La declaración de bienes de los diputados autonómicos publicada hoy en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas revela diferencias patrimoniales notables entre los miembros de los diferentes partidos representados en el parlamento autonómico.
Entre los más destacados, por lo ajustado de su patrimonio, se encuentra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien declara poseer el 50% de un inmueble por un valor catastral de 110.339,26 euros, un turismo Saab 900S de quince años de antigüedad y un valor aproximado de 1.509 euros y un plan de pensiones en Bancaja cuyo capital supera ligeramente los 8.300 euros. Además es titular de una cuenta corriente con 905 euros y de otra, compartida al 50%, con un saldo total de 2.779 euros. El valor total de estos bienes no inmuebles es de 12.105 euros.
Mucho más holgadoes el patrimonio del portavoz del grupo socialista en las Cortes, Angel Luna, propietario de seis inmuebles cuyo valor catastral total asciende a 106.168 euros, y otros bienes de naturaleza no inmobiliaria que suman un valor de 352.827 euros. Entre ellos, posee diferentes cuentas y planes de ahorro, además de el 50% de un vehículo Mercedes c220 matriculado en 2009 y una motocicleta honda de 250 cc.
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no declara poseer bienes inmuebles, pero afirma poseer valores en varios bancos, dos planes de pensiones y un vehículo Lanzia Delta de 21 años de antigüedad. Todo ello por un valor estimado de 295.000 euros.
Entre los miembros del Gobierno valenciano, el vicepresidente tercero Juan Cotino, es quien atesora mayor patrimonio. Su declaración de bienes no inmobiliarios roza los 1,9 millones de euros. Posee una vivienda heredada en Xirivella (Valencia) con un valor catastral de 7.735 euros y el resto de sus bienes los tiene repartidos entre una cuenta corriente, acciones y participaciones que no detalla.
Por su parte, la presidenta del parlamento valenciano Milagrosa Martínez posee cinco inmueblesprocedentes de una herencia y ubicados en Novelda por valor de 149.696 euros. Además, posee un Renault Megane del año 2000, dos cuentas corrientes y un plan de pensiones por un total de 41.179 euros.
El Congreso medita adoptar una declaración similar
La página web de las Cortes Valencianas ha publicado hoy los bienes patrimoniales y las diferentes actividades que han declarado tener los diputados autonómicos.
Esta declaración permite conocer el valor catastral de los bienes que poseen los diputados -a diferencia de la que se realizaba anteriormente donde sólo se enumeraban- y también el listado de actividades que mantienen al margen de sus deberes como representantes de la soberanía popular.
La transparencia de los datos forman parte de la decisión de los grupos parlamentarios de evitar sospechas sobre su actuación en una legislatura especialmente controvertida para la clase política española.
El portavoz del grupo parlamentario popular, Rafael Blasco, destacó recientemente que esta iniciativa de la Cámara autonómica está más avanzada que otras similares adoptadas por instituciones homólogas en el resto del país.
Así, el pleno del Congreso de los Diputados debatirá hoy el dictamen aprobado el pasado 18 de febrero por la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la declaración de actividades de los diputados nacionales.
Con esta votación se dará el último paso para que las labores extraparlamentarias de los miembros de la Cámara se publiquen en la página web, tal y como lo acordaron las Mesas del Congreso y el Senado el pasado 21 de diciembre.
Sin embargo, con la resolución adoptada no se podrá conocer el valor catastral de los bienes que declaran tener los diputados.
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Una pregunta de la senadora popular a la ministra de Defensa ha permitido traslucir una auténtica ofensiva contra la «mano derecha» de Rajoy
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La senadora Pajín conversa con la ministra de Defensa, momentos antes de la sesión / EFE
Si cada vez que la senadora y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se le ocurre preguntar a algún miembro del Gobierno, como acaba de hacer en el Pleno a la ministra de Defensa, Carmen Chacón, y estos pierden los nervios, como ha sucedido, la dirigente popular tiene el éxito asegurado. A tenor de lo que acaba de suceder ahora mismno en la Cámara Alta, con una Chacón perdiendo los papeles para intentar ridiculizar a De Cospedal, está claro que el Gobierno está dispuesto a lanzar una ofensiva en el Senado contra la secretaria general del PP, con el objetivo de desgastarla políticamente.
Lo más sorprendente de la reacción de la ministra de Defensa es que no respondía a ninguna salida de todo previa de la senadora de popular, sino simplemente a una pregunta sobre «si tiene intención el Gobierno de autorizar que en el aeropuerto de Ciudad Real se instale una base militar de los Estados Unidos de América».

