LA SEGURIDAD PIERDE AFILIADOS.

Con esta caída, ya son seis los meses en los que desciende la afiliación de extranjeros, tras los descensos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, meses en los que el sistema perdió 19.549, 6.733, 16.297, 28.954 y 15.297 afiliados inmigrantes, respectivamente

Del conjunto de extranjeros que estaban afiliados a la Seguridad Social al cierre del primer mes del año, 656.821 procedían de la Unión Europea y 1.150.053 de países extracomunitarios.

Dentro de los países no comunitarios, 219.787 eran de nacionalidad marroquí y 178.447, ecuatoriana. Colombia, con 112.139 trabajadores, se sitúa como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de China, que cuenta con 74.577 cotizantes.

El resto de afiliados no comunitarios se repartieron entre Bolivia(70.065), Perú (69.918), Argentina (45.489), Ucrania (32.970), República Dominicana (30.322) y Brasil (23.402), entre otros.

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y portugueses son los más numerosos, con 276.290, 59.595 y 57.015 cotizantes, respectivamente. Les siguieron búlgaros y británicos, con 53.143 y 51.033, y algo más lejos, los alemanes, con 38.673 afiliados.

La mayor parte de los extranjeros que estaban afiliados a la Seguridad Social al finalizar enero se encuadraban en el Régimen General, con 1.168.108 cotizantes, seguidos del Régimen Agrario (262.683), el Régimen Especial de Autónomos (195.750), el del Hogar (175.614), el del Mar (4.024) y el del Carbón (693).

Dentro del Régimen General, un total de 233.464 extranjeros, el 19,9%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 17,09% lo hacía en el comercio (199.616 afiliados) y el 14,46% en la construcción (168.965 cotizantes).

Cataluña y Madrid concentran el 43% de los inmigrantes

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentraron cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social en enero, al sumar entre ambas el 43,44% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 395.674 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 389.221.

Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 215.438 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 201.193 ocupados; Murcia, con 87.115; Castilla-La Mancha, con 80.241; Canarias, con 79.984; Aragón, con 62.805; Castilla y León, con 58.703; Baleares, con 57.091, y País Vasco, con 49.845.

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar enero fueron Galicia, con 38.112 extranjeros; Navarra, con 25.881; La Rioja, con 16.385; Extremadura, con 15.680; Asturias, con 15.259; Cantabria, con 11.727, y las ciudades autónomas de Melilla, con 3.951, y Ceuta, con 2.568. Fuente Cinco días.

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LOS SINDICATOS EXISTEN

CC.OO. y UGT se manifiestan hoy en Madrid, Barcelona y Valencia contra el 'pensionazo'.


MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT se manifestarán hoy en Madrid, Barcelona y Valencia para protestar contra la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno. Es el primer acto de protesta de los sindicatos desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Palacio de La Moncloa.

Estos actos de protesta, que los sindicatos esperan que sean "multitudinarios y masivos", se enmarcan en un calendario de movilizaciones que comenzó ayer, 22 de febrero, y finalizará en torno al 6 de marzo.

La campaña prevé en torno a un centenar de actos en toda España y dentro del programa se incluyen manifestaciones en todas las capitales de provincia, así como en las localidades más importantes.

En Madrid, la manifestación será hoy a las 19.00 horas, desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol. A ella asistirán los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente.

También habrá esta tarde manifestaciones en Oviedo, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Ceuta, Logroño, Alicante, Castellón y Valencia, mientras que la comunidad andaluza celebrará mañana la suya, Baleares lo hará el día 26 y Bilbao el día 27. El resto de actos están previstos ya para el mes de marzo.

Mediante estas movilizaciones, los sindicatos expresarán su rechazo a la intención del Gobierno de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años desde los 65 años actuales y a la unilateralidad con la que hicieron público su documento de propuestas el pasado 5 de marzo.

Los sindicatos confían en propiciar un giro para que la reforma de las pensiones no camine por estos derroteros. Por lo pronto, todos los Grupos Parlamentarios, salvo el PSOE, han reprochado al Gobierno que haya "condicionado" la negociación al presentar una propuesta que han calificado de "unilateral e inoportuna".

Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados empezarán a preparar el documento conjunto con las recomendaciones para la reforma del sistema de la Seguridad Social en marzo.

APUESTA POR LA JUBILACIÓN FLEXIBLE

Frente a las tesis del Gobierno, el manifiesto que CC.OO. y UGT defenderá en las manifestaciones convocadas pide favorecer y mejorar la figura de la jubilación flexible, de modo que, manteniendo la edad legal de jubilación a los 65 años, los trabajadores puedan elegir voluntariamente entre anticipar o retrasar la edad de jubilación.

Asimismo, piden mejorar la financiación del sistema de pensiones, culminando el proceso de separación de fuentes y mejorando el salario mínimo interprofesional, aumentar las pensiones mínimas y adoptar medidas que fomenten la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo.

NO ES MOMENTO PARA UNA HUELGA GENERAL

Por otro lado, tanto CC.OO. como UGT descartan por el momento convocar una huelga general, con lo que las manifestaciones de mañana no serán a priori la antesala de una movilización más masiva.

Así, desde UGT confían en que con las manifestaciones en defensa del sistema de pensiones sea "suficiente" y no haya que recurrir a otro tipo de movilización.

Por su parte, CC.OO. considera que "no hay empleos en la huelga general" y que éstos "los genera la actividad económica", por lo que "no está en el escenario de las reflexiones del sindicato" en estos momentos.
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La Ley de Ciencia, dos años parada, ahora es urgente

24 02 '10 | nacional
El Gobierno acelera las consultas de un proyecto que califica de "posibilista"

ALICIA RIVERA - Madrid - 24/02/2010

La nueva Ley de la Ciencia, cuyo borrador se acaba de presentar, tiene que ir muy rápido, según los planes del Gobierno, que ha puesto ya fecha (el 12 de marzo) para discutirla en el Consejo de Ministros, pese a que la elaboración del borrador se ha dilatado durante casi dos años. Ahora el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene un calendario apretado de debate con los agentes sociales, las organizaciones científicas y los expertos. Ayer mismo, el secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, se reunió con los miembros de la comisión que hace más de un año participó en la elaboración del primer borrador y hoy lo hará con los representantes de los sindicatos.

Pétriz dijo ayer a los expertos que ésta es una ley "posibilista" y que es un borrador de Gobierno, en el sentido de que su contenido ha sido ya debatido con varios ministerios implicados. En la prolongada y accidentada preparación del documento, que arrancó casi a la vez que el Ministerio de Cristina Garmendia, en 2008, los aspectos más avanzados de reestructuración del sistema español de I+D, como la mayor autonomía de gestión de la financiación, se ha topado con el rechazo del Ministerio de Economía y Hacienda.

El borrador resultante (76 páginas) de ese "posibilismo" de Pétriz puede ser eficaz para superar escollos del sistema actual de I+D, reformar estructuras y eliminar obstáculos de funcionamiento, pero no parece que vaya a suponer una transformación del modelo, apuntan los primeros análisis. Varios expertos destacaron ayer elementos positivos del borrador, como las reformas que afectan a las universidades, y sugirieron que la ley debe centrarse en introducir mejoras y una mayor flexibilidad en el funcionamiento de la actividad de I+D.

