El sustituto de Garzón da una esperanzadora vuelta de tuerca al Faisán
El semanal digital
El PP se quejaba de que con aquél el chivatazo había caído en vía muerta, pero el juez Pablo Ruz parece haberse incorporado con ganas de saber qué pasó y quiénes fueron los responsables.
Parece que Ruz se ha tomado muy en serio averiguar los pormenores del chivatazo a ETA que dio al traste con una importante operación policial.
La obligada marcha de Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional tras su suspensión ha imprimido un nuevo ritmo a las investigaciones en torno al chivatazo del Bar Faisán, el soplo a ETA que el Gobierno no parece demasiado interesado en resolver y sobre el que el PP quiere arrojar luz por la gravedad de los hechos.
Su sustituto en el Juzgado de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha reactivado las pesquisas. El magistrado ha solicitado a Francia, cinco meses después desde que lo hiciera el propio Garzón, la documentación relativa a las llamadas de la cabina que supuestamente alertaron a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en mayo de 2006.
De esta forma, el juez, que se incorporó la semana pasada a la Audiencia Nacional, accede a la petición que la asociación Dignidad y Justicia reclamó en junio a Santiago Pedraz, que sustituía a Garzón después de que éste fuera suspendido cautelarmente de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 14 de mayo. La asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, hizo esta petición ante la falta de respuesta por parte de las autoridades francesas que mantiene "paralizado" el procedimiento.
Éste es el primer trámite que practica el magistrado Pablo Ruz, asumiendo así una de las causas que Garzón dejó inconclusa en su juzgado, y reiterará dicha petición a través de los jueces de enlace entre Francia y España.
El pasado 16 de febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pidió a la Policía que le facilitara los datos de la cabina desde la que telefoneó el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, así como que informara sobre si estaba intervenida, y si existía una relación de llamadas entre el propietario del local y Cau Aldanur, miembro del aparato de extorsión de ETA.
Además, Garzón, que también reclamó las transcripciones de las llamadas desde el teléfono móvil de Elosua, cursó comisión rogatoria a Francia una vez recibido el informe de la Policía para que las autoridades galas le informaran sobre si existía algún análisis de las llamadas realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006. Por último, el magistrado preguntó a Francia si el motivo de suspender su intervención en la operación policial contra la red de extorsión de ETA desarrollada el 4 de mayo de 2006 "tuvo por motivo una filtración".
Garzón practicó estas diligencias no a iniciativa propia, sino después de que se lo ordenara la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que accedió a la petición de Dignidad y Justicia al considerar que es necesario "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios".
