JOSé MANuel García García (JOSMAN)
Publicado por JOSMAN para JOSMAN (JOSé MANuel García García) el 8/31/2010 03:20:00 PM
CC OO denuncia as «penosas condicións laborais» do persoal que se enfronta día a día «cun lume que non dá cuartel»
O 75% dos accidentes na Xunta de Galicia prodúcense nas consellarías do Medio Rural e Traballo
FIN DE UNA ALIANZA
Pedrojota enfada a esRadio al cambiar a Losantos por Buruaga
La joven emisora no se ha tomado nada bien la jugada de Veo 7, que ha decidido dejar de retransmitir su tertulia matinal y cambiarla por la de la COPE. Y aún queda otra pregunta en el aire.
La decisión de Veo 7 de cambiar la tertulia matinal de Jiménez Losantos por la de Sáenz de Buruaga no ha sentado bien en esRadio.
El verano es momento de descansar, relajarse, y viajar. Pero, en el caso de algunos, esta época ha supuesto todo lo contrario al relax. Las quince caras que más han dado que hablar durante esta temporada no se han tomado ni un respiro.
A José Blanco, ministro de Fomento, le ha tocado poner orden en las torres de control de los aeropuertos españoles ante la amenaza de una huelga de controladores en pleno agosto. Mientras, para Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, el verano ha sido el momento elegido en el que anunciar que quiere ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Los empresarios tampoco se han quedado de brazos cruzados durante estos meses. Emilio Botín y César Alierta han protagonizado compras clave. Santander ha consolidado cimientos en Reino Unido y Alemania, y Telefónica se ha hecho con el control de Vivo, líder de telecomunicaciones móviles en Brasil.
En el extranjero, los escándalos se han centrado en HP y en BP, con crisis dispares que les han llevado a quedarse sin su primer espada. Y Steve Jobs, en Apple, ha tenido que trabajar duro para afrontar los problemas del iPhone 4.
EL DRAMA DE TERUEL, LA PROVINCIA MÁS DESPOBLADA DE ESPAÑA
Los vecinos no pagan luz, ni agua, ni impuestos municipales. El municipio ofrece suelo gratis para que se construyan viviendas a matrimonios con hijos. Ahora están en marcha cuatro casas de
Castelnou queda a
En este pequeño pueblo hay censados 150 vecinos. De ellos, el 70% tiene más de 60 años y sólo nueve niños llenan las pocas calles de la localidad. Conscientes de que el pueblo está condenado a muerte, el Ayuntamiento ha convocado una caravana de niños para encontrar familias jóvenes dispuestas a quedarse a vivir en Castelnou. Quieren rejuvenecer el pueblo y dotarlo de servicios y actividades. El miércoles, desbordando las previsiones, hubo una fiesta de bienvenida a las 480 personas que llegaron con su proyecto de futuro bajo el brazo. Un tren para visitar la localidad y castillos inflables hacían las delicias de los niños. Los 40 vecinos que ejercieron de voluntarios estaban perfectamente organizados y el alcalde, José Miguel Esteruelas, se dedicó a resolver las dudas de los foráneos. En septiembre estudiarán los proyectos empresariales que han propuesto y, a partir de octubre, seleccionarán a las familias que quieren que compartan barrio con sus vecinos.
La iniciativa de Castelnou no es nueva. Fuentes de Rubielos, Naval, Miravete de
Cuentan los expertos en repoblación que a veces son los propios lugareños los que están reacios a interactuar con los inmigrantes, aunque sean españoles. Maite González, gerente de
La experiencia reconoce que los pueblos necesitan personas dinámicas y creativas que generen ilusión entre sus habitantes. “Tienen que mudarse con un proyecto para ganarse la vida”. En el medio rural el empleo hay que generarlo, “y que un nuevo vecino esté dispuesto a montar su negocio garantiza que quiere vivir ahí”. Por eso, González recomienda a los organizadores de la iniciativa de Castelnou que busquen familias que realmente estén involucradas con la causa; que aprecien los valores de vivir en un lugar pequeño y sean conscientes de los hándicap de este cambio. "Tus hijos juegan en la calle sin ningún peligro; hay naturaleza; los vecinos pueden llegar a ser tu familia y hay negocios viables". González insiste en renovar la imagen que en la urbe se tiene de los pueblos, "donde no se va con boina y sí hay cultura".