Sin embargo, es notable la indefinición de la nueva Agencia de Investigación, cuya funcionalidad, autonomía real y eficacia para mejorar los mecanismos actuales de financiación competitiva de la I+D dependerán de su futuro estatuto y organización, no reflejado en el borrador.

"Hay que aclarar contenidos y calendarios, pero vemos puntos positivos, como los contratos laborales de los niveles de acceso al sistema o la mayor movilidad de personal entre los organismos públicos de investigación (OPI); sin embargo, falta, por ejemplo, regular la carrera profesional de los técnicos de laboratorio y de los gestores", avanzó ayer Emilio Criado, representante de Comisiones Obreras en el CSIC.

La carrera científica, un eje principal de esta futura ley, aporta la novedad de los contratos laborales para los científicos en formación (predoctorales), y los de acceso al sistema de ciencia, es decir, los dos primeros escalones, lo que muchos valoran positivamente. Pero a partir de ese nivel, el sistema se mantiene en el régimen funcionarial actual del sistema. Incluso los contratos de científicos distinguidos serán temporales, lo que dificulta la captación de grandes figuras de la investigación si no se puede ofrecer permanencia en el trabajo.

Jóvenes investigadores

"Nuestra primera valoración del borrador de la ley es positiva; el mismo hecho de que, por primera vez, el Gobierno trate de organizar las dos primeras etapas de la carrera investigadora está bien, pero sigue habiendo puntos que no vemos claros", comenta Elena Piñero, presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios.

El contrato laboral para los predoctorales "esta bien, pero parece que queda la puerta abierta a las becas en comunidades autónomas, fundaciones, etcétera", añade Piñero. Por otro lado, apunta, en los contratos laborales de acceso al sistema de ciencia, no especifica cómo serán las convocatorias ni se regula cuántas habrá, "es decir, que quedan pendientes de desarrollo los mecanismos que puedan agilizar el proceso para evitar lo que sucede ahora a menudo; que los jóvenes investigadores, a la espera de las convocatorias, tienen que esperar en su casa o, lo que es peor, trabajando sin cobrar". También son interesantes los contratos de investigadores asignados a los proyectos, dice Piñero, "pero esto no va acompañado de un incremento de presupuesto, no ayuda en nada".
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Consejo de Ministros

El Gobierno analiza los Anteproyectos de Ley de Mediación y de Reforma de la Ley de Arbitraje

viernes, 19 de febrero de 2010

El objetivo del Gobierno es aliviar de carga a juzgados y tribunales a través de la resolución de conflictos en el ámbito extrajudicial, lo que permitirá a los ciudadanos solucionar sus diferencias de manera más sencilla y rápida sin necesidad de acudir a un juicio.

María Teresa Fernández de la Vega y Francisco Caamaño

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre tres anteproyectos de ley: el de Mediación, el de reforma de la Ley de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje institucional de la Administración General del Estado, y el de la Ley Orgánica, complementaria de los dos anteriores, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar las competencias de los juzgados y tribunales en estas materias.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado que estas iniciativas se enmarcan en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2010 y "tienen como principal objetivo disminuir el número de litigios y procurar que los conflictos se resuelvan de la manera más sencilla y rápida".

La idea, ha dicho, es que "los ciudadanos no tengan que pasar por los tribunales para resolver sus desavenencias y que existan fórmulas complementarias que les aporten soluciones sin tener que pasar por los juzgados".

La Vicepresidenta ha explicado que para aumentar la seguridad jurídica y la eficacia de este procedimiento, el Gobierno modifica la Ley de Arbitraje de 2003.

Además, ha añadido, se regula la Mediación en asuntos civiles y mercantiles para resolver conflictos mediante un acuerdo al que el ordenamiento jurídico otorgará por vez primera en España fuerza de cosa juzgada, es decir, como si fuera una sentencia judicial.

A juicio de la Vicepresidenta, con estas modificaciones "nuestra justicia va a ser más moderna y responderá mejor a las necesidades de los ciudadanos".

El titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha apuntado que el año pasado entraron en nuestro sistema de Justicia más de nueve millones de asuntos, lo que supone una cifra enorme que "incluso la mejor Administración de Justicia tendría grandísimas dificultades para procesar de manera ágil y en un tiempo efectivo para todos los ciudadanos".

En su opinión, los tres Anteproyectos de Ley estudiados hoy por el Ejecutivo contribuirán a reducir este flujo de entrada de asuntos en la Administración de Justicia "sin menoscabo de los derechos, las libertades y las garantías que deben tener los ciudadanos".

Caamaño ha señalado que la futura Ley de Mediación "pone en conexión el sistema procesal y judicial con los ámbitos del Derecho Civil y Mercantil".

El ministro considera que para que la institución de la Mediación se convierta en un cauce efectivo y real para la resolución de conflictos entre particulares era necesario articular un procedimiento muy sencillo, muy accesible, descargado de trámites y de todo tipo de trabas burocráticas, muy económico y que tuviese los mismos efectos que una sentencia dictada por un juez.

Figura del mediador

Francisco Caamaño ha explicado que la elección del mediador es algo que queda a la libertad de quienes se someten a esta institución y dependerá siempre de la naturaleza del asunto a tratar. No se exige ninguna condición específica o particular en la institución o en la figura de la persona que vaya a realizar esta actividad de mediación. Basta con ser licenciado o tener un grado universitario.

El mediador tendrá que tener un seguro de responsabilidad civil y estar inscrito, a efectos de publicidad, en un registro que dependerá del Ministerio de Justicia, que será gratuito y de acceso público para los ciudadanos.

El ministro ha avanzado que intentar la mediación es preceptivo antes de poder presentar una acción ante los tribunales en los supuestos en los que se reclame una cantidad de hasta 6.000 euros, aunque luego se rechace esa mediación.

Respecto a la reforma de la Ley del Arbitraje, Francisco Caamaño ha afirmado que pretende actualizar la propia institución. Para ello, se produce un cambio en la asignación de los órganos judiciales competentes y serán las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia las que nombren a los árbitros judiciales.

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La Guardia Civil publica el nombramiento del teniente coronel de Orense.

El teniente coronel José Francisco Martínez García, de 59 años y natural de Pliego (Murcia), pasará en unas semanas a ocupar la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense.

Ayer mismo el Boletín Oficial de la Guardia Civil publicaba el nombramiento del mando como responsable de la Benemérita en Ourense, quien actualmente presta servicio en Palma de Mallorca.

La llegada del nuevo teniente coronel viene a suplir la baja que ha habido durante los últimos meses en el puesto, tras la marcha a mediados del pasado mes de octubre del coronel Benedicto González, quien fue destinado al puesto de responsable de la Comandancia de A Coruña tras ascender en el escalafón de la Guardia Civil.

Martínez García, quien probablemente culminará su carrera profesional en Ourense, ya que los mandos se jubilan a los 61 años, tiene ahora un mes de plazo para hacerse cargo de su nueva plaza en Santa Mariña.

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El etarra Beobide "marca" a la Guardia Civil los zulos en el monte Gorbea.

