Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas

  • En Seseña (Toledo), el principal promotor tenía empleados a cuatro ediles socialistas que aprobaron en tiempo record una recalificación.
  • El vicepresidente de la Diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio.
  • El alcalde de Guillena está imputado por permitir la construcción de naves industriales en zona verde

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Varias dimisiones e imputados marcan el mapa de la corrupción urbanística del PSOE.

El vicepresidente de la diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio, mientras que en Ciempozuelos (Madrid) el alcalde, Pedro Torrejón, abandonó su cargo tras descubrirse que ingresó 800.000 euros en Andorra.

Consulta los casos del IU, PP ey otros partidos. La lista negra del PSOE, a continuación:

EN A CORUÑA:

Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.

El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.

EN ALBACETE:

Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.

EN ALICANTE:

Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

EN ALMERÍA

Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

EN ÁVILA:

La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

EN GRANADA:

Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

EN HUELVA:

El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.

Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

EN MADRID:

Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.

EN MÁLAGA:

Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas.

EN MURCIA:

Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.

En Albatera, un informe del Seprona considera que el alcalde pudo obrar en connivencia con un promotor

EN SEVILLA:

Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran.

Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros.

EN VALENCIA:

Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

EN VALLADOLID:

Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción. 20 Minutos

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Las comisiones de los bancos españoles son las segundas más altas de la Unión Europea

Mantener una cuenta corriente en España cuesta al año, por término medio, 178 euros

· Los bancos españoles son los segundos más caros de la Unión Europea (UE). Según un informe publicado por la Comisión Europea (CE) sobre el sector, mantener una cuenta corriente en España cuesta al año, por término medio, 178 euros, mientras que en Italia se cobran 253 euros.

Las cifras se disparan si, en lugar de un cliente de actividad media, sobre el que se basan los datos anteriores, se consideran los costes que soporta un consumidor de un perfil "activo", es decir, que opera con mucha frecuencia. En esos casos, el usuario italiano paga 1.540 euros por cuenta, (máximo de la UE) mientras que en España puede llegar a desembolsar 650 euros.

En el extremo contrario de la clasificación se encuentran países como Bulgaria (27 euros), Países Bajos (46 euros) o Bélgica (58 euros). En Alemania, el precio medio de una cuenta es de 89 euros; en Reino Unido, 103 euros; y en Francia, 154 euros.

El informe de la CE también destaca que Austria, Francia, Italia y España son los cuatro estados donde las comisiones bancarias son más opacas.

La comisaria responsable de Protección de Consumidores, Meglena Kuneva, señaló ayer en Bruselas que las comunicaciones bancarias son en Europa demasiado opacas. "A los consumidores les resulta difícil saber a ciencia cierta lo que pagan y establecer comparaciones con otras ofertas", indicó. El informe revela que en el 66% de los bancos analizados, "las tarifas son tan poco claras que los expertos encargados de realizarlo se han visto obligados a reclamar información complementaria a los bancos, para calcular el costo real de las cuentas".

Sin embargo, en el caso español la CE puntualiza que "los precios están sujetos a negociación caso por caso entre el cliente y su banco, por lo que los costes reales deberían ser inferiores que los recogidos en las listas oficiales de precios".

El responsable de Mercado Interior, Charlie McCreevy, afirmó que la Comisión está determinada a esta situación, "lo que implicará imponer transparencia mediante una información comprensible para el consumidor, además de fijar reglas básicas para la gestión de estas operaciones".

El estudio, que ha analizado 224 entidades financieras europeas, 18 de ellas españolas, se completa con una encuesta entre los consumidores, que muestran un malestar amplio y generalizado. En numerosos casos se quejan de que las informaciones que reciben antes de cerrar contratos con sus bancos son "incomprensibles" o "insuficientes", el 79% reclama "informaciones normalizadas claras y comparables". Además, existe una carencia de información o consejos inadecuados sobre las inversiones a largo plazo.

La CE también advirtió de que en noviembre de este año entrarán en vigor una serie de principios comunes, de aplicación voluntaria, para facilitar a los consumidores el cambio de cuentas bancarias, y que vigilará el proceso de cerca, en busca de actitudes irregulares o sospechosas.

