El día que la homeopatía se coló por la puerta grande.


Como su mismo autor introduce "Esta es la historia de cómo la homeopatía se coló por la puerta grande de la ciencia. Una historia que deberían leer aquellos que aprueban esta práctica en nuestros hospitales públicos."

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La Guardia Civil detiene a cinco presuntos narcos en Verín y les interviene cocaína y una pistola

El supuesto cabecilla ingresa en prisión y otros tres quedan en libertad con cargos


Material incautado a los detenidos en esta segunda fase de la operación.
Material incautado a los detenidos en esta segunda fase de la operación. Iñaki Osorio

Cinco personas, tres ellas de de nacionalidad ecuatoriana y otro brasileño, fueron detenidas en Verín por la Guardia Civil, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas, tras serles incautados 8 gramos de cocaína, 400 gramos de marihuana, así como varios útiles para el envase de estupefacientes y 9.030 euros en efectivo.
A uno de los detenidos, de nacionalidad ecuatoriana y al que se considera el supuesto cabecilla del grupo y receptor de la droga para su posterior entrega a otros pequeños vendedores que la repartían a su vez por la comarca, se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas al serle incautada una pistola del calibre 6,35 milímetros y dos cartuchos.
Esta es la segunda fase de una operación que se saldó el día 17 de enero con la detención de otras 5 personas, a las que se considera presuntas abastecedoras de esta red de narcotráfico que operaba en Verín
Los detenidos en esta segunda fase de la operación que se llevó a cabo el día 22 en Verín son I.F.Y., de 25 años y natural de Ecuador, y M.Y.C., de 28 años y súbdita ecuatoriana, la misma nacionalidad que W.W.Y. de 32 años y al que se le imputa a mayores un delito de tenencia ilícita de armas.
Todos ellos quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción Número 1, salvo el supuesto cabecilla de la banda, W.W.Y., quien ingresó en prisión al no pagar la fianza.
El quinto detenido en esta operación fue M.L.R. de 43 años, vecino de Verín y propietario de un bar, quien supuestamente compraba la droga para revenderla y seguía detenido ayer a la espera de prestar declaración a lo largo del día de hoy en ese mismo juzgado.
Todos los detenidos son muy conocidos en Verín y estaban siendo investigados en una operación que había comenzado antes del verano coordinada por los Operativos de Delincuencia Organizada Antidroga de la Guardia Ciil en Ourense y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín.
En la primera fase habían sido arrestados cinco hombres vecinos de Verín y Madrid. Dos de ellos, con domicilio en la comunidad madrileña fueron identificados como C.M.S. y C.D.A. Ambos ingresaron en la cárcel de Pereiro de Aguiar tras prestar declaración en el Juzgado de Verín. Fuente faro de vigo

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La Guardia Civil destapa una trama entre subasteros lucenses y detiene a un industrial.

El imputado está acusado de dañar material que se adjudicó una persona que no quiso llegar a un acuerdo.

La Guardia Civil lucense puso al descubierto una trama que presuntamente llevarían a cabo algunos subasteros lucenses. La investigación permitió detener a un industrial, acusado de dos delitos.

Todo apunta a que algunos profesionales de las subastas supuestamente se ponían de acuerdo para lograr bienes muy por debajo del precio de salida y los investigadores no descartan que, cuando una tercera persona ajena por completo al grupo, pretendía alguna adjudicación la obligaban a pagarles alguna cantidad a cambio de no participar ellos en la puja. Eso parece que fue lo que le sucedió a un industrial de Vilalba que, al parecer, no quiso colaborar económicamente con un grupo de subasteros, rompiendo las reglas establecidas. Participó en la subasta, se llevó lo que quería, pero lo recibió con cuantiosos daños. Supuestamente se los ocasionó el apresado en la operación.

El detenido es J.L.G.A., de 54 años, vecino de Vilalba. Su apresamiento fue llevado a cabo por un equipo de la policía judicial de la Guardia Civil lucense. Le imputan los delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, así como también daños. Después de haber prestado declaración en el juzgado fue puesto en libertad, pero con la obligatoriedad de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.

Aunque la Guardia Civil guarda mutismo sobre la trama y se limitó a informar solo de la detención del empresario chairego, diversas fuentes reseñaron que el grupo de subasteros que formaría parte de la trama controla absolutamente todo lo que, vía judicial o por otro medio, se pone a la venta, ya sean vehículos, pisos, casas, tierras o cualquier otro bien. Después de estudiar los requisitos establecidos, constituyen el correspondiente depósito que les posibilita la participación en la puja, ingresándolo en la entidad bancaria que fija el juzgado.

Llegada la primera subasta tratan de que en la misma no se presente ninguna persona y, es más, ninguno del grupo suele acudir a la misma. Con esta actitud, consiguen que se vuelva a convocar una segunda subasta en la que el precio de salida del bien ofertado al público desciende de forma considerable, por lo menos un veinte por ciento, según algunas fuentes. En este convocatoria uno de ellos trata de quedarse con el bien a un precio muy por debajo de su valor real, señalaron varias personas.

