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Pide a Interior que justifique su recurso contra el fallo del TSJM. Si el ministerio no responde, será firme la sentencia que impide nombrar jefes de Policía a dedo.

Rubalcaba no lo tiene fácil. El caso de los nombramientos a dedo se vuelve a decantar del lado de los sindicatos policiales. El Tribunal Supremo envió el pasado 14 de abril a uno de los denunciantes (Sindicato Profesional de Policía) y a la Abogacía del Estado una providencia en la daba un plazo al Ministerio del Interior para arreglar el recurso interpuesto contra las sentencias judiciales que obligaban a Rubalcaba a reducir el número de nombramientos de libre designación.

El Supremo acusa a Interior-Abogacía de “no haber justificado” su recurso convenientemente. Asimismo, le anima a rehacer el escrito en 10 días, lo cual pone en conocimiento también del sindicato demandante.

A la espera

El Alto Tribunal condiciona la admisión o no a trámite del recurso presentado por el ministerio al cumplimiento de la citada exigencia. A día de ayer, LA GACETA se encontraba a la espera de recibir una respuesta del Tribunal Supremo a la pregunta de si el Abogado del Estado había reformado o no el citado recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya emitió dos fallos que echaban para atrás el catálogo de puestos de trabajo aprobado por el ministerio en 2008. El catálogo incrementaba en un 25% el número de altos cargos nombrados directamente a dedo por el Gobierno. El nuevo texto incrementaba los 5.313 puestos que hasta entonces se asignaban por el criterio de libre designación a 6.650 empleos elegidos por este modelo discrecional. Nada menos que 1.337 nuevos altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía que a partir de entonces también pasaron a ser nombrados por el poder político.

Cien comisarios

Tras las denuncias de varios sindicatos (SPP, SUP y CEP), el TSJM falló en contra del catálogo y obligó a Interior a reducir el número de nombramientos a dedo. Entre otras cosas, ordenaba al ministerio a anular la designación política de cien comisarios.

Tras la aprobación del catálogo hace dos años, los sindicatos policiales en pleno salieron en tromba contra la iniciativa. Acusaban al ministerio de promover aún más la politización de la Policía.

Fuentes de las fuerzas de seguridad explican a LA GACETA que un nombramiento a dedo se debe en cuerpo y alma a quien le ha nombrado. “Si no cumple con lo ordenado, el cargo policial sabe que va a ser retirado de su puesto”, critica un agente consultado. Es el mismo que añade que este tipo de designación conlleva una disminución de la aplicación de criterios profesionales y un incremento de la de criterios políticos.

“Era una aberracion lo que estaba ocurriendo”, explicó a LA GACETA el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, uno de los denunciantes. “Convertía al cuerpo en una institución más política y menos profesional cada día que pasaba”, explicó el presidente del SPP, José Ángel Fuentes Gago, otro de los denunciantes.

Las dos sentencias del TSJM tenían una cosa en común muy clara: había que rebajar el número de altos cargos politizados. Sin embargo, la primera (del pasado 11 de diciembre) declaraba nulos los nombramientos de libre designación hasta el nivel 26 de la escala policial. Es decir, permitía que la autoridad política designara a los altos cargos desde el nivel 27 al 30.

La segunda sentencia (notificada 10 días después) desautorizaba la libre designación hasta el nivel 28. Es decir, que sólo permitía la elección política para los niveles 29 y 30 de la escala policial: los jefes superiores, subdirectores, jefes de división y comisarios generales. Se trata de un drástico recorte respecto a lo que había aprobado Pérez Rubalcaba en 2008, que pretendía extender el nombramiento a dedo incluso hasta los jefes de especialidad de cada comisaría. De hecho, el citado catálogo continúa hoy en vigor.

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