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La investigación judicial de la trama corrupta

El Tribunal de Madrid anula el grueso de las escuchas en la cárcel del 'caso Gürtel'

La Sala de lo Penal acuerda invalidar todas las conversaciones grabadas salvo las de un abogado, imputado, donde se trata de la financiación ilegal del PP

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 24/03/2010

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tomó ayer la decisión de anular del sumario del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP, el grueso de las conversaciones grabadas en la cárcel entre los dos cabecillas de la red y sus abogados. El acuerdo, que será trasladado a un auto judicial en los próximos días, fue adoptado ayer tras cuatro sesiones de deliberaciones en las que dos magistrados (el presidente del Tribunal, Francisco José Vieira, y Emilio Fernández Castro) impusieron sus dos votos a favor de anular las escuchas frente al criterio del tercer miembro de la sala, José Manuel Suárez Robledano, quien era partidario de validar todas las grabaciones, según fuentes consultadas por este periódico que han sido informadas del desarrollo de las deliberaciones y que aseguran que la decisión es inamovible porque fue votada formalmente.

Durante cuatro días de deliberaciones se mantuvieron tres posturas distintas

Los magistrados tuvieron que votar las escuchas una a una para el acuerdo

El juez logró cientos de pruebas de la corrupción antes de la escucha en prisión

Las conversaciones validadas sugieren cuentas irregulares en el PP gallego

El magistrado Suárez Robledano emitirá previsiblemente un voto particular contrario a la decisión de la Sala de anular totalmente las otras grabaciones, lo que supone un fuerte revés para la investigación del caso Gürtel.

El acuerdo (dos votos contra uno) supone que quedan anuladas todas las conversaciones grabadas en la cárcel, salvo una, a los tres principales cabecillas de la trama corrupta (Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, que ejercía de número dos de la trama) con sus respectivos letrados.

Antes de la votación final, la sala había llegado a un callejón sin salida porque había tres posturas diferentes: Vieira, a favor de anular todas las conversaciones salvo las mantenidas por el abogado José Antonio López Rubal, imputado en la causa; Fernández de Castro, defensor de la anulación total; y Suárez Robledano, que quería validar todas las escuchas. Al final, para evitar la formación de una Sala de la Discordia para dirimir los desacuerdos, con otros dos magistrados, los tres jueces optaron por votar conversación a conversación, de manera que se anularon todas, salvo las de López Rubal con sus clientes.

En esas conversaciones se escucha a Crespo negociar con su abogado la fórmula para proteger el dinero que tienen en paraísos fiscales. Con posterioridad a esta conversación, Suiza ha informado al Tribunal Superior de que Correa y Crespo disponen de 21 millones de euros en cuentas en ese país. En la conversación validada, Crespo también habla con López Rubal de financiación ilegal del PP de Galicia cuando él era secretario de organización del partido en esa región.

Esta grabación la considera legal el tribunal porque Garzón, antes de que la policía interceptase estas conversaciones, dictó un auto en el que cita expresamente a López Rubal como presunto cómplice de la trama.

Hasta llegar a la decisión de anular el grueso de las conversaciones, lo que supone un duro revés a la instrucción cuyas consecuencias nadie acierta a precisar a estas alturas, el tribunal ha mantenido cuatro deliberaciones muy tensas.

Fernández Castro, anexionado a esta Sala por el anterior Consejo del Poder Judicial pero sin plaza de titular, ha sido, de los tres, el más beligerante a favor de anular las escuchas. Las citadas fuentes no descartan que Fernández Castro incluso pueda formular otro voto discrepante respecto a la validación por parte de sus dos colegas de este punto. Para él, todas las escuchas eran ilegales y quebrantan el derecho constitucional de defensa, siempre según los citados medios.