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Miguel Ángel Curieses, secretario de org. de UGT en RTVE



"La productora de Roures cobra un capítulo de 'Águila Roja' al doble de su coste real"

Sindicatos y empleados protestan por la descapitalización del ente

Claudia Munaiz, 24 de febrero de 2010 a las 17:55
"La gente que está dirigiendo RTVE no cree en lo público. Y los vamos a echar. Vamos a echar a todos los directivos externos"

RTVE se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para Roures. El proceso de externalización de los servicios ha puesto de uñas a los trabajadores al ver que hasta 55 productores externas se están haciendo de oro con los programas de RTVE. Sindicatos y empleados protestan ahora por la descapitalización paulatina de la casa y los dedazos en la dirección del ente público.

Una huelga está convocada para el próximo 3 de marzo. Miguel Ángel Curieses, secretario de organización de UGT para RTVE, habla en Periodista Digital, sobre lo que está sucediendo puertas adentro de la corporación.

¿Sus propuestas?

  • Que RTVE se convierta en noticia por ser una empresa al servicio de la ciudadanía, para el desarrollo de la democracia y de las libertades civiles. Y es que hablamos de la televisión pública, la misma que nació hace más de medio siglo en blanco negro.

Una televisión en el ojo del huracán por presuntos casos de corrupción.

  • "La productora de Roures cobra cada capítulo de 'Águila Roja' al doble de su coste real"

ESCUCHE EL AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AQUÍ.

"LOS VAMOS A ECHAR"

Curieses sentencia:

"La gente que está dirigiendo RTVE no cree en lo público. Y los vamos a echar. Vamos a echar a todos los directivos externos"

Respecto al presidente de la corporación, Alberto Oliart, éste ha admitido no ver la televisión.

"Debería verla más a menudo para saber de qué hablamos respecto a la producción propia interna y otras cosas"

El sindicalista asegura que "se están falseando los datos de producción propia interna y así lo ratifica el informe de auditoría de Hacienda"

"Hay más de 100 directivos externos. Son demasiados. Hay que sentarse y hacer una buena dimensión de la plantilla que tenemos porque contamos con grandes profesionales que gozan de calidad y prestigio"

AMIGOS EN LA POLÍTICA

Para el miembro de UGT, la situación en TVE:

"Es muy triste...Tener que convocar una huelga en un ente público para pedir trabajo es muy triste..."

Los sindicatos denuncian que existan 55 productoras externas.

"No sólo la de Jaume Roures. Se está produciendo una descapitalización de RTVE para capitalizar otras empresas externas"

"En RTVE hay que tener amigos en el PP y en el PSOE para conseguir contratos"

Y critica que RTVE parezca una guardería donde:

"Papá Oliart, que nos quiere mucho, nos dice cómo hay que hacer las cosas para reinvindicar nuestros derechos"

LO QUE DIGA EL INFORME

El informe de auditoría de Hacienda (año 2008) consta de 246 folios donde se recogen muchas cosas. Sindicatos y empleados piden que se tomen decisiones con cáracter inmediato.

Para ello, denunciarán ante la Fiscalía unos hechos que merman el espíritu con el que nació RTVE: una empresa al servicio de los ciudadanos. En colores. Fuente Periodista digital.

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La reforma de ley del aborto entrará en vigor dentro de cuatro meses

Concluye su tramitación parlamentaria tras ser rechazados en el Senado los vetos y las enmiendas.

El pleno del Senado aprobó ayer de manera definitiva la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como ley del aborto, por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención. Como el texto es el mismo que salió del Congreso de los Diputados, no tendrá que volver a él, y esta semana será publicada en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ), para que entre en vigor dentro de cuatro meses.

La nueva normativa tuvo que superar ayer tres vetos generales, presentados por PP, Unió y UPN, y 88 enmiendas parciales de diferentes grupos. Y al final contó con el apoyo de socialistas, Entesa Catalana de Progreso (PSC, ERC e ICV), PNV, BNG y de algunos senadores del Grupo Mixto y de CDC-CiU.

A partir de finales de junio, cualquier mujer podrá abortar libremente durante las primeras 14 semanas del embarazo, y en casos excepcionales el plazo se amplía hasta las 22. Pasado este tiempo, solo podrá interrumpirse la gestación por anomalías fetales incompatibles con la vida diagnosticadas por un médico o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave o incurable.

Respecto al aspecto más polémico de la nueva norma, el referido al aborto de las menores de 16 y 17 años, la ley establece que podrán decidir por sí mismas la interrupción, pero deberán informar al menos a uno de los padres o tutores. Se les permitirá que no lo comuniquen si alegan fundadamente que esto les provocará un conflicto grave, con peligro de violencia familiar, amenazas, coacciones, malos tratos o cuando se produzca una situación de desarraigo o desamparo.

