Urbanismo afirma que "muchos propietarios" compraron en Samil tras dictarse el derribo
Los dueños del apartotel se plantean denunciar al Concello si no les otorga una nueva licencia de actividad
El portavoz de los vecinos, en primer plano, durante la reunión de afectados celebrada el viernes en el local social del apartotel. // J. Lores
A. MÉNDEZ El desencuentro entre el Concello y los propietarios del apartotel de Samil alcanza su cota máxima. Los dueños de los 180 apartamentos con orden de derribo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) amenazaron ayer con exigir responsabilidades penales al gobierno local si no les otorga una nueva licencia al asegurar que el nuevo Plan Xeral incluye el edificio "dentro de ordenación". Horas después contestaba a esta advertencia el concejal de Urbanismo, José Mariño, asegurando que el inmueble "no cuenta con ningún informe técnico ni jurídico favorable" y denunciando además que "muchos" afectados adquirieron las viviendas "después de que la sentencia fuera firme, con lo cual ya sabían de la situación irregular del edificio", sentenciado al derribo por su uso residencial cuando solo tenía permiso como inmueble hotelero.
Los afectados niegan que fueran conocedores de la situación y aseguran que "no tienen responsabilidad ninguna en los hechos". A través de un comunicado, la asociación de vecinos recordó ayer que el promotor solicitó en noviembre de 2008 la legalización del complejo y la concesión de una licencia de actividad que "fueron informadas favorablemente por los servicios técnicos municipales en marzo de 2009". El Concello lo niega, pero los afectados añaden incluso que "en estos días" se aprobó la construcción del vial lateral que se exige para legalizar el inmueble construido por la empresa Casal Carreiro.
La asociación de vecinos se agarra a esta documentación favorable y a la licencia municipal concedida en 1994 al promotor para la ejecución del apartotel a la hora de advertir que "concurre una clara responsabilidad del ayuntamiento que, se exigió por escrito en el año 2003, y se hará efectiva si no se legaliza el edificio y sigue adelante el proceso de demolición –previsto para febrero–".
Asesorados por su abogado, los vecinos decidieron el viernes agotar todas las vías a su alcance para salvar los apartamentos y además de presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior, podrían demandar al Concello. En su comunicación de ayer advierten que "los servicios técnicos municipales ya reconocieron que el proyecto se ajusta al ordenamiento urbanístico" y añaden que "si la licencia no se concede porque los responsables políticos deciden no hacerlo, podrían incurrir en una clara responsabilidad penal que también sería oportunamente exigida", junto a la indemanización de alrededor de 30 millones.
Los dueños de los bloques 61 y 63 de la Avenida de Samil rechazan "unánime y enérgicamente" la postura adoptada por el gobierno local aceptando la orden de derribo y éste se defiende insistiendo en que en el inmueble "hay viviendas cuando debería haber apartoteles".
El edil de Urbanismo respondió ayer al comunicado de los afectados explicando que "la licencia no puede ser concedida con el estado actual de la edificación, cuestión que fue comunicada a los afectados hace más de un año". Mariño insiste a continuación en la tesis defendida hasta el momento por el Concello asegurando que se limitan "a acatar una orden judicial que insta al derribo del edificio de forma inmedita. El único que puede cambiar la resolución es el juzgado", advierte el socialista.
Los vecinos han pedido una segunda reunión con el concejal para analizar la situación de las viviendas y comprobar en qué punto se encontraba la concesión de un nuevo permiso al apartotel.