El presidente del Congreso de los Diputados pide que se actúe contra quienes le difaman.

EL PAÍS - Madrid - 12/04/2010

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha dirigido hoy a la Fiscalía General del Estado un escrito en el que detalla sus ingresos y los de su familia, al tiempo que traslada las "falsedades y calumnias" que considera se han vertido contra él por el grupo Intereconomía con el propósito de cuestionar la licitud en la obtención de su patrimonio personal y familiar.
      Bono sostiene que existe una campaña para "sembrar sospechas" sobre su honestidad que tiene su origen en una noticia publicada por La Gaceta sobre supuestas irregularidades en su patrimonio a raíz de la compra por parte de su hijo de un piso en Madrid. Hoy el PP ha elevado el listón: María Dolores de Cospedal ha pedido explicaciones públicas al presidente del Congreso y que actúe la Fiscalía si son ciertas las noticias sobre estos supuestos desajustes entre su patrimonio y su retribución como cargo público.

      En casos similares, la Fiscalía "ha actuado de oficio conociendo informaciones o a través de informaciones aparecidas en medios de comunicación y, sin embargo, en este caso no ha actuado", ha dicho.

      Bono señala directamente a los medios que vienen publicando informaciones sobre pisos propiedad del presidente del Congreso, y asegura que, con el propósito de cuestionar la licitud en la obtención de su patrimonio personal y familiar, se ha iniciado una campaña de "noticias falsas" para sembrar sospechas sobre su honestidad.

      El inicio, según asegura, es la publicación de la compra por parte de su hijo de un piso en Madrid con un precio, recalca, que se ha llegado a situar incluso más de cuatro veces por encima del precio real. Asimismo, denuncia que se ha insinuado falsamente que el presidente ha ocultado información en su declaración de patrimonio.

      En su escrito a la fiscalía, Bono asegura que tiene constancia ante notario y de manera pública de todo su patrimonio, desde que en 1979 desempeñó el primer cargo público de su vida. Además, recuerda que como presidente de Castilla-La Mancha promovió la primera Ley de Transparencia para que los bienes de los Altos Cargos se publicasen el Diario Oficial, como así hizo desde 1995 hasta su cese como Presidente autonómico (2004).

      En total, el presidente del Congreso aporta más de 60 escritos notariales y ante Registros Públicos detallando toda su actividad y patrimonio, especificando sus ingresos familiares: su retribución como presidente del Congreso (accesible en la página institucional de la Cámara baja), y también el sueldo de su esposa, los beneficios de las tiendas que ella regenta, y los beneficios de la Sociedad familiar "Hípica Almenara". También da cuenta del contrato firmado con la Editorial Planeta para una futura publicación sobre la que Bono trabaja desde hace años.

      De la actividad de las empresas familiares también facilita los datos de beneficios que constan, por otra parte, en el Registro Mercantil y en la Hacienda Pública.

      Por otra parte, el PP ha anunciado que también pedirá explicaciones al ministro de Fomento, José Blanco, en este caso, sobre las grabaciones de conversaciones telefónicas incluidas en el sumario del caso Gürtel en las que el presidente de la constructora se refiere a "a sus buenas relaciones con Moncloa y el entorno del presidente Zapatero".

      Cospedal ha anunciado que preguntarán a Blanco en el Congreso acerca de las adjudicaciones por valor de 30 millones de euros que el actual ministro y su antecesora, Magdalena Álvarez, concedieron a la empresa, que, según la investigación, pagó comisiones a la red de Correa a cambio de contratos en Castilla y León. "Se ha solicitado información a todas las comunidades autónomas sobre las adjudicaciones a Teconsa, pero no al Gobierno", ha explicado De Cospedal.

      Leer más...
      TARIFAS AL ALZA POR SU 'POSICIÓN DE DOMINIO'

      Un juez acusa a Renfe de ejercer 'competencia desleal' en mercancías

      • La cuota de mercado de Renfe es de un 98%, según recoge la sentencia
      • El ferrocarril supone un 2,64% del mercado nacional de mercancías
      Marisa Recuero

      Madrid.- La Justicia ha puesto coto al monopolio de Renfe en el transporte de mercancías. El titular del juzgado de lo mercantil número 8 de Madrid, Francisco de Borja Villena, acusó a la empresa de "infringir las normas de la defensa de la competencia" y cometer un acto de "competencia desleal" por ejercer una "posición de dominio" y elevar los precios que pagan las empresas usuarias del transporte ferroviario.