El etarra Beobide está "marcando" hoy a los agentes de la Guardia Civil los zulos que la banda terrorista tenía en el Monte Gobea, según ha podido saber la cadena COPE. Ya se han encontrado varios zulos con explosivos y otro tipo de material en su interior.


Monte Gorbea

A media mañana, Beobide ya había señalado uno de los zulos. En su interior había una cantidad no determinada de explosivos así como otro tipo de material. La Guardia Civil también ha localizado en un monte próximo a la localidad guipuzcoana de Hernani otros dos zulos con una pequeña cantidad de explosivo, algunos pen drive para ordenador, cordón detonante, detonadores y unos 2.000 euros. Las declaraciones prestadas por los detenidos apuntan a que guardarían un total de 150 killos de explosivos para perpetrar atentados.

Los agentes están buscando los zulos desde primera hora en la zona del monte Gorbea (Vizcaya) y de Hernani (Guipúzcoa), junto con el etarra Ibai Beobide que ha sido trasladado hasta la zona desde Madrid.

Beobide, el etarra detenido cuando viajaba en bicicleta cerca de la localidad guipuzcoana de Villabona, habia organizado y dinamizaba hasta tres comandos dispuestos para atentar. Dos de esos grupos disponian ya del explosivo. El talde llamado “Imanol” tendria en su poder 60 kilso de cloratita y 50 de amonal; el otro grupo, el “Ezpala” dispondria de unos 40 kilos de material.

Tras varios días de búsqueda sin éxito debido a las inclemencias del tiempo, los operativos de la benemérita “dieron ayer con la pista buena”, según fuentes al tanto de la investigación consultadas por la COPE. A estas horas continuan las pesquisas sobre el terreno

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por permitir que la Ertzaintza actuara fuera de su comunidad autónoma

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia al Juez Velasco

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) no entiende que un juez de la Audiencia Nacional como Eloy Velasco, se haya saltado la ley y haya permitido a la Ertzaintza actuar fuera de su comunidad autónoma, como ocurrió el 2 de febrero cuando fue detenido el presunto etarra Igor Niño. Por ello ha presentado esta misma mañana escritos de denuncia ante la Fiscalía General del Estado y el CGPJ.

Patricia Rosety - 23-02-10

El SUP ha denunciado a Velasco por permitir la actuación de la Ertzaintza fuera de su terrotori

Y un tercer escrito al Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba porque entienden que Interior ha permitido la actuación de la Ertzaintza en Jaca, en Huesca. Ese día, el 2 de febrero la Policía vasca sólo acudió a la Policía Nacional cuando tuvo dificultades a la hora de hacer identificaciones y registros. Cree el SUP que el juez podría haber incurrido en alguna falta disciplinaria.

Y pide al Ministerio que no permita más situaciones de este tipo. José Mª Benito, Portavoz del SUP: "Al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba lo que le hemos pedido es que tome cartas en el asunto y como ministro de Interior no permita que policías que no tienen competencias en todo el territorio nacional sigan actuando, con total libertad en este terrotorio. Y por tanto el ministro es competente también para llamar la atención sobre este asunto", asegura.

El SUP considera asimismo que la actuación de la Ertzaintza podría determinar la nulidad de las actuaciones y la puesta en libertad del presunto terrorista.

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Cae el mayor punto de venta de drogas de Madrid.

La Policía arresta a 20 personas en la 'fortaleza' de Valdemingómez, que contaba con puertas acorazadas y barreras para controlar la entrada

Madrid. (Europa Press).- La Policía Nacional ha desmantelado el mayor punto de venta de drogas de Madrid con la detención de 20 personas en una parcela-fortaleza en el poblado de Valdemingómez, según informó a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La estudiada operación policial tuvo lugar entre el jueves y el viernes de la semana pasada. En ella los agentes consiguieron acceder al interior de la parcela, que contaba con importantes medidas de seguridad, entre ellas seis puertas acorazadas con mirillas y barreras para evitar la acción policial. Los agentes consiguieron penetrar al lugar donde se comercializaba la droga, donde se encontraban en ese momento 120 personas comprando y consumiendo todo tipo de estupefacientes.

Allí detuvieron a 20 personas como responsables del negocio, decomisaron 12.000 euros -la cantidad que habían recaudado sólo en un día- y descubrieron una especie de altar con velas donde los traficantes oraban por el bien de su empresa

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Adolfo Abejón, portavoz de Educación del PP en el Senado

Por Diego Francesch



Uno de los integrantes de la negociación, el senador Adolfo Abejón, explica que tanto por parte del Ministerio como del PP se está tratando el Pacto al margen de “banderas e ideologías políticas”.

En una semana crucial para la firma del Pacto por la Educación, un días antes de la celebración de la Conferencia Sectorial y de que el Ministerio presente un nuevo texto, uno de los negociadores del PP, el senador Adolfo Abejón, explica lo que hasta la fecha de la entrevista se ha conseguido y lo que no, lo que se ha dejado de lado y las expectativas de que haya Pacto o simplemente acuerdos parciales en temas clave que puedan servir para mejorar la calidad del sistema educativo, sin tocar los principios ideológicos.

¿Cree que aún es posible un Pacto de Estado por la Educación?
Nuestra actitud era y sigue siendo favorable al logro de un Pacto de Estado, porque creemos que es el mejor instrumento para emprender las reformas en profundidad que necesita nuestro sistema educativo, con la finalidad de salir de la grave crisis que padece, para superar sus carencias contrastadas empíricamente y para poder así iniciar un nuevo rumbo que nos permita acercarnos a aquellos sistemas educativos que obtienen los mejores resultados.

Pero no todos, ni siquiera en el PSOE o en el Ministerio, están de acuerdo con ese diagnóstico. Algunos incluso lo califican de catastrofista.
La gravedad de la situación educativa explica la apelación a un Pacto de estas características. Y la urgencia del Gobierno por incluir un pacto educativo en su agenda política es, en el fondo, un reconocimiento del fracaso del modelo.

En ese sentido, ¿quizá sea más una demanda social que política?
Nosotros consideramos que el esfuerzo de consenso que demanda la sociedad española sólo estará justificado si atiende a la finalidad primordial que los ciudadanos le atribuyen, esto es, una mejora sustantiva del funcionamiento del sistema educativo y de formación, orientado a aumentar su calidad. Este es, en suma, el para qué de un auténtico Pacto de Estado educativo, lo que le otorga sentido y credibilidad, y el PP está poniendo trabajo, voluntad y diálogo para conseguirlo.

¿Sobre qué aspectos hay ya acuerdo y en cuáles no? ¿Son temas insalvables para llegar a la firma final?
Llevamos tres meses de debate extenso, denso y profundo. El Partido Popular, tras un análisis riguroso de los males que aquejan a la Educación española, elaboró un diagnóstico y unas propuestas con la voluntad de corregir todos los enfoques equivocados que se han ido instalando y consolidando a lo largo de estos años.

