamentarias citadas por Efe, el presidente del Congreso planteó el problema sobre la verificación de su patrimonio al ser él el encargado de custodiar las declaraciones de bienes de todos los diputados. Es decir, se abrió el debate sobre quién debe vigilar al centinela. El PP reclamó que fuera la Comisión del Estatuto de los Diputados, que ya comprueba las actividades privadas de sus señorías, pero finalmente no hubo acuerdo con los representantes socialistas y nacionalistas. Según Europa Press, el Congreso no descarta buscar una fórmula para que otro diputado pueda dar fe de la declaración de Bono, aunque, por ahora, sólo Conde-Pumpido ha comenzado a analizar la documentación presentada por el político manchego.

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VILLAREJO ACUSA AL TRIBUNAL DE COMPLICIDAD CON EL FRANQUISMO

Indignación entre los jueces del Supremo por la campaña de acoso de los defensores de Garzón.


Indignación entre los jueces del Supremo por la campaña de acoso de los defensores de Garzón

Miles de personas secundaron el acto convocado por UGT y CCOO en defensa de Garzón. Efe

@J. C.- 14/04/2010 (06:00h)

“Indignante” era la palabra más escuchada ayer por los pasillos del Tribunal Supremo (TS), después de conocerse lo ocurrido a última hora de la mañana en el acto organizado en la Universidad Complutense por los sindicatos CCOO y UGT en apoyo del juez Baltasar Garzón. “La indignación entre los magistrados es notoria, porque se trata de una ofensiva muy planificada, muy organizada, que va in crescendo y que ayer llegó a tildarles de franquistas. Es una presión intolerable contra una institución básica del Estado de Derecho”, aseguró a este diario una fuente cercana al Alto Tribunal.

Particular escándalo causó ayer en el TS “el ejercicio absolutamente sectario” pergeñado en el acto de la Complutense por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo contra la Sala II del Supremo. El citado llegó a acusar al TS de complicidad con las torturas del franquismo: “Fueron cómplices hasta el último día de las torturas infringidas por la brigada político social, de la que muchos de los que están aquí han sido víctimas”, aseguró textualmente.

Más de un millar de personas, entre los que se encontraban Pascual Maragall, Pedro Zerolo, Gaspar Zarrías, Llamazares o Cayo Lara, ovacionaron la defensa de Garzón que protagonizó el citado Villarejo, junto al rector de la Complutense, Carlos Berzosa, y los líderes sindicales Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. Con todo, más que de respaldo al magistrado imputado por prevaricación y cohecho, el acto fue un primer intento de movilización de la izquierda sobre la base de mezclar asuntos tan diversos como el caso Gürtel, la clausura del diario vasco Egunkaria o los crímenes del franquismo.

De hecho, el ataque a los magistrados del Supremo ocupó más tiempo en la intervención de Jiménez Villarejo que los elogios al polémico juez que mañana jueves tendrá que declarar como imputado por el tema banco Santander, una de las tres causas que tiene pendientes. “No se atrevieron nunca a abrir una causa por lesiones o coacciones contra las víctimas de la tortura a lo largo de 40 años de dictadura”, aseguró el ex fiscal anticorrupción, que añadió: “El Supremo ha optado por ponerse en manos de Falange, que en sus querellas y escritos defendía el honor de lo que llamaba el glorioso movimiento nacional”.

Cada vez parece más evidente que el caso Garzón va a ser, está siendo ya, utilizado como banderín de enganche para tratar de movilizar al electorado de la izquierda, particularmente el socialista, mediante la actuación como punta de lanza de la llamada “izquierda judicial de la ceja”, entre quienes destaca el ex magistrado Martín Pallín y los hermanos Jiménez Villarejo. Una movilización que se entiende mal sin el aliento, más o menos en la sombra, del Partido Socialista y del propio Gobierno.