Parece que no le gustó nada el contenido de la interpelación y, después de responder que no, se lanzó al cuello de la senadora popular, a la que le reprochó con tono airado qué, después de «no haber tomado la palabra» en este legislatura, «de no haber abierto la boca, esperaba que fuera a decir algo con más fundamento».
Chacón pierde los papeles en el Senado contra Cospedal
María Dolores de Cospedal, esta tarde en el Congreso / EFE
En su réplica, la senadora popular no tuvo más remedio que reconocer que «no calculaba que le fuera a molestar tanto la pregunta» y que ella hace preguntas que cree que son de interés general. Entonces, aludió a recalificaciones para la construcción de este aeropuerto, circunstancia ésta que provocó gritos desde la bancada popular, así como al «enriquecimiento de algunos» y terminó su respuesta recordando que el fracaso de este aeropuerto ha sido la «causa de que Castilla-La Mancha se vaya a quedar sin una caja de ahorros de referencia».

La ministra, descolocada
La réplica de De Cospedal terminó por descolocar a la ministra que le replicó afirmando que «no me molesta, sino que me deja estupefacta. En veintidós meses de senadora sólo se le ocurre leer recortes de periódico». Continuó su ataque, entre gritos entre senadores del PP y del PSOE, y volvió a decir que le «deja estupefacta que no se sepa las leyes» y en el mismo tono airado que caracterizó toda su respuesta, aseguró que «al ritmo que va le queda una pregunta en esta Cámara» y que esperaba que «la próxima vez se prepare más» las preguntas.
Cuando parecía que este momento de tensión, que elevó la temperatura de la Cámara, había finalizado, no fue así, ya que la siguiente interpelación, del senador popular Agustín Conde al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sirvió para ajustar las cuentas que habían quedado pendientes, entre ambos partidos, en la primera pregunta. Conde quería saber algo más sobre la situación legal en que van a quedar los presos de Guantánamo que acogerá España, pero Rubalcaba escurrió el bulto.Entonces Conde, utilizando el mismo argumento que Chacón contra de Cospedal, le dijo que había venido «a contestar en cueros y que lo que había dicho ya lo sabemos porque lo hemos leído en los periódicos, que se lo diga la que se sienta a su lado, (en alusión a chacón), que todo lo sabe».
Rubalcaba no se calló y con su habitual ironía le dijo a Conde que «he escuchado el debate de la ministra de Defensa y me da la impresión que De Cospedal no ha quedado tan mal». La bronca estaba servida, ya que los gritos subieron de tono y el ministro acusó a Conde de «mala educación» y le aseguró que la senadora popular seguro que reprobaba esa actitud.
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SE CELEBRAN PROTESTAS EN VARIAS CIUDADES DEL PAÍS

Miles de personas se manifiestan en Madrid contra la ampliación de la edad de jubilación

Ignacio Anasagasti

Madrid.- La lluvia ha dado una tregua a la manifestación de los sindicatos en Madrid contra el retraso de la edad de jubilación. Miles de manifestantes, 9.000 según la policía, 60.000 según los sindicatos, se han unido a la marcha, que arrancó pocos minutos después de las 19.00 horas y una hora después ha llegado a su final, a la Puerta del Sol.

En la cabecera, junto a los secretarios generales de UGT y CCOO,Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, se pueden ver a personalidades del mundo del espectáculo y la política, como Cayo Lara, coordinador de IU, y Gaspar Llamazares, diputado del mismo partido.

Cifras aparte, entre los asistentes se deja entrever que la afluencia no ha sido tan masiva como se esperaba y, sobre todo, destaca la ausencia de jóvenes. Y así lo han manifestado varios participantes a quienes les sorprende que "no se preocupen por su futuro" con más de cuatro millones de parados.

De fondo se escuchan consignas pidiendo "huelga general" y rimas irónicas: "Zapatero, zapatero, no nos quieras engañar. Es paro y menos salarios, tu reforma laboral", "ZP, ZP se te está viendo el plumero y es que así gobernáis para los banqueros".

En las pancartas se pueden leer críticas al Gobierno y a la patronal. 'Ni pensionazo, ni plan de austeridad', 'Pague mi retiro, pagadme vampiros', 'Ni abuelas explotadas, ni nietas paradas' son algunos de los mensajes que se pueden leer en las pancartas que portan los manifestantes.