La postura de Suárez Robledano, que hará un voto particular a favor de la legalidad de las escuchas, coincide con la del juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que también es magistrado titular de esta sala pero que, al ser el instructor, no interviene en las deliberaciones. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, Pedreira ya expuso en un auto que las grabaciones decretadas por Garzón eran válidas formal y jurídicamente porque algunos de los letrados actuaron como cómplices de sus clientes en determinados actos delictivos que permitieron ayudar a ocultar y, en algún caso, evitar que la justicia española recuperase los millones de euros que la red Gürtel tiene en paraísos fiscales. Un dinero que salió de pagos de comisiones y sobornos procedentes de contratas y adjudicaciones hechas por organismos públicos gobernados por el PP.

Entre las conversaciones grabadas por orden de Garzón que el Tribunal de Madrid ha decidido anular figura una de Correa con su abogado en la que se lamenta de que la policía hubiese decomisado al contable de su trama, José Luis Izquierdo, un pen drive con anotaciones de sobornos a dirigentes del PP. No obstante, fuentes de la investigación señalan que hay muchas pruebas, entre ellas el pen drive decomisado antes de las escuchas en la cárcel, que aportan indicios sólidos de corrupción y que serían perfectamente válidas para establecer condenas.

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El Gobierno impone un plan para reducir el déficit hasta el 3%.

Salgado pacta una reducción de hasta el 3% que afectará el gasto social hasta el 2013

El Gobierno y las CCAA aprobaron este lunes el plan de reducción del déficit para alcanzar el 3% del producto interior bruto (PIB) en el 2013, si bien las Autonomías gobernadas por el PP se abstuvieron a pesar de haberse mostrado de acuerdo con los objetivos de estabilidad. Así lo manifestó en rueda de prensa la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que también se aprobó, con el voto en contra del PP, la creación de un grupo de trabajo para diseñar propuestas de reducción del gasto.

Las Claves

Las CCAA se comprometen a elaborar, en un plazo de tres meses, planes de racionalización del gasto

El déficit del conjunto de las administraciones en 2009 fue del 11,2% del PIB

Las Datos

El CPFF aprobó la creación de un grupo de trabajo que se encargará de hacer propuestas para la reducción del gasto

Economía seguirá trimestralmente los planes de reequilibrio aprobados por las CCAA

financiero digital/efe

madrid

Salgado explicó que durante la reunión, las comunidades del PP, "sin excepción", se manifestaron "completamente de acuerdo" con la senda de reducción del déficit, por lo que "no se entiende muy bien -dijo-, su abstención", que representa la "incoherencia" de la que ese partido ha dado ejemplos en el pasado.

En cualquier caso, el CPFF dio su visto bueno al Programa de Estabilidad y Crecimiento enviado ya a Bruselas y que prevé reducir el déficit al 3% del PIB en 2013 en el conjunto de las administraciones públicas (1,1% en el caso de las comunidades autónomas).

Además de la reducción del déficit, los objetivos del plan de austeridad acordado son la contención del gasto y la mejora de su eficiencia; el mantenimiento a medio plazo de los niveles de deuda establecidos en el Pacto de Estabilidad; y la mejora de la información y transparencia en materia de plazos de pago y de gastos pendientes de aplicación presupuestaria.

Para alcanzar esos objetivos, ha dicho Salgado, se aplicará una política de contención de los gastos de personal "a través de una senda de austeridad en el incremento de las retribuciones", de la reducción de las ofertas públicas de empleo y de una política de racionalización de los recursos humanos al servicio de la administración.

Todas estas actuaciones, ha recalcado la ministra, sólo se llevarán a cabo "a través del diálogo social".

Un compromiso que, según Economía, se engarza con el contenido del plan de austeridad del Gobierno que establece una reducción de los gastos de personal de un 4% entre 2010 y 2013.

Para desarrollar todos esos objetivos, las comunidades se han comprometido a elaborar, en un plazo de tres meses, planes de racionalización del gasto.

Con ese fin, el CPFF ha aprobado, con el voto en contra del PP, la creación de un grupo de trabajo que se encargará de hacer propuestas para la reducción del gasto y cuyas conclusiones deberán estar listas el 10 de junio para que las comunidades puedan incorporar las medidas que se acuerden en su presupuestos para 2011.

Asimismo, el Consejo ha aprobado los planes económico-financieros de reequilibrio de nueve comunidades: Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura y Aragón.

