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Sólo altos cargos tendrán el privilegio de las clases pasivas

La adaptación plena a la Seguridad Social tardará cuatro año

El Gobierno ha decidido impedir a partir de enero nuevas incorporaciones a lasclases pasivas, el régimen especial de jubilación de que gozan actualmente 1,3 millones de empleados públicos, dentro del paquete de recortes para hacer frente a lacrisis. La única excepción serán los altos cargos que cesen en sus funciones, que, según la nueva normativa que regula las clases pasivas, podrán seguir incorporándose a este privilegiado sistema como hasta ahora. Las clases pasivas cubren a los ex presidentes, vicepresidentes, ministros, presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y ex Defensores del Pueblo y fiscales generales del Estado.

El régimen de clases pasivas permite, por ejemplo, que los funcionarios puedan jubilarse a los 60 años con el 100% de su pensión si han cotizado durante 35 años, un régimen más ventajoso que el de la Seguridad Social. A los altos cargos les permite, entre otras cosas, cobrar el 80% del sueldo durante dos años tras el cese, con independencia de que estén cobrando otro salario del sector público o privado, o jubilarse cobrando la pensión máxima, con independencia de los años de cotización.

La supresión de las clases pasivas obligará a las administraciones públicas a cotizar a la Seguridad Social la cuota patronal de sus nuevos funcionarios (los actuales sólo pagan la cuota del trabajador, del 3,86%, mientras que las pensiones de los jubilados las paga el Estado con una derrama de los presupuestos). Para evitar que este gasto añadido impacte en los presupuestos públicos, en un año en que es vital cumplir los objetivos de déficit, el Gobierno ha establecido una adaptación paulatina: pagarán el 25% de la cuota patronal y llegarán al 100% al cuarto año. Según fuentes del Ministerio de Economía, esta medida tendrá inicialmente poco impacto: cada año se jubilan unos 10.000 funcionarios beneficiarios del sistema de clases pasivas, y las administraciones solamente podrán contratar a un 10 por ciento de esta cifra, dentro de la política de austeridad que ha impuesto el Gobierno al sector público.

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