¿Cuáles son las bases fundamentales para el PP de un posible cambio de modelo?
La mayor parte de las medidas del PP se concentran en tres pilares fundamentales: mejorar la calidad, centrada en los rendimientos y en todas las etapas como objetivo prioritario en la escuela pública, y como garantía de igualdad de oportunidades de los estudiantes. En segundo lugar, garantizar la igualdad entre los escolares españoles, con una Educación común en todas las etapas y en todo el territorio. Y el mantenimiento de los cuerpos nacionales del profesorado y del sistema nacional de becas y ayudas al estudio. Y, en tercer lugar, ampliar y garantizar las libertades educativas.

¿Y cuáles se han abordado ya en la negociación?
Hasta ahora la negociación se ha centrado en el primer pilar, que es esencial, y en el que se ha producido algún avance, como el de la evaluación nacional externa a todos los alumnos a los 12 y 15 años ; en la mejora de la estructura de la Secundaria; y donde estamos más cerca es en la Formación Profesional.

¿Es cierto que el Ministerio ha dejado de lado temas conflictivos?
Ambos estamos planteando la negociación y las propuestas dejando a un lado las banderas y las ideologías políticas, centrándonos en la consideración universal de la Educación.

Y en el PP, ¿se ha renunciado a algún tema de antemano?
Nuestras propuestas han sido cuidadosamente elaboradas y merecen todas ellas ser negociadas sin prejuicios partidistas, al igual debemos hacer con las propuestas del Gobierno. En el acercamiento de ambas posturas puede estar la mejor solución a los graves problemas de nuestra Educación, que necesitan consenso.

¿Aceptaría el PP acuerdos sobre temas concretos en caso de que el Pacto fracase?
El PP considera que sin el consenso acerca de los tres pilares básicos, así como sin el acuerdo de consensuar las medidas fundamentales y abordar las medidas necesarias para garantizarlos, no podríamos hablar de una auténtica modificación del modelo educativo. No podríamos hablar de un verdadero Pacto de Estado.

¿Y si fracasa el Pacto, qué viene después?
En ese caso estaríamos hablando exclusivamente de acuerdos puntuales sobre medidas concretas, lo que supondría un gran fracaso en una doble vertiente. En primer lugar, porque no se abordaría realmente la necesidad de cambiar un modelo que claramente ha fracasado y, segundo, porque se frustrarían completamente las expectativas generadas, tanto en la comunidad educativa como en la sociedad en general.

¿Existe acuerdo entre el PP y el Ministerio en relación al papel que ha de jugar la Concertada?
En España tenemos dos redes de centros que son los públicos y privados, y dentro de esta última los concertados. Ambas se complementan y son necesarias como factor de calidad. El Pacto ha de servir para fortalecer la escuela pública y hacerla atractiva y de calidad. Ello es perfectamente compatible con garantizar a las familias el derecho constitucional de elegir el tipo de Educación y de centro donde quieren educar a sus hijos.

¿El PP se conforma con mantener la situación actual o quiere alcanzar más nivel de concertación?
Las propuestas del PP van encaminadas a ensanchar esas libertades, garantizando una red pública de calidad para que los padres que quieran puedan elegir en ella el centro que de-seen y también atender las demandas de aquellas otras familias que lo desean hacer en centros de la enseñanza concertada. Por ello hemos de trabajar en los centros que mayor dificultad tienen para lograr la calidad que demandan las familias y, si lo logramos, habremos dado un paso muy importante para mejorar la oferta. No me cabe duda que si tenemos una amplia red de centros de calidad sostenidos con fondos públicos facilitaremos mucho a las familias su elección.

¿El Ministerio comparte esta idea?
Éste es un tema que aún no hemos abordado en profundidad y por lo tanto no existe acuerdo.

¿Cuál es a juicio del PP el papel de los profesores en este Pacto?
Deberíamos coincidir en que profesores y alumnos son los principales actores del Pacto y que éstos han de ser uno de los capítulos fundamentales del mismo.

¿Se ha abordado ya dentro de la negociación?
Es un tema que aún no hemos negociado pero que estoy seguro que abordaremos en profundidad, pues hay diferencias notables entre el documento del Ministerio y el del PP.

¿Puede poner algún ejemplo de esas diferencias?
Echamos en falta ambición de excelencia con medidas para atraer a los mejores a la profesión docente. Hay otros temas que nos preocupan y que no vemos en su documento, como son el reconocimiento de Autoridad Pública en el ejercicio de sus funciones, el mantenimiento expreso de los cuerpos nacionales de profesorado en toda España de cara a la elaboración del Estatuto Básico de la Función Pública Docente; y propuestas suficientemente articuladas sobre su carrera docente.

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Rueda de prensa de Ceapa, STES, IU, Sindicato de Estudiantes, Confederación de MRP y Europa Laica.

La izquierda teme que si hay Pacto sea en contra de la escuela pública y laica

Once organizaciones creen que el PP y la Concertada han tomado la delantera

Un total de once organizaciones de la escuela pública han firmado una declaración conjunta dirigida al ministro Gabilondo en la que advierten que “algunas de las propuestas realizadas desde otros ámbitos políticos y sociales dibujan un escenario regresivo para el futuro de la escuela pública”. Entre las organizaciones está la Ceapa, sindicatos como STES o CGT, Izquierda Unida, el Sindicato de Estudiantes, la Confederación de MRP o Europa Laica.

Para estas organizaciones, el documento presentado por el Ministerio como base para el Pacto “propone la equiparación de la escuela privada concertada con la de titularidad pública, incorporando los centros privados concertados, mayoritariamente confesionales, a un único servicio público de enseñanza”. Más allá del componente político del Pacto, estas organizaciones reclaman su carácter social y de representación de la comunidad educativa. “La parte social tenemos mucho que decir”, ha advertido Pedro Rascón, de Ceapa, que se ha quejado de que non han sido escuchados.

Loles Dolz, de IU, señaló asimismo que el Pacto se está haciendo sólo con el PP “y con la derecha del negocio educativo y confesional”. Además, criticó que no se haya hecho un diagnóstico previo. Por eso, la portavoz de IU cree que “en el caso de que se diese [el Pacto] sería una contrarreforma educativa que supondría mayor privatización de la enseñanza y relegar la Pública a un papel subsidiario”. Dolz también critica el documento presentado por el PP porque se ha hecho sobre la base de que la escuela pública está en una situación catastrófica. Sobre las medidas concretas presentadas por este partido, IU es contraria a cualquier forma de itinerarios y a que 4º de la ESO no sea un curso común a todos.

De igual forma, Dolz rechaza el autoritarismo que subyace a las propuestas de la derecha, en relación con el papel del profesorado, así como la ausencia absoluta de democracia interna que promueve en los centros.

En definitiva, para IU “sólo la escuela pública garantiza el derecho de todos en condiciones de igualdad”.

Para Carlos Sanz, de STES, que se manifestó a favor del Pacto, sin embargo existen unos peligros, como que algunos sectores intentaran la “consolidación de la privatización” que a su juicio se está dando en la escuela pública. Sanz criticó que la Concertada nunca haya ido a los sitios conflictivos sino a aquéllos donde la Educación es susceptible de ser un negocio, y afirmó que la enseñanza es un servicio público básico y, por tanto, laico. Aprovechó para criticar que “otras fuerzas sindicales hagan mutis por el foro”.