Unos planes de reequilibrio a los que se sumarán los de Navarra y País Vasco, que se aprobarán en breve en sendas comisiones mixtas y que suponen en conjunto un ajuste de 1.975 millones de euros.

Los acuerdo de no disponibilidad del resto de las autonomías se aprobarán después de Semana Santa, según Salgado, quien ha recordado que estos ajustes se suman al esfuerzo que ya han hecho las comunidades a la hora de diseñar sus presupuestos de 2010, que se han reducido en 5.047 millones respecto a 2009.

El Ministerio de Economía hará un seguimiento de los planes de reequilibrio aprobados por las comunidades, que trimestralmente deberán facilitar información sobre sus operaciones de endeudamiento.

Tras la reunión, las comunidades del PP han coincidido en la "filosofía de la austeridad" presupuestaria y el control del gasto, pero se han abstenido a la hora de votar el plan del Gobierno al considerarlo "solamente propaganda y humo".

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, ha dicho que las comunidades están dispuestas "a arrimar el hombro para reducir el gasto, pero no a mandar mensajes equivocados a la opinión pública".

El conseller de Economía y Hacienda de la Comunitat Valenciana, Gerardo Camps, ha considerado las medidas que ha propuesto el Gobierno "inconcretas, vagas e imprecisas" y ha afirmado, sobre el grupo de trabajo, que en el PP están "en contra de perder más el tiempo", porque "ya está todo estudiado".

Por su parte, el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, ha considerado que el Consejo ha dado una señal de madurez y compromiso con un objetivo que es fundamental para todos como es alcanzar la reducción del déficit público.

En la misma línea se manifestaron la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, para quien el método por el que se ha apostado este lunes es el adecuado, y el consejero extremeño de Hacienda, Ángel Franco, que ha considerado el acuerdo "altamente satisfactorio".

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EL MAGISTRADO, MÁS CERCA DE SENTARSE EN EL BANQUILLO POR COHECHO Y PREVARICACIÓN

Dos abogados de provincias dejan noqueado al 'superjuez' Garzón.

Dos abogados de provincias dejan noqueado al 'superjuez' Garzón

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (Efe).

@José L. Lobo.- 24/03/2010 (06:00h)

Dos modestos abogados de provincias, el murciano José Luis Mazón y el alicantino Antonio Panea, han logrado poner contra las cuerdas al superjuez Baltasar Garzón, que ya acumula tres causas abiertas en el Tribunal Supremo. El magistrado de la Audiencia Nacional dio ayer un paso más hacia el banquillo de los acusados tras ser citado a declarar en calidad de imputado por el alto tribunal, que deberá decidir si Garzón cometió los delitos de cohecho y prevaricación por haber aceptado fondos del Banco Santander para financiar su estancia académica en Nueva York entre 2005 y 2006, como sostienen Mazón y Panea en su querella.

Les han acusado de pertenecer a la ultraderecha, de estar al servicio del PP, de actuar por resentimiento, de ser unos profesionales fracasados, de perseguir protagonismo y dinero... Pero las críticas y las presiones, lejos de acobardarles, hace tiempo que les resbalan. "¿Dinero? Esto nos está costando nuestros ahorros", se defiende Mazón. "Ni tenemos, ni buscamos ni aceptaríamos patrocinio alguno. Es una cruzada particular contra la arbitrariedad judicial al más alto nivel, un modesto grano de arena para mejorar la democracia. Porque la expulsión de Garzón de la carrera judicial supondría un salto de calidad para nuestro sistema de libertades", añade el abogado.

Mazón, 50 años, nacido en Orihuela (Alicante) pero murciano de adopción, ex asesor laboral del sindicato CCOO, conoció a su colega Panea en 2004. Jamás se habían visto hasta que se cruzó en su camino el ya desaparecido Rafael Pérez Escolar, también abogado, juez en excedencia, economista y consejero de Banesto con Mario Conde hasta que el Banco de España intervino el banco el 28 de diciembre de 1993. Pérez Escolar, fallecido en 2007, fue condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación indebida, y tras la compra de Banesto en subasta por el Banco Santander se embarcó en una lucha sin cuartel contra Emilio Botín, con el que mantuvo abiertos más de una treintena de pleitos, la mayoría de ellos fallados en su contra.