Grupos de la sociedad civil, alcaldes, agentes socioeconómicos y, en general, los habitantes del medio rural, se han movilizado para evitar la amenaza de clausurar escuelas, de perder servicios como la atención médica, el cartero o de pequeños comercios. Sin embargo, los intentos de fijar población y de atraer nuevos habitantes a los municipios se han llevado a cabo, en ocasiones, sin las herramientas apropiadas para garantizar el éxito de las iniciativas. Por eso Castelnou tiene que tener cuidado si no quiere cometer los errores que otros pueblos en s misma situación. Si pueden elegir, que se queden con familias ilusionadas y con un proyecto de futuro.
LAS RECETAS DEL MINISTRO CORBACHO PARA REDUCIR EL DESEMPLEO
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho (Efe) @Carlos Fonseca.- 29/08/2010 (06:00h)
Ha dicho el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que hay mucho parado que no trabaja porque no quiere. No lo ha expresado así exactamente, sino de esa forma más educada que tienen algunos políticos de disfrazar la realidad con eufemismos. Ya no se despide, se “amortizan” puestos de trabajo, y eso de abaratar el despido es un cuento, se trata de “flexibilizar” el mercado laboral; pero en román paladino es como les cuento.
El ministro del “de ninguna de las maneras llegaremos a los 4 millones de parados” (RNE, 8 de enero de 2009) tiene ya 4.645.500, según datos de la página web de su departamento actualizadas a 10 de agosto, y quiere rebajar la cifra apretando las clavijas a los desempleados (no repito parado para no ser redundante). Hace unos días dijo, con esa manera tan suya que no sabes si está haciendo una reflexión, una propuesta o lanzando un globo sonda, que los parados que se nieguen a hacer cursos de formación trascurrido un mes de gracia desde que cobran la prestación, antes era de cien días, serán sancionados y podrán perder la misma.
Muchos entendimos que la advertencia iba dirigida también a los parados que no acepten las ofertas de trabajo de las oficinas de empleo. Así lo dijo el propio ministro el pasado día 8 en Barcelona: “si a un parado no le interesa nada de lo que le ofrece la Administración, a partir de ese momento no puede continuar manteniendo el derecho a percibir la prestación por desempleo”. Afortunadamente, el proyecto de ley que el pasado miércoles pasó el examen del Senado no contempla esta posibilidad, pero todo se andará.
Celestino Corbacho ha explicado que estas medidas, la que les acabo de contar y la reforma laboral toda ella, se adoptan porque estamos saliendo del túnel de la recesión y ya se aprecian los primero síntomas de recuperación económica que, sin embargo, no se va a traducir a corto ni medio plazo en la creación de puestos de trabajo. Paciencia. Ayudaría a ello el ministro dijera a los ciudadanos, y sobre todo a los parados a los que tanto azuza, cuántos años estima que van a ser necesarios para que la actual tasa del 20,09% se reduzca hasta el nivel que había cuando comenzó la desaceleración-crisis-recesión.
Debería explicar el ministro qué tipo de cursos y de ofertas de trabajo se están ofertando a quienes lo rechazan. ¿Qué se está ofreciendo desde las oficinas de empleo a un parado de alta cualificación (ingeniero, médico, arquitecto…)? ¿Y a un recién licenciado que pretende abrirse camino en la profesión para la que se ha formado durante años? ¿Están unos y otros obligados a aceptar cursos que no tengan que ver con sus estudios? ¿Qué cursos, de qué tipo y cuántas plazas hay ofertadas en este momento para ellos y para los trabajadores sin formación? ¿Qué oportunidades de reinserción laboral se ofrecen a los trabajadores en torno a los 50 años que han perdido el trabajo? Si no los contrata nadie ¿pueden quedarse sin pensión por no cotizar los quince, en breve veinte, últimos años de su vida laboral, aunque lo hayan hecho durante otros muchos antes? Las competencias de trabajo están transferidas a las comunidades autónomas, pero quiero suponer que algún dato tendrá el ministro cuando carga tanto las tintas en este asunto.
Sugerir, como hace el ministro, que hay parados que lo son por propia voluntad, que si no trabajan es porque no quieren y prefieren vivir de la sopa boba del Estado, es una falta de respeto. Que diga si hay muchos casos de este tipo entre el millón largo de familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo, o entre los perceptores del subsidio de 426 euros que agotaron la prestación sin encontrar empleo, porque el único dato objetivo es que en 2009 se retiraron 1.456 prestaciones (2,6 millones de personas cobraban el paro), y de enero a abril del presente 3.353. Que se persiga el fraude, insignificante en comparación con las cifras de perceptores de algún tipo de prestación, pero que no se señale a todos con el dedo.