Una vez que la cabecera de la manifestación llegue a la Puerta de Sol, los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Javier López, y José Ricardo Martínez, respectivamente, tomarán la palabra durante cinco minutos cada uno para pedir un giro en la reforma de las pensiones, mientras que los líderes de ambos sindicatos se encargarán de cerrar el acto.

En Barcelona, Lérida, Tarragona, Gerona, Valencia y Castellón, Alicante y Oviedo también se están celebrando manifiestaciones.

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Un detenido en Sevilla por lanzar un zapato al turco Erdogan.

La Policía Nacional detuvo el lunes por la noche en Sevilla a un individuo de origen kurdo que lanzó un zapato al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, informó el martes una portavoz policial.

"Viva kurdos, viva Kurdistán (sic)", declaró el hombre antes de ser detenido, según la cita reproducida por RNE.

El primer ministro turco, que por la mañana había estado en Madrid en una cumbre con el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, salía del Ayuntamiento de Sevilla, donde había recibido un premio, cuando le lanzaron el zapato.

La cadena CNN turca mostró en un vídeo, colgado en páginas webs españolas, del momento del lanzamiento del calzado, que no alcanzó al dirigente turco.

La Policía Nacional no pudo confirmar de qué se acusa al detenido hasta que no concluya la investigación de los hechos, agregó la portavoz.

Según diversos medios, el hombre, que estaba pendiente de la regularización de su pasaporte o de su expulsión, será interrogado por intento de atentado contra un jefe de Estado y se le acusa también de intento de agresión a un policía y de resistencia a la autoridad.

Lanzar los zapatos a una persona, un acto considerado un insulto en el mundo árabe, se ha convertido en una protesta repetida después de que un periodista iraquí arrojara su calzado contra el entonces presidente de EEUU George W. Bush en su viaje de despedida a Irak.

Desde entonces, otros han emulado su acción, lanzando zapatos a la presidenta del Tribunal Supremo israelí o al director gerente del Fondo Monetario Internacional.

Más de 40.000 personas han muerto desde que los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se levantó en armas contra el Estado turco en 1984 con la finalidad de crear una patria kurda en el sureste del país.

Con la vista puesta en la adhesión a la UE, Erdogan, cuyo Partido AK tiene raíces en el islamismo, ha aprobado leyes para mejorar los derechos culturales de los kurdos.

La población kurda de Turquía, cuya lengua estuvo prohibida durante años, se ha quejado durante mucho tiempo de discriminación.

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La Policía Nacional detiene en Getxo a dos presuntos colaboradores del Comando Vizcaya.

Los detenidos son Urko Izaguirre y Enrique Noya

Es una operación de la Policía Nacional y las detenciones se han hecho en Bilbao y en la localidad vizcaína de Getxo. Los detenidos son Urko Izaguirre y Enrique Noya. Policialmente se les acusa presuntamente de colaborar con los autores materiales de la colocación de un coche bomba en el cuartel de la Guardia Civil en Calahorra, La Rioja, en marzo del año 2008.

Según las investigaciones policiales realizadas, Urko Izaguirre fue la persona que prestó la furgoneta para trasladarse hasta el Cuartel de Calahorra (La Rioja) a los miembros del Comando Vizcaya que cometieron el atentado. Enrique Noya estaba al tanto de las intenciones de ETA para cometer este atentado y además según la Policía Nacional podría tener algún tipo de vinculación económica con la organización armada a través de la empresa Jaike, que ha sido registrada también hoy.

Importantes dirigentes de ETA ya detenidos como Asier Borrero, implicado en el atentado contra el cuartel de Calahorra o Jurdan Martitegui han trabajado para esta empresa y lo que se intenta averiguar ahora es el tipo de vinculación que existe entre ETA y esta empresa.

La Policía Nacional ha hecho un total de 4 registros. Dos en los inmuebles de los dos detenidos, un tercero en la empresa que dirige uno de ellos y un cuarto en un inmueble relacionado con los arrestados.

La operación sigue abierta y podría haber más registros en Vizcaya a medida que avancen los interrogatorios policiales.

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Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional

Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2009 en la A-6

Garzón utilizó a sus escoltas para librar a su hijo de la Guardia Civil

Le multaron por conducir superando la tasa de alcoholemia


El juez envió a dos de sus guardaespaldas para intentar "arreglarlo"
Le multaron por conducir "creando riesgo para los usuarios" y por superar la tasa de alcoholemia. El juez envió a dos de sus guardaespaldas para intentar "arreglarlo".