La nueva ley supone la despenalización del aborto, que desde 1985 estaba considerado un delito, que no estaba castigado en tres casos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto.

El número de mujeres que abortaron en España en el 2008 fue de 115.812, un 3,2% más que en el 2007, frente a las 63.756 que lo hicieron en el 2000

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Investiga una trama, porqué no investiga todas y el rápido enriquecimiento de nuestra casta política

La Justicia investiga una supuesta trama de prevaricación con contratos de la Xunta.

Cultura se adhiere como acusación a una causa contra técnicos suyos por adjudicaciones irregulares de obras.

En calidad de perjudicada, la Consellería de Cultura acaba de personarse como acusación particular en una causa que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago abrió hace 11 meses para esclarecer posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el seno del mencionado departamento autonómico. Los hechos en sí, ocurridos esencialmente durante la etapa del bipartito al frente de San Caetano, salpican no solo a personal de la Administración, sino también a miembros de la Iglesia y del sector de la construcción. Entre los imputados, 12 en principio, hay quien ha conseguido amasar un volumen de propiedades que la policía considera «desorbitado».

A raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía del área de Compostela en base a testimonios que previamente había recabado de varios funcionarios, el tribunal inició el 13 de marzo del 2009 «una investigación acerca de presuntas irregularidades en la concesión y adjudicación de obras para la restauración y rehabilitación, en la mayor parte de los casos, de piezas de arte y retablos de iglesias [...] en las provincias de Pontevedra y Ourense», describe el sumario. Entre otras acciones, se han intervenido teléfonos, efectuado interrogatorios, revisado documentos, cotejado datos tanto bancarios como registrales e incluso realizado detenciones.

La unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía cree haber destapado una trama urdida por trabajadores de la Xunta para, con la anuencia de algunos párrocos, lucrarse favoreciendo a determinadas empresas en la concesión de contratos relacionados con la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Al frente de dicha organización, siempre de acuerdo con la versión inicial de los investigadores, se situarían sendos técnicos pertenecientes a los dos citados organismos: José Manuel Pichel Pichel, arquitecto del primero actualmente apartado del servicio, y Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, supervisor de proyectos en el segundo desde 1999 hasta que el verano pasado cambió ese empleo por otro en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Cartagena. Las imputaciones se extienden a otro integrante de Patrimonio, tres religiosos y seis cargos de cinco compañías beneficiarias de las operaciones.

Con diversas pruebas periciales aún pendientes de práctica, el procedimiento se encuentra hoy en fase de diligencias previas. O sea, se desconoce si finalmente va a terminar siendo sobreseído o bien derivará en la convocatoria de un juicio al uso. Adoptar dicha decisión corresponderá al titular de la sala encargada del expediente, Luis Aláez, el cual no resolverá nada al respecto, como poco, hasta finales de marzo, dado que apenas han transcurrido un par de semanas desde que tomó posesión del cargo y ponerse al día en este tema -ha de estudiar más de dos mil folios- le requerirá su buen tiempo.

Diez motos y 69 inmuebles

Cuando lo lea en profundidad, en el sumario hallará sorprendentes pasajes referidos a las posesiones que atesoran los supuestos cabecillas de la red. Acerca de Pichel, los expertos policiales subrayan: «Llama poderosamente la atención el desorbitado patrimonio que el mismo y su entorno familiar poseen, ya que entre los dos cónyuges tienen un total de 69 inmuebles, [...] constándoles además dos urbanos a nombre de la empresa de ambos, AAD Arquitectura y Urbanismo». «Le constan también -añaden- diez motos de gran cilindrada de precio muy elevado y un vehículo».

El dosier contiene igualmente un detalle de 39 ingresos de efectivo de entre 1.000 y 15.250 euros -suman 122.471,65- en una cuenta corriente cuya titularidad comparten Gómez-Gil y su mujer. El primero se remonta al 6 de octubre de 1998, mientras que el último se efectuó el 20 de abril del 2009, la jornada en que Roberto Varela (PP) relevó a Ánxela Bugallo (BNG) como conselleiro de Cultura. «Se sospecha que dicho dinero pueda proceder del pago de comisiones por la adjudicación de obras de restauración. Es de resaltar que no proviene del salario percibido a través de la Xunta», concluyen los agentes para luego precisar que los abonos «aumentaron de forma ostentosa en número y cuantía en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, el período que en la denuncia presentada por el ministerio público se hacía constar la existencia de anomalías».

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Se sospecha que los partidos políticos prepararán proceso concursal debido a la crisis de la construcción.

Fomento pondrá coto a los sobrecostes en las obras.

Los recortes que prepara el ministerio en las infraestructuras.