Tras las cifras, dramas personales
No pretendo hacer demagogia, pero habrá que repetir las veces que haga falta que tras las cifras hay personas con nombres y apellidos que arrastran un drama personal. Los datos macroeconómicos no se ocupan de ellas, pero con ellos en la mano el Gobierno asegura que estamos saliendo del túnel. Seguro que todos no.
La explicación que han dado los sindicatos a este afán “educador” del ministro es muy plausible: los parados inscritos en los cursos de formación no cuentan como tales en la estadística oficial. Vamos, que baja el paro. Una manera de maquillar unas cifras que nadie sabe cuándo tocarán techo, y mucho menos cuando empezarán a disminuir. Y otro dato más que no quiero que se me olvide: el 25% de los ocupados lo son con contratos temporales, aquellos que se inventaron para incentivar el empleo y que no han hecho otra cosa que precarizarlo.
De la reforma laboral que el miércoles salió del Senado de regreso al Congreso, donde se votará, y se aprobará, el próximo 9 de septiembre, está todo dicho: universalización del despido de 33 días en lugar de 45 actuales, que se reducen a 20 si la empresa prevé que puede tener pérdidas o caen sus ingresos; facilitar a las empresas que puedan “descolgarse” de las subidas pactadas en los convenios sectoriales si tienen problemas económicos; flexibilidad interna que permita a los empresarios cambios de horarios, de jornada, de turnos, etcétera, etcétera de sus trabajadores. Los parados lo tienen muy mal, pero quienes tienen trabajo tampoco lo van a tener fácil.
Les cuento un chiste que viene al pelo: un enfermo en silla de ruedas sube trabajosamente camino de la cueva donde se venera a la Virgen de Lourdes, y mientras lo hace va entonando su plegaria: "Virgencita, que pueda volver a andar; que encuentre a una buena mujer con la que casarme; que consiga un buen trabajo". De pronto, escucha un ruido y comprueba que se ha roto el freno de su silla y se precipita de espaldas cuesta abajo a toda velocidad, y suplica en voz alta: “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”. Pues eso, que nos quedemos como estamos.
1.500 CLIENTES DE LA FILIAL DEL HSBC
Europa Press
Madrid.- La Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de inspección sobre los titulares de cuentas de la filial suiza del HSBC, a quienes ha citado en septiembre para realizar comprobaciones que podrían culminar con el envío a la jurisdicción penal por delito fiscal, según informaron fuentes de este organismo.
A finales de julio, la Agencia Tributaria comenzó a enviar estos requerimientos a los titulares de dichas cuentas -que según algunas fuentes pueden superar los 1.500 con unas 3.000 cuentas-, con la finalidad de iniciar el procedimiento inspector, después de que el pasado 30 de junio expirara el plazo que Hacienda les concedió para regularizar de forma voluntaria su situación con el fisco, lo que conllevó recargos y sanciones de hasta el 20% de la cantidad defraudada.
El caso se inició el pasado mes de mayo, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.
Con la información en su poder, Hacienda inició un procedimiento de gestión, previo a la inspección, y otorgó un plazo a los contribuyentes con cuentas en Suiza para que regularizaran su situación.
Tras la conclusión del plazo, algunos declarantes regularizaron conforme a los criterios de la Agencia Tributaria, pero otros lo hicieron parcialmente y algunos ni siquiera atendieron la reclamación de Hacienda.
Ahora, el departamento dirigido por José Manuel López Carbajo ha iniciado el procedimiento de inspección con el envío de los requerimientos en el mes de julio y la citación a partir de septiembre de todos los contribuyentes, hayan regularizado o no.
La Agencia Tributaria comprobará las liquidaciones caso por caso y aplicará las sanciones correspondientes a los evasores, que pueden ser de entre el 50% y el 150% del importe defraudado, según se recoge en la Ley General Tributaria, lo que puede suponer un buen pellizco para las maltrechas cuentas públicas.
Con esta iniciativa, Hacienda quiere llegar "hasta donde haya que llegar", en palabras del propio López Carbajo, quien desmintió así las denuncias del colectivo de inspectores de Hacienda, que habían acusado al Gobierno de dar un "trato de favor" y ofrecer una "amnistía fiscal" a estos presuntos defraudadores.