Los “artistas de la ceja”, por su parte, con Pilar Bardem a la cabeza, anunciaron ayer una serie de manifestaciones, concentraciones y actos similares a los del “no a la guerra” que en su momento efectuaron contra Aznar. A partir de hoy y hasta el 22 de abril, día en el que el CGPJ podría suspender al juez, se van a encerrar en la Complutense, se van a concentrar frente a la Audiencia Nacional e incluso van a leer el auto de Garzón sobre el franquismo “como si fuera El Quijote”.

“Lo más grave desde el 23-F”, según Pilar Bardem

“No sé si voy a decir una barbaridad”, aseguró ayer la aguerrida Bardem, “pero después del 23-F, esto es lo más gordo que está pasando en la democracia española”. En el Supremo, junto a la indignación, la perplejidad. “Garzón y sus defensores han renunciado del todo a defenderse utilizando argumentos jurídicos relacionados con las causas abiertas”, sostienen las fuentes. “Cuando en estas circunstancias se invoca la democracia, o estamos ante una revolución o ante una gran mentira. Todo muy aparatoso y descarado, pero de nula eficacia y totalmente contraproducente”.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió ayer una nota para “expresar su preocupación y tristeza ante las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo, y de manera especial las realizadas en el día de hoy por personas que han ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado”, en alusión directa a Jiménez Villarejo.

“En el estricto cumplimiento de su función nuclear de defensa de la independencia judicial”, prosigue la nota, “el Consejo reitera con firmeza la ineludible necesidad de respetar la actuación de los órganos judiciales, cuya cúspide ostenta el Tribunal Supremo. Sin perjuicio de recordar la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales, el descrédito hacia el propio Estado de Derecho que producen manifestaciones como las anteriormente referidas, no resulta tolerable”.

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EL SUMARIO DEL 'CASO FAISÁN'

Un confidente apodado 'el Romano' es la coartada de la Policía en el 'chivatazo' a ETA.

Carlos Fonseca.- 14/04/2010

Un confidente apodado 'el Romano' es la coartada de la Policía en el 'chivatazo' a ETA

Baltasar Garzón a su salida de la Audiencia Nacional.

Conoce la verdad, pero resulta obvio que no va a testificar en un juzgado. Un misterioso confidente de ETA que habría dado importantes servicios en la lucha contra la banda terrorista es la coartada del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, para negar su implicación en el ‘chivatazo’. Según su testimonio ante el juez Baltasar Garzón, instructor de la causa para esclarecer la filtración policial que el 4 de mayo de 2006 desbarató una operación contra la red de extorsión de la banda que tenía su sede en el bar El Faisán de Irún, el inhabitual e intenso cruce de llamadas que mantuvo la noche previa y la mañana de los hechos con varios subordinados tenía por objeto preparar una cita con dicho confidente en el sur de Francia. Dos funcionarios a sus órdenes que declararon como testigos corroboraron esta versión, imposible de contrastar.

Pamies asegura que el funcionario destinado en Vitoria José María B., imputado como él en la causa, no fue el hombre que entregó a José María Elosúa, propietario de El Faisán, un teléfono móvil, ni él la persona que le alertó a través del mismo de la operación policial en marcha, tal y como sostienen los investigadores. Su versión es que el mencionado policía viajó hasta Irún para darle cobertura en el encuentro que iba a tener con “el Romano” al otro lado de la frontera.

Baltasar Garzón.- ¿Cuándo quería hacer la entrevista?

Enrique Pamies.- La hora exacta no la sé. Sé que sería mediodía español, no francés.

Baltasar Garzón.- Entonces manda al funcionario José María B, ¿para qué?

Enrique Pamies.- Para que me haga la cobertura, asegurarme…

Baltasar Garzón.- ¿Qué sabía él? (se refiere al encuentro con el confidente)

Enrique Pamies.- Nada, tenía que darme cobertura sin más.

Baltasar Garzón.- Que significa ¿qué?

Enrique Pamies.- Decirme que el camino está limpio y después, una vez que pasáramos la frontera, tenía que ir por delante de mí.

(...)

Baltasar Garzón.- ¿Qué sentido tiene, desde un puesto directivo, tener una entrevista con un contacto para obtener información?

