Fuego cruzado entre el Gobierno, Rita Barberá, Camps, Cotino y ETA
Se han disparado las hostilidades entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana desde que el pasado domingo Zapatero vetase a Camps en un acto institucional en Valencia.



El descortés gesto de José Luis Rodríguez Zapatero negándole la invitación a un acto oficial en Valencia al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la posterior reacción de protesta de Rita Barberá, contestada con el "feo" de María Teresa Fernández de la Vega, ha disparado las tensiones entre el Ejecutivo y el Consell, una relación ya de por si muy delicada en los últimos tiempos. Así, para mantener viva la polémica, el nada moderado delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, se ha descolgado con unas declaraciones bastante subidas de tono, con intención de provocar, que confirman lo que no era un secreto: Zapatero no quiere ni ver a Camps aunque para ello se sirva de pisotear el protocolo y ningunear a las instituciones.

El habitualmente deslenguado Peralta no contento con justificar el veto al presidente, incluso ha acusado al Ejecutivo valenciano de tener cierta habilidad para reventar actos "de relevancia internacional", una aseveración que realmente resulta difícil de justificar. Además, ni que decir tiene que estas declaraciones no son nada recomendables para una persona que ocupa la representación institucional, como máxima autoridad, del Gobierno central en una comunidad tan importante como la valenciana. Lo peor de todo es que Ricardo Peralta olvida continuamente su condición de representante gubernamental para utilizar un lenguaje y comportamiento de lo más chusco, siempre con pensamiento y fines electorales. Una actuación muy alejada de su labor de representación y coordinación.
El penúltimo capítulo de enfrentamiento Gobierno-Consell no ha sido más que la guinda a un pastel emponzoñado desde hace mucho tiempo. Son diversos los frentes abiertos entre las distintas autoridades valencianas y el Gobierno. La alcaldesa de Valencia, en la disputa con Cultura por el barrio de El Cabanyal ha subido el listón de las acusaciones sin que hasta ahora haya encontrado réplica del Ministerio. Barberá ha afirmado que Ángeles González-Sinde se alía con los violentos. Unas manifestaciones que vienen avaladas por la negativa de la ministra a aceptar una invitación para pasear por este barrio con la alcaldesa y sí hacerlo con los miembros de la plataforma Salvem El Cabanyal.

Por último, y como ya publicó El Semanal Digital el pasado lunes, Juan Cotino, vicepresidente del Consell y ex director general de la Policía ha sacado los pies del tiesto al contestar "si", durante una entrevista radiofónica a la pregunta de si creía que el PSOE está volviendo a negociar con la banda terrorista ETA. ¿Cómo justificó Cotino su afirmación? tTomen nota: "Al final del tema es que hay un principio que nace del marxismo, que es que el fin justifica los medios, y el planteamiento es que el fin de ETA para algunos justifica cualquier medio, y si ese medio es negociar, negocian. El semanal digital.
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Aumenta la demanda de terapias de pareja
Aumenta la demanda de terapias de pareja  (Imagen: ARCHIVO)
  • En Madrid, sólo en los dos primeros meses de este año, la demanda de terapias de pareja ha crecido un 47%.
  • En total, 1.086 parejas han solicitado ayuda.
  • No está acarreando un aumento de los divorcios.

Los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) del Ayuntamiento de Madrid han detectado una tendencia creciente del número de conflictos conyugales desde que empezó la crisis económica y sólo en los dos primeros meses de este año la demanda de terapias de pareja ha aumentado un 47%.

Este tipo de problemas se dan en todos los grupos socialesSegún fuentes municipales, estos centros han constatado que el impacto de la crisis no conlleva sólo un empobrecimiento de los hogares, sino que afecta también a las relaciones familiares, dando lugar a tensiones y conflictos.

Durante los dos primeros meses del año, 1.086 parejas han solicitado ayuda para resolver sus conflictos en estos CAF, lo que supone un incremento del 47% respecto al mismo periodo del año pasado.

El número de rupturas no aumenta

Los centros municipales han observado también que este tipo de problemas se dan en todos los grupos sociales: en las clases con mayor poder adquisitivo, porque no logran adaptarse a una crisis coyuntural y, en el resto, porque los ingresos disminuyen y no son suficientes.