Contra el juez "incorruptible"

El cordón umbilical que unió a estos dos abogados fue Pérez Escolar. Panea colaboraba desde muy joven en su bufete de abogados, y Mazón le conoció en 2000, cuando le encargó que llevase su defensa en el caso Banesto hasta el mismísimo Comité de Derechos Humanos de la ONU. "Lo que nos animó a Antonio y a mí a llevar ante los tribunales a Garzón, que iba de juez incorruptible, fue descubrir que había dado carpetazo a una querella de Pérez Escolar contra Botín después de haber pedido dinero al presidente del Banco Santander para financiar su estancia en Estados Unidos. Eso era prevaricar, y había que desenmascararlo", sostiene Mazón.

El abogado se refiere a la querella presentada en 2006 por Pérez Escolar contra Botín y otros 20 consejeros y ex ejecutivos del Santander Central Hispano -entre ellos el ex presidente de Bankinter Jaime Botín; su actual responsable, Ana Patricia Botín, y el ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz- por la supuesta apropiación indebida de 4.500 millones de euros pertenecientes a Banesto. Garzón archivó la querella el 28 de noviembre de aquel año -poco después de regresar de su año sabático en Nueva York supuestamente financiado por Botín- argumentando que, pese a estar "bien armada, se funda en una cadena de hipótesis no contrastadas".

"El trabajo quijotesco que estamos haciendo Antonio y yo tendría que haberlo hecho la Fiscalía, que tiene muchos más medios, pero ha preferido mirar hacia otro lado", asegura Mazón. "El género humano está tan deteriorado que muchos no alcanzan a entender que alguien pueda actuar sólo por altruismo. Pues sí, aunque parezca mentira, se puede", añade el abogado.

Garzón declarará como imputado ante el Tribunal Supremo el próximo 15 de abril por los cobros en Estados Unidos. Será la segunda vez que lo haga en poco más de seis meses, aunque el pasado mes de septiembre fuera en una causa bien distinta: las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo.

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Florentino le gana el pulso a Galán al lograr el apoyo de CiU a la enmienda antiblindajes.

Florentino le gana el pulso a Galán al lograr el apoyo de CiU a la enmienda antiblindajes
Ignacio Sánchez Galán y Florentino Pérez (Efe).

Salvo sorpresa de última hora, no descartable tras los intensos movimientos políticos provocados por el asunto, la Comisión de Economía y Hacienda dará hoy el visto bueno a la enmienda de la Ley de Sociedades Anónimas que supondrá eliminar la limitación de los derechos de voto al 10% en las compañías cotizadas. Una victoria de Florentino Pérez, presidente de ACS, sobre Ignacio Sánchez Galán, su homólogo en Iberdrola, que el viernes y en la Junta General de la eléctrica le volverá a negar un puesto en el consejo de administración. En un comunicado de prensa, la eléctrica anunció ayer su disposición a ceder un consejero a ACS para pedir después su cese inmediato.

Tras un sinfín de dudas, el PSOE ha obtenido el voto favorable de CiU, que, no obstante, ha pedido incluir dos salvedades. La primera es que la nueva norma solo se aplique a las empresas que cotizan en bolsa, por lo que no afectaría a las compañías con un carácter eminentemente familiar, tal y como adelantó este diario la semana pasada. De esta forma, los nacionalistas catalanes evitan que sociedades como Planeta o Agrolimen, dos de los motores económicos de Cataluña, puedan ver alterado su control. La segunda cláusula impuesta por CiU es que la ley entre en vigor a partir de 2011.

Detrás de este acuerdo y como efecto colateral de un proyecto que ha movido a fondo a la incipiente industria española del lobby, la enmienda contra los blindajes ha provocado un grave encontronazo entre tres de las principales cajas españolas. En efecto, BBK y Kutxa, a favor de los intereses de Iberdrola, de la que son accionistas, han acusado a La Caixa de presionar a CiU para que vote a favor de la nueva norma, que favorecería los intereses de ACS, socio de la caja catalana.