Enrique Pamies.- Porque los contactos, tal como a mí me han enseñado, no se traspasan como un piso. El contacto lo hace una persona y esa persona los mantiene. Es una norma. En Policía Judicial no lo sé, pero en Información le puedo garantizar que quien consigue un contacto lo mantiene él por sécula seculorum-

"Evidentemente, esa persona puede ratificar su versión", le preguntó Garzón. "Hombre, evidentemente que podría".

Dos estrechos colaboradores de Pamies, de quienes los investigadores sospechan que tuvieron una relación colateral con el ‘chivatazo’, declararon como testigos y corroboraron la coartada de su jefe ante Garzón, aunque no aportaron dato alguno que permita que la misma sea contrastada. Reclamar su presencia en el juzgado es un ejercicio imposible por razones de seguridad. Resulta curioso, sin embargo, que Manuel R., el jefe de la Brigada Provincial de San Sebastián, declarara ante el magistrado que ni estaba al tanto del contacto de su superior ni supo del traslado de José María B. a Irún.

Quienes sí lo sabían eran los dos testigos que avalan la versión de Pamies. Uno de ellos es el jefe de la Brigada de Información de Vitoria, que fue quien eligió a José María B. para dicha misión. “Vamos a ver D. Baltasar –dice en un momento de su declaración-, si a mí el jefe superior me pide un hombre de confianza para una cosa, yo sé que algo importante tiene que haber”. El testigo dice que él era el hombre de confianza de Pamies para temas delicados, pero que nunca pregunta de qué se trata y se limita a cumplir órdenes y a acompañar al jefe superior. En aquellas fechas, 3-4 de mayo de 2006, se encontraba de vacaciones en Granada y propuso a José María B. para que acudiera en su lugar.

Baltasar Garzón.- ¿Habló en algún momento con el jefe superior sobre la misión que había ido a hacer José María B.?

Jefe de Información de Vitoria.- Pues con el tiempo sí, hablamos. Era una cosa delicada que yo, si usted me permite, no puedo hablar de ese tema.

Baltasar Garzón.- Bueno, tiene obligación.

Jefe de Información de Vitoria.- Es de una persona que él tiene…

Baltasar Garzón.- ¿Un confidente?

Jefe de Información de Vitoria.-

Baltasar Garzón.- ¿Y qué es lo que le dijo?

Jefe de Información de Vitoria.- Que tenía que hacer un tema al otro lado. Yo no pregunté nada más, porque nunca pregunto.

La insistencia de Garzón obligó finalmente al funcionario de policía a reconocer que Pamies le manifestó que la misión estaba relacionado con un confidente suyo al que apodan “el Romano”, pero que no sabe “si era para entrevistarse con él, para ubicarlo, reubicarlo (…) yo no quiero saber nada más de eso, ni cómo se llama, ni donde va, ni cómo viene, ni cómo vive”.

El segundo testigo es el comisario Alberto L., que en aquellas fechas estaba destinado en Francia como enlace con la policía de aquel país, a quien los informes de los investigadores de la filtración señalan como la persona que contribuyó a que la operación policial se abortara también en el país vecino. El comisario justifica el cruce de llamadas con Enrique Pamies “por un tema operativo, un tema bastante reservado”, que era el contacto con “el Romano”. “Es un confidente muy importante, ha dado muy buenos servicios, pero yo no lo conozco personalmente”.

Baltasar Garzón.- ¿Es un miembro activo de ETA?

Alberto L.- Pues hombre, ahora mismo, activo, activo, estamos intentando que se active más. Él (por Pamies) era quien mantenía las citas personalmente. Si envió a alguien lo desconozco (se refiere a José María B.), yo lo único que le facilitaba era el estado del tema de los controles, pues claro, ese confidente se tenía con mover. Esa es la única colaboración que me limitada a hacer (…) Algunos policías franceses también conocían la existencia de ese confidente”.