Sin embargo, el incremento de los conflictos en la pareja no está acarreando un aumento de los divorcios, sino que el número de rupturas está decreciendo.

En la ciudad de Madrid se ha pasado de 9.388 rupturas en 2006, antes de comenzar la crisis, a 8.141 en 2008 (a falta de los datos definitivos de 2009), lo que supone un descenso del 13%.

Ante las diferentes peticiones de ayuda, los CAF del Ayuntamiento de Madrid ofrecen dos alternativas: la terapia de pareja y la mediación familiar

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Libertad bajo fianza de 500.000 euros para el cerebro de la «operación Pretoria»

Del total de 20 imputados en la causa, el ex diputado del PSC, Luis García era el único que permanece en la cárcel. efe

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado hoy la libertad bajo fianza de 500.000 euros del ex diputado del PSC Luis García, presunto «cerebro» de la trama de corrupción urbanística en Cataluña que se investiga en la «operación Pretoria», que lleva preso desde el 30 de octubre por orden del magistrado.

Así lo han confirmado a Efe fuentes jurídicas, que han precisado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión hoy.

Del total de 20 imputados en la causa, el ex diputado del PSC era el único que permanece en la cárcel ya que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el 14 de diciembre el recurso interpuesto por el presunto «cerebro» de la trama contra su prisión, al entender que había un «elevado riesgo» de destrucción de pruebas.

El tribunal consideró entonces que la puesta en libertad de García acarrearía «un elevado riesgo de que se destruyan evidencias u otros datos, documentos o elementos necesarios en la investigación», además de poner de manifiesto que el imputado «dispone de cuantiosos fondos y, presuntamente, realiza actividades fuera de la jurisdicción española».

Garzón imputó al ex diputado del PSC de los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental al considerarlo el «nexo de unión» de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y, «especialmente», con el ex alcalde de esta localidad, Bartomeu Muñoz, en libertad bajo fianza de 500.000 euros.

Entre los imputados figuraban también los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que Garzón dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros en diciembre, aunque la Audiencia Nacional rebajó esa cantidad a 200.000 euros el pasado mes de febrero.

También fue arrestado el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, que desde el pasado mes de diciembre está en libertad bajo fianza 200.000 euros, y el ex gerente de los servicios municipales de esa localidad, Pasqual Vela, que quedó en libertad bajo fianza tras comparecer ante Garzón el 30 de octubre.

El juez de la Audiencia Nacional también impuso fianzas a los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, mientras que a los otros once imputados en la segunda fase de la operación no les impuso ninguna medida cautelar, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Entre estos imputados figuraban la madre de Bartomeu Muñoz, Josefina Calvet -que no compareció porque padece alzheimer-, y las esposas de Alavedra Y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente.

También están el ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas Margarit, el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros (PP), el ex edil socialista de esta localidad Antoni Jiménez, y el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó.

El administrador de Niesma Corporació, Manuel Valera, el arquitecto municipal de Santa Coloma, Lluis Falcón, el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido, y Philip McMahan Bolich, que tiene su residencia en Andorra, completan la lista de imputados.

Esta presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras en los que actuó con las operaciones «Pallaresa», «Badalona» y «Niesma», respectivamente.

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Mayor Oreja dice que ETA y el Gobierno son "aliados potenciales"

El eurodiputado del Partido Popular y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja se mostró el martes convencido de que el Ejecutivo socialista está negociando con ETA y que, respecto a las próximas elecciones, el presidente del Gobierno y la banda armada son "aliados potenciales". Seguir leyendo el arículo

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Con estas declaraciones, se rompe la sintonía que el PSOE y el PP han mantenido desde la firma del pacto que llevó a los socialistas al Gobierno vasco en 2009, y que fue posible por lo que el principal partido de la oposición calificó de "rectificación" de la política del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tras la ruptura de la última tregua en junio de 2007.

Según el eurodiputado, ETA y Zapatero no son adversarios, sino "aliados potenciales" que "buscan una España debilitada". Para Mayor Oreja hay dos fechas determinantes: las elecciones municipales del próximo año y las generales de 2012.

"En las elecciones municipales, lo único de lo que se trata es de que ETA se haga presente en los ayuntamientos e instituciones del País Vasco y en la segunda parte, en las generales, ETA devolvería el favor a Rodríguez Zapatero para ayudarle a ganar las elecciones", acusó el ex titular de Interior en un desayuno de prensa en Madrid.