El representante de Europa Laica, Fermín Rodríguez, abundó en estas ideas y lamentó la indefinición del Pacto en torno a lo que es la enseñanza y también advirtió que el Pacto se haría “en el terreno de la derecha y sobre la base de concesiones al PP”.

Por su parte, Julio Rogero, en representación de la Confederación de MRP, consideró que el Pacto “debilita a la Pública” y en lugar de “afrontar el fracaso escolar lo potencia”. En su opinión vamos a una posición “más clasista y selectiva que garantiza el éxito de quienes ya lo tienen”.

Las críticas a Gabilondo se centraron en que está “renunciando a sus posiciones y cediendo ante el PP”. Por ejemplo con afirmaciones como la de que la enseñanza debe ser gratuita hasta los 18 años (en evidente alusión a la Concertada).

Todas las organizaciones reiteraron sus posiciones en torno a que el Pacto debe consolidar una escuela laica y por tanto eliminar progresivamente la financiación pública de la enseñanza confesional, de calidad (que desde la diversidad trabaje por el éxito educativo), inclusiva, igualitaria y gratuita, y por tanto que cuente con todos los medios necesarios.

Las claves

* Pedro Rascón (Ceapa)

“El PP ha hecho un diagnóstico catastrofista. Sólo admitiríamos que hubiese conciertos allí donde no llegasen las plazas públicas”.

* Loles Dolz (IU)

“Pedimos un compromiso de financiación por ley que garantice recursos adecuados para mejorar la escuela pública”.

* Fermín Rodríguez (Europa Laica)

“La escuela no es el lugar de la segregación, debe garantizarse la aconfesionalidad de lo público”.

* Tohil Delgado (Sindicato de Estudiantes)

“La propuesta del PP rescata los itinerarios de Aznar y condena a los alumnos al paro en 4º de la ESO. Se criminaliza a la juventud”.

* Julio Rogero (Confederación de MRP)

“El Pacto debilita a la Pública, en lugar de afrontar el fracaso, lo potencia”.

* Carlos Sanz (STES)

“No quisiéramos que el Pacto supusiera una claudicación del Gobierno a las propuestas de otras organizaciones”.

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PP y PSOE se alían contra Rosa Díez

UPyD se encuentra con el rechazo y el enfado de todos los grupos, excepto IU, tras presentar en el Congreso una iniciativa de reforma de la Ley electoral.

Estaba claro que los dos grandes partidos del país, PP y PSOE, no iban a apoyar, al menos de momento, una reforma de la actual Ley electoral, pues claramente les beneficia. Con lo que quizás no se esperaba encontrar la diputada de UPyD, Rosa Díez, es con las críticas de todos los partidos presentes en el Congreso, a excepción de IU, que la han acusado de "oportunista" e "irrespetuosa", entre otras lindezas, por presentar una proposición no de ley sobre un asunto en el que una subcomisión trabaja desde hace unos meses, tiempo después de que el Consejo de Estado remitiese al Gobierno, el 24 de febrero del 2009, un informe encargado por el propio Zapatero para ver cuáles eran las posibilidades reales de producir algunos cambios en la norma.


Para el PP la proposición no de ley es "oportunista", también un "auténtico despropósito" y, por si fuera poco, "una falta de respeto". Los socialistas, con los que pocas veces coinciden, opinan lo mismo.

Los dos partidos más importantes del país han recordado a Díez que una subcomisión ya se está encargando, desde hace unos meses, de revisar las recomendaciones que el Consejo de Estado hizo ya hace un año al Gobierno para reformar la Ley electoral.

Pero lo que peor ha sentado entre las filas socialistas y populares ha sido el hecho de que Díez aprobase la creación de una Comisión para analizar este tema, tras registrar el 25 de abril del 2008 una proposición de ley sobre este asunto, y ahora critique la tardanza de los diputados que participan en ella para dar un dictamen.

Dicha iniciativa "duerme el sueño de los justos en la Comisión", ha asegurado la diputada de UPyD. El caso es que, siendo objetivos, y a pesar de que los expertos se han reunido 10 o 12 veces, por ahora no hay resultados. Y es que, como ha dicho el diputado popular al que le tocaba rebatir el discurso de Díez, "trabajamos con sosiego".

Los socialistas le han recordado a la diputada de UPyD que el impulso de establecer una subcomisión fue de Zapatero y que ha sido el PSOE, y no ella, quién ha impulsado la reforma y quien pidió un informe al Consejo de Estado; algo que, todo sea dicho, muchos creen que fue de cara a la galería.

"Si se va a presentar un informe, ¿por qué pide que el Gobierno presente un proyecto de ley?", le han preguntado los socialistas a Díez.

Pero no solo el PP y el PSOE han expresado su malestar. También lo han hecho PNV y CiU. Para todos ellos hay que respetar los procedimientos parlamentarios y trasladar a la subcomisión, y no al Pleno, este debate.

Además de demostrar que están en contra de esta iniciativa, y por si había alguna duda, todos los grupos, excepto los ya mencionados UPyD e IU, han seguido pronunciando el discurso de los últimos años: "el sistema actual no está tan mal", han venido a decir. Al fin y, al cabo, y como ya se ha dicho, les beneficia.

La propuesta de Rosa Díez

Las razones de Díez para pedir una reforma de la Ley son claras: el sistema electoral español propone el bipartidismo, algo que, a su juicio, en plena transición estaba bien para reforzar el poder pero que ahora ha quedado obsoleto, y la actual ley es desigualitaria y desproporcional, "pues el voto de mi vecino, que vota PNV, vale seis veces más que el mío".

Para la diputada de UPyD, el conseguir la igualdad y la representatividad política pasa por una reforma de la LOREG por parte del Gobierno, que debería presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley que reflejase las recomendaciones del Consejo de Estado, entre las que están aumentar de 350 a 400 los diputados, rebajar la representación mínima inicial de 2 a 1 diputado y la necesidad de buscar una fórmula electoral más proporcional que la D´hont.

No han tardado mucho los grupos en criticar estas proposiciones, otra de las cosas en las que han coincidido PP, PSOE, PNV y CiU, que pocas veces se ven en una igual. Los cuatro partidos han coincidido en señalar la imposibilidad de aumentar los diputados de 350 a 400, por el gasto extra que supondría en un momento de crisis como el actual.

Especialmente duros han sido los nacionalistas vascos, que además de acusar a Díez de "populista", han censurado una actitud que creen es "contradictoria", puesto que la diputada de UPyD se ha quejado en numerosas ocasiones de ver el hemiciclo vacio pero, en cambio, quiere aumentar el número de escaños.

Las últimas críticas han ido a parar otro de los puntos propuestos por Díez, que apuesta por rebajar la representación mínima inicial de dos a un diputado, algo que para los partidos no es precisamente "la idea exacta de proporcionalidad". Y es que, en caso de llevarse a cabo, por ejemplo, Soria pasaría a estar representada por tan solo un diputado.