El testimonio de Alberto L. de que sus conversaciones con Pamies versaban sobre el confidente, llevó a Garzón a dudar de la casualidad de que se produjeran, justamente, coincidiendo con el ‘chivatazo’. “Usted me dice que es en relación con un confidente. Confidente que aparece por arte de magia en un momento determinado, y es exactamente ese día (el del ‘chivatazo’) el elegido para la reunión con él”. Pamies, sin embargo, no recuerda de qué habló con su subordinado. "Es que no lo sé, no lo sé, no le puedo decir, no sé de qué coño hablamos". El fiscal, en cambio, ha dado plena credibilidad a ambos testigos y, en consecuencia, solicita el archivo de la causa.

Pamies tiene claras las conversaciones con sus funcionarios, pero no tanto las que mantuvo en las mismas fechas con el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Éste, ni siquiera recuerda si llegaron a hablar. Memoria selectiva.

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BALTASAR GARZÓN Y CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO.

Rafael del Barco Carrera

Llevo tantos comentarios sobre el juez Garzón desde que hace TRES AÑOS inicie mi www.lagrancorrupcion.com (la que puede dañar su ordenador) que numerar con el II solo significaría la continuidad del escrito del 9-04-10. El personaje da de sí... los jueces en España dan para mucho más que un Garzón o Luis Pascual Estevill. De entrada 30 AÑOS DESPUÉS aun me pregunto cuánto y a cuantos pagó Javier de la Rosa y su mundo, entonces contra mí, y después para librarse de infinidad de delitos y alargar los ineludibles un mínimo de diez años por sumario, algunos ¡HASTA VEINTE! como los que se juzgan ahora en Barcelona, Caso Hacienda. En esta consideración caben los fiscales... impolutos, CON JAMÁS NADIE CONDENADO POR PREVARICACIÓN.

Esta semana tiene una declaración por sus cobros en Nueva York, a la par de su sueldo en la Audiencia Nacional, pero la verdad es que hacen más ruido en INTERNET y en la Prensa y Tele sus inventos autoprotectores contra PINOCHET O FRANCO, incluso sus fotos con indígenas. ¿Qué hacía por Sudamérica apadrinando causas perdidas, o en Norteamérica cobrando de Emilio Botín, cuando en su juzgado se amontonaban gravísimos sumarios sin resolver afectando el presente y futuro de España? El de Botín lo solucionó rápido, archivado. ¿Cuántos más archivó por dinero o sus ambiciones políticas, o cuantos alteró, creó y eternizó?

Luis Pascual Estevill contra la burguesía catalana, que dicho sea de paso se merece varios pascuales, y la GRAN CORRUPCIÓN es que no los haya habido, y Garzón a favor de TODAS LAS CAUSAS JUSTAS, que deberían tener muchos más jueces, con cauces legales bien establecidos, para que fueran imposibles otros pinochets y francos.

Estamos en plena orgía de DEMAGOGIA. El Poder y Dinero, bien valen una Misa como París, una y miles, y los charlatanes están dispuestos a defender a capa y espada las simples y simplificadas premisas que les han aupado al Poder, y en España quien precisamente detenta alguno de los tan “atados y bien atados” desde FRANCO y los mil años de Dictadura que nos gobierna, ahora un tanto deshilachada, no sueltan prenda.

Para adornar este suelto pego en www.lagrancorrupcion.blogspot.com tres títulos que merecen libros enteros, y la foto del siempre oportunista en GRANDES CAUSAS, demagogo donde los haya, Carlos Jiménez Villarejo, acusando a los magistrados del Supremo de CÓMPLICES DE LAS TORTURAS DEL FRANQUISMO, ¿y él, fiscal franquista desde el 64, y cuando las torturas de LA MODELO del 70-80 donde le conocí, yo de ordenanza en JUECES, y él citando presos? ¿Y su participación en los casos De la Rosa o Piqué Vidal?. ¡Han mentido tanto a través y con la Prensa a favor que se han creído ellos mismos sus embustes!. Ver hoy en LIBERTAD DIGITAL... y habrá libros, causas y sumarios, porque el DINERO, el EURO, parte consustancial al PODER, está fallando... y provocando casi todos los titulares.