El 3 de julio de 2009, Baltasar Garzón Molina, hijo del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, conducía de vuelta a su casa por la A-6. Eran las siete menos cuarto de la mañana de un viernes y una patrulla de la Guardia Civil le da el alto. Le impone una sanción de 300 euros, la pérdida de cuatro puntos y la retirada del permiso de conducir durante un mes.

CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE

El expediente, al que ha tenido acceso el La Gaceta, explica el motivo de la multa:

“Conducir de forma negligente, creando riesgo para otros usuarios. Circular por el carril izquierdo, no guardando distancia de seguridad con el vehículo que le precede, cambiando bruscamente de carril sin señalizar con las advertencias ópticas correspondientes y coger súbitamente la salida a la derecha”

Esto es lo que dio de sí el Opel Astra que conducía el hijo de Garzón hijo aquella temprana hora de la mañana. Puesta esta primera sanción, la pareja de la Guardia Civil le insta a hacerse la prueba de alcoholemia.

A las nueve menos veinte de esa misma mañana, y todavía retenido en el arcén, a Baltasar Garzón Molina se le abre otro expediente y se le impone una nueva multa. El motivo es “circular con tasa de alcoholemia en aire expirado superior al 0,25 miligramos por litro. Sobrepasando 0,50 miligramos en la primera prueba y 0,54 en la segunda”.

600 EUROS DE MULTA

El hijo del juez Garzón ha infringido el artículo 20.1 del Código de Circulación y se le impone una sanción de 600 euros, la pérdida de otros 6 puntos y, de nuevo, la retirada del carné de conducir.

Conducir en estado de embriaguez, como delito que es, supone la apertura de diligencias penales, aunque es un delito que no se “reseña”; esto es, no se ficha al que lo comete; pero sí supone la imposibilidad de volverse a subir al vehículo. En ese momento, el hijo de Garzón hizo una llamada y, poco después, dos de los escoltas de su padre se personaron en el punto kilométrico en el que estaba retenido.

De acuerdo con los testimonios de la Guardia Civil, estos dos escoltas, policías nacionales de profesión y destinados como funcionarios públicos al servicio del juez para salvaguardar su vida, intentaron “arreglar” el asunto, aunque sin éxito, ya que los miembros de la Benemérita no accedieron.

PAPÁ VA EN SU AYUDA

Finalmente, uno de los escoltas sube al chico al coche con el que han acudido a recogerle y se lo lleva a casa. El otro es el encargado de conducir el Opel Astra y alejarlo de la A-6.

La segunda de las sanciones todavía puede encontrarse hoy en Internet, en una de las páginas de empresas que se ofrecen para la gestión y posible retirada de las multas de tráfico.

No parece que fuera ésta la primera vez que los escoltas de Garzón se ven obligados a obedecer peticiones peculiares. A finales de 2008, varios medios de comunicación se hicieron eco de otra situación: un matrimonio increpó al juez en la calle, preguntándole porqué no se ocupaba de cosas importantes en lugar de investigar el “alzamiento del 36”, y dejaba ya “en paz a los muertos”.

Tres de los escoltas siguieron al matrimonio al interior de un comercio y les presionaron hasta obligarles a identificarse.

Originalmente publicado en el diario La Gaceta.

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Responsabilidades, Dimisión de los autores , sean del partido que sean, los cargos públicos deben ser ejemplares

Laura Seara, directora del Instituto de la Mujer.

La directora del Instituto de la Mujer se desplazaba en coche oficial

Un alto cargo de Aído cobró 31.000 euros por kilometraje... y no tenía carné

El Parlamento gallego se plantea cambios para evitar ilegalidades

Redacción, 22 de febrero de 2010 a las 10:23
La ex diputada, nacida en Allariz en 1975, se desplazaba desde Orense mientras gobernaba la coalición de PSOE y BNG en un automóvil del parque móvil de la Xunta

La actual directora general del Instituto de la Mujer acudía al Parlamento de Galicia desde Orense en un coche oficial adscrito al parque móvil de la Xunta de Touriño.

Según recoge Abc.es en un artículo de Ana Martínez titulado "Un alto cargo de Aído cobró unos 31.000 euros por kilometraje sin tener ni carné", Laura Seara, antigua portavoz socialista para Políticas Sociales e Igualdad en el hemiciclo gallego, tuvo una media de 750 euros al mes de sueldo extra por dietas de kilometraje, careciendo de permiso de conducir y de vehículo propio.