Recorte de altos cargos, hacer más con menos, ejecutar solo los proyectos prioritarios y limitar al máximo los sobrecostes que tienen más que ver con la picaresca de algunas constructoras que con la necesidad real de realizar modificados de proyectos. Estas consignas, aderezadas con el plan de colaboración público-privada que aún no ha visto la luz, componen la estrategia del ministro de Fomento, José Blanco, para resolver su particular sudoku: el inevitable recorte del gasto.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, se lo puso muy claro a los representantes de Tecniberia, la patronal de empresas de ingeniería: no habrá grandes recortes en la licitación siempre y cuando no haya un exceso de modificados de proyecto que dispara el sobrecoste de la obra.

Fomento quiere erradicar la práctica de las empresas que reducen al máximo el presupuesto para hacerse con la adjudicación y después presionan con modificados que deberían haber sido previstos en el plan de obra. «Solo aceptaremos aquellas modificaciones de proyecto que son estrictamente necesarias», aseguraban ayer en el ministerio.

Habrá que meter a las constructoras en cintura, pero también se tendrá que decir la verdad a algunos Gobiernos autónomos, incluido el gallego. Ayer, Blanco ya le dijo al presidente cantábro que tenía que elegir entre la conexión de alta velocidad por Bilbao o por Reinosa pues, en buena lógica, una comunidad que no llega a los 600.000 habitantes, no debería tener más accesos ferroviarios que Cataluña o Andalucía.

A Galicia ya se le ha dicho que no tendrá AVE transcantábrico y Fomento medita qué hará en el eje Ponferrada-Monforte, con el que no hay que hacerse ninguna ilusión. Quizás habría que aclarar, porque en este caso sí que hay más expectación, qué plazos tendrá la conexión directa con Vigo

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La construcción toca fondo en Galicia y los visados caen un 83% en 4 años

La rehabilitación resiste a una crisis que reduce al 5% del total la demanda de permisos para vivienda protegida

Los arquitectos autorizaron el ejercicio pasado 7.708 viviendas, frente a las 46.881 que tramitaron en el 2006

La promoción inmobiliaria toca fondo en Galicia. El Colexio Oficial de Arquitectos (COAG) tramitó el año pasado licencias para 7.708 viviendas, lo que representa un 62% menos que en el 2008 y una caída que supera el 83% respecto al número de visados autorizados en el 2006, cuando la oferta de edificación residencial alcanzó su techo en esta comunidad, al acumular en esos doce meses permisos para sacar al mercado 46.881 pisos nuevos.

Los 7.708 visados del 2009, que reflejan un descenso del 62% sobre los 20.767 del 2008, conforman la marca más baja de los últimos diez años. De hecho, solo el 2% de las 324.521 viviendas visadas en toda la década corresponden al último ejercicio. Las cifras sobre el comportamiento del sector en cada semestre tampoco apuntan a una posible recuperación durante este año, ya que la tendencia a la baja de la primera mitad del 2009 se acentuó todavía más en los últimos seis meses, al pasar de 4.369 pisos visados a 3.339.

La dinámica afecta por igual a las cuatro provincias, con recortes significativos en la demanda de licencias para nuevas promociones por parte de concellos que durante años experimentaron una gran expansión. Es el caso de Ames, un municipio del área metropolitana de Santiago que en ejercicios anteriores llegó a tener más presión edificatoria que toda la provincia de Ourense y que durante el 2009 sufrió una drástica paralización de viviendas visadas. De 361 en el primer semestre, Ames bajó a 13 en el segundo. El freno es absoluto. Ese concello llegó a registrar en los primeros seis meses del 2008 peticiones de licencias para 1.467 pisos, más que Vigo (1.405), Santiago (1.225), Ourense (1.360) y Lugo (1.248).

Aquella eclosión coincidió con la estrategia de acopio de visados impulsada por los promotores para esquivar los requisitos constructivos impuestos por las Normas do Hábitat del bipartito. Durante algunos meses, el bum generado por esa maniobra abrió en Galicia, en plena crisis, un paréntesis de expansión ficticia de la edificación. Pero, burlado el decreto, la ralentización del sector ha golpeado con fuerza a la comunidad. El fuerte desplome de las licencias durante el 2009 sitúa a Galicia entre las autonomías donde la caída de la actividad inmobiliaria ha tenido mayor impacto. Según el COAG, solo La Rioja superó el porcentaje de recorte en el número de viviendas visadas en las cuatro provincias gallegas, dentro de una contracción general del mercado en España.

Parón absoluto en 39 concellos

En el pasado año, 39 concellos no visaron una sola vivienda. En esa tesitura se encuentran incluso ayuntamientos costeros como Mañón y Dumbría. Este balance, que supone una merma importante en la recaudación municipal por el impuesto sobre la construcción (ICIO), suscita lecturas complementarias de arquitectos y promotores. Desde la convicción compartida de que el mercado se estabilizará en una actividad sensiblemente inferior a la que registraba antes del estallido de la burbuja, los arquitectos pronostican una recuperación por la vía de la rehabilitación, en línea con la realidad del resto de Europa. Los promotores calculan que el número de visados repuntará hasta un volumen de 15.000 a 20.000 al año.