Sin embargo, a pesar de los palos, Díez se mostró con las fuerzas suficientes como para pedir al PP y al PSOE que rompan "el pacto de hierro contra la igualdad y la justicia" y remitan un proyecto de ley de reforma de la LOREG. Solo así, ha concluido, se podría "garantizar una mayor proporcionalidad y la igualdad del voto de todos los ciudadanos al margen de la parte de España en la que vivan o de su opción electoral". Obviamente, por ahora es imposible. Fuente Estrella digital.

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Un responsable de Caritas y un ingeniero químico, secuestrados en Haití.

La Policía haitiana junto a la Misión de estabilización de la ONU en Haití dijeron que están tras las pistas de los secuestradores

El servicio Jesuíta a Refugiados y Migrantes y la ONG Solidaridad Fronteriza en la provincia dominicana de Dajabón (noroeste) denunciaron el secuestro en Haití de un responsable local de la institución católica Cáritas y de un ingeniero químico.

/EFE

Según las organizaciones, el plagio se produjo el pasado sábado en Ouanaminthe (Haití), cerca de la frontera dominicana, y los autores del hecho exigen un rescate de 50.000 dólares por cada uno de los secuestrados.

Las entidades expresaron que la vida de Dieudonné Desormes, encargado de Caritas en la ciudad de Fort Liberté (norte de Haití), y del químico Nene Poisson corre peligro porque los raptores afirman que están decididos a matar a los cautivos si no reciben el dinero que exigen.

"Si dentro del día de hoy, no nos consiguen los 50.000 dólares por cada uno, despídanse de ellos", fue la amenaza emitida por los secuestradores a familiares y amigos de los dos cautivos, según las instituciones denunciantes.

Agegaron que Dieudonné Desormes ha sido torturado, por lo que temen por su estado de salud, mientras que de Poisson no se ha sabido nada desde que fue secuestrado.

Conforme a las organizaciones, los dos secuestrados son personas muy queridas porque ayudan a las personas necesitadas de Haití y tras el sismo ocurrido en Puerto Príncipe el pasado 12 de enero se han entregado totalmente al trabajo humanitario.

La Policía haitiana junto a la Misión de estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) dijeron que están tras las pistas de los secuestradores, según expresaron las organizaciones.

Una fuente de Solidaridad Fronteriza indicó que instituciones comunitarias del norte de Haití, preocupadas por el breve plazo que dieron los delincuentes haitianos a los familiares de los secuestrados, improvisaron un maratón para reunir el dinero exigido y evitar que los captores consumen su amenaza.

En el norte de Haití y en Puerto Príncipe se organizaron esta noche plegarias para que los secuestradores no ejecuten a las víctimas.

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SEGÚN DENUNCIAN VOCALES DEL CONSEJO

La defensa de Garzón “intenta amedrentar” al Supremo y al CGPJ.

La defensa de Garzón “intenta amedrentar” al Supremo y al CGPJ

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (Efe).

En el momento de mayor debilidad de su carrera, Baltasar Garzón ha vuelto a demostrar su capacidad para revolucionar el ámbito judicial. La campaña en defensa del juez estrella se ha convertido en las últimas semanas en un asedio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al magistrado Luciano Varela y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Así lo denunciaron a este diario diversas fuentes del CGPJ y de la judicatura, que lamentaron lo que consideran es un “intento de amedrentar” a los órganos judiciales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el último episodio de esta batalla para salvar a Garzón del banquillo fue la dimisión a medias de su abogado, José Manuel Gómez Benítez, que abandonó la comisión del CGPJ encargada de los nombramientos. No obstante, continúa como vocal del Consejo, donde podrá seguir defendiendo a su cliente habitual, disfrutando de coche oficial y de los 6.000 euros netos de salario. En su escrito de renuncia, Gómez Benítez aludió a la “devaluación de la función de la comisión calificadora impuesta por algunos vocales ajenos a la misma procedentes de las dos asociaciones más representadas en el Consejo”.

Una clara referencia a Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior y miembro de Jueces para la Democracia; y al conservador Manuel Almenar, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y es que la batalla habitual por colocar en puestos de responsabilidad a candidatos afines a cada bloque ideológico ha acabado contaminándose con el caso Garzón. Según fuentes cercanas al CGPJ, Gómez Benítez ya había amenazado con dimitir hace meses, pero la más que probable inhabilitación de Garzón le ha podido hacer perder las formas. “Se ha ido corriendo a llorarle a El País en lugar de hablar con sus colegas del Consejo”, criticaron estas fuentes, que recordaron que este abogado fracasó en 2009 en su intento de aupar a Garzón a la presidencia de la Audiencia Nacional.

En efecto, Robles y Almenar son los pesos pesados del bloque progresista y conservador, ambos tienen una buena relación personal y forman parte de la Comisión Permanente que decidirá si se suspende al magistrado de la Audiencia Nacional, a punto de sentarse en el banquillo por prevaricación. El CGPJ inició en enero el proceso para inhabilitar temporalmente a Garzón ante los indicios de delito encontrados por el Supremo en la instrucción de los crímenes del franquismo y en el dinero que solicitó a Emilio Botín para dirigir unos cursos en Nueva York. “Desde entonces El País ha arremetido duramente contra este órgano. Nunca se había dado una apertura a cuatro columnas a un asunto interno de una comisión del Consejo”, denunciaron fuentes próximas al CGPJ.

Contra el Tribunal Supremo

El instructor de la querella contra Garzón, Luciano Varela, y el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, también han sido objetivo de la estrategia en defensa del juez estrella. Precisamente, el CGPJ archivó ayer una denuncia de las asociaciones de memoria histórica contra Saavedra. Estos colectivos alegaron sin resultado que el magistrado debería haberse abstenido en la causa contra Garzón, ya que previamente habían reclamado su recusación.

Asimismo, Varela, de acuerdo con las fuentes consultadas, ha tenido que soportar una intensa campaña mediática en su contra por haber recomendado el enjuiciamiento del famoso juez de la Audiencia Nacional. “Se está tratando de amedrentar a aquellos que tienen que ver con la causa de Garzón, pero no lo van a lograr. Si la Sala de lo Penal decide que hay que juzgar a Garzón se tratará de una decisión compartida, difícilmente influenciable. Lo mismo sucederá en el Consejo, porque es un órgano colegiado”, señalaron fuentes del CGPJ.

Ruptura en el CGPJ

Por otra parte, el caso Garzón ha puesto en evidencia el desacuerdo que reina en el seno del CGPJ. “El consenso está completamente roto”, aseguraron fuentes del sector progresista, donde existe, a su vez, otro enfrentamiento: por un lado, los que respaldan a Robles y, por otro, sus críticos, que le acusan de buscar acuerdos con los conservadores para enchufar a sus amigos en los cargos importantes.

La división en Jueces para la Democracia se remonta años atrás, pero el liderazgo de Robles en el CGPJ ha reabierto las heridas. “Es cierto que es una mujer resolutiva, y que tiene un olfato político que no tienen otros juristas, pero también que es una de las vocales que más horas dedica. De esta forma, y con su buena relación con el sector conservador es como ha conseguido imponer su criterio en muchas ocasiones”, explicaron las fuentes consultadas. Pero lo cierto es que la pugna interna está teniendo consecuencias: los tribunales superiores de País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña todavía no tienen nuevo presidente. Fuente el confidencial

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A los del Régimen les va mal la libertad, sin amigos en el poder no tiene mucho futuro

Prisa, el grupo protegido y protector del Régimen, no va nada bien, desde que el Gobierno socialista se buscó otros compañeros de viaje, sus resultados económicos les acucian. A todo lo señalado se le une la grave carencia de dedicarse a hacer periodismo libre y de calidad, agravando aún más su gravísima situación, amigos hay que trabajar y no vivir de la caja pública.