La ahora directora general del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Bibiana Aído, se embolsó entre 27.000 y 28.000 euros durante la legislatura del bipartito de Touriño y Quintana y unos 4.000 más desde el cambio de poder, con la presidencia de Núñez Feijóo.

NO TENÍA COCHE PROPIO

La ex diputada, nacida en Allariz en 1975, se desplazaba desde Orense mientras gobernaba la coalición de PSOE y BNG en un automóvil del parque móvil de la Xunta, un Volkswagen Passat conducido por personal a cargo del erario público y adscrito a la Consejería de Medio Ambiente.

Tras la contundente victoria electoral del último uno de marzo, la llevaba un miembro de su propio partido. El 30 de diciembre del año pasado dio un inesperado salto a Madrid y presentó la pertinente renuncia a su escaño.

CAMBIOS EN EL PARLAMENTO GALLEGO

El Parlamento gallego se está planteando la necesidad de introducir cambios urgentes en el vigente sistema de pagos de las dietas por desplazamiento para poner coto a posibles ilegalidades.

Sus señorías tendrán que actualizar sus datos de residencia y dejar constancia de si ha habido cambio de domicilio, a fin de concordar así los pagos por trayecto recorrido con la realidad. Fuente El periodista digital

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Vamos a juzgar al Tribunal Supremo.
Quizá el proceso a Garzón pueda ser para nuestra vieja justicia lo que el 23-F para el Ejército franquista España todavía tiene pendientes de cobro las facturas morales que le debe la Administración de justicia del régimen anterior, una estructura institucional burdamente reacomodada y solo maquillada superficialmente tras el fallecimiento de Francisco Franco. Porque es eso lo que tenemos en este país: una justicia heredada del franquismo en sus coordenadas generales.En aquellos años, el temor a que lo desatado a medias acabara recomponiéndose, unido a la extremada prudencia de Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Felipe González y el rey Juan Carlos, determinó que lo esencial del aparato de justicia existente saliese indemne de la transición. A ello contribuyó también la generosidad colectiva de una opinión pública que solo quería mirar hacia adelante.Todos estos factores limitaron las urgencias del cambio a la construcción de un sistema parlamentario de partidos, a un reconocimiento moderado de la pluralidad nacional, y a un replanteamiento orgánico y funcional del Ejército. Y el Ejército actual, en buena parte gracias paradójicamente al conato del 23-F y a su nítida supeditación posterior al poder civil, ya no tiene nada que ver con el de aquellos años. La integración en la OTAN lo ventiló por dentro al poner a nuestros militares en contacto con los de diversos países democráticos, mientras el final del servicio militar redimensionó su magnitud.Con el Ejército en su sitio, lo único que desde el punto de vista institucional se parece en sus estructuras y en muchos factores ideológicos a lo que había en la vieja España son los poderes que rigen nuestro aparato de justicia. El llamado caso Garzón, con su extremada gravedad, nos lo está recordando. Y no únicamente a nosotros, sino asimismo a una buena parte de las instancias internacionales, que se pellizcan para confirmar que no es un simple mal sueño todo lo ancestral que pervive en este poder en la España de la imagen moderna, racional y progresista.Las actuaciones de determinadas personalidades del Tribunal Supremo respecto al juez Baltasar Garzón me hacen pensar en aquellas situaciones extraordinarias en las que al final se invierten las cosas. Como en el caso de determinadas entrevistas periodísticas en las que, por la forma de preguntar o por el contenido de las preguntas, al final queda más retratado el entrevistador que el entrevistado, tengo la impresión de que en el caso Garzón quien va a ser juzgado atentamente por la opinión pública de aquí y de fuera es más el Tribunal Supremo que el famoso magistrado. Juzgado sobre su seriedad e idoneidad, juzgado sobre si tiene sentido en su actual formulación, juzgado sobre si lo que administra es realmente justicia o no.Para una buena parte de los ciudadanos, Garzón es el juez del coraje para intentar llevar a los banquillos a todo lo que hay, junto a los pistoleros, en el terrorismo de ETA; a todo lo que rodea al narcotráfico; a todo lo que envolvía al terrorismo de Estado de los GAL; a las responsabilidades de las principales entidades bancarias en relación a depósitos económicos en paraísos fiscales; a las actividades delictivas de Pinochet… No se le considera un superhombre, pero sí un profesional que, sin duda con algunos errores humanos y profesionales, intenta que la justicia llegue hasta esferas que otros jueces no han llegado a rozar.Para muchos ciudadanos, Garzón está siendo acorralado en sospechosa coincidencia con sus investigaciones en el caso Gürtel, la corrupción presuntamente relacionada con el PP o con actividades financieras de algunas personalidades relacionadas con este partido. Parece claro que si quienes le atacan consiguen desprestigiarle e inhabilitarle, las pruebas que ha logrado reunir Garzón sobre estos delitos quedarán relativizadas.Para muchos ciudadanos resulta incomprensible que la investigación de los crímenes del franquismo se acabe convirtiendo en una investigación al juez que intenta levantar una punta de la espesa alfombra que todavía los recubre. Y como si se tratase de la prueba del nueve, la presencia de los fascistas de Falange Española en lo que podríamos llamar la actuación coordinada o trama, en el sentido popular de la palabra, que acusa al juez, deja las cosas claras sobre el sentido ideológico de lo que intentan imputarle.Afortunadamente, la opinión pública está dándose cuenta de lo que sucede y con ello, con la lupa colectiva puesta sobre las actuaciones del Supremo en relación con este juez, se empieza a producir el efecto que señalaba antes: quien va a ser juzgado por el sentido común y por la racionalidad de los ciudadanos es más el alto tribunal que la persona a la que algunos quieren ver en el banquillo. Y lo que haga y decida el Supremo será analizado a fondo por las instancias jurídicas y políticas internacionales. Si España tuviese por una vez un poco de suerte, quizá el caso Garzón sea para nuestra vieja justicia lo que el 23-F fue para nuestro viejo Ejército franquista. Es decir, tal vez sirva para empezar a poner nuestro poder judicial al nivel de lo que merece un país democrático que vive en el siglo XX. El perídico.