La rehabilitación alcanzó en el 2009 el 15% de los visados, el doble que en el 2008. En cambio, el peso de la vivienda protegida apenas superó el 5%. Fuente la voz de galicia.

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El diputado del PP sin carné defiende el cobro de dietas por viajar en taxi.

Rojo mantiene el mutismo sobre la reforma de las normas tres semanas después de que estallara la polémica.

El diputado popular y ex alcalde de Vilalba Agustín Baamonde salió ayer al paso de su implicación en la polémica abierta en el Parlamento gallego por el cobro irregular de las dietas de desplazamientos por parte de algunos representantes. Baamonde se mostró «absolutamente tranquilo», remarcando que no tenía «nada que agochar», tras ser señalado por la ex diputada socialista Laura Seara como un ejemplo más de un parlamentario que no posee carné de conducir, lo cual no le priva del derecho a percibir una compensación por el kilometraje por cuenta propia para acudir a los actos parlamentarios si se desplaza en taxi.

Baamonde es la cuarta persona que aparece vinculada a la polémica de las dietas, después de que su compañero de grupo, Antonio Rodríguez Miranda, admitiese que cobró de forma antirreglamentaria algunas compensaciones por acudir al Parlamento en un vehículo propio cuando, ocasionalmente, se movía en el coche oficial del vicepresidente de la Cámara, José Manuel Baltar. A ese caso le sucedió el de la socialista Mar Barcón, sobre la que el PP sembró las sospechas por moverse también en coche oficial propiedad del Concello de A Coruña, aunque un certificado solicitado por ella misma acreditó que no percibió compensaciones de la Cámara, así como el de la ex diputada Laura Seara, que los populares reiteran que acudía a las sesiones de O Hórreo en un coche oficial de la Consellería de Medio Ambiente, cobrando aparte los desplazamientos del Parlamento.

Principio de igualdad

Agustín Baamonde, que nunca ocultó que no tiene carné de conducir, le restó ayer hierro a toda esta polémica, defendiendo a su vez el «dereito» que tienen los parlamentarios a percibir compensaciones por desplazamientos siempre y cuando utilicen medios propios o privados. Es más, el diputado popular considera que rompería «o principio de igualdade» en la Cámara el mero hecho de abonarles los gastos de desplazamiento a los diputados que tienen coche propio para acudir a las sesiones y negárselo a quienes no tienen ni coche ni carné. «A norma fala de coches propios, pero iso hai que interpretalo, loxicamente, nun sentido amplo», esgrimió.

De igual modo, Baamonde admitió ayer que ocasionalmente también acude a la casona de O Hórreo en el coche oficial del secretario de la Mesa, el también lucense José Manuel Balseiro, aunque no aclaró si lo hizo percibiendo compensaciones en paralelo. En todo caso, reconoció que el viajar en coche oficial no le da derecho a cobrarlas.

Tres semanas de polémica

Por otra parte, la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, sigue trabajando -tres semanas después de que estallara la polémica- en su propuesta para cambiar las normas internas y hacer más transparente el cobro de las dietas por desplazamiento, que pueden estar percibiendo diputados por viajes que en realidad no hacen.

En paralelo, los portavoces de los grupos políticos intensifican sus contactos para hacer sus propias aportaciones y, sobre todo, para rebajar la tensión política abierta en este asunto por los casos de Antonio Rodríguez Miranda (PP) y Laura Seara (PSOE).

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INCUMPLIRÍA EL ACUERDO FIRMADO CON LOS SINDICATOS

Hacienda abre la puerta a una posible bajada del sueldo de los funcionarios

Hacienda abre la puerta a una posible bajada del sueldo de los funcionarios

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña (Efe).

La cosa debe estar muy mal cuando el Gobierno está dispuesto a incumplir lo acordado y abre la puerta a rebajar el sueldo de los funcionarios. Así, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, advirtió ayer de que está sobre la mesa la revisión del acuerdo salarial de los empleados públicos dentro de la negociación sindical, para asegurar un descenso del 4% en el gasto de personal para 2013 y hacerlo coherente con el objetivo del Gobierno.

En conferencia de prensa sobre ejecución presupuestaria, Ocaña señaló que el coste de 120.000 millones que suponen los salarios de los empleados públicos debería reducirse en ese 4% en 2013. Estas palabras suponen un fuerte revés a lo acordado hace unos meses.

El pasado 25 de septiembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF firmaron el acuerdo para la Función Pública 2010-2012, que afectará a más de 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones y que contempla una subida salarial del 0,3% el primer año, así como una cláusula de revisión salarial.

Ocaña incidió en que, para obtener esa reducción del 4%, el instrumento principal será cubrir sólo una de cada diez vacantes. En cualquier caso, señaló que el acuerdo con los sindicatos deberá adaptarse a esa reducción del capítulo del gasto de personal, si bien subrayó que el aumento salarial del 0,3% de este año estaba garantizado.

