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Piden dos años de cárcel para once acusados de estafar al Fondo de Garantía Salarial

El fiscal les acusa de urdir un plan fraudulento de despidos ficticios e insolvencia de la empresa para cobrar las indemnizaciones

Pilar Muñoz / Ciudad Real

La Fiscalía pide dos años de prisión para once personas acusadas de un delito de estafa que se remonta a 1999. Uno de los encausados constituyó dos años antes una sociedad mercantil en Alcázar relacionada con la confección en la que trabajaban diez de las personas imputadas, todas mujeres. Una de ellas, de iniciales A. G. F., creó en enero de 1998 una empresa textil, siendo la única socia, aunque en la práctica era la continuación de la anterior sociedad con idéntico objeto social, domicilio y con las mismas trabajadoras, además de otro empleado, que está imputado en la causa.
La citada empresa, según el escrito de acusación de la Fiscalía, continuó su actividad, si bien fue constituida a efectos formales, mediante escritura de 30 de diciembre de 1998, por el acusado, J. R. R., como sociedad unipersonal, aunque en realidad era la misma empresa que las anteriores, figurando de nuevo la acusada A. G. F., en esta ocasión como trabajadora. El también imputado P. M. C., graduado social con despacho como asesoría laboral y social en Alcázar, presentó la liquidación de impuestos correspondientes con motivo de la constitución de la sociedad ante la Agencia Tributaria y la escritura en el Registro Mercantil.
Según la Fiscalía, P. M. C., previo acuerdo con todos los ahora imputados, con el fin de obtener el cobro de prestaciones no debidas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en base a despidos, presentó ante el Juzgado de lo Social de Ciudad Real varias demandas entre enero y febrero de 1999 por despido improcedente contra la empresa que constituyó A. G. F., interesando en las mismas la citación como parte al Fondo de Garantía Social dando traslado de la demanda por la posibilidad de que la empresa pudiera ser insolvente, ya que se había efectuado el cierre de sus instalaciones. Tras declararse los despidos improcedentes se reconoció a nueve de los acusados el pago de las indemnizaciones del Fogasa. El fiscal considera que los despidos fueron ficticios y que junto a los acusados P. M. C. y A. G. F. concibieron un plan fraudulento de despido inexistente. El juicio tendrá lugar en la Audiencia del 11 al 15 de mayo.

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