El proceso de negociación, según Mayor Oreja, ya está "en marcha" y se fundamenta en intentar diferenciar la izquierda 'abertzale' de ETA, separación que para el líder del PP resulta "una imposibilidad metafísica".

"ETA está en pleno proyecto político y necesita que haya una apariencia de una izquierda 'abertzale' distinta de ella", añadió.

El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, exigió inmediatamente al líder del PP, Mariano Rajoy, que rectificara al que fuera máximo responsable de la lucha antiterrorista durante el Gobierno de José María Aznar.

"Creo que poner en cuestión la absoluta implicación del Gobierno en la derrota de ETA es absolutamente incalificable y desde aquí pedimos al señor Rajoy que desmiente de un modo absoluto y rotundo lo que ha dicho el señor Mayor Oreja", dijo Alonso en el Congreso.

La portavoz del PP en la Cámara Baja no hizo por su parte ningún comentario sobre estas declaraciones, recordando que su acuerdo en el Gobierno de Euskadi se mantiene mientras no se produzca ninguna negociación.

"Lo mejor que el Gobierno puede y debe hacer para despejar cualquier inquietud es que evite con todos los medios a su alcance que Batasuna, esto es, que ETA, vuelva a los ayuntamientos en las próximas elecciones", declaró Soraya Sáenz de Santamaría.

La polémica coincide con la presencia en Francia de Zapatero para asistir al funeral del policía francés Jean-Serge Nérin, que murió tiroteado la semana pasada por supuestos etarras

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Mediadores internacionales esperan un cese de la violencia de ETA antes de un año

Han suscrito la Declaración de Bruselas persuadidos de que se abrirá un nuevo escenario