LES ACUSAN DE DESMANTELAR LA EMPRESA PARA HACER CAJA

Los trabajadores de Prisa acusan a sus gestores de "destruir" el grupo

Los trabajadores de Prisa acusan a sus gestores de "destruir" el grupo

Ignacio Polanco y Juan Luis Cebrián. (Efe)

Prisa parece reconducir su situación financiera. Tendrá que remar algo más para reconquistar la pax social en sus filas. En un duro comunicado conjunto lanzado ayer, los comités de empresa del grupo acusan a sus gestores de desmantelar la empresa con su política de “reconvertir, cerrar o segregar” todas las áreas que no sean el producto principal, al tiempo que anuncian su intención de emprender “todas las acciones legales y sindicales” para defender los derechos de los trabajadores que sufran esas externalizaciones. “El proceso destructor del grupo no termina”, asegura el documento, al que ha tenido acceso este diario.

La reacción de los trabajadores se produce un día después de que la compañía admitiese en un hecho relevante la noticia avanzada ayer por El Confidencial, según la cual el grupo prepara la entrada en su capital de un grupo de inversores internacionales en una operación que supondría una aportación de unos 600 millones de euros. Seguro que el anuncio no ha ayudado a tranquilizar los ánimos en la casa. “La deuda, de 4.857 millones de euros, no la paga sólo el dinero. Parece que quienes la generaron no consideran suficiente un margen de beneficio de un 11,5% y tampoco que 50,5 millones de euros lleguen a manos de los accionistas”, recoge la nota de los trabajadores en referencia a los últimos resultados.

Los representantes sindicales recuerdan que los departamentos de informática de todo el grupo ya están externalizados, después del acuerdo alcanzado recientemente con Indra. “Más de 300 trabajadores pasarían a engrosar sus filas profesionales, aunque los propios directivos llegan a elevar la cifra hasta los 400”, reza el texto. Las siguientes “mutilaciones”, vaticinan, afectarán a los departamentos de compras y contenidos. También muestran su temor por el futuro de los trabajadores de Cuatro tras el acuerdo con Telecinco. “¿Cuál es el futuro de Cuatro tras su venta? ¿Cuáles son las expectativas de futuro para los trabajadores de Prisa? Impacto frontal”, lamenta el documento.

Misivas sin respuesta

“Hace varias semanas, cada comité envió cartas a sus respectivas direcciones solicitándoles detalles sobre la situación en las propias empresas: la mayoría ni siquiera recibió respuesta. De los que sí la obtuvieron, los datos confirman un panorama lleno de contradicciones, cuando no de engaños”, subraya el comunicado. Y es que los trabajadores denuncian “la ruptura unilateral del marco de relaciones laborales y la tentación de no cumplir las garantías firmadas legalmente” en casos como el de ASIP, empresa de servicios tecnológicos de Prisa y una de las primeras en sufrir el proceso externalizador.

El diagnóstico que sugieren los comités es claro: más que búsqueda de eficiencia en el camino de la transformación digital se está desmantelando el grupo para hacer caja. Todo jalonado por una serie de prácticas que censuran. “Cartas que se firman de manera individual, reescritura de las nuevas condiciones de trabajo en entrevistas vis a vis, derechos vigentes que caducan a los tres años, promesas de carreras profesionales no escritas e incluso, según reconoce la propia dirección del grupo, la pérdida del puesto de trabajo a medio plazo para un 15% de las personas que son transferidas”. El documento está suscrito por los 15 comités de empresa integrados en el grupo.

Este periódico adelantó ayer que un pool de fondos americanos ultimaba su incursión en Prisa, operación que reduciría el porcentaje de la familia Polanco en la sociedad al entorno del 35%, frente al 70% que actualmente atesoran a través de la instrumental Rucandio, punta de lanza de un complejo sistema de sociedades. La CNMV suspendió antes de la apertura del mercado la cotización de Prisa, que admitió que “la participación del accionista de referencia se verá reducida, sin que ello afecte al control de la compañía”. Los mercados no recibieron con demasiado optimismo el anuncio y Prisa cerró con una caída del 5,92%, hasta 3,34 euros.

“La ampliación de capital en ciernes explica la luz verde de los bancos a la reestructuración de la deuda. El anuncio de que el crédito sindicado también se reestructura está próximo a producirse”, apuntaban fuentes financieras. Según señalaban fuentes internas de Prisa, “los integrantes de esa agrupación de inversores no tienen vínculos entre sí y no insisten en tomar el poder o participar activamente en la gestión”, lo que habría facilitado el placet de los Polanco a diluirse en una operación liderada por Juan Luis Cebrián.

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Los sindicatos contra el pensionazo

Zapatero en la nube de La Moncloa

Las primeras protestas contra el Ejecutivo socialista

El presidente Zapatero parece triste. Dice con sonrisa de circunstancias que "respeta" las manifestaciones convocadas por los sindicatos porque las respalda un derecho amparado por la Constitución, pero, ya digo, de sus palabras trasciende un gesto de melancolía. No le cabe en la cabeza que Cándido Méndez y Fernández Toxo, los secretarios de UGT y CC.OO., saquen a la gente a la calle para tirar contra el Gobierno.

Lo de Cándido es lo que peor lleva. Porque desde Rodiezmo en adelante, en los últimos seis años, ha sido su gran valedor, hasta el punto en el que mucha gente creyó que no había exageración al señalar a Méndez como el "cuarto vicepresidente". Zapatero lleva tiempo en la nube de La Moncloa -su mundo son los viajes, los platós de televisión, las fotos con VIPS-, mientras que Méndez va a pie a la sede del sindicato y habla con la gente.

Lo mismo que Toxo. Por eso, pese a todas las críticas que se puedan hacer al notable conformismo sindical de los últimos tiempos, los dos, Méndez y Toxo, han comprendido que con el plan para recortar las pensiones -alargar la vida laboral en dos años, equivale a cotizar más tiempo para cobrar menos pensión porque se cobra más tarde-, el Gobierno quería ir demasiado lejos. Era traspasar una de las líneas rojas. Por eso han salido a la calle y, por eso, el debate continúa. Entre otras razones, porque el Gobierno se ha equivocado al elegir este momento para anunciar la reforma de las pensiones.

Sucede que en España se publican noticias de banqueros con planes de jubilación multimillonarios al tiempo que Zapatero señala a los especuladores financieros y a los banqueros desaprensivos como los culpables de haber provocado la crisis.

Y es en ese contexto en el que se les pide a los trabajadores -que obvio es recordarlo, no son responsables de la crisis- que retrasen un par de años la jubilación, que sigan trabajando fuera de plazo para ayudar al país a salir de la crisis. Todo ello al tiempo en el que Corbacho, desbordado ministro de Trabajo, insiste en que hoy por hoy, el sistema de pensiones, goza de buena salud.