Lo que no está muy claro es si Hacienda remitirá a los tribunales a aquellos contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal -un fraude superior a 120.000 euros por año- pero hayan regularizado, ya que la práctica judicial con los que han tenido la 'bondad' de declarar sus impuestos tras el primer requerimiento es desestimar el expediente.
De confirmarse la existencia de delito fiscal, los defraudadores podrían enfrentarse a penas de prisión de entre uno y cuatro años, así como a una multa hasta seis veces superior de la cuantía defraudada.
La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados 'testaferros', o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.
El caso de la filial suiza del HSBC es muy similar al descubierto en 2008 con los depósitos bancarios de españoles en Liechtenstein y que también se descubrieron gracias al robo de datos, en este caso en Alemania. En aquella ocasión, la Agencia Tributaria envió a la Fiscalía Anticorrupción la información de 198 titulares de estos depósitos, que habrían cometido un fraude por un importe mínimo de 23,7 millones de euros.
El presidente y los miembros del Gobierno utilizan con frecuencia un lenguaje gelatinoso en el que términos como “prudencia” o “responsabilidad” son pretextos verbales para imponer una opacidad en la que ejercen como ningún otro Ejecutivo occidental un radical despotismo. No se trata, por supuesto, del despotismo ilustrado de algunas monarquías del siglo XVIII, sino de un despotismo a secas, aquel que se define como un abuso de superioridad remitiendo a la idea de que se gobierna sin sujeción a ley alguna. Y si ya incurren con frecuencia en este comportamiento, tanto Zapatero como algunos de sus ministros han ofrecido este mes de agosto -embozados en el estío vacacional- todo un recital de despotismo.
Quizás el más irritante de todos los que han perpetrado haya sido el de avenirse -no sabemos en qué medida- al chantaje de Al Qaeda del Magreb Islámico para rescatar a los dos cooperantes catalanes que tan irresponsablemente emprendieron una “caravana solidaria” que le ha salido cara al erario público y ha mostrado la debilidad despótica e impune de un Gobierno que -con turbiedad absoluta- negocia con terroristas. El folklore político en torno a la costosa liberación de los dos cooperantes cuyas cualificaciones como tales son desconocida más allá de su militancia -se supone que progresista- en la ONG catalana Acció Solidaria ha sido impúdico. El presidente del Gobierno -creyendo protagonizar un éxito cuando en realidad representaba lo contrario- anunció la liberación; un avión de las Fuerzas Armadas trasladó a los dos cooperantes desde Burkina-Fassó; fueron recibidos en el aeropuerto del Prat por el presidente Montilla y otras autoridades, mientras el secuestrador -que fue el que devolvió a los secuestrados- aparecía en unas inenarrables imágenes de televisión cerrando el negocio que acaba de hacer con la fragilidad despótica del Gobierno de Zapatero.
Ni la excarcelación de un terrorista, ni el pago de determinadas cantidades han sido extremos desmentidos por el Gobierno
Por el momento, no hay explicación gubernamental del modo y de las contrapartidas por la liberación de los cooperantes pero ni la excarcelación de un terrorista ni el pago de determinadas cantidades, han sido extremos desmentidos por el Gobierno que ampara su silencio en “la prudencia” y la “responsabilidad”. Al parecer, ni las instituciones representativas ni la opinión pública tienen derecho a conocer el modo de proceder del Gobierno en un caso tan sensible. Por el contrario, ambas instancias deberían -y es lo propio del despotismo- asumir que el Gobierno es titular de un poder sin límites para disponer, no sólo de las arcas públicas, sino también del ejercicio de la soberanía nacional.
Melilla y el Checkpoint Charlie marroquí
Tampoco tenemos derecho a saber -y ahí la oposición con excepción del PP y de UPyD ha hecho el caldo gordo al despotismo gubernamental- qué ha ocurrido de verdad en la crisis con Marruecos, cuya existencia se niega. El Gobierno hizo intervenir al Rey para que aplacase a Mohamed VI, cuyo Gabinete emitió hasta cinco notas incendiarias contras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla y desplazó a Rabat a Pérez Rubalcaba para que -por enésima vez- se nos hiciese creer que el bloqueo de la ciudad española de Melilla había sido un episodio sin importancia.