Además, Ocaña defendió la necesidad de una reforma laboral ambiciosa, "que cambie las expectativas y la sensación de estar condenados a tener parados mucho tiempo". Ocaña resaltó que la reforma laboral es una de las prioridades del Ejecutivo, junto con la reducción del déficit y la reestructuración del sistema financiero.

Por otra parte, el secretario de Estado indicó que falta por concretar el ahorro del 1,7% del PIB (17.000 millones) que contiene el Plan de Austeridad. El confidencial.

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GÉNOVA RESPONSABILIZA A ALBERTO AZA, JEFE DE LA CASA REAL, Y ÉSTA SEÑALA A LOS 'POPULARES'

Bronca entre la Casa Real y el PP por la filtración de la cita secreta del Rey con Rajoy


Bronca entre la Casa Real y el PP por la filtración de la cita secreta del Rey con Rajoy

El Rey saluda al presidente del PP, Mariano Rajoy (Efe).

Las frías y, en ocasiones, muy tensas relaciones entre la Casa Real y el PP degeneraron ayer en una bronca abierta. El detonante de tan inaudito enfrentamiento, según ha podido constatar El Confidencial, ha sido la filtración de la reunión secreta que el rey Juan Carlos y Mariano Rajoycelebraron el pasado lunes en el palacio de La Zarzuela, de la que unos y otros se culpan mutuamente.

Fuentes de la dirección del PP aseguraron anoche a este periódico que Rajoy "jamás" ha revelado ni cuándo ha sido recibido por el monarca ni lo tratado en esos encuentros, y responsabilizaron directamente de la filtración a Alberto Aza, jefe de la Casa Real. La Zarzuela, por su parte, se mostró indignada y "sorprendida" por las acusaciones del PP, y dirigió el punto de mira de sus "sospechas" a Génova, según señaló a El Confidencial un portavoz oficial de la Casa Real.

El diario Abc informaba en su edición de ayer, de forma escueta, de que don Juan Carlos y Rajoy "mantuvieron un encuentro el pasado lunes en el que analizaron la situación económica". El rotativo monárquico reconocía que "este tipo de encuentros se celebran con gran discreción".

El líder del PP, pese a representar al principal partido de la oposición, ha sido el último de una larga lista de dirigentes políticos, sindicales y empresariales en ser llamado a consultas por el Rey a La Zarzuela para analizar la grave situación económica e impulsar un pacto de Estado contra la crisis. Este hecho provocó un profundo malestar en Génova y la queja del PP, que consideró que su líder había sido ninguneado por el monarca.

Gran enfado de Génova

Rajoy "suele reunirse con el Rey una vez al mes", aseguró ayer un miembro del equipo del líder del PP, "y jamás le ha dado la menor publicidad a esos encuentros. Ni siquiera ha informado de ellos a sus más directos colaboradores", añadió, descartando "al cien por cien" que la filtración de la audiencia real celebrada el pasado lunes haya partido de Génova. El enfado de la dirección popular alcanzó ayer tal nivel que un destacado dirigente de la Ejecutiva del partido llamó a La Zarzuela para expresar su "consternación" por lo ocurrido.

El malestar de la Casa Real no era menor. Un portavoz de La Zarzuela, tras admitir que el PP les había responsabilizado de la filtración, calificó de "absolutamente falsa" esa acusación, y aseguró que "no es cierto" que el monarca y Rajoy se reúnan mensualmente. "Sus encuentros son frecuentes, pero no tienen una periodicidad mensual, como dice el PP. ¿Me podrían decir cuántas veces fue recibido Rajoy en La Zarzuela en la anterior legislatura?", se preguntó, evitando dar una respuesta. "Las mismas sospechas [sobre la filtración] las tenemos nosotros sobre ellos", añadió.

La deslealtad que, en opinión del PP, supone la supuesta filtración por la Casa Real de ese encuentro privado pone en entredicho la nueva política informativa de La Zarzuela sobre la agenda del Rey, cuyas actividades, en su gran mayoría, son secretas. En busca de una mayor transparencia, una parte de las actividades del monarca han comenzado a ser divulgadas públicamente, pero siempre "a posteriori y con el consentimiento de las personas afectadas”, según explicaron fuentes de la Casa Real.

Estas mismas fuentes no quisieron precisar si fue el Rey o Rajoy, o ambos, quienes acordaron mantener en secreto su cita del pasado lunes. Esa pretendida transparencia, en cualquier caso, no afectará a las finanzas de La Zarzuela, que seguirán siendo opacas y, por tanto, ajenas al control del Tribunal de Cuentas.

Tal vez por ello, el diputado del PSOE Juan Luis Rascón, pionero en hacer pública su declaración de bienes en internet, reclamó ayer al Rey desde su blog que "enseñe más cosas". "Bienvenido, Jefe del Estado, a la virtud democrática de la transparencia. Eso sí, no se pare ahí y enseñe más cosas, que a las instituciones del país nos queda mucho que andar en ese noble camino hacia la ética democrática", indicó Rascón.