Ya digo, Zapatero ha cruzado una línea roja y por eso hay gente que se ha echado a la calle. No parece justo que el ajuste de la crisis recaiga sobre las víctimas en lugar de que paguen los especuladores financieros quienes -según el decir de Zapatero- son los culpables de haberla provocado. Fuente Periodista digital

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AUTENTICA VERGUENZA, ESTOS SON LOS VALORES QUE TRASLADAMOS A NUESTROS JOVENES CONVERTIDOS EN NINIS --Ni estudian Ni Trabajan-- LOS EJEMPLOS NO SON PARA MÁS.
El hombre que puso en ridículo a TVE ya tiene ofertas de Antena 3
La polémica gala de la pública, improvisada fábrica de freaks televisivos, podria haber lanzado al estrellato a su peor pesadilla. La cadena ha recurrido incluso a la censura en Youtube.

Por más que lo intentó, la presentadora de la gala, Anne Igartiburu, no logró contener a John Cobra.


Escasas horas después de que John Cobra elevara a la máxima potencia el concepto de "eurofriki" dejando en evidencia a TVE por sus violentas salidas de tono en la gala para elegir al candidato español a Eurovisión su caché subía como la espuma.

El rapero valenciano que deleitó a los telespectadores con sonoros exabruptos (del tipo "comedme todos el rabo, maricones") llevándose la mano a la entrepierna compulsivamente no convenció ni al jurado ni al público y no irá a Eurovisión, pero amén de conseguir su minuto de gloria (su nombre planea este martes por los titulares) podría comenzar una fulgurante carrera televisiva.

De hecho, en su lucha fratricida con el Sálvame Deluxe de Telecinco que vino a terminar con su reinado en solitario la noche de los viernes, el DEC de Antena 3 anda últimamente "canino" de invitados con gancho y, según informa La Ventana Indiscreta, se habría puesto inmediamente manos a la obra para "cazar" a Cobra a golpe de talonario.

Según el blog de Fotogramas, DEC habría intentado contactar este mismo martes por la mañana para negociar su posible aparición en el programa de este viernes.

Las privadas han descubierto "carnaza" en esta improvisada fábrica de personajes "freaks" en la que se ha convertido TVE. Sin embargo, tras el espectáculo de la gala, los mandamases de la pública habrían dado la voz de alarma.

Un nuevo proceso de filtro

Para empezar, la corporación pública pidió a primera hora a Youtube que retirara los vídeos de la gala, y aquellos que buscaban el "momentazo" en la célebre web tuvieron que conformarse con el mensaje "el vídeo incluye contenido de RTVE, que lo ha bloqueado por motivos de derechos de copyright".

Para seguir, este martes el presidente de RTVE, Alberto Oliart, anunció en el Senado que la cadena tomará medidas con vistas a las próximas ediciones de Eurovisión para impedir "abusos" en el proceso de selección y que no prosperen candidaturas que no reúnan "una mínima calidad musical".

Según Oliart, "tendremos que desarrollar un mejor proceso de filtro en las candidaturas y votaciones, para evitar esos abusos que ya son corregidos conforme determinan las bases del concurso".

"En futuras ocasiones", avanzó, "se podría considerar la participación del jurado profesional desde el primer momento de la seleccion, para eliminar canciones que no alcancen una mínima calidad musical. También se podría prever una vía de participación complementaria para los artistas que ya tengan carrera discográfica".

En cuanto a la "actuación" de John Cobra, Oliart señaló a la parlamentaria popular Carmen Riolobos que "lo que usted ha dicho de él, es poco para lo que yo le diría si le conociera. Espero no verle ni conocerle. Lamento esa escena, pero los directos son así".

Riolobos le "exigió" al presidente de RTVE que "se tomen en serio este tema y no seamos más el hazmerreír de toda Europa".
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La caradura de algunos diputados con sus "extras" colma el vaso.

La cara dura de los diputados Gallegos y la de.... toda nuestra casta política.
Han llegado algunas de sus Señorías a tal descrédito por servir a la soberanía nacional que no se cortan en sus actividades fuera del Hemiciclo. Tal alarde pasará factura.
Miguel Ángel Cortés es uno de los diputados que más activades extraparlamentarias acumula.
Apenas 100 de los 350 diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El resto complementa sus ingresos parlamentarios -entre 4.500 y 6.500 euros mensuales- en tertulias, consejos de administración, patronatos de fundaciones, cursos, conferencias, bufetes, universidades,…

Muchos, como el popular Miguel Ángel Cortés aglutinan más de media docena de actividades extraparlamentarias. El ex secretario de Estado con José María Aznar es uno de los más atareados. Además de miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP y portavoz de su grupo para las Nuevas Tecnologías, suma su condición de vocal de los Patronatos de las Fundaciones Silos, Alberto Jiménez Arellano, Alonso y Barcenillas, Legado Francisco Pérez González, además de consejero de Konecta, S.A, o miembro del Patronato del Museo Reina Sofía o de Architecture and Designe Committée del Museo del Arte Moderno de Nueva York, pero también administrador de la Sociedad Torozos legal SL, a través de la que ejerce la actividad de abogacía. ¡Uff!

¿Podrá ejercer su tarea parlamentaria con tanto trajín? ¿Será capaz de atender todas estas actividades, entre ellas un bufete de abogados, un consejo de administración, fundaciones varias, y no descuidar su labor de representante de la soberanía nacional, amén de la Ejecutiva de su partido? No es fácil de convencer a la opinión pública de ello. La jornada laboral de un parlamentario no es ni de lejos maratoniana y tienen casi vacaciones escolares, pero no faltará quien piense que muchas de sus Señorías deberían elegir un solo puesto de trabajo, más aún en las circunstancias actuales, cuando miles de ciudadanos pasan cada día a engrosar las filas del paro.

Es cierto que muchos diputados temen el malestar de la ciudadanía. El triste espectáculo de un hemiciclo lleno de pluriempleados evidencia la crisis institucional y el empeño de nuestra clase política en ignorar la realidad. Pocas veces, desde que las puertas del Palacio de San Jerónimo se abrieron en 1977 a los aires de la democracia, que el Congreso se enfrenta tan radicalmente al hartazgo del españolito de a pie. La clave tal vez está en el desprecio, casi histórico, de lo que representa la soberanía popular.

Pero, ¿quién va a lanzar piedras sobre su propio tejado? Todos los partidos, sin excepción, no solamente están de acuerdo en el pluriempleo sino que constatan que ser parlamentario está mal pagado. Siempre quedará el presidente del Congreso, José Bono, para vender que el presupuesto de la Cámara Baja sólo es de 98 millones de euros y Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid por 94 o para autorizar viajes sin contenido de parlamentarios por Estados Unidos valorados en 40.000 euros.

La democracia exige confianza. Pero a estas alturas poco hay donde posar la mirada. Si los diputados tuvieran que rendir cuentas a los votantes en lugar de hacerlo a los aparatos de sus formaciones, sus Señorías guardarían al menos la compostura. No puede ser que el Pleno del Congreso sea un pleno de pluriempleados. El semanal digital.
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