La realidad es otra. Mohamed VI pretende tanto Ceuta como Melilla y desearía que en el futuro el paso fronterizo de Beni-Enzar se visitase como el Checkpoint Charlie de Berlín. La ciudad resiste cada vez con más dificultades. La determinación de la comunidad cristiana y hebrea -reducida pero muy activa- es constante, pero la islamización de la urbe progresa de manera geométrica. En las calles de Melilla se oye más el árabe que el español, nuestros compatriotas están adquiriendo viviendas en Málaga, donde envían a sus familias, y se ha instalado un estado de inquietud y provisionalidad en la población que el Ejecutivo niega de manera sistemática pero que se comprueba con una breve estancia en la ciudad.
Los hechos cantan: el rey alauita no ha enviado todavía a su embajador a Madrid y los acuerdos entre Rubalcaba y su homólogo marroquí son más antiguos -e incumplidos- que el hilo negro. Rabat aprieta y afloja hasta que decida que ha llegado su momento y lleve a efecto -como Hassan II con el Sáhara- la “unificación nacional” que proclama anualmente en el Discurso del Trono, es decir, la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos, ambas ciudades españolas -no plazas de soberanía-, lo que provocaría una crisis de consecuencias impredecibles. Con los marroquíes -vinculados a los intereses de Francia en la región y viceversa-, la historia es una aleccionadora maestra. La política de apaciguamiento de Zapatero, no sólo es contraproducente, sino impropia y, además, despótica, porque no se somete al control del Congreso. Debemos ser “prudentes” y “responsables” porque de lo contrario “calentaríamos” a los vecinos marroquís. De nuevo la gelatina verbal del despotismo.
De forma asimismo déspota, el presidente del Gobierno ha decidido poner en marcha –sin debate en las Cortes- el “rescate” del Estatuto catalán sorteando en lo posible la sentencia del Tribunal Constitucional que, aunque intérprete de la Constitución, parece que puede ser burlado con recursos normativos que quizás no violen la letra de su sentencia pero sí, desde luego, su espíritu. Poder sin límites, sin rendición de cuentas, interlocución mano a mano con Montilla -para prometer autogobierno en vísperas electorales- y con Griñán para, sin más criterio que el del propio presidente, asegurarle que Andalucía -tambaleante la mayoría socialista- se llevará la parte de león de los 700 millones de euros recuperados -en hábil triquiñuela de Blanco- del tijeretazo de más de 6.000 previstos por el Ministerio de Fomento. También en este caso “prudencia” y “responsabilidad” es lo que nos pide, como un mantra desquiciante, la vicepresidenta primera del Gobierno.
El despotismo lo puede ejercer el presidente, y así lo practica en su propio partido, como se ha podido comprobar a propósito de los candidatos socialistas a la Comunidad de Madrid y a la alcaldía de la capital. Si sus compañeros se lo consienten, allá ellos. Puede -también como un acreditado déspota- linchar políticamente al secretario general del PSM, Tomás Gómez (¿por qué se prestado Pérez Rubalcaba a darle la puntilla al de Parla aduciendo que su activo será haber dicho "no" al presidente del Gobierno?). Pero lo que no puede es alzarse con una abusiva expansión de los poderes ejecutivos aprovechando un agosto tórrido que ha exprimido para perpetrar algunas fechorías muy graves en política interna e internacional. La simulación -“prudencia”, “responsabilidad”- se le daba bastante bien a Zapatero. Pero en este agosto se le ha ido la mano y se han hecho visibles las mañas déspotas de este político de regate corto que, paso a paso, está degradando la calidad democrática española.
José Antonio Zarzalejos
El Gobierno tiene prisa y la Unión Europea le insiste constantemente en que tiene que acometer ya la reforma de las pensiones. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Elena Salgado, aseguró ayer que es una de las grandes prioridades económicas para este año y se mostró convencida de que antes de que acabe el ejercicio el Consejo de Ministros habrá aprobado un proyecto de ley y lo habrá remitido al Congreso para su tramitación.
La ministra no quiso concretar si se elevará de 15 a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones, como ha defendido esta misma semana el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, pero tampoco contradijo a su compañero de Gabinete. Se limitó a asegurar que "sería bueno considerar la prolongación del periodo de cómputo" y recordó que el Gobierno ya lo recomendaba en la propuesta que aprobó en enero y que remitió a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. En aquel documento, que todavía sigue en estudio en el Parlamento, se abogaba también por elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación.