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El Gobierno quiere evaluar a todos los funcionarios para saber su rendimiento .
La medida ha sido analizada con los sindicatos, aunque no se ha cerrado el métodoLa «improvisada» promesa del presidente en el debate económicoPrograma de reducciónEl presidente del Gobierno se descolgó el pasado miércoles en el debate económico con un anuncio de que el Ejecutivo aprobaría el próximo día 31 de marzo un programa de racionalización y reducción de estructuras de la Administración General del Estado, dentro de las medidas anticrisis.Los sindicatos piden negociarDos (CC.OO. y CSIF) de los tres sindicatos mayoritarios que están negociando con el Gobierno la nueva Ley de la Administración General del Estado, advierten de que este programa se tiene que negociar. «Sería una barbaridad que lo aplicara por decreto cuando hay un ámbito para negociar», dice CC.OO.Anuncio a la carreraLa iniciativa de Zapatero no ha sido mal acogida por C.OO. y CSIF, aunque advierten que hay poco tiempo. A juicio de CC.OO., «les ha entrado miedo escénico y ganas de correr, debido a las presiones de la UE», dice Fossoul. En el caso de la CSIF, Fernández señala que «no es posible que se lleve a cabo en un mes».PALOMA CERVILLA MADRIDDesde que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tomó las riendas de la Función Pública en la última remodelación del Gobierno de Zapatero en abril de 2009, puso la velocidad de crucero para iniciar la reforma de un sector que Elena Salgado había dejado en el olvido. Pero esta velocidad de crucero de Fernández de la Vega se quedó atrás el pasado miércoles con la alta velocidad que el presidente Zapatero anunció en el debate económico, al proponer que, en algo más de un mes, el 31 de marzo, su Gobierno va a aprobar un programa de racionalización y reducción de estructuras de la Administración General del Estado. Lo que no ha conseguido en seis años lo quiere hacer en un mes. Pero no lo puede hacer sólo, ya que tendrá que sentarse a pactar con los sindicatos, en el marco del acuerdo Gobierno-Sindicatos (UGT, CC.OO. y CSIF) que se firmó en septiembre de 2009 y que abrió el diálogo social para negociar la nueva Ley de la Administración General del Estado. Un texto que debe estar aprobada antes de junio para iniciar su tramitación parlamentaria.Grupos de trabajoFruto de ese acuerdo para el diálogo social se crearon grupos de trabajo y, una vez al mes, se reúnen con Fernández de la Vega para hacer un seguimiento de la situación. Entre los temas que se analizan en estos grupos de trabajo, uno de los más llamativos es la necesidad de que el Gobierno realice una «evaluación del trabajo de los funcionarios para saber lo que hace cada uno», señala a ABC el presidente de la CSIF,Domingo Fernández. Este examen es una condición previa antes de llevar a cabo la reducción que anunció Zapatero, ya que tendrán que ver de qué departamentos hay que retirar personal y por qué. La necesidad de evaluar el rendimiento de los funcionarios es una idea compartida por los sindicatos, aunque «hay que buscar el método para hacerlo». En este sentido, el responsable de Función Pública de Comisiones Obreras, Enrique Fossoul, reconoce que no se «ha determinado el método de cómo se va a hacer».Pero el principal problema para realizar esta evaluación no es el método, que habría que negociar, sino el tiempo, tras el compromiso de Zapatero. Aunque todavía no se conocen los términos del programa de reducción, el presidente de la CSIF señala que «no es posible que se lleve a cabo en un mes» la evaluación y que, sobre todo, tendrá que hacerse dentro de una negociación. Lo que parece un problema para el representante de la CSIF, no lo es tanto para el de CC.OO. que afirma que «si se ponen manos a la obra sí somos capaces de hacerlo en un mes», pero considera una «improvisación» el anuncio del presidente. A su juicio, «al Gobierno le ha entrado un miedo escénico, tras las presiones de la UE, y se ha puesto a correr». Además, advierte que este anuncio tiene que ser fruto de una negociación, «sería una barbaridad que lo hiciera vía decreto».Jubilación anticipadaAntes de que Zapatero hiciera su promesa, los sindicatos se reunieron con Fernández de la Vega, que les transmitió la idea del Gobierno de agilizar la negociación y apuntó la posibilidad de que, el próximo día 2 de marzo, comparezca en el Congreso para explicar los planes del Gobierno en esta materia.Al margen de este tema de la evaluación, hay otras cuestiones que se están analizando como son la movilidad, con la que se trata de «quitar obstáculos para que los funcionarios puedan moverse por España», señala Fernández de la CSIF; el acceso y selección de los funcionarios, así como la formación y promoción; la creación de la función directiva, se trataría de «personas, que no son empleados públicos, pero podrían dirigir departamentos»; y la jubilación parcial anticipada a los 60 años.
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El presidente Zapatero, de mentir negando la crisis a pedir ayuda y a exigir a otros como si éstos tuvieran la culpa