Rajoy, el último de la fila

El Rey irrumpió en la arena política el pasado 11 de febrero, dos días después de entrevistarse -en su habitual encuentro semanal- con José Luis Rodríguez Zapatero. Don Juan Carlos aprovechó una ceremonia de entrega de premios científicos para reclamar "grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos cuanto antes las graves consecuencias de la crisis". Sus palabras sorprendieron al PP porque se alineaban perfectamente con el mensaje del PSOE, según el cual los populares son el único obstáculo para alcanzar ese acuerdo.

El enfado en la calle Génova fue en aumento conforme la Casa Real cursaba invitaciones para impulsar ese pacto de Estado. La vicepresidenta económica Elena Salgado; los líderes sindicales Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo; el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato; el presidente de la Fundación para la Innovación Tecnológica, José Ángel Sánchez Asiaín, y un nutrido grupo de empresarios catalanes han despachado recientemente con el Rey -éstos últimos durante un almuerzo en Barcelona- mientras Rajoy seguía esperando la llamada del monarca

Pese a que un alto cargo de Génova llamó entonces al jefe de la Casa Real, Alberto Aza, para expresar el malestar de Rajoy por esta marginación, don Juan Carlos viajó a Washington sin haberse puesto en contacto con el presidente del PP. No fue hasta el pasado lunes cuando pudieron despachar en La Zarzuela, aunque el encuentro se celebró en secreto, por lo que la filtración ha colmado el vaso de la desconfianza que separa a Génova de la Casa Real.

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Economia plantea revisar la subida a los funcionarios

El secretario de Estado de Hacienda no garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos para los dos próximos años


El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, puso ayer en cuestión el acuerdo suscrito entre Gobierno y sindicatos el pasado 25 de septiembre, por el que el Ejecutivo se comprometía a mantener el poder adquisitivo de los 2,7 millones de funcionarios durante la presente legislatura. Un pacto que la propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó en una reunión que mantuvo la pasada semana con los representantes sindicales de la Función Pública.
«Lo que firma una vicepresidenta no puede ser cambiado por un secretario de Estado», afirmó ayer Enrique Fossoul, delegado de Comisiones Obreras, en respuesta a las declaraciones efectuadas por Ocaña en las que éste advertía de que está sobre la mesa la revisión del acuerdo salarial de los empleados públicos, con el fin de asegurar una rebaja del 4% en el gasto de personal para 2013.
El convenio firmado fijaba para este año un incremento del 0,3% sobre la masa salarial, subida que costará 50 millones de euros. Los incrementos para 2011 y 2012 se negociarán entre los signatarios del pacto en función de la evolución del índice de precios al consumo, la previsión de crecimiento económico, la capacidad de las cuentas del Estado y la valoración de la productividad; si bien, el poder adquisitivo de los empleados públicos quedaba garantizado por las cláusulas de revisión, que establecen que el 1 de enero de 2012 se ajustarían los posibles desvíos entre la subida inicial y el aumento de los precios de los dos años anteriores. Esa revalorización de 2012 tendría lugar al ejercicio siguiente.
Sin embargo, el secretario de Estado de Hacienda apela ahora al plan de austeridad que su departamento aplicará desde este mismo año y hasta 2013 para recordar que el Ejecutivo tiene previsto lograr una reducción del 4% en el volumen total de retribuciones de los funcionarios, mediante el ajuste de la tasa de reposición de personal y la contención de los incrementos salariales.
Este año, garantizado
Ocaña hizo hincapié en que para obtener esa reducción el principal instrumento será cubrir sólo una de cada diez vacantes que se produzcan en la Administración -el acuerdo firmado contempla que serían 15 de cada cien-, pero también señaló que los salarios deberán adaptarse a ese objetivo de reducción del capítulo del gasto de personal. El alto cargo del Gobierno aseguró que el incremento salarial del 0,3% para este año estaba garantizado, pero de sus palabras se desprende que la congelación salarial planea sobre los empleados públicos para los dos ejercicios siguientes.
El Ministerio de Economía reconoce que el mensaje de Ocaña está en sintonía con las recomendaciones de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Esta corporación -el brazo industrial del Estado- admite que el acuerdo de los empleados públicos no es fácil de encajar con el objetivo de ahorrar 50.000 millones de euros en tres años para devolver el déficit al límite del 3% que impone la Comisión Europea.
Sorpresa en los sindicatos
Los sindicatos CC OO, UGT y CSI-CSIF, firmantes del acuerdo para la Función Pública 2010-2012, recibieron con sorpresa estas declaraciones y aseguraron que el Gobierno no les había trasladado en ningún momento tener intención de romper el pacto. Dirigentes de las tres centrales instaron al Ejecutivo a mantener «una sola voz» ante la ciudadanía y advirtieron de que «tanta incertidumbre no contribuye a la seriedad que debe tener un país en un momento como este».
Según explicaron fuentes de Comisiones, los representantes de los tres sindicatos mantuvieron la semana pasada una reunión con María Teresa Fernández de la Vega, quien se comprometió a cumplir el citado acuerdo. Además, la vicepresidenta les trasladó su intención de explicar públicamente la situación y disipar dudas e incertidumbres el próximo 2 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Para Julio Lacuerda, de UGT, las declaraciones de Ocaña suponen «un torpedo a las cláusulas de revisión», fórmulas que, en su día, fueron «prodigadas por el propio presidente Rodríguez Zapatero». Además, añadió que si se lleva a cabo la modificación, el Gobierno «se apeará del pilar del acuerdo», ya que los funcionarios asumieron la contención de los salarios «para contribuir a mejorar el país y superar la crisis».
Domingo Fernández, presidente de CSIF, aseguró que su organización «está muy tranquila» porque la vicepresidenta «lo va a respetar y jamás nos ha dicho que no se vaya a cumplir».
Por su parte, Enrique Fossoul, de CC OO, manifestó que no tiene sentido la objeción mostrada por Ocaña, puesto que en septiembre, cuando se firmó el acuerdo, «ya se conocían las cifras macroeconómica, o al menos a nosotros nos las adelantaron».
Respecto a la tasa de reposición, que en el pacto se recoge que en 2010 sea de 15 por cada cien bajas, los tres sindicalistas coincidieron en señalar que el porcentaje final se negociará en la Mesa General de la Función Pública. No obstante, el ugetista Lacuerda, muy crítico, instó al Ejecutivo a prescindir de «las plazas que se presupuestan y nunca se cubren», puesto que según denunció, ese dinero sirve para «pagar productividad de altos cargos y otros gastos similares».
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La Policía propone la expulsión del autor del zapatazo a Erdogan.