Doce meses como máximo. Ése es el plazo que los 21 mediadores internacionales firmantes de la Declaración de Bruselas contemplan para que ETA declare un alto el fuego permanente y verificado. La posibilidad de «acabar con el último conflicto que queda en Europa», como recoge la declaración leída el lunes en el Parlamento Europeo, debiera de dar pasos al frente en los próximos meses porque de lo contrario, según dice el impulsor del documento, el mediador sudafricano Brian Currin, «sería muy triste».
Este manifiesto se produce a las puertas del Aberri Eguna que Batasuna y EA celebrarán por primera vez de manera conjunta bajo la convocatoria de Independentistak, y en una semana, la Santa, especialmente significativa para los abertzales. Y es que Irlanda del Norte sigue ejerciendo una atracción especial. No en vano el proceso dibujado por la izquierda abertzale se basa en los denominados principios Mitchell aplicados con éxito en el Ulster. Es el espejo del nacionalismo vasco. El próximo día 10 se cumplirán doce años del Viernes Santo del Acuerdo de Stormont firmado por los gobiernos británico e irlandés y el 28 de julio, cinco desde que el IRA provisional anunciara el cese definitivo de la lucha armada.
La Declaración de Bruselas supone un avance para la izquierda aber-tzale en su apuesta firme por reactivar la internacionalización del que denomina «conflicto vasco» ante los intentos del Gobierno español por «silenciarlo o manipularlo». El documento entregado el pasado lunes en el Parlamento Europeo lo firman, entre otros, cuatro premios Nobel de la Paz -el ex presidente sudafricano De Klerk, el arzobispo de este mismo país Tutu, el arquitecto del proceso de paz en Irlanda del Norte Hume y la norirlandesa Betty Williams-, protagonistas en resolución en conflictos, entre los que se encuentran Jonathan Powell, jefe de gabinete de Tony Blair cuando éste era primer ministro británico, y el ex secretario general de Interpol, Raymond Kendall, así como académicos especialistas en procesos de paz, fundamentalmente de universidades estadounidenses. «Si han dado su firma es porque saben que hay agua en la piscina», argumentan fuentes conocedoras del proceso.
El punto de partida de esta iniciativa se sitúa en la resolución 'Zutik Euskal Herria', en la que la izquierda abertzale apuesta «exclusivamente por medios pacíficos, democráticos y no violentos para conseguir sus objetivos», o lo que es lo mismo, en su creencia en el diálogo y la negociación entre las fuerzas políticas en base a los principios del ex senador George Mitchell. Estas premisas, aplicadas con éxito al conflicto de Irlanda del Norte, dejan bien claras las reglas del juego y obligan a la exclusiva utilización de medios democráticos, a renunciar al uso de la fuerza, al desarme total de forma verificable y a respetar los acuerdos.
El documento 'Zutik Euskal Herria' refunde las conclusiones del debate interno llevado a cabo en el último año en 270 asambleas locales lo que incrementa la legitimidad que tendrá la dirección de la izquierda abertzale para dar nuevos pasos que profundicen en su estrategia.
Pasos consecutivos
La segunda interpelación que formula la Declaración de Bruselas -ésta de forma indirecta- tiene como destinatario el Gobierno español. Siempre con la condición de que ETA anuncie un cese de la violencia supervisado, el manifiesto le emplaza a permitir «que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se alcance la paz duradera». ¿Cómo? Currin apunta, a título individual, algunas de los «esfuerzos» que el Gobierno central podría hacer si la respuesta de ETA es positiva. «Garantizar que la izquierda abertzale pueda presentarse a las elecciones, que se proceda a la repatriación de los presos políticos vascos y que se relaje la legislación sobre seguridad».
En cualquier caso, quien ya ha reaccionado a la Declaración de Bruselas ha sido la propia izquierda aber-tzale. Lo hizo al día siguiente de que Currin presentara el manifiesto en el Parlamento Europeo, valorando que los mediadores «de reconocido prestigio y trayectoria vital» mostraran su «preocupación» por lo que ocurre en el País Vasco y sobre todo reconoció la declaración de los 21 firmantes de «forma positiva y en toda su dimensión».
La izquierda abertzale reafirma su disposición a buscar «la resolución del conflicto» teniendo como base su estrategia recientemente adoptada ('Zutik Euskal Herria') y señala que el comunicado de Bruselas «se trata de una importante aportación en la construcción de un nuevo escenario en Euskal Herria», tarea en la que considera todos los agentes implicados deberían comprometerse. La izquierda abertzale se suma así de manera implícita al llamamiento a ETA para que declare un alto el fuego permanente y verificado y se una a un proceso político sin violencias y sin injerencias. Currin, en una reciente entrevista a este periódico, ofrecía su opinión al respecto: «El éxito del proyecto político depende del fin de la violencia. Si no hay un alto el fuego este proyecto no va a tener éxito. Y ETA y la izquierda aber-tzale entienden o saben que es así».
La postura de ETA
Fuentes conocedoras del proceso tienen la convicción de que la reflexión estratégica de la izquierda abertzale sobre el final de la violencia sí está madura y que los apoyos internacionales recibidos a su iniciativa «les han dado mucho aire». La 'cocina' echa humo. Lo que por el momento desconocen es si ETA pudiera entender que se está a las puertas de un proceso de paz y no de un proceso de resolución de un conflicto político en el que se irán dando pasos en la medida que se vayan produciendo resultados tangibles.
La reciente muerte de un gendarme en un tiroteo en París no despejó desde luego la incógnita. En un comunicado hecho público por ETA pocos días después intentaba no presentar una situación de ruptura con respecto a las tesis oficiales de la izquierda abertzale ni perjudicar los apoyos que ha recibido la actitud de la propia izquierda abertzale por parte de EA, el único partido que se mantiene a su lado dentro de la aspiración de crear un polo soberanista y que aceptó como válida la reacción de la ilegalizada Batasuna al atentado de Francia. Mientras se reclama que ETA tome decisiones para que «la bicicleta no se pare», en expresión de uno de los conocedores de los entresijos del proceso, los 21 mediadores internacionales contemplan un plazo máximo de doce meses para que la situación avance significativamente.
Cabía especular con el hecho de que, coincidiendo con el Aberri Eguna este domingo, ETA pudiera aprovechar para ofrecer una primera respuesta al emplazamiento de Bruselas, pero fuentes conocedoras del proceso ven «improbable» que lo haga por ser una apuesta «demasiado precipitada». «Esto es una carrera de fondo, no pretendamos esprintar ahora. Hay que valorar que se están dando pasos importantes que se pueden concretar en un nuevo proceso de paz», asegura una persona vinculada a la izquierda abertzale que ha participado en el último proceso de debate.
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