Fuentes próximas a las conversaciones aseguran que en la toma de posición final de CiU ha tenido mucho que ver las negociaciones mantenidas con La Caixa, la principal fuerza económica y empresarial de Cataluña. En el entorno de la caja catalana se asevera con rotundidad que tan solo se ha limitado a escuchar las consultas que le han realizado desde el partido nacionalista, pero que le han dado libertad absoluta a la hora de votar. Añaden que Isidro Fainé no ha mantenido ninguna reunión ni conversación telefónica con Mas ni con Duran i Lleida.

Sin embargo, otras fuentes aseguran que el presidente de La Caixa ha tenido reuniones con ambos políticos nacionalistas para darle a conocer su postura sobre la enmienda, a la que ve con buenos ojos. Por dos motivos. Primero y principal, porque beneficiaría a ACS, que por fin tendría vía libre para tomar el control de Iberdrola, donde acumula pérdidas latentes cercanas de 1.800 millones, tras invertir 4.470 mediante préstamos que todavía adeuda. ACS y La Caixa tienen una estrecha relación como accionistas estables de Abertis, donde entre ambas controlan cerca del 50% del capital.

Las cajas vascas, enfadadas con Isidro Fainé

En segundo lugar, porque el cambio de la ley podría suponer una revalorización de su cartera de participadas, incluida Repsol, que también tiene limitados los derechos de voto al 10% del capital con independencia del porcentaje que se posea. La Caixa controla el 14,7% de la petrolera, que a día de hoy no puede ser objeto de una OPA por el citado blindaje. Sin este obstáculo, el grupo español presidido por Antonio Brufau sería una presa fácil para los grandes conglomerados petroleros mundiales.

El PP –que ha querido nadar y guardar la ropa en este asunto- y el PNV, votarán hoy en contra de una enmienda que en el País Vasco ha provocado especial enfado. Las cajas vascas, en particular, han reaccionado con una protesta de alto voltaje, al punto de haber indicado a Fainé que su presión sobre CiU podría costarle el respaldo de ambas si finalmente se postula como nuevo presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). La alternativa del presidente de La Caixa surgió apenas tres días antes de que Amado Franco, de Ibercaja, fuera entronizado como sustituto de Juan Ramón Quintás.

Fuentes próximas a este organismo explicaron que la opción de Fainé apareció por petición expresa de Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, así como de altos cargos del PP. No obstante, el primer ejecutivo de La Caixa todavía no ha decidido si presentará su candidatura. Desde el Gobierno han insinuado a Fainé que valore el apoyo que va a dar el Ministerio de Economía al sector de las autopistas, donde la caja catalana tiene grandes intereses a través de Abertis.

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RAJOY PIDE ESPERAR A LA DECISIÓN DEL JUEZ ANTES DE EXPULSARLE

Los ‘pinchazos’ telefónicos desmontan la estrategia de defensa de Matas.

Los ‘pinchazos’ telefónicos desmontan la estrategia de defensa de Matas

El ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas (i) y su esposa, junto a su abogado (d) (Efe).

Les salió mal la jugada. Jaume Matas y su abogado, Rafael Perera, se quedaron paralizados. Ni en el peor de los escenarios posibles sospechaban que los teléfonos estaban pinchados. No sólo el de Matas, sino el de los otros tres imputados: su esposa, Maite Areal; su cuñado Fernando Areal y Bartolomé Reus, su presunto testaferro.

A Perera no le quedó más remedio que pedir al juez José Castro que suspendiera la declaración para poder examinar las grabaciones no presentadas antes en el sumario y realizadas en diciembre de 2009. “Espero que [Reus] no nos deje con el culo al aire", dice Areal a Matas en una de las conversaciones que se dieron a conocer ayer, y que han golpeado la moral del ex ministro. "Las cosas no han ido bien", aseguraron desde su entorno.

