LE PUSIERON UN DETECTIVE A UN INTERNAUTA DE 24 AÑOS
El cazador, cazado: las demandas de la SGAE se vuelven en su contra.
Fotografía de archivo de la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (EFE). @Carlos Otto.-
A menudo las batallas legales acaban con un ganador inesperado, que ve cómo su demandante no sólo no se lleva el gato al agua sino que acaba perdiendo. Algo parecido está pasando en las demandas relacionadas con el P2P que ha interpuesto la SGAE.
Hace tres años, SGAE, Egeda, Promusicae y otras ocho empresas (entre ellas Walt Disney Company, Warner o Twentieth Century Fox) demandaron a J.C.C., un estudiante de 24 años responsable de las webs Etmusica y Elitemula. Amparados en el Código Penal, estas empresas pidieron multa y pena de cárcel por lo que consideraban un delito contra la propiedad intelectual.
El asunto podría ser comprensible si no fuese porque la SGAE le colocó un detective para que investigase las actividades de J.C.C. y, dos años después, el 26 de mayo de 2009, se presentó en su casa con el informe del detective, una nueva demanda (esta vez por la vía civil) y una orden judicial mediante la que pretendían cerrar sus webs y requisarle un total de seis discos duros. Tras charlar con sus abogados, David Bravo y Javier de la Cueva –expertos en derechos de autor-, J.C.C. expulsó a estas personas de su casa y entregó voluntariamente un disco duro.
Ya metidos en tribunales, el Juzgado determinó en el procedimiento civil la reapertura de las webs y la devolución del disco duro sin inspeccionar, imponiendo además a la SGAE el pago de las costas y de una multa por mala fe en la solicitud de cierre de las webs. Resultado: la SGAE acabó retirando la demanda. Y si el procedimiento civil salió mal para la entidad, el penal no acabó mucho mejor, ya que el Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer y la Audiencia Provincial de Huelva han sobreseído el caso definitivamente al considerar que el hecho de enlazar música, películas y otros contenidos no es un delito. Con una resolución firme y sin posibilidad de recurso, J.C.C. le ha ganado una dura batalla a la SGAE, que comenzó siendo demandante y ha acabado siendo la única condenada.
El efecto boomerang
No es la primera vez que a la SGAE le sale el tiro por la culata, y varios son los ejemplos. En 2008, comenzó parte de la leyenda negra de esta entidad, cuando se supo que se había colado en una boda para inspeccionar la música que allí sonaba. Al final no sólo no salieron ganando, sino que de hecho tuvieron que pagar una indemnización de más de 60.000 euros. Un año después, en 2009, la SGAE bloqueó la IP de un internauta sin orden judicial y le pidió 150.000 euros previsiblemente por violar los derechos de autor. El demandado no sólo no fue condenado, sino que de hecho fue la SGAE la que tuvo que pagarle 300.000 euros por sus malas artes.
Cabría preguntarse si a las entidades de gestión y a la industria de contenidos les compensa llevar a cabo este tipo de actuaciones judiciales contra el P2P y los usuarios que, de un modo u otro, hacen uso de él o lo enlazan. De cara a su imagen es evidente que no, ya que acaban siendo los colectivos más odiados no sólo por los internautas, sino también por la ciudadanía en general. Pero, ¿y económicamente? Pues... tampoco.
Si nos vamos a Estados Unidos, vemos que la RIAA (Recording Industry Association of America) se gastó entre 2006 y 2008 nada menos que 64 millones de dólares en pagar a los abogados que llevaron sus demandas. A cambio, consiguieron recaudar 1,4 millones de euros. Un negocio nada lucrativo que no sólo demuestra la poca visión pragmática de estos colectivos, sino que además, a ojos del abogado Javier de la Cueva, retratan a la perfección la moral de sus compañeros: “Los principales beneficiados de los movimientos antipiratería son mis queridos compañeros abogados (…) Para ellos está muy bien que se sigan produciendo este tipo de pleitos”.
