Los dos sindicatos mayoritarios de las fuerzas de seguridad, la Confederación Española de Policía y el Sindicato Unificado de Policía, se han enfrentado ante las posibles irregularidades de la detención del presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. El CEP las valora como "preocupantes", mientras que el SUP las considera dentro de la "normalidad".
Ignacio López, secretario general de la CEP, dijo a Servimedia que "la Policía no está para servir a los políticos de una u otra condición" y debe cuidar también el "plano estético". López valoraba así que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela haya aclarado que no ha ordenado la detención judicial de ninguno de los implicados en la presunta trama de corrupción que afectaría a Ripoll.
Esta posición contrasta con la nota de la Policía Nacional, que hablaba de que se había detenido a once personas en una operación contra la corrupción. El representante de la CEP opinó que "se debe una explicación a la sociedad española", ya que se ha creado "una alarma innecesaria, como se ha visto posteriormente".
José María Benito, portavoz del SUP, aclaró también que, por lo que se conoce, esta operación policial "se ajusta totalmente a derecho". En su opinión, a Ripoll no se le ha retenido "más tiempo del estrictamente necesario para averiguar su implicación en el asunto que se está investigando", lo que es "una garantía" del buen funcionamiento del sistema de derecho.
"Ha sido una detención breve y por el tiempo mínimo necesario para hacer las diligencias que había que hacer", remarcó este representante del SUP, quien añadió que, en todo caso, estas actuaciones siempre están avaladas por un juez