      La sentencia, dictada el pasado 24 de marzo, advierte de que Renfe llegó a incrementar las tarifas entre un 41% y un 182,5% en 2007, tras la liberalización del transporte ferroviario de mercancías. "Supone un incremento no ya sensible, sino sustancial e incluso duplicatorio de los precios hasta entonces cobrados", reconoce el juez.

      Es más, De Borja Villena alega que esta situación "que se inició, ciertamente, en febrero de 2007, perdura de forma continuada hasta la actualidad, de modo incesante, como comportamiento continuo de presunta deslealtad". Lo más sorprendente es que el propio juez considera que este "comportamiento comercial" por parte de Renfe "no responde a un nuevo sistema de cálculo de costes empresariales, sino a la necesidad de nueva financiación propia por disminución de aportaciones del Estado".

      "Renfe Operadora no está sometida a las reglas de libre mercado, sino que ella ostenta el poder sobre el mercado y le permite adoptar una respuesta contraria a la lógica empresarial para la obtención de recursos propios con los que autofinanciar su actividad", según advierte el magistrado.

      La sentencia, resultado de una demanda interpuesta por la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), el 21 de abril de 2009, reconoce que la empresa pública sigue teniendo el monopolio del sector de mercancías, pese a la liberalización del mercado en 2005. "Es la única prestadora de servicios que actúa en todo el territorio nacional, y sus competidoras sólo lo hacen en trayectos determinados", señala.

      La cuota de mercado de Renfe es de un 98%, según recoge la sentencia, que corrobora, además, que esta situación sigue existiendo pese a la liberalización del mercado. Antes, la empresa ostentaba "un monopolio legal", por el cual negociaba con el 70% de sus clientes unos precios específicos, a través de acuerdos individuales, con los cuales obtenía el 80% de su facturación. Las tarifas que no eran negociadas las aplicaba sólo al 30% de las empresas, de los que conseguía el 20% restante de sus ingresos.

      El juez condenó a Renfe a pagar las costas generadas por el procedimiento judicial. No obstante, también advirtió de que la sentencia no es firme, cabiendo contra ella recurso de apelación.

      Los datos que maneja el Ministerio de Fomento revelan que el ferrocarril tiene sólo un 2,64% de la cuota de mercado nacional en el transporte de mercancías. La carretera es líder, ostentando el 83,86% de la cuota de mercado, seguida del transporte marítimo, con un 10,48%. En Europa, España está a la cola en este negocio, con apenas un 4% de cuota. El Gobierno quiere llegar al 10%.

      Pero lo más grave sigue siendo el escaso número de licencias concedidas a empresas privadas de transporte ferroviario de mercancías. Sólo hay ocho licencias en España, según los datos de la Comisión Europea. Renfe sigue teniendo el monopolio, pese a transportar un 23% menos que antes de que se liberalizase este mercado.

      Leer más...

      LUNES 12 DE ABRIL DE 2010

      D. Amadeo Martínez Inglés, historiador militar.


      El pasado mes de abril, el coronel del Ejército español Amadeo Martínez Inglés, acusó, mediante un escrito al Presidente del Congreso, al rey Juan Carlos de una serie de irregularidades que son "presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación: Un intento de golpe de Estado, (...) la puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte, (...) enriquecerse de una forma exagerada e ilegal, (...) ejercer la corrupción continuada y generalizada, (...) desviar fondos reservados del Estado, (...) un presunto asesinato (...)".

      Texto completo:

      AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS


      Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
      Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de suplanificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
      En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
      Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
      Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
      1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
      2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos *-Muriendo miles de guardias civiles de a pie, limitándose los mandatarios a ir a sus entierros con sus espaldas bien guardadas, si iban, y negándoles a las víctimas de la Guardia Civil derechos fundamentales inherentes a los seres humanos (Derecho de asociación, sindicalización, igualdad...)*-. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
      3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicacionesextranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
      4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
      5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
      6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
      En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
      De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elitesmejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse adenunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
      En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y queresumo de nuevo:
      1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F”
      y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
      2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
      3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
      4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
      5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedettedel espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
      6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un procesoclarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer susevaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
      Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España *-A salvalguarda éste de cualquier delito con sus "i", a saber: Inviolable, irresponsable, inimputable... (Vid. CE 1978).- habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
      Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
      Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones degolpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimosrepresentantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
      Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separadoabruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial omediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de losGAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamientoinviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
      Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
      España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
      Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
      Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
      * Nota autora blog.
      Leer más...