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Detenido otro guardia civil por la red de prostitución de Lugo

Seis inmigrantes declararán como testigos protegidos detrás de biombos

ARCADIO SILVOSA - Lugo - 14/04/2010

El mismo día en que se levantó parcialmente el secreto de sumario de la Operación Carioca, la jueza que instruye las diligencias para esclarecer la red de prostitución que operaba en Lugo ordenó ayer la detención de un subteniente de la Guardia Civil, J.B.L., quien a última hora de la tarde pasó a disposición judicial. Como en ocasiones anteriores fueron agentes de asuntos internos del instituto armado los encargados de practicar la detención. Ocurrió por la mañana, cuando el mando se encontraba en su despacho de la comandancia, donde tenía encomendadas funciones de jefatura dentro de la policía judicial, a la que también perteneció el cabo Armando L.T., actualmente en prisión por esta causa. El cabo aparece en el sumario como uno de los principales implicados, ya que la instructora lo investiga como supuesto autor de los delitos de tráfico ilegal de personas, determinación a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, agresión sexual y contra la intimidad.

La juez señala a los mandos como cooperadores de la trama

En el auto de imputación, la juez acusa al cabo de no persiguer la actividad delictiva de varios de los implicados e incluso de "cooperar" con la red para facilitar la entrada en España de algunas inmigrantes. Sostiene que el mando, ya en la reserva, se valió de su condición de miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para obtener favores sexuales, y concluye que también ha inducido a mujeres a ejercer la prostitución en burdeles de Lugo.

Con estos argumentos, la instructora trata de determinar la posible relación que existió entre el cabo y José Manuel García Adán, dueño de uno de los cinco prostíbulos que en la madrugada del 16 de octubre de 2009 fueron tomados por los agentes policiales, para consumar una operación que llevaba fraguándose desde diciembre de 2008, cuando se ordenaron las primeras escuchas telefónicas. La juez alude a las "indignas condiciones de trabajo" de las mujeres que se prostituían en estos locales, desde entonces precintados, tres de ellos en la capital lucense, otro en el municipio de Outeiro de Rei y un quinto ubicado en Ribadeo.

Ayer también se conocieron los primeros testimonios de seis testigos protegidos. Las mujeres volverán a prestar declaración el próximo viernes, salvaguardadas tras un biombo y con nombres supuestos, para responder a las preguntas que les formulen los letrados de las partes implicadas. Se trata de "preconstituir" una prueba de declaración, ante el riesgo de que no pudieran hallarse en el país cuando llegue el juicio.

Ninguna de ellas implicó ayer directamente al cabo detenido. Luana, de nombre falso, cuenta cómo llegó a España y quién realizó las funciones de intermediación, pero cuando le preguntaron por Armando aseguró que "nunca" oyó hablar del guardia civil. A Valquiria, otro apodo, sí le sonó el nombre de Armando, pero no vinculado a comportamientos irregulares. Esta mujer admitió que tras la detención del agente le comentaron que éste "arreglaba papeles a las extranjeras" y reconoció en fotos al cabo y subteniente detenidos.

El sumario revela decenas de conversaciones telefónicas entre los principales implicados y detalla las cantidades que debían percibir por los servicios realizados en los locales de alterne, donde trabajaban más de doce horas al día. También relata como por norma, en alguno de los clubes, las mujeres tenían que entegar 10 euros por el primer contacto sexual y otros 12 por manutención, además de 3 euros por sábanas y toallas. A medida que se incrementaban los servicios disminuían las cantidades que tenían que pagar al local.

En la instrucción figura que "en Lugo funcionan desde hace tiempo varios clubes, la inmensa mayoría de las mujeres se encuentran en una precaria situación de necesidad, no solo económica sino emocional, carente de permiso de trabajo y residencia". "Las mujeres eran traídas a España por José Manuel García Adán y colaboradores", precisa uno de los autos.

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