Los Presupuestos del Estado de 2011 sólo superarán un poco a los de 2006
Pese a su convicción de que habrá un proyecto de ley este año, la ministra dejó claro que el Gobierno no tomará una decisión unilateral como ha hecho con la reforma laboral. En este caso, esperará a conocer las conclusiones del Pacto de Toledo para elaborar su normativa. "Es una reforma fundamental y espero un amplio consenso", aseveró la vicepresidenta, tras recordar que es una de las prioridades del Gobierno para el nuevo curso económico. Así se definió en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que ayer presidió el mismo jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a diferencia de lo que viene a ser habitual, ya que suele ser Salgado quien dirige la reunión.
Otra de las grandes prioridades del Ejecutivo para este otoño es aprobar los presupuestos para 2011 con un "consenso suficiente". La ministra recordó que serán un 7,7% inferiores a los del año pasado y apenas un poco superiores al del ejercicio 2006. Los ministerios tendrán de media entre un 15% y un 16% menos para gastar, aunque habrá partidas, como la de Investigación y Desarrollo, que no caerán apenas porque "hay que darle suficiente reconocimiento". El objetivo de los presupuestos, dijo Salgado, es conseguir el compromiso de déficit para este año y el próximo y confía en lograrlo.
No ayudará a reducirlo, ni tampoco a aumentar "significativamente" los ingresos del Estado el nuevo impuesto que se quiere implantar a los ricos. La ministra restó toda la importancia a este "pequeño ajuste", del que no quiso dar ningún nuevo detalle y del que habló, incluso, en condicional. "Si hay algún pequeño ajuste en impuestos, no tendrá un efecto significativo en el déficit ni en los presupuestos", aseveró.
La vicepresidenta económica se mostró totalmente convencida de que el PIB no volverá a situarse en negativo este año. "Si por ello se entiende que la economía está normalizada, podemos decir que lo está", dijo. A su juicio, el PIB puede registrar en el tercer trimestre un peor comportamiento que en el segundo (cuando creció un 0,2%), pero en el cuarto, una vez que se hayan ajustado los efectos de la subida del IVA de julio, "habrá una recuperación clara".
Salgado se mostró satisfecha de que la subida de impuestos da al Estado un mayor margen para el gasto público y destacó que gracias a eso, aunque todavía hay que ver si se consigue, se podrán salvar hasta 700 millones de euros del recorte que se había previsto para las inversiones en infraestructuras. Este capítulo es otra de las prioridades del Gobierno para este ejercicio, pero ayer no se estudió en la Comisión Delegada porque el ministro del ramo, José Blanco, estaba compareciendo en el Congreso. Se analizará en las reuniones posteriores, dijo Salgado, para quien salvar más de 700 millones es prácticamente imposible. "Mucho tendrían que cambiar las cosas", dijo.
Otro de los puntos clave para las próximas semanas es la política de energía, que el Gobierno quiere definir de forma clara en los próximos meses, especialmente en lo concerniente al mix energético, a las renovables y al déficit de tarifa. Salgado anunció que las eléctricas podrán titulizar el déficit de tarifa a partir de septiembre, lo que supondrá un gran desahogo de liquidez para estas empresas, puesto que les permite emitir deuda en el mercado con cargo a los fondos que les debe el Estado. Podrán captar hasta 10.000 millones de euros. Es una forma de adelantar el cobro de la deuda que tienen con ellas las administraciones públicas y que el Gobierno se comprometió a eliminar antes de 2013.
Otra de las iniciativas que el Ejecutivo quiere impulsar y cerrar antes de que acabe el año es la Ley de Economía Sostenible, que ya se está tramitando en el Congreso.
Una novedad será la remisión a las Cortes de un proyecto de ley del procedimiento laboral. Su objetivo, según la ministra, es que las cuestiones laborales se tramiten en la jurisdicción laboral, en lugar de en la contencioso administrativa como hasta ahora. Esta medida se tomará de forma paralela a la reforma laboral. V. ZAFRA MADRID 27/08/2010 00:02 Actualizado: 27/08/2010 00:02
El atentado aumenta las tensiones entre la Guardia Civil y el Gobierno
Mientras CiU e IU reabrían el debate sobre la presencia española en Afganistán, los foros de la Benemérita echaban humo con reproches al Ejecutivo por la misión de instrucción.
