RECHAZAN QUE VAYA EN CONCEPTO DE SERVICIOS ESPECIALES
El CGPJ pone puente de plata a Garzón y le autoriza a irse a La Haya
El juez Baltasar Garzón en rueda de prensa en París (Efe).
@Carlota Guindal.- 19/05/2010 (06:00h)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado luz verde a la petición de Baltasar Garzón de trasladarse a La Haya para trabajar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión se ha tomado tras la suspensión acordada por unanimidad por el propio CGPJ el pasado viernes y con la que se le aparta de la carrera judicial.
Ahora Garzón tendrá que decidir si acepta el ofrecimiento del fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo. En el informe remitido al órgano de los jueces, tal y como le solicitó el pasado viernes, el Ministerio Público sostiene que sigue estando interesado en sus servicios, a pesar de conocer su imputación por un presunto delito de prevaricación por investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. La Fiscalía señala en el documento que para este organismo prevalece la presunción de inocencia y la experiencia del magistrado en asuntos internacionales, y que les puede ser de mucha ayuda en algunos de los procesos abiertos.
La Comisión Permanente, compuesta por cinco vocales, permitió la contratación de Garzón por parte de la CPI este martes después de convocar de manera urgente una reunión en Burgos. Con los cuatro informes solicitados ya encima de la mesa parecía que no había mucho que discutir.
El de la Fiscalía, el del Ministerio de Asuntos Exteriores y el de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ponían impedimentos para su traslado. El menos claro fue el del servicio de personal del propio órgano de los jueces. El Alto Tribunal incluso explicaba en su documento que en ninguna de las causas que tiene abiertas Garzón se le impide de manera expresa salir del país y, por tanto, no existe ningún problema para poder ejercitar esa nueva labor.
Aún así, el acuerdo se ha obtenido con tres votos frente a dos, el del conservador Antonio Dorado y el de la progresista Almudena Lastra. El propio presidente del Consejo, Carlos Dívar, ha concedido su salida, junto a Margarita Robles (progresista) y Manuel Almenar (conservador).
No en concepto de servicios especiales
Le han concedido la incorporación a la Fiscalía pero le han rechazado su traslado en concepto de servicios especiales. Fuentes jurídicas explican que al estar suspendido, y con la Ley Orgánica del Poder Judicial en la mano, era imposible concederle ese tipo de traslado.
Lastra se ha negado a firmar el acuerdo porque entiende, junto a Robles, que sí se le pueden conceder los servicios especiales en tanto que la suspensión no ha sido confirmada, sino que está retirado de la carrera de manera cautelar.
Sin embargo, Dorado se ha negado porque entiende que la Comisión Permanente sólo debía valorar la petición expresa de Garzón, la concesión de los servicios especiales. Una vez rechazada, otro debate era, a su juicio, improcedente.
El siguiente paso que debe dar Garzón es presentar, una vez lo tenga, el contrato propuesto por la Fiscalía de la CPI. Los servicios técnicos deberán estudiarlo para comprobar que no ataca ninguna compatibilidad. En un principio, según estas mismas fuentes, el sueldo como asesor es compatible con el de juez suspendido, es decir, el del salario base. La parte del salario de mayor cuantía que se le ha retirado corresponde al complemento del destino, en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