El letrado se reunió ayer por la tarde con sus clientes. Se trataba de preparar a contrarreloj una defensa solvente que intentara justificar cómo pagó Matas el famoso palacete y las obras de reforma. Esto es, el presunto enriquecimiento ilegal de Matas que coincidió con la construcción del velódromo Palma Arena. El palacete, según Hacienda, está tasado a precio de mercado en 2,5 millones de euros. El Colegio de Arquitectos de Baleares lo valora en 2,87 millones. Pero el ex ministro lo adquirió por tan sólo un millón de euros. Cabe recordar que la Agencia Tributaria devolvió a Matas 866 euros en su declaración de 2006

Los fiscales Anticorrupción de Baleares sostienen que el ex presidente del Govern incurrió en un presunto delito de cohecho de 1,5 millones de euros por el inmueble de la calle Sant Felio de Palma, una vivienda de 465 metros cuadrados, donde duerme estos días junto a su esposa.

Además, la Fiscalía argumenta que el ex ministro se gastó, entre 2004 y 2007, 99.153 euros en efectivo en concepto de joyería y artículos de lujo para equipar su vivienda palmesana. Por este hecho, fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial confirmaron que Matas podría ser condenado por un presunto delito fiscal, castigado entre 1 y 4 años de cárcel y una multa de 1,2 millones de euros. “Pero falta por saber de dónde procede el dinero. ¿Con qué dinero pagó el palacete?”, se preguntan estas mismas fuentes.

Fernando Areal reconoció ayer en su declaración ante el juez que pagó 32.000 euros en negro a la constructora del inmueble en la sede del PP, partido del que era gerente en la pasada legislatura. Además, Areal, según él mismo explicó, alquiló el piso de Matas en Madrid “para no perjudicarle en las elecciones”. Se convirtió en su “apoderado, para no escandalizar” y para que no se supiera que era propiedad del ex presidente balear. El cuñado de Matas precisó al magistrado que entregó 100.000 euros como señal de la compra del inmueble, pero que finalmente se escrituró a nombre de Bartomeu Reus, quien lo alquiló posteriormente a la familia del ex ministro.

El PP no sale en su defensa

Este miércoles a las 9 de la mañana, se reanudan las comparecencias judiciales. Ayer nadie del PP arropó a Matas. La consigna sigue clara y la ha dictaminado José Ramón Bauzà, el presidente de los populares de las Islas: que nadie salga en su defensa. Matas ya es pasado y será expulsado del partido en caso de que se le retire el pasaporte o el juez pide una fianza multimillonaria.

“Nosotros no tenemos que arropar a nadie”, puntualizó Miquel Ramis, portavoz del PP de Balares. “Matas es un señor”, explicó, “que en este momento es un ciudadano más. A Matas debe defenderle el Estado de Derecho. Debería tener el respeto de toda la sociedad y dejar que los Tribunales hagan su trabajo. Otra cosa es que esté juzgado y sentenciado por mucha gente. No hay que demonizar a nadie, aunque Matas tendrá que asumir sus responsabilidades”.

Fuentes próximas al líder del PP, señalaron a este diario que Mariano Rajoy quiere actuar con la máxima prudencia en este asunto, y que no va a mover un dedo en ninguna dirección hasta que el juez no decida si mantiene la imputación de Matas, y se conozca el alcance de las acusaciones y la fianza exigida, si es que se establece alguna. Hasta ese momento, Rajoy ha prohibido que se hable del caso Matas para evitar especulaciones.

Esto significa que, frente a la aparente prisa inicial por distanciarse del ex presidente balear, Génova opta por una actitud de espera. Solo en el caso de que, en efecto, se confirmen las acusaciones comenzaría a funcionar la maquinaria del partido, que pasa por la convocatoria del Comité de Derechos y Garantías para tramitar su expulsión del PP. “Se trata de un dirigente muy destacado del partido”, dicen fuentes de Génova, “y se le debe tratar como tal”.

Es decir, respeto a los procesos judiciales como condición previa para tomar una decisión, y no someter al ex líder del PP balear a una condena pública de su propio partido. Pero, al mismo tiempo, estas fuentes señalan que ante la corrupción la Dirección Nacional “es implacable”, y que nadie que sea acusado formalmente de corrupción “puede estar en las filas de este partido”. La sensación general en las filas del PP es que Matas tiene un pie y medio fuera del partido. El confidencial

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