Este Presidente y su equipo de Gobierno y su partido no tienen idea de lo que es la responsabilidad y la asunción de sus culpas, y lo más gracioso es que a esta falta de valores y respeto mínimo por los demás, aún se atreven a seguir chupando de la teta y queriendo que los otros hagan las cosas por ellos. Esto no tiene más nombre que el de impresentables, cínicos, mentirosos y si tuvieran un atisbo de verguenza dimitirían , pedirían perdón y devolverían todo lo cobrado por el mal desempeño de su trabajo y el mal causado. Ver vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=XlRRmswhoFM
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A todos se les acaba el chollo de utilizar las cajas de ahorros como nidos y refugio de los políticos

"O Goberno do Estado debe retirar o veto contra as caixas galegas", salienta Fernando Blanco.
O portavoz de Economía do grupo parlamentar do BNG, Fernando Blanco, afirmou hoxe en Narón, nun acto organizado sobre a Lei de Caixas de aforro e o futuro económico de Galiza, que o Goberno do Estado “debe retirar o veto contra a fusión das caixas galegas”, xa que o recurso presentado “máis que contra a Lei é contra a fusión, para favorecer que o aforro de galegos e galegas vaia para fóra do País”.O deputado explicou que a resposta de Galiza debe ser política e social. “Feijóo ten armas políticas que xogar e debe facelo xa, non se pode eternizar este proceso”, dixo en referencia á presentación dun recurso contra o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB). Na vertente de contestación social, Blanco referiuse á sinatura do manifesto Galiza ten Dereito e á posibilidade de mobilización a favor da fusión, “para expresarlle a Madrid a vontade dos galegos e das galegas de termos caixas de aforro propias e de escoller o futuro da economía do noso País”.“Hai unha decisión política adoptada polo Goberno do Estado en contra da fusión galega e Madrid só se apeará desa decisión se avalía como alto o custo político que lle suporía levar o veto até o final”, dixo.Fernando Blanco salientou que o BNG non respalda o proceso negociador aberto en Madrid. “As leis non se negocian e o Goberno galego non se pode arrogar o papel de lexislador”, dixo. Así, o deputado lembrou que a Lei de Caixas de aforro nin sequera é iniciativa do Goberno da Xunta, senón do Parlamento Galego e, en concreto, do BNG.Doutra banda, dixo que o Goberno do Estado “non se pode arrogar o papel de árbitro da Constitución”. “O Goberno do Estado actúa neste caso como se o Tribunal Constitucional tivese ditado xa sentenza, cousa que está moi lonxe de ter sucedido, pois até o de agora o único que fixo foi admitir a trámite o recurso”, destacou.
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Todos tenemos que pagar la incompetencia de nuestra casta política, y los tribuanles que diagan y hagan lo que quieran.

