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Todos tenemos que pagar la incompetencia de nuestra casta política, y los tribuanles que diagan y hagan lo que quieran.

Vigo rehará el Plan Xeral para legalizar el área comercial y los 230 pisos de Finca do Conde.
Acuerda suspender las licencias para adaptar el PXOM al fallo del Tribunal Supremo.

El gobierno vigués ejecutó ayer una sorprendente pirueta urbanística al retrasar durante al menos año y medio la legalización del complejo urbanístico Finca do Conde, anulado desde hace varios años por el Tribunal Supremo y que, hasta ahora, se daba por supuesto que podría obtener licencia con el vigente Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Después de año y medio esperando su concesión, el concejal de Urbanismo, el socialista José Mariño, sacó ayer adelante la suspensión de licencias en este ámbito para reelaborar el Plan Xeral siguiendo el criterio de los jueces.
Lo más llamativo del caso es que el planeamiento vigente supuestamente se había redactado teniendo en cuenta los fallos judiciales y la anulación del proyecto urbanístico. Por esta razón, a finales de agosto del 2008, días después de entrar en vigor el Plan Xeral, los promotores solicitaron una nueva licencia. En este año y medio los técnicos municipales estudiaron la petición sin que llegara a concederse. Hasta ahora se daba por supuesto que con unas pequeñas adaptaciones habría licencia, lo que permitiría normalizar la vida de uno de los mayores centros comerciales de Galicia.
Mayores garantías
El argumento esgrimido por el edil de Urbanismo es que en la actual situación no hay garantías de que una nueva licencia no vuelva a ser tumbada en los tribunales. A su juicio, lo más recomendable es modificar un planeamiento que, por lo demás, no es ya el que sirvió para conceder las polémicas licencias.
El riesgo para un concello en estos casos es que mientras se busca la fórmula de legalización los tribunales reclamen el derribo de lo ilegalmente construido. El propio alcalde ha reconocido que la indemnización en este caso podría alcanzar los 350 millones de euros al afectar a un gran centro comercial y a dos torres con 230 viviendas en total. Teniendo en cuenta que el presupuesto de Vigo para el 2010 no llega a 250 millones es fácil imaginar que esta compensación llevaría a las arcas municipales a la bancarrota.
En el plano político, la suspensión de licencias complica la vida al PP, responsable del permiso para construir el complejo comercial, aunque las torres fueron autorizadas por el Bloque. La legalización con una nueva licencia llevaría al olvido la que puede considerarse una de las polémicas urbanísticas de los últimos tiempos. Por el contrario, la suspensión mantendrá el tema en el candelero hasta las municipales del año próximo.
El PSOE, con el respaldo nacionalista, niega que este sea su objetivo. Por el contrario, Mariño insiste en que buscan una redacción del Plan Xeral que permita blindar jurídicamente la futura licencia para eliminar el riesgo de un nuevo fallo en contra. Por su parte, el PP se limitó ayer a abstenerse evitando generar nuevos debates. Fuente Voz Galicia

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