Una de las clases impartidas por los guardias civiles a la Policía afgana.
La muerte de los guardias civiles José María Galera Córdoba -capitán- y Leoncio Bravo Picayo -alférez- tuvo este miércoles dos inmediatas consecuencias. Por una parte, la indignación de sus compañeros por un suceso que no hace sino caldear aún más -y con la huelga de bolis caídos todavía en caliente- la manifestación convocada el 18 de septiembre en Madrid por la AUGC y la Unión de Oficiales en protesta por las condiciones laborales de la Benemérita. Por otro, la reapertura del debate en torno a la presencia de las tropas españolas en Afganistán.
Los foros de Internet más frecuentados por los guardias civiles comenzaron a echar humo desde el mismo momento en que se conoció el trágico suceso. A las condolencias y muestras de cariño hacia las familias de los fallecidos se unieron las de enfado por la presencia de la Guardia Civil en Afganistán. Presencia que, según afirmó Alfredo Pérez Rubalcaba, se mantendrá hasta el final de la misión (el primero de los cursos del llamado enlace para la Policía afgana de la Guardia Civil desplegado en la base española de Qala-i-Naw terminó a mediados de agosto). Es más, el ministro del Interior avanzó que "probablemente" en próximas fechas se envíe a Irak un contingente de agentes de la Benemérita para una misión similar.
En cualquier caso, en páginas como forodelguardiacivil.com, militar.org, policia.es y elguardiacivil.es podían leerse este miércoles estos y muchos otros comentarios en la misma línea: "Que traigan a los guardias de allí que no somos el Ejército joderrr"; "Qué coño hacemos en Afganistán; dónde están los sinvergüenzas que se manifestaban porque estábamos en Irak"; "No he podido evitar observar con odio las palabras de Rubalcaba cuando veía las noticias"; "A mi señora le tengo encomendada una triste y baja tarea, aunque para mí muy necesaria, si algún día me pasara algo y vinieran los buitres de los políticos a mi funeral, que cuando estén delante de ella les escupa en la cara la indignación por el trato que nos dan".
"Para el Sr. Rubalcaba DIMISIOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNN, somos marionetas y salimos tan tan baratos que la gente ha de buscarse la vida fuera de nuestras fronteras y luego nos sucede cosas como éstas, luego querrá ir al funeral y ponerles una medalla"; "Lo que no se entiende es qué pintamos en Afganistán, yo lo siento mucho por el que piense diferente, pero si alguien tiene que ir a ese tipo de misiones, actualmente, que vaya el enemigo público nº 1 de España, es decir ZP y todos sus secuaces"; "Allí no hacemos nada, lo único perder vidas de gente querida, y por desgracia seguramente no serán los últimos"; o ¿Dónde están ahora los del No a la guerra?", entre otras decenas de ellos.
En la escena política, CiU pidió abrir "de una vez por todas" el debate sobre la presencia española en Afganistán. Presencia para la que el Gobierno siempre ha tenido el apoyo del PP, que -eso sí- le ha pedido una y mil veces que reconozca que se trata de una guerra. Así, el portavoz de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, le recordó a José Luis Rodríguez Zapatero que "aún tiene pendiente una comparecencia" en el pleno del Congreso, que, a su juicio, debería realizarse cuanto antes. Y criticó que el Ejecutivo aborde este tema "como si el Ejército hiciera de ONG en Afganistán e ignorando la existencia de una guerra que, muy posiblemente, la comunidad internacional tenga perdida".
Más lejos fue Izquierda Unida, que una vez más pidió la "salida inmediata" de las tropas españolas destacadas en Afganistán. Desde las filas del PSOE, Leire Pajín respondió que no es momento para abrir "debates precipitados".
Entretanto, este miércoles por la tarde se celebró una reunión de alto nivel para analizar lo ocurrido, y a la que asistieron los ministros de Defensa y del Interior, Carme Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba. En el encuentro también estuvieron presentes el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán; y el comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, general Jaime Domínguez Buj, así como mandos de la Guardia Civil.
Algo debió de no hacerse bien cuando los servicios de inteligencia fueron incapaces de detectar los contactos habituales que mantenía el chófer Ghulam Sakhi con los talibanes. Sea como fuere, los restos mortales de Galera y Bravo vuelan ya hacia España, donde las autoridades, sus compañeros y sus familiares les darán el último adiós este jueves.Fte El Semanal Digital