Vigo rehará el Plan Xeral para legalizar el área comercial y los 230 pisos de Finca do Conde.
Acuerda suspender las licencias para adaptar el PXOM al fallo del Tribunal Supremo.

El gobierno vigués ejecutó ayer una sorprendente pirueta urbanística al retrasar durante al menos año y medio la legalización del complejo urbanístico Finca do Conde, anulado desde hace varios años por el Tribunal Supremo y que, hasta ahora, se daba por supuesto que podría obtener licencia con el vigente Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Después de año y medio esperando su concesión, el concejal de Urbanismo, el socialista José Mariño, sacó ayer adelante la suspensión de licencias en este ámbito para reelaborar el Plan Xeral siguiendo el criterio de los jueces.
Lo más llamativo del caso es que el planeamiento vigente supuestamente se había redactado teniendo en cuenta los fallos judiciales y la anulación del proyecto urbanístico. Por esta razón, a finales de agosto del 2008, días después de entrar en vigor el Plan Xeral, los promotores solicitaron una nueva licencia. En este año y medio los técnicos municipales estudiaron la petición sin que llegara a concederse. Hasta ahora se daba por supuesto que con unas pequeñas adaptaciones habría licencia, lo que permitiría normalizar la vida de uno de los mayores centros comerciales de Galicia.
Mayores garantías
El argumento esgrimido por el edil de Urbanismo es que en la actual situación no hay garantías de que una nueva licencia no vuelva a ser tumbada en los tribunales. A su juicio, lo más recomendable es modificar un planeamiento que, por lo demás, no es ya el que sirvió para conceder las polémicas licencias.
El riesgo para un concello en estos casos es que mientras se busca la fórmula de legalización los tribunales reclamen el derribo de lo ilegalmente construido. El propio alcalde ha reconocido que la indemnización en este caso podría alcanzar los 350 millones de euros al afectar a un gran centro comercial y a dos torres con 230 viviendas en total. Teniendo en cuenta que el presupuesto de Vigo para el 2010 no llega a 250 millones es fácil imaginar que esta compensación llevaría a las arcas municipales a la bancarrota.
En el plano político, la suspensión de licencias complica la vida al PP, responsable del permiso para construir el complejo comercial, aunque las torres fueron autorizadas por el Bloque. La legalización con una nueva licencia llevaría al olvido la que puede considerarse una de las polémicas urbanísticas de los últimos tiempos. Por el contrario, la suspensión mantendrá el tema en el candelero hasta las municipales del año próximo.
El PSOE, con el respaldo nacionalista, niega que este sea su objetivo. Por el contrario, Mariño insiste en que buscan una redacción del Plan Xeral que permita blindar jurídicamente la futura licencia para eliminar el riesgo de un nuevo fallo en contra. Por su parte, el PP se limitó ayer a abstenerse evitando generar nuevos debates. Fuente Voz Galicia
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La víctima del secuestro exprés de Tui acaba arrestada en Portugal por falsificación de ropa .

La víctima del presunto secuestro exprés que comenzó el sábado en Tui y terminó en la localidad lusa de Ponte de Lima ha acabado detenida. El hombre, de 35 años y de origen marroquí, aunque residente en el municipio coruñés de Arteixo, fue arrestado por la policía lusa poco después de librarse de sus supuestos captores. Sobre él pesan dos mandatos de detención en Portugal por presunta venta de ropa falsificada, emitidos en Braga y Póvoa de Varzim.
El hombre, vendedor ambulante, avisó a su mujer del secuestro telefoneándola con su móvil desde el maletero de su coche, donde lo habrían metido los raptores. Tras haber conseguido zafarse de sus secuestradores en Portugal, acudió a un hotel a pedir auxilio. Según informaron los medios lusos, «presentaba marcas de una violenta agresión, por lo que recibió atención en el hospital de Viana do Castelo».
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