El joven kurdo con pasaporte sirio que lanzó un zapato al primer ministro turco el lunes estaba en situación irregular en España y seguía anoche en los juzgados.

La Policía Nacional propuso ayer que el joven kurdo detenido el pasado lunes por arrojar un zapato al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, sea expulsado de España sin ser juzgado por estos hechos. A la hora de cierre de esta edición, el detenido permanecía en los juzgados del Prado de San Sebastián declarando ante la juez de Instrucción 11 de Sevilla, que ejercía las funciones de guardia.

La declaración se retrasó porque la Policía no llevó a los juzgados al detenido hasta las nueve de la noche y porque después hubo que esperar la llegada de un traductor. Este joven kurdo con pasaporte sirio, de 27 años e identificado mediante las iniciales J. H., fue arrestado a las diez y media de la noche del lunes después de que arrojara un zapato al grito de “¡Viva el Kurdistán libre!” al primer ministro turco cuando éste salía del Ayuntamiento, donde había recogido el premio de la Fundación Sevilla NODO Entre Culturas.

El zapato, de color negro y de la talla 44, no llegó a impactar a Erdogan sino que dio en el coche oficial y rebotó para caer en el suelo. Erdogan consiguió entrar en el vehículo, mientras que varios agentes de seguridad se lanzaron encima del joven que había arrojado el zapato. El autor de estos hechos se encontraba en España en situación irregular y se le había retirado el pasaporte el pasado mes de diciembre. Además, tenía abierto un expediente de expulsión del país. Por este motivo, la Policía ha solicitado a la juez que se conmute la posible pena que se le pueda imponer en España por la expulsión inmediata del territorio nacional.
Ésta es una medida que contempla la Ley de Extranjería en su artículo 57.7A, que permite la expulsión de un extranjero que se encuentre procesado por cualquier delito o falta siempre que la pena prevista sea inferior a seis años de privación de libertad. A la hora de cierre de esta edición, la juez continuaba tomando declaración al detenido y aún no había decidido si aceptaría la propuesta de la Policía y expulsaría del país al joven kurdo. Los delitos que se le imputan son los de atentado y resistencia a la autoridad.

El detenido pasó la noche del lunes en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, en la avenida de Blas Infante, adonde fue conducido directamente desde la Plaza Nueva, y ayer prestó declaración ante los agentes de los grupos de Información y de Extranjería de la Policía Nacional. Tras varias horas declarando, el arrestado fue llevado a los juzgados, adonde entró al filo de las nueve de la noche y donde pasó varias horas respondiendo las preguntas de la juez.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, calificó ayer esta agresión de “caso lamentable, que no hay que minimizar, pero tampoco exagerar”, y se congratuló de que el suceso no pasara a mayores consecuencias por la “inmediata” actuación de los policías que se encontraban en la Plaza Nueva y del propio servicio de escolta de Erdogan. El lanzamiento de un zapato es una de las mayores ofensas que existen en la cultura árabe, como pusieron de manifiesto los dos zapatazos que el ex presidente de EEUU George Bush logró esquivar en una visita a Iraq.
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