      Un guardia civil gallego pone firme a Interior

      El Ministerio estudia alternativas a la entrega tradicional de las bajas en el cuerpo, en un sobre y en mano, tras la infracción muy grave de Protección de Datos a instancia de un agente pontevedrés


      El director general de la Policía y la Guardia Civil en un acto.  // S. Sas
      El director general de la Policía y la Guardia Civil en un acto. // S. Sas

      JULIO PÉREZ - VIGO De poco valen las tradiciones acumuladas durante años y años cuando lo que está en tela de juicio es uno de los derechos fundamentales del ciudadano. De esos además en los que la sociedad moderna tiene puesto el punto de mira, el cuidado de la intimidad, y una cada vez más férrea defensa. No se libra ni el Ministerio del Interior, que acaba de recibir una importante reprobación de la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) por los protocolos que la Guardia Civil tiene para notificar la baja definitiva de uno de sus miembros por razones psicológicas. Un ya ex agente gallego, adscrito al municipio de A Estrada, denunció la falta de medidas de seguridad con la que se le trasladó el expediente, en mano, en la calle y en un sobre "abierto", según su testimonio, y el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba se está planteando "modificar el actual procedimiento" tras la imposición por parte de la AGPD de una infracción "muy grave".
      Todo ocurrió en abril de 2007. Después de tres años de baja psicológica que el denunciante achacaba a "las presiones sufridas por los mandos directos de la Unidad de la Guardia Civil de A Estrada", una patrulla se acercó a su domicilio para entregarle el documento, una copia compulsada de tres páginas con el acuerdo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil con la declaración de "inutilidad permanente" para el servicio por "insuficiencia de condiciones psicofísicas". El informe contenía datos de su salud, con el diagnóstico emitido por los peritos médicos. El agente mantiene, entre otras quejas, que el sobre con toda la información estaba abierto.
      Tanto la cúpula de la Guardia Civil, como la dirección y los mandos encargados de personal, confirman que la notificación se realizó por esa vía, aunque aseguran que el sobre estaba cerrado, que a él sólo pueden acceder o el instructor o el secretario encargado del expediente y que cuentan en su poder con el acuse de recibo firmado por el agente. La Subdirección General de Personal Militar remite un escrito a la AGPD en el que sostiene que sus procedimientos aseguran la confidencialidad, "salvo que los responsables de la Administración que lleven a cabo las notificaciones incumplan dichos procedimientos".
      Con el inicio de declaración de la posible infracción desde la Agencia a la vista de los indicios del incumplimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el relativo al deber de secreto entre los que manejan información personal y confidencial, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil alega de nuevo que el sobre estaba sin abrir. Que la entrega en la calle se realizó para "causar el menor trastorno al interesado" porque tenía retirado el carné de conducir, en el sobre constaba la inscripción "para apertura exclusiva por el interesado" y que el agente había generado "dificultades" durante toda la tramitación del expediente negándose incluso a abrir la puerta de casa. Aunque desde el Ministerio del Interior defienden que en ningún momento se vulneró el deber de secreto, sí vuelven a admitir que esta forma de comunicación lo evita sólo "en la medida de lo posible".
      La Agencia Española de Protección de Datos da por acreditado que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil vulneró el deber de secreto "al permitir que cualquiera ajeno al afectado pudiera ver el contenido del escrito de la resolución del expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas, que explicita datos de salud del denunciante al mencionar la patología que da lugar al citado expediente". El organismo recuerda que la normativa establece la información sobre la salud como "datos especialmente protegidos" y que para su tratamiento, también por ley, tiene que haber un consentimiento expreso del afectado.
      La declaración de infracción muy grave contra el Ministerio del Interior por parte de la AGPD –al tratarse de una Administración, no hay multa económica, pero sí una comunicación al Defensor del Pueblo y la exigencia a que se tomen las medidas para que no vuelva a ocurrir– recomienda que se eche mano de otro tipo de acuses de recibo externo, "como el usado por Correos", o algún otro "que permita la descripción más completa del contenido de la notificación sin desvelar su texto completo". El ministerio ya ha adelantado a la Agencia que ante "los fundamentos de derecho" que le ha hecho llegar se van a estudiar opciones alternativas para adaptarse a la ley.

      Leer más...

      El Consell acortará y abaratará los pleitos civiles con una Ley de Mediación pionera
      ABC La generalización de la mediación permitirá que los juzgados se centren en los asuntos más graves

      Descongestionar los juzgados sobresaturados y liberarlos de los pleitos menores, agilizar la resolución de las causas y abaratar los litigios. Éstos son los principios rectores de la Ley de Mediación de Derecho Privado cuyo anteproyecto será aprobado en breve por el Consell y remitido a las Cortes.
      El texto legal pretende fomentar la mediación como alternativa a la judicialización de determinados asuntos para que los litigantes resuelvan sus diferencias y, con la ayuda de un mediador, lleguen a una acuerdo de manera negociada sin que se precise la intervención del juez.
      Se trata, dice la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, de un «instrumento eficaz, rápido y menos agresivo de solución de conflictos entre ciudadanos que, además, permitirá reducir el enorme volumen de trabajo de nuestros órganos judiciales». La Generalitat se convertirá así en el segundo Ejecutivo regional que desarrolla la mediación más allá del ámbito familiar. Sólo Cataluña ha dado ya ese paso.
      Con la nueva ley, la mediación, que ahora se aplica en los asuntos relacionados con el Derecho de Familia, se hará extensiva al ámbito del Derecho Privado y servirá para resolver pleitos de índole civil -aquellos que se dan en la relación entre particulares- y mercantil. La mediación, apunta De León, es un procedimiento especialmente indicado para solucionar de manera «económica y rápida» conflictos vecinales y discrepancias en el seno de asociaciones, fundaciones o cualquier otra entidad en las que los litigantes están condenados a entenderse y a mantener la relación. «Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una relació amistosa entre las partes», subraya la consellera.
      Solución en dos meses
      El recurso de las partes en conflicto a la mediación en lugar de a la Justicia es siempre voluntario. Se trata, según se recoge en el borrador de la ley, de una solución más rápida y barata que los juicios ya que se fija un plazo máximo de dos meses para que se alcance el acuerdo buscado a través del mediador.
      Para ser mediador se requiere ser licenciado en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social o Relaciones Laborales, tener una formación específica e inscribirse en los registros de mediadores de los colegios profesionales. Serán las partes en conflicto quienes abonen los gastos del procedimiento, que siempre será más barato que un juicio. La ley, no obstante, contepla excepciones para aquellos litigantes que carezcan de recursos, para quienes el servicio será gratis como lo sería si estuvieran ante un órgano judicial.
      La futura norma contempla la creación de un Centro de Mediación de Derecho Privado de la Comunidad, entre cuyas competencias figura el control del registro de mediadores, la formación contínua y la sanción -en caso de infracción-, de los profesionales que ejerzan como tal y el archivo de las resoluciones que dicten en los conflictos en los que intervengan.
      Leer más...

      PILAR RAHOLA, LA NORIA, TELE 5, CASO MARBELLA Y CASO GÜRTEL.

      Rafael del Barco Carreras

      TELE 5, anteayer 10-04, emitió dos largos programas, uno con Isabel Pantoja y Julián Muñoz, que con Belén Esteban conforman el grueso de su programación, Caso Marbella por la tarde, y otro por la noche, Caso Gürtel, con denominador común, la intervención de PILAR RAHOLA. El de por la tarde no me interesaba, mi “caso” la GRAN CORRUPCIÓN me ocupa demasiadas horas, y LA NORIA de la noche, lo pedí a quien lo gravó. Y no es que me interese en particular Doña Pilar, sino porque coincide que hace exactos TRES AÑOS, marzo-abril del 2007, por unos comentarios en su blog, inicié como “un pulpo en un garaje” o “vaca en cacharrería” mi aventura en INTERNET. Celebrar el tercer aniversario permite repetirme.

      Pilar Rahola y el artículo en su blog, “Lo sabía toda Barcelona”, y el CASO MARBELLA, fueron las palancas que mi iniciaron y usé en mi obsesión desde hace treinta años por saber y conocer del porqué de mis tres años de prisión preventiva. Ese “Lo sabía…” lo ha utilizado en otros casos acusando y señalando la cobardía y complacencia de “los demás”, apuntándose a la denuncia cuando ya lo saben hasta los gatos, ¡muy oportunista!

      Doña Pilar me cerró su blog. Añadir un anónimo comentarista que se debería investigar sobre ese desconocido o “don nadie”, en pura alusión a matar al mensajero, me enervó. Total, comentarios cerrados.

      Hoy, metido el País en la Gran Crisis o Fraude Inmobiliario, repetiría lo mismo pero ampliando, ni Marbella ni Gürtel llegan a la suela del zapato a la GRAN CORRUPCIÓN BARCELONESA… y ella lo sabía, entonces cuando ejercía de vicealcaldesa con Pascual Maragall, y ahora cuando se calla siempre la parte, abundante y principal, de sus amigos, los que en definitiva le pagan para intervenir y gritar en SUS MEDIOS. Histriónica, burguesa y aplaudida propagandista contra la Derecha y a favor del PSOE como antes lo era por la independencia de Cataluña. Al igual que las antenas direccionales solo captan y repiten las ondas que les envían… pagando.

      Publica ahora, “La Máscara del Rey Artur”. El presentador Jordi González publicita el libro. Si el mío “Barcelona, 30 años de corrupción” lo blandiera en un programa de máxima audiencia, a pesar de estar colgado gratis en varios webs y blogs, por muy denso y “para mentes calenturientas”, han dicho, se vendería. Un título el suyo, no muy original, porque un conocido suyo, Jaume Reixach, también subvencionado, publicó “Las mil caras de Jordi Pujol”. Seguro que estoy de acuerdo cien por cien (al igual que con Jaime, que también me defenestró de su revista EL TRIANGLE) pero ¿cuándo publicará sobre la máscara y caras de Serra, Maragall, o sobre el Caso Pretoria, continuidad de las recalificaciones desde la Villa Olímpica a DIAGONAL MAR-FÓRUM, tan enmascaradas pero citadas en el actual juicio a la corrupción en la Delegación de Hacienda de Barcelona?

      La oigo vociferar en el programa por los 40.000.000 € que se habrían defraudado a Hacienda en el Caso Gürtel, no le he oído gritar por las decenas de miles de millones de pesetas que aparecen en este juicio. Un gran y extenso programa se podría montar con la vida, asesinato, compras de terrenos y sus recalificaciones de JOHN ROSILLO, y sus padrinos en Barcelona. Uno de ellos la base de DIAGONAL-FÓRUM por 10.000 millones ¡DE 1988!, o el reparto por la compra-venta en ¡EN 1991! CON MARAGALL EN EL AYUNTAMIENTO del viejo edificio en la plaza de Cataluña que engrandecería EL CORTE INGLÉS. ¡Delitos que solo se apuntan en el actual Juicio y que nunca nadie investigó a fondo en cuanto a los repartos!

      ¿Para cuando un día entero de Tele 5, la de mayor audiencia, dedicado a Barcelona y su entorno, donde no hay piedra o recalificación que no esconda sumadas VARIAS Marbellas o Gürtels? Con el aliciente que en Barcelona se reparten conjuntamente, según participación y Poder en cada caso, entre los tres en liza, PSC, CIU y PP, como prueba el actual CASO PRETORIA. Más interesante sería un programa sobre BLANQUEO del narcotráfico o de lo que sea, o sobre SOBORNOS Y EXTORSIONES. Ahora que la emisora cumple su veinte aniversario, tan ligado su nacimiento a aquella parte de LA GRAN CORRUPCIÓN, juicio CASO TELE 5 del que exculparon por fraude fiscal a Javier de la Rosa… y a Berlusconi.

      Ya el solo JUICIO iniciado hace siete meses con delitos cometidos HACE VEINTE AÑOS, y que continúa, pasada Semana Santa, mañana martes (al que no acudiré, como desde hace meses todos los días, por fuerza mayor o más importante para mí) merece la programación que dedican a la Pantoja, Muñoz y la Belén, pues no solo hay mujeres que cambian de cama, promiscuos y puteros, o gais y maricas sin salir del armario, sino hasta drogadictos, !y muchísimos más millones!

      Sé que no tengo voz suficiente para que TELE 5 dedique una de sus NORIAS con Jordi González, Pilar Rahola. Enrique Sopena, Maria Antonia Iglesias, Isabel Duran, Mercedes Rodríguez y Alfonso Rojo, todos primeros espadas del periodismo y los “platós”, al CASO BARCELONA, del que su Prensa local y menos su TELE nunca se ha ocupado con la profundidad que merece… pero no desespero.

      Si hace TRES AÑOS nadie sabía no ya de mi existencia (un insignificante ratón que pisoteó una manada de elefantes enloquecidos por ambición de Dinero y Poder) sino apenas nada de la GRAN CORRUPCIÓN, ahora suman cientos de miles lo que me han leído, alabando e insultado unos pocos. Así es que no pierdo la esperanza, ¡a los SETENTA AÑOS tengo pocas!, de que algún día sucedan grandes programas, a pesar de los cortes y virus en mis web y blog. Significaría que han sido vencidos los corruptos y la Gran Porquería reluce aunque sea para disuasión de los sucesores, y rectificar el lamentable camino de este País,

      Añado en www.lagrancorrupción.blogspot.com lo escrito hace TRES AÑOS como comentario en el Blog de Pilar